Una década después que fue asediada por el espía político, Héctor Serrano Cortés, la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo vuelve a mencionar para develar las corruptelas en las que se encuentra inmerso. En el largo trayecto donde anduvo a salto de mata, el oscuro personaje aterrizó en San Luis, donde le dio cobijo el enemigo número uno de la ambientalista, Morena y de la llamada Cuarta Transformación, José Ricardo Gallardo Cardona. Juntos han maquinado múltiples sabotajes para que las visitas de la mandataria a la entidad, resulten en auténticos fracasos. El mayor golpe político que le asestaron fue cuando evitaron que llegara al senado su delfina, la huasteca Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
Antes dirigente del Partido del Trabado en el estado, Serrano dio el bandazo al Verde Ecologista para convertirse en jefe de bancada y ex titular de la Junta de Coordinación Política. Gallardo lo ha colmado de contratos millonarios de propaganda en el poder legislativo y ejecutivo, que le cubre con los techos financieros del parque Tangamanga uno, que usa como caja chica. Serrano no es ajeno al centro de espionaje que desmanteló el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, en el exclusivo complejo residencial La Loma, que servía para ahondar en las vidas privadas de políticos adversos, empresarios y medios informativos críticos, a los que jaquearon y pulverizaron sus páginas de Facebook.
Sheinbaum, el reciente 31 de marzo, reseñó que un tribunal internacional les dio la razón en un arbitraje relacionado con las licitaciones de tabletas electrónicas para taxistas de la Ciudad de México, un caso que data del 2016, pero que estuvo rodeado de situaciones irregulares. El episodio se originó en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, de Miguel Mancera, cuando la Secretaría de Movilidad, creó un programa para reemplazar los taxímetros tradicionales, de los 140 mil carros de la capital, por tabletas. El titular de la dependencia era Héctor Serrano Cortés. El propósito fue modernizar el servicio, al estilo de las plataformas como Uber o Cabify, con una app gratuita para usuarios y dispositivos con botón de pánico y geo referenciadores.
Sin embargo, cuando Sheinbaum relevó a Mancera en el 2018, encontró un panorama distinto. Los taxistas que la habían ayudado en la campaña, se quejaban de los montos que debían pagar por los aditamentos. Cuestionaban, cómo se había elegido al proveedor sin consultarlos. Al revisar el expediente, detectaron fallas al asignar las concesiones. Entonces deciden cancelar el contrato. Fue cuando comenzó el litigio. Los concesionarios, junto con ex colaboradores de Mancera, involucrados en las licitaciones, presentaron un arbitraje internacional, amparados en el tratado comercial con Estados Unidos. Argumentaron que había empresas extranjeras vinculadas al negocio de las tabletas y cancelarlas, violaba el convenio.
El caso estuvo activo durante varios años, con audiencias públicas celebradas en Estados Unidos, donde salieron a la luz detalles sobre quienes gestionaron el acuerdo, contrato, negociadores y qué legisladores participaron. Sheinbaum adelantó que los informes, no se habían ventilado antes, porque durante un litigio internacional, está prohibido divulgar cualquier tema relacionado a la controversia. Ahora que el tribunal resolvió a favor del gobierno, confirmó que las cancelaciones fueron legales, no se violaron tratados comerciales y las restricciones desaparecen.
“Cuando venga algún diputado, vamos a informar todo el entramado”, anticipó la presidenta, quien prometió revelar los detalles de cómo se armó el negocio original. El caso fue llevado a través de cuatro secretarios de economía, Graciela Márquez, Tatiana Clouthier, Raquel Buenrostro y Marcelo Ebrard. Sheinbaum pidió al ex secretario de Movilidad, Andrés Layús, quien fue más cercano al tema, en los próximos días, acuda a la Mañanera del Pueblo, a explicar los intríngulis del asunto. “Es muy interesante cómo se dieron las asignaciones de las tabletas”. El cerco se le reduce a Serrano.
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La revista Proceso publicó el 9 de septiembre del 2018, que en la etapa de secretario gobierno de la Ciudad de México, bajo el mando de Miguel Ángel Mancera, de diciembre del 2012 a julio del 2015, Héctor Serrano Cortés dispuso de forma libre, de los recursos asignados a su área, que sólo en el 2014, ascendieron a 2 mil 900 millones de pesos. Según el listado de los gastos generados por el promotor de la corriente Vanguardia Progresista y entonces legislador federal del PRD, desvió recursos del erario para solventar necesidades de diputados, gobernadores, jefes delegacionales de su partido, aliados y escoltas.
También de su despacho salió dinero para sufragar cuestiones personales y familiares, como el mantenimiento y remodelaciones de al menos dos casas y una oficina particular, para celebrar actos sociales ajenos a la actividad pública. Incluso su brazo financiero, María Eugenia Guarneros, quien fungía como directora administrativa, fue candidata del PRD al senado, se dio vuelo: utilizó recursos públicos para comprar ropa, zapatos, perfumes y medicamentos. También para pagar los gastos de tintorería, comprar antojitos y … darse una manita de gato.
En el documento se consignan pagos por peinados y arreglos de las uñas de manos y pies. En vísperas de las elecciones intermedias del 2015, el PRD de la Ciudad de México usó la secretaría de gobierno como caja chica alterna. En febrero del 2014, por ejemplo, Serrano malversó 2 millones 189 mil 964 pesos para cubrir las credencializaciones, con miras al programa de selecciones internas del partido, que implicó adquirir 100 computadoras laptop modelo 245, un lector de huella y un Ipad para firma electrónica. Entre abril y julio, asumió el costo de diversos festejos partidistas organizados en el cárcamo de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, que implicaron erogar otros 500 mil pesos. Además, el 30 de agosto, desembolsó un millón 373 mil 962 pesos en la logística para el concierto “Que me pregunten Fest 2014”, como parte de las acciones promovidas por el gobierno de la capital. El 4 de enero salieron de la caja, cerca de 20 mil pesos para la fiesta de cumpleaños de la mamá de Serrano. Según el control de gastos, el pastel costó mil pesos. El regalo de Sears, 6 mil 585 pesos. El alquiler del sonido, 3 mil 500. El alcohol, 4 mil 899 y el vino tinto, 2 mil 555 pesos.
Serrano Cortés tenía consentida a su madre, cada mes, le enviaba dotaciones de quesos selectos. El 21 de marzo, canalizó 50 mil pesos para agasajar a la esposa, con motivo de su cumpleaños. Compró copas, platos, salseras, alcohol, velas, hielo, cojines, hamburguesas y se alquilaron máquinas de juego. El 3 de junio, el secretario de gobierno le cumplió un capricho a su hijo Ernesto Badyr Serrano González. Le pagó el instalado de un sistema de audio fijo en el rancho Los Pirules, en la delegación Iztapalapa, donde el heredero organizó una pachanga. Al igual que su padre, es miembro de la Asociación Mexicana de Charros. El caprichito le costó al gobierno de la capital, 103 mil pesos.
El operador político de Miguel Ángel Mancera, que cargó con la derrota electoral en los comicios intermedios del 2015 y la del 1 de julio último, también fue generoso consigo mismo. Con recursos del erario, remodeló y equipó en 2014, dos inmuebles, uno en Paseo de los Encinos. Otro en Xochicalco y Torres Adalid, colonia Narvarte, donde malversó más de 35 mil pesos. En un rastreo a la nómina gubernamental, se encontró también que el diputado federal mantenía en diferentes áreas una red de 13 familiares, que le cuestan al erario, 101 mil 579 pesos mensuales. La lista la encabezaban su hijo Héctor Serrano Azamar, quien fracasó en el intento de conseguir una curul en el congreso local y su hermano Alejandro Serrano.
Serrano fue 30 años burócrata en México y 15 años militante del PRD, antes de convertirse en jefe de la bancada del Verde Ecologista y Partido del Trabajo en San Luis, subordinado al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.Fue subdelegado en la alcaldía de Venustiano Carranza. Ocupó cargos como secretario técnico de la cartera de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados en la 54 legislatura, oficial mayor en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y oficial mayor en la Cámara de Diputados. Como jefe delegacional en Carranza y otros cargos, fue designado secretario de Movilidad. Su desempeño estuvo inmerso en infinitas corruptelas. Su jefa, Claudia Sheinbaum Pardo, el 9 de octubre de 2019, lo acusó de desfalcos por mil 260 millones cuando buscó que los taxistas cobraran los banderazos a través de tabletas, en lugar del método tradicional.
Luego brincó a la cámara de diputados federal, donde hizo equipo con el coordinador de bancada del PRD, Ricardo Gallardo Cardona. Pero en la asamblea del 28 de agosto del 2020, dio el bandazo al Verde Ecologista, donde lo siguen, Lidia Villafuerte Zavala, Luz Estefanía Rosas Martínez, Carlos Torres Piña, Emanuel Reyes Carmona, Raymundo García Gutiérrez, Mauricio Toledo, Javier Salinas y el mismo Gallardo. Serrano anuncia que su nuevo mesías, iba a buscar la gubernatura en el 2021. Lo exaltó por encabezar programas exitosos. Se definieron de izquierda, como el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
No obstante las acusaciones de espía político y estar inmerso en corruptelas, se convirtió en coordinador de campaña. Lo denunciaron de tratar de quedarse en el primer lugar de la lista de aspirantes a diputados plurinominales. El Consejo Estatal Electoral le negó el registro, para carecer de la residencia legal. Trató de burlar la aduana con una carta que le expidió el ayuntamiento de Soledad, cuando todavía era legislador federal. Pero rápido colocó a su hermano Alejandro Serrano Cortés, como oficial mayor en el ayuntamiento conurbado. Pero además, tapizó de incondicionales la misma dependencia estatal. Luego lo nombran comisionado político nacional del Partido del Trabajo, donde manejó los ingresos financieros para su directo beneficio. Después logra colarse al frente de las listas plurinominales del Verde Ecologista y con el respaldo de su impulsor, jefe de dos bancadas.
Incontables medios informativos nacionales destacaron que el gobierno de la Ciudad México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, se salvó de pagar más de 2 mil millones de pesos a los estafadores Santiago León y Eduardo Zayas, ligados al actual jefe de las bancadas del Verde Ecologista y Partido del Trabajo, en el poder legislativo de San Luis, Héctor Serrano Cortés. También estuvieron conectados con el diputado del PAN en México, Federico Doring. En el 2016, el dueto le ofreció al entonces secretario de gobierno, Serrano, usar taxímetros digitales o tabletas, en el sector ruletero. Las concesiones pactadas originaron que el estado enfrentara un complejo litigio en tribunales de Estados Unidos, por una demanda exponencial, que concluyó después de 6 años.
La querella inició en mayo de 2020, bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El reciente 26 de marzo del 2026, el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, rechazó todas las reclamaciones presentadas por las empresas, Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC, en contra del gobierno mexicano. Incluye el nulo pago de indemnizaciones por más de 2 mil millones de dólares, por supuestas pérdidas de inversiones y robo intelectual. En el 2023, se dieron a conocer los pactos oscuros de Serrano y sus aliados. El caso se cimentó en dos concesiones atípicas pactadas a puerta cerrada, con documentos falsos y obtenidas con apoyo de la propia concesionaria, la Secretaría de Movilidad, dirigida por Serrano. Los simuladores consiguieron el respaldo del magnate, dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, para el uso de la variante Libre, que se iba a instalar con tabletas en los taxis.
En junio del 2016, Accendo Holdings, propiedad del empresario Moisés Cosío Espinosa, invirtió al menos 40 millones de dólares a través de intermediarios, pero luego retiró el dinero. En septiembre del 2017, buscaron capital de Libero Partners, una firma donde aparecen indirectos, Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Salinas Pliego. Un representante de Grupo Salinas, Luciano Pascoe, dijo al Wall Street Journal que «algunas personas buscan involucrar al señor Salinas Pliego con asuntos que le son ajenos”.
En el segundo semestre del 2015, el ex diputado del Verde Ecologista, Santiago León Aveleyra, buscado por la Interpol desde 2022, por fraudes a inversionistas, se reunió con Héctor Serrano, entonces secretario de Movilidad con Mancera. Al mostrarle las aplicaciones de Taxinet de Ecuador, le vendió la alternativa de instalar taxímetros digitales en la flota de miles de taxis. Un proyecto que tenía con su otro socio, Eduardo Zayas, quien cargaba antecedentes de haber defraudado a la actriz Leticia Calderón, que gastó en un permiso minero para extraer oro, pero ya estaba vencida. La oferta de Servicios Digitales Lusad, filial de Libre Holding, no tenía el software funcional, patrocinadores ni experiencia técnica previa.
Además plagiaron el desarrollo de la vertiente implementada en Ecuador. En junio de 2016, la Semovi de Serrano les dio un «proyecto de concesión», para un «periodo de pruebas». En abril del 2018, se otorgó el título de 10 años para instalar las tabletas Libres, con un geolocalizador satelital, muestran los documentos públicos del asunto, Espíritu Santo y Libre, contra el gobierno de la Ciudad de México. Para obtener las concesiones atípicas, sin licitaciones públicas, tuvieron ayuda de la Semovi. A través de correos extra institucionales, ex funcionarios de la secretaría capitalina especificaron a los estafadores, los pasos a seguir para solicitar y obtener los permisos. En diciembre del 2015, Eduardo Zayas recibió comentarios para «un contrato de prestaciones de servicios, (concesión Lusad) de Rubén García, entonces director jurídico de la Semovi.
Durante el largo juicio, se argumentó ante el Tribunal en Nueva York, que la Semovi no cuenta con las facultades para autorizar taxímetros. Se regulan mediante permisos y autorizaciones de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, no por concesiones. Es cuando aparece el cabildero, Federico Doring, quien conoce al ex diputado del Verde Ecologista, Santiago León, que poco sabe de vender tabletas. Lo toral es que tenía conexiones con el gobierno de México. Döring programó una cita con Héctor Serrano y León, que le habló a Luis Noboa, manejador de Taxinet de Ecuador, que inspiró a Libre. Le dijo que el panista «plancharía» el tema con Serrano para llegar a acuerdos.
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La columnista de El Heraldo, Laura Puente, destacó que Héctor Serrano Cortés fue expulsado por la corriente de la izquierda mexicana, que hoy conforma Morena, pero fue arropado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien lo tiene como una especie de asesor o jefe de gabinete, aunque muchos lo ubican como el Jefe de Jefes de la plaza. En palacio nacional existe un firme axioma, el actual diputado local, es el principal responsable de las confrontaciones que se viven ahora en San Luis, entre el mandatario, todo lo relacionado con Morena y el gobierno federal. Se fundamenta en que Serrano juró vengarse del movimiento que formó el tabasqueñ Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Como el titiritero, el asesor mueve un pájaro sin temor a que lo desplumen. Hoy, en San Luis Potosí, no es coincidencia la llegada de los cárteles de la droga ni el temor de la gente hacia Gallardo. Todo huele a “Serrano”.
“Recordemos que durante su paso por posiciones claves en el gobierno de la Ciudad de México, se expandieron a sus anchas facciones de cárteles como la Unión Tepito y más de 15 células que hoy tienen presencia en distintas alcaldías de la capital del país. Serrano y Gallardo son observados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imaginen el futuro para los dos personajes. Si algo ha demostrado la trayectoria de Serrano, es que donde llega, hay tensiones, confrontaciones y gobiernos turbios. Pero ahora, el margen de maniobra es menor y sin duda, la historia le cobrará una factura muy cara por retar a los mandos centrales”.
La Gazzeta Policiaca Digital, del 15 de julio del 2025, establece: las sombras del pasado alcanzaron a Héctor Serrano Cortés en San Luis Potosí. El gabinete de seguridad federal tiene bajo investigaciones al diputado local, por la presunta hechura de un centro de espionaje ilegal. Testigos familiarizados con sus métodos clandestinos, revelaron que cerca del C5 potosino, el legislador habría montado una nueva base de operaciones. La red de vigilancia irregular que lo persigue desde su época en la Ciudad de México, ahora se extiende a territorio potosino. El fantasma del edificio de Manuel Márquez Sterling número 15 vuelve a atormentar a Serrano Cortés.
Durante su despliegue como secretario de gobierno con Miguel Ángel Mancera, el inmueble en el centro histórico de la capital, albergó un sofisticado centro de espionaje. Con recursos públicos desviados, interceptaron comunicaciones de figuras como Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y decenas de políticos de Morena. La tecnología de punta incluía drones, vehículos especializados y equipos de cómputo que funcionaban 24 horas diarias. El cerebro de la red era Gustavo Caballero, policía de investigaciones que se reportaba cada semana con Serrano Cortés.
Las juntas se realizaban en oficinas gubernamentales, donde el entonces secretario revisaba expedientes, capturas de pantalla y grabaciones comprometedoras. Testigos de las reuniones describen a un Serrano Cortés que se jactaba de poseer datos íntimos sobre líderes políticos y sociales. La arrogancia del poder se manifestaba en cada alarde sobre los secretos que guardaban sus archivos digitales. El desmantelamiento llegó con la derrota electoral del 2018 y la inminente llegada de Sheinbaum al gobierno capitalino.Miles de archivos fueron borrados del centro clandestino, mientras equipos tecnológicos desaparecieron del inmueble de Manuel Márquez Sterling.
Las maniobras de limpieza, evidenciaron la magnitud del espionaje: Patricia Mercado, Ricardo Monreal y otros actores políticos habían sido vigilados durante años. La Fiscalía de de la Ciudad de México abrió carpetas de investigaciones. Señaló como directo responsable a Serrano Cortés,” abogado” de 52 años y cabildero de larga trayectoria. Enfrentó el rigor de la justicia federal. Su ascenso en las estructuras de poder, lo llevó de las oficinas del gobierno capitalino a una curul potosina. Pero las prácticas irregulares de soplón, lo persiguen como una sombra. El caso representa un quiebre sobre los límites del poder político y el uso indebido de recursos públicos para la vigilancia ciudadana. Las pesquisas federales no han determinado si San Luis Potosí fue el escenario de una nueva red de espionaje político.
En un artículo de Sinembargo, se dijo que “Héctor Serrano Cortés no fue electo en un proceso electoral, pero se asumió como el funcionario más poderoso en el gobierno de la ciudad más grande del mundo. No existen constancias de que cuente con la cédula profesional, aunque se ostenta como licenciado en derecho, como lo hace Gallardo Cardona. Tuvo a su cargo áreas claves como las cárceles y los vendedores ambulantes. Creó una especie de gobierno paralelo que alcanzó las entrañas del PRD, el legislativo capitalino y las autoridades electorales. Sus ojos y oídos están en todas partes, de acuerdo con diversos testimonios. Su red mafiosa le permite anticiparse a innumerables decisiones políticas y administrativas del Distrito Federal».
“Serrano trabajó al cobijo de los tres principales partidos políticos del país. El ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón fue, sin embargo, quien encumbró al kraken o pulpo mitológico, cuyos tentáculos se extienden a diario, mientras la figura de Miguel Ángel Mancera Espinosa, se achica y pierde el respaldo ciudadano. Los que conocen a Serrano o han acatado sus órdenes, lo describen como un hombre temperamental, acomodaticio y desleal. Alguien que traiciona todos los días al jefe de gobierno. Cuando termine el mandato, dicen los que han seguido sus pasos, Mancera habrá perdido el control de innumerables zonas, mientras su ayudante se fortalece y alcanzará un poder pocas veces visto en la Ciudad de México”.
El diario digital Sinembargo, citó el libro, “Las siete mafias chilangas”, que coordinó la reportera Sandra Normandía. Consignó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló cifras de las ganancias que generaban las corruptelas de Serrano. Manejó que existían 140 mil taxis y en los dos centros de trámites, para sacar licencias tipo b, los gestores cobraban 6 mil pesos por el trámite. La mitad para pagarlo y la otra, destinada a los coyotes.
Se realizaban también los re emplacados y las revistas vehiculares, por los cuales también les exigían otros 6 mil pesos por cada uno y se quedaban con el 50%. Los concesionarios llegaron a cubrir otros 9 mil pesos extras. La mandataria aseguró que en el desempeño de Serrano Cortés como titular de la Secretaría de Movilidad, hubo desfalcos por más de mil millones de pesos, producto de cobros indebidos a taxistas, por lo que la contraloría y procuraduría de justicia, hicieron las investigaciones correspondientes. Se le atribuyen prácticas que han llevado a pérdidas significativas a los ruleteros. Ejecuta “cobros de piso”, se apropia de permisos y licencias. Usa el cargo para beneficiar a ciertos grupos a expensas de los trabajadores del volante. Las conexiones entre Serrano y otras pandillas, sugieren que sus influencias, además de los choferes, forman parte de un sistema más amplio de corruptelas y abusos del poder. Como asesor político de Gallardo, fue denunciado de acomodar a 16 incondicionales en la Oficialía Mayor. Resalta el caso del subdirector de manuales de organizaciones, Jesús Rubén Fernández.
