Otra vez Serrano: consigue dos socios más dentro del poder legislativo. Amplía sus redes de influencias, patrocinadas con el erario
5 agosto, 202611:51 pmAutor: La Noticia San Luis/ Juan Pablo Moreno GuzmánCapital Destacada Municipios Noticias
Si existe un personaje político que ha logrado extender sus áreas de colaboradores dentro del Gobierno del Estado y Congreso de San Luis Potosí, es el diputado local Héctor Serrano Cortés. A los casos previamente documentados de personas cercanas incorporadas a la burocracia estatal, ahora se suman dos nuevos nombres: José Alfonso Cuevas Íñiguez y Martha Aída Bautista Gallangos, ambos socios de Serrano en empresas relacionadas con el medio informativo Contra Réplica, y quienes ahora aparecen beneficiados dentro del Poder Legislativo mediante contratos pagados con recursos públicos.
En el caso de José Alfonso Cuevas Iñiguez, figura en el acta constitutiva de Agencia Contra Réplica Digital, empresa editora del portal Contra Réplica.
En tal firma, Héctor Serrano posee el 50% de las acciones, mientras que Cuevas Íñiguez cuenta con apenas el 5%. Sin embargo, ocupa el cargo de administrador único, con facultades para representar en lo legal a la empresa y ejercer actos administrativos, pleitos y cobranzas. Los tratos entre ambos no son recientes. Coincidieron durante las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera en la entonces Ciudad de México, donde Serrano ocupó diversos cargos dentro del gobierno capitalino. Cuevas Íñiguez laboró en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la delegación Azcapotzalco.
Héctor Serrano arribó a San Luis Potosí como asesor político de Ricardo Gallardo Cardona durante el proceso rumbo a la gubernatura en el 2021, luego de haber coincidido en la cámara de diputados federal. Después fue delegado político nacional del Partido del Trabajo en San Luis Potosí. Ocurrió después de su fallido intento por ser diputado plurinominal a través del PT. Aunque presentó una carta de residencia expedida por el ayuntamiento de Soledad, donde Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, fueron alcaldes, el documento no fue considerado válido para acreditar el tiempo de residencia requerido en el estado. Además, Serrano tampoco solicitó licencia al cargo de diputado federal, dentro del plazo establecido por la ley.
Por su parte, Cuevas Íñiguez llegó a San Luis Potosí en el 2021 para quedar como director del Canal 9 estatal, al inicio del gobierno de Gallardo Cardona. Aun cuando no cumplía con los requisitos y la normativa establecidos en el reglamento de la televisora, como tener experiencia comprobable en áreas informativas, fue designado para encabezar el cargo. Según informes de transparencia, tuvo un sueldo mensual de 56 mil 275 pesos.
En su currículo, señaló ser ingeniero en sistemas y maestro en alta dirección. También refirió habilidades en desarrollo tecnológico, mediante una empresa propia dedicada a diversas soluciones, como redes sociales, sitios web, infraestructura de redes y virtualizaciones con XenServer/Citrix. Indicó que desde el 2013, se desempeña como coordinador de NTCD.mx. Entre sus antecedentes laborales, menciona haber sido encargado de Tecnologías de la Información en Birmex, gerente de Sistemas en la Central de Abasto de la Ciudad de México con plataformas AS400/IBM i y subdirector de Formación en Línea en el Instituto de Educación Media Superior. También dice conocer sobre seguridad informática aplicada a medios informativos, manejo de personal y liderazgo de equipos, cargar conocimientos en tecnologías como PHP, MySQL, LAMP, redes CCNA/CCNP/CCIE y AS400.
Cuevas Íñiguez permaneció en el cargo hasta septiembre del 2024, cuando dejó el Canal 9, sin que informara las razones de su salida. Sin embargo, apenas unos meses después, reapareció dentro del Congreso del Estado. Según el acuerdo del folio JUCOPO/LXIV-I/072/2025, contenido en el acta de la asamblea número 20 del 4 de febrero del 2025, muestra que fue designado subcoordinador de Seguridad y Resguardo de la 64 legislatura, con efectos retroactivos al 1 de enero del mismo año.
El asunto fue autorizado por la Junta de Coordinación Política, presidida por Héctor Serrano Cortés, quien firmó el nombramiento de quien además es su socio en una empresa privada. Luego Cuevas Íñiguez fue incorporado a la nómina legislativa como personal de confianza, nivel 14, con un salario cercano a los 45 mil pesos mensuales. La coincidencia empresarial previa y el cargo aprobado por el mismo diputado, colocan el caso bajo el escrutinio público, ante un posible conflicto de intereses.
El segundo tema involucra a Martha Aída Bautista Gallangos, quien también mantiene un trato mercantil con Héctor Serrano.
Documentos constitutivos de Ediciones San Francisco, muestran que Serrano participa como socio mayoritario con el 30% de las acciones, mientras Bautista Gallangos posee el 10%.
La cercanía entre ambos también data de los gobiernos de la Ciudad de México. Durante el periodo en que Serrano fue secretario de gobierno, Bautista Gallangos formó parte de su equipo como subdirectora de comunicación social.
El acuerdo JUCOPO/LXIV-I/113/2025, aprobado durante la asamblea número 33 celebrada el 24 de junio del 2025, autorizó fuera contratado por honorarios para desempeñarse como auxiliar de la 64 legislatura. El convenio comprende del 1 de julio al 15 de septiembre del 2025 y establece un pago de 23 mil 55.90 pesos. Aunque se trata de un acuerdo temporal, el hecho de que la beneficiaria mantenga un pacto empresarial con quien encabezó la Junta de Coordinación Política, vuelve a colocar sobre la mesa, cuestionamientos respecto de la transparencia y la posible problemática de un conflicto de interés en las asignaciones de contratos dentro del congreso.
Los casos de José Alfonso Cuevas Íñiguez y Martha Aída Bautista Gallangos, no aparecen de manera aislada. Desde el inicio del actual sexenio, diversos reportes periodísticos han documentado los nexos de colaboradores cercanos a Héctor Serrano. El portal Astrolabio expuso que el diputado Serrano Cortés habría incorporado a la nómina estatal a 16 personas cercanas, todas provenientes de la Ciudad de México, quienes ocupan cargos directivos y sub directivos en la Oficialía Mayor. El grupo percibe 348 mil 507.14 pesos mensuales en salarios, con remuneraciones que van de 22 mil 753.48 a 28 mil 824.90 pesos netos al mes.
El organismo Ciudadanos Observando reveló que el Congreso del Estado mantenía 194 personas contratadas por honorarios, con un gasto mensual superior a los 4.4 millones de pesos, entre las que destacan perfiles relacionados con el legislador.
Los casos de Cuevas Íñiguez y Bautista Gallangos agregan un elemento distinto: ambos fueron ayudantes políticos de Serrano. Además, mantienen relaciones mercantiles registradas.
Las actas constitutivas de las empresas, los acuerdos de la Jucopo y los documentos de transparencia, permiten establecer los vínculos que hoy colocan de nuevo a Héctor Serrano bajo cuestionamientos sobre las designaciones de personas en su círculo cercano, dentro de la estructura del Congreso del Estado y el posible tráfico de influencias que representa.
El pago de los beneficios mediante contratos a sus empresas y las asignaciones de recursos a personas de su círculo inmediato, se podría explicar en parte, por el rol que ha asumido Héctor Serrano dentro del escenario político estatal, que ha sido operar a favor del proyecto de Gallardo Cardona, al impulsar desde el congreso, una agenda legislativa que ha generado controversias, como la llamada “Ley Serrano”, señalada como instrumento de ataque a la prensa libre. O la llamada “Ley Esposa” o “Ley Ruth”, que buscó facilitar el camino de la senadora Ruth González, esposa de Gallardo Cardona, rumbo a la gubernatura del 2027.
Cada vez que se exponen acusaciones sobre posibles actos de influyentismo o beneficios para testaferros del círculo inmediato al legislador, su respuesta suele estar marcada por una postura defensiva. Sin embargo, mantiene una actitud retadora cuando denuncian sus abusos y prepotencias. Es todo lo contrario al conseguir beneficios individuales. Se muestra fiero, déspota, para lesionar a los demás. Más al depredar los recursos públicos estatales.
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