Hace cinco años la noticia conmocionó a la entidad: Karla Pontigo Lucciotto, originaria de San Luis Potosí, de tan sólo 22 años, estudiante de nutrición y quién los fines de semana trabajaba como edecán en la discoteca Play, fue encontrada la madrugada del 28 de octubre del 2011, desangrándose con múltiples heridas que derivaron en su muerte.

Después de una investigación defectuosa e insuficiente, la procuraduría de justicia de San Luis Potosí concluyó que su muerte fue un accidente a pesar de las múltiples heridas y golpes en diversas partes del cuerpo que no correspondían con la versión de un “supuesto� accidente, aunado a que a simple vista su cuerpo presentaba evidencias de una agresión sexual, la cual fue corroborada por la necropsia practicada.

Ante la revictimización, opacidad y ausencia de justicia por parte de las autoridades estatales, su familia ha tenido que recurrir a instancias nacionales exigiendo el respeto a sus derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación. El caso de Karla Pontigo es el segundo feminicidio que por su relevancia llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por unanimidad fue atraído por el máximo tribunal el 4 de julio de 2015. En noviembre se prevé que el caso tenga una resolución con perspectiva de género y en la que se verifique el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio público, que se traduzca en una investigación efectiva que coadyuve con la víctima, permita la sanción a los responsables y que la muerte de Karla no continúe impune.

La integridad de la familia sigue con el riesgo de las amenazas que se encuentran latentes, desde abril de 2016 la procuraduría mantiene abierta una investigación. Hasta ahora ha sido incapaz de ubicar responsables y brindar resultados, pese al compromiso refrendado por el gobernador Juan Manuel Carreras. La familia fue amenazada en junio de 2017 al incorporarse al Mecanismo de Defensa para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ahora el estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad de la familia de Karla Pontigo, ante cualquier riesgo o daño al que se vea expuesta.

Ante la falta de cumplimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a la recomendación 55/2015 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 31 de mayo del 2017, el caso fue atraído por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el comisionado presidente, Jaime Rochín del Rincón, que se comprometió llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección, seguridad y reparar de manera íntegra a la señora María Esperanza Lucciotto López y sus hijos. El lunes 30 de octubre se espera una respuesta adecuada a la familia, pues cada día que pasa su seguridad es más vulnerable.

Es lamentable que a cinco años de distancia, el crimen de Karla Pontigo permanezca en la impunidad. Los familiares, defensores y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho hacemos un llamado al gobernador Carreras, a la procuraduría de justicia, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que desde sus ámbitos de aplicación garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de Karla Pontigo y su familia. Ante la pronta respuesta del máximo tribunal del país, confiamos en que los ministros emitan un resolutivo a la altura de los estándares nacionales e internacionales porque Karla Pontigo y las mujeres de México, que lo merecen.