Muy pronto se confirmó la encomienda que tiene el auditor superior del estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, impugnado por su arribo ilícito al cargo: limpiar las desastrosas finanzas de su jefe, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y usar su investidura para atacar, intimidar a los enemigos políticos del mandatario, sin ambages. Los hechos se constatan por los arqueos que hizo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la que observó 658 millones 175 mil pesos, casi la tercera parte de sus ingresos. Las frontales pesquisas se derivan de los enfrentamientos que ha tenido el rector, Alejandro Zermeño, que ha cometido la osadía de exigirle al mandatario, la entrega puntual de sus participaciones, en efectivo, no en obras, lo que generó el enojo del arbitrario ejecutivo.

En un inusual boletín informativo que emitió la instancia fiscalizadora, se establece que “el asunto podría generar denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia, al igual que procesos en otras instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa y el Órgano interno de Control de la propia Universidad�, que “omitió presentar documentos relacionados con los ingresos propios recaudados, lo que imposibilitó comprobar las captaciones, manejo, ejecución y otros detalles del monto fiscalizado�.

Lecourtois López, informó que derivado de los recursos fiscales e ingresos propios, correspondientes a la cuenta pública 2022, que formaron parte de la muestra auditada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, resultaron observaciones por un monto equivalente a los 658 millones 175 mil 306 pesos.
Precisó que el Instituto de Fiscalización Superior, detectó irregularidades concernientes al no presentar documentos diversos, como la balanza de comprobantes, estados de cuenta bancarios, donde se administran los ingresos propios, integrar los ingresos propios recaudados, movimientos auxiliares de los registros contables y presupuestales de las cuentas que forman parte de los ingresos propios, normativas aplicables a la obtención, administración, manejo, ejercicio y aplicación de los ingresos propios, acumulado de nómina con cargo a ingresos propios y documentos que soporten de cada una de las anomalías.

“La falta de documentos imposibilitó comprobar la captación, recaudación, custodia, manejo, administración, ejecución, registro financiero y contable del monto fiscalizado. Además, el cumplimiento de objetivos, aplicación de lineamientos y disposiciones legales. Prevalece la duda de que los recursos públicos hayan sido administrados bajo los principios de legalidad, eficacia, economía y honradez�.
Lecourtois aseveró que una vez entregado el informe individual correspondiente al Congreso del Estado, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el instituto deberá notificarlo a la universidad, que contará con 30 días hábiles para presentar las solventaciones, lo que deberá ocurrir a mediados de enero del 2024.
“A partir de que el organismo fiscalizador haya recibido los informes y consideraciones pertinentes de manos de la universidad, el instituto cuenta con 60 días hábiles más, plazo que se concretará a mediados de abril de 2024, para emitir un pronunciamiento final y proceder a integrar los expedientes que contengan los elementos probatorios de los resultados que no fueron solventados en su caso y enviarlos a su coordinación de investigación�.

“Dado el caso, se presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad substanciadora del instituto. Y de considerarlo viable, presentar el expediente respectivo ante el tribunal, así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado y en el caso de que las faltas no sean graves, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ante el órgano interno de control, para que continúe las investigaciones respectivas y en su caso, promueva la imposición de las sanciones que procedan�.
Al igual que Zermeño, Lecourtois se ensañó con el alcalde de la capital, Enrique Galindo. El edil de Mexquitic, José Hilario Leal y el de Matehuala, Iván Estrada, que se han resistido dar el bandazo al Verde Ecologista y no entregarle el manejo de la hacienda pública a Gallardo Cardona. Ahora pagan las consecuencias de su rebeldía.