El decano en temas de transparencia, Jesús Federico Piña Fraga, denunció que la directora administrativa de la secretaría de educación, la “tiktokera�, Ariana García Vidal, ejerce el control absoluto de la dependencia, por encima del titular, Juan Carlos Torres Cedillo, tío político de la presidenta estatal del DIF, Ruth González. En noviembre del 2021, tuvo la cartera de innovación y fortalecimiento social en el Estado de México. Ya acomodó en la nómina a su correligionario del Verde Ecologista, el director de recursos financieros, Luis Enrique Moreno García, que a su vez, sumó al hijo, Luis Enrique Moreno Ramírez, que ante las frecuentes ausencias, lo suple en el cargo. Ubicó como coordinadora de archivo a su sobrina, María Isabel Ramírez García, que también está vinculada al comité de transparencia, donde se entera de todas las peticiones ciudadanas. Coló al encargado de los vehículos, Israel Casimiro Delgadillo, que perdió de manera inopinada, una camioneta Ford Ranger. Se niega a informar sobre el destino de la unidad. Altanero, le dice a los choferes, que se pasa por debajo de las piernas las leyes, ya que cuenta con el respaldo de varios litigantes. Guarda en su caseta, un costal de naranjas, para que “vayan a pelárselas�.

Piña destacó que Delgadillo es omiso, ya que no tiene un control estricto de los vehículos a través de una bitácora. Cuando solicitó datos sobre el extravío, se molestó García, que presume, llegó a instalar el orden. No viene a perder el tiempo, como establece en sus redes sociales. “Ojalá cumpla, ya que en la Sege hay muchos maestros aviadores, que sólo acuden a firmar y cobrar. A los visitantes les dio al principio un gafete de la secretaría de salud. Luego contrató un torniquete, una especie de fila, que falla cada rato, lo que provoca largas hileras para acceder y salir. Tiene un costo mensual de 122 mil 400 pesos. Se niega a decir el nombre del proveedor. Argumenta que el contrato se hizo a través del departamento de adquisiciones de la oficialía mayor. Además exigen la credencial de elector, lo que violenta los derechos humanos de la ciudadanía, ya que se trata de un documento con datos personales. No existe un aviso de privacidad, avalado por la secretaría y el comité de transparencia. No deben  exigirla agentes privados sin el consentimiento del dueño. Cuando alguien acude por un certificado, no se puede identificar. El abuso lo denuncié a derechos humanos. La última vez que acudí, traía detrás los vigilantes, que me acosan por todos ladosâ€�.

“Parece que ordenó, tomen nota con quién platico y lugares que visito. Cuando los torniquetes se descomponen, tardan hasta media hora en arreglarlos, lo que ha generado protestas. García contrató a la empresa de seguridad privada Mora, 34 elementos, 17 en cada turno. Paga al mes 668 mil 300 pesos. Uno de sus elementos me seguía a todos lados. Le dije que su papel es cuidar quién entra o sale. Al menos que le pagaran un alto salario por andar tras de mí. Contestó que gana 6 mil pesos. Le aclaré que en una solicitud de datos, estipulan que percibe 19 mil pesos. ¿Entonces dónde queda el resto? Las trabas que ponen, no las tienen ni la fiscalía local, donde sólo basta identificarse y pasamos. Conocí varios testimonios de gente a la que se le perdió la credencial. Una señora salió de urgencia y la olvidó. Después la buscó y le dijeron que se había extraviado. Luego fueron a su casa en la noche, para devolverla. Ya saben dónde vive, cómo se llama, ventilan sus datos. A mí también me la perdieron, por lo que me quedé con el gafete número 47. Ahora ya no puedo acceder, mientras tramito otra. Levanté una acta en la fiscalía e Instituto Nacional Electoral. No entiendo por qué las extravían, si tienen cámaras internas. Gallardo dijo que habría cambios, pero está peor que con su antecesor, Juan Manuel Carrerasâ€�. 

                Después de 20 años de solicitar datos públicos, Piña decidió retirarse. Sólo dejó pendiente, recibir algunos informes de las escuelas de tiempo completo, que se los empezó a dar el reciente ex titular de la Sege, Roberto Barajas, al que en cinco años, Carreras destinó más de mil 200 millones de pesos. Cada año 250, para alimentar niños de primarias y secundarias ubicada en zonas de alta marginación. Inició trámites en el 2019, pero se le juntaron cinco recursos de revisión, por lo que apenas consiguió resultados. En marzo y abril, solicitó una audiencia con Gallardo, para darle a conocer todas las fallas existentes. No hubo respuesta. Entonces lo interceptó antes de ingresar a sus oficinas. Le narró sus travesías y le preguntó si iba a ser transparentes. Le respondió que no era necesario lo buscara. Lo envió con Ariana García, para que arreglara lo rezagado. La buscó pero no lo atendió, por tener mucho trabajo. Le propuso hacer 10 solicitudes de datos, para que supiera todas las anomalías, que abarcan recursos humanos, materiales, remuneraciones y financieros. Le dieron respuestas de forma paulatina. Pero luego se enojó y el 11 de mayo, le reclamó, ya no pidiera nada, pues sólo les quitaba el tiempo. Y si insistía, lo iba a denunciar con Gallardo. Piña le respondió que su jefe lo envió y le recomendó quejarse, para que le dijera lo mismo.

                “Después me enteré, que en una asamblea de gabinete, me acusó con el mandatario, que yo era un chantajista profesional. Desde entonces me acosan, me siguen a donde camino. No conoce el significado de lo que me dijo. Otra represalia en mi contra, fue ordenar, quitaran la máquina de escribir que doné a la dependencia, donde hice todas mis solicitudes de datos por muchos años. Ya me iba a retirar, no quería saber nada del tema, ya que siempre es lo mismo. Sólo estaba pendiente de los resultados de los recursos que metí en el Instituto Nacional de Transparencia. La funcionaria se pudo enojar porque le reclamé que le había puesto a la sala que lleva mi nombre, un letrero chafa. Le dije que si lo cambiaba por uno grabado, que yo pagaría. Oficiosa, dijo que en dos semanas lo resolvía. Jamás lo cambió. Investigué que además de la unidad que perdieron, les quitó a algunos funcionarios de la dependencia, las compensaciones que tenían. No han respondido a quienes se las dejó. Antes, los directivos de área ganaban 25 mil pesos. Con los bonos, alcanzaban los 70 mil. No se nota el que prometió Gallardo, sigue vigente la herencia maldita. Cada secretario trae su propio grupo, pero deben ser eficientesâ€�.

                Piña Fraga denunció que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, le sale muy cara a los potosinos y tiene poca eficacia. Le destinan al año más de 50 millones de pesos. Coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que califica al Ine y órganos similares, como facciosos, sólo sirven para cobrar altos salarios. “En el 2019 presenté recursos de revisión que apenas resuelven. Algunos comisionados que los recibieron, como Jorge Martínez Zarzosa, ya se fue. Me notifican 2 años 4 meses después. Argumentan  que resolvieron e tiempo y forma, entonces por qué hasta ahora me avisan. Se deben resolver en 20 días hábiles y solicitar otra prórroga igual. Ya cerrado, notificar al tercer día. Me quejé al Inai, que sólo se concretó a decirles, que no lo vuelvan a repetir. Pero al ciudadano, rápido lo entierran. La ex comisionada Yolanda Camacho Zapata, tardó más de 4 años en solucionar un recurso. Ganan como 90 mil pesos en sueldos y prestaciones que no desquitan. En diciembre del 2021, los comisionados David Enrique Menchaca Zúñiga, Ana Cristina García Nales y José Alfredo Solís Ramírez, se dieron bonos por más de 70 mil pesos. La directora administrativa, 43 mil. El contralor interno, que ya partió, 38 mil pesos. Los cinco primeros se llevan las tajadas más altasâ€�.

                “Es tanto el desinterés por la transparencia, que en más de 15 años que tiene la Cegaip, no han realizado un acto para convocar a la gente, no funcionarios, a recibir asesorías sobre el tema. Los expertos Perla Gómez y Ernesto Villanueva, me dijeron, si quería seguir en la ruta, necesitaba ser perseverante, dedicarle tiempo a una solicitud hasta el final. Contar con dinero para solventar los gastos. Conocer la ley de transparencia y que las autoridades hagan caso. Nadie se dedica al asunto. Tampoco me pueden decir que he pedido patrocinio. El único recurso, antes queja, fue el que resolvió el consejero Rodolfo Aguilar, al ordenar a la sociedad de padres de familia, del jardín de niños Mercedes Vargas, entregar los informes de las cuotas escolares. Otro funcionario, Eduardo Lomelí, tenía un método distinto. Le llamaba al otrora director del Sistema Estatal de Educación Regular, Xicoténcatl Turrubiartes, facilitar los datos o le daba trámite a las peticiones. Muchos llegan al cargo por recomendaciones, como Geraldina Ortiz Macías, que era cuñada del ex diputado local y ex dirigente del PRI, Adolfo Micalco. En un caso que llevó María José González Zarzosa, un recurso de 30 páginas, la mitad era de otra querellaâ€�.

“Muestran descuido en su trabajo. Carreras no cumplió con la ley, ya que en los artículos 42y 49, establece que debe existir un consejo consultivo de la Cegaip. Nunca se formó y ya pasó un sexenio. No les interesa, ya que es un cargo honorífico. Antes no hacían caso cuando llevamos en persona las quejas, menos ahora que se hacen vía electrónica. O proporcionan datos que no sirven. La contralora interna, Larisa del Carmen Mejía, dijo que me iba a demandar por denunciar que no existen lugares donde sentarse a consultar archivos. Se infiere que debe estar atenta a lo que sucede en la instancia. Tampoco controla el pago excesivo de la renta. Antes era de 134 mil y el dueño, Miguel Maya, la subió de repente a 147 mil�. Piña le entregó incontables documentos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la actual secretaria de educación, Leticia Ramírez, sobre el programa de las escuelas de tiempo completo, donde hubo un desbarajuste. Manejaron más de mil 200 millones de pesos sin licitaciones. A una escuela, le dieron 120 gramos de frijoles a 14 niños durante 5 días. Les tocaba en promedio un gramo. O les ofrecían 9 huevos para 28 estudiantes. “La transa se hizo a través de la oficialía mayor, que contrató a la empresa Tononi. Constaté muchos saqueos. Fue acertado, lo quitara el tabasqueño�.