El litigante José de Jesús Martínez Torres interpuso una demanda por negligencia médica en contra del doctor Guillermo Silos Nieto, que labora en la clínica 50 del Seguro Social en la capital de San Luis. Relató que su hermana María Guadalupe Martínez ingresó al nosocomio el 13 de junio del 2013 para que le realizaran un cambio de válvula, ya que presentaba un problema de hidrocefalia. Entró a pie, consciente, ya que tenía una vida laboral estable, normal. Ya dentro, adquirió una neuro infección. Una bacteria nosocomial, aeroginosa, fue como se le denominó. Decidieron aplicarle antibióticos de varios esquemas, pero ninguno dio resultados favorables. Un infectólogo le prescribió un medicamento llamado colistina. Había que darle 10 miligramos cada 24 horas. La primera dosis se aplicó de manera correcta, por parte del internista. Pero el fin de semana la paciente estuvo a cargo del ahora inculpado. El sábado y domingo le inyectó 130 miligramos, sin darse cuenta que contravino la cantidad establecida.

Expuso que los excesos trajeron consecuencias graves, para siempre, en su hermana. Le causaron un daño neurológico severo e irreversible, lo que la mantiene postrada. Después de una lucha jurídica de 5 años, a través de tres juicios de amparo, la parte ofendida consiguió que se librara orden de arresto. Fue detenido el 26 de junio del 2018 y puesto a disposición del juez segundo de distrito. Obtuvo la libertad bajo fianza por la cantidad de 90 mil pesos por los daños ocasionados. “Como familiares consideramos una cantidad muy baja, ya que se causó un daño fatal. Destinaron 30 mil pesos para cubrir sus presentaciones ante el juzgado y 60 mil para reparar el daño�.

“No es la fractura de un brazo. Es un daño que le causaron para toda la vida, lo que terminó con su vida activa. Ya no puede valerse por sí misma, requiere atenciones personales las 24 horas los 365 días del año. Exige muchos cuidados físicos, médicos. En la lucha legal, esperamos que el 2 de julio se dicte a Silos acto de formal arresto por el delito de agresiones con responsabilidad profesional agravado. Estamos en la etapa de instrucciones, en la que se presentan las pruebas necesarias y se culmina con una sentencia en contra del médico�.

“La denuncia es personal, aunque trabaje para el Seguro Social. La institución tiene una responsabilidad patrimonial en un asunto que se puede tramitar en un juicio de nulidad para que la instancia asuma lo que le corresponde, pero no quieren reconocer el error que tuvo el doctor, al que respaldan. Estamos firmes para demostrar que el daño ocasionado es deplorable, producto de un descuido por coraje, ya que el responsable se molestó cuando le reclamamos, no delegara funciones en un asistente que no se ha titulado. La cifra adecuada se tiene que determinar a través de dictámenes periciales de evaluación que se darán en el curso del proceso y sea determinado por expertos en la materia�.

El litigante aseguró que tuvieron que esperar más de cinco años desde que se hizo la denuncia hasta que se logró liberar la orden de arresto. Es decir, la víctima no pudo adquirir cuidado médico especializado por falta de recursos económicos y procurarle una mejor condición de vida porque el daño es irreversible. “Me dediqué del 2013 al 2016 a integrar la averiguación previa. Aporté las pruebas suficientes ante la Procuraduría General de la República. A partir del 2016 el asunto se pudo consignar ante un juez federal, el cual negó la orden. Fue hasta que en un recurso de apelación, el tribunal unitario confirmó el resolutivo. Tuve que promover tres amparos previos para obtener la orden de captura en contra del médico�.

“Se habla de ineptitud del doctor Guillermo Silos, sin embargo, existen miles de casos que no han trascendido a la sociedad. Lo cual resulta un error pues la gente debe hacerlos públicos para que las demás personas estén informadas de lo que ocurre dentro de muchas instituciones donde su principal objetivo es ayudar y cuidar al enfermo, no proporcionarle más dolor e incluso la muerte. A veces los afectados no tienen lo necesario para contratar un abogado que los defienda, pero también desconocen que existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el fuero común como federal, en la que pueden recibir asesorías legales en cualquier tipo de delitos. Las instituciones de salud no pueden justificarse y decir que es por la alta demanda que tienen. Las atenciones que dan en muchos casos son ineficientes. El estado tiene la obligación de proveer los recursos necesarios para que actúen de forma eficiente y con profesionalismo. En el caso de mi hermana tuvimos que comprar las válvulas que necesitaba y los medicamentos, ya que no estaban incluidos en el cuadro básico del seguro social. Pero es lamentable la atención que otorgan�.

Martínez lamentó que gran parte del presupuesto federal se destina a partidas que no son  prioritarias como la salud. Un pueblo que no está sano, no puede transitar hacia un desarrollo económico sustentable. “Esperemos que con el nuevo gobierno, exista un enfoque humanista, dirigido hacia las clases más desprotegidas. Es la verdadera ideología del sentido social. Para nosotros es fundamental que el tema de mi hermana no sea otro caso más de impunidad y negligencia médica. Aunque el asunto se lleva bajo el sistema penal anterior, tradicional, ya que los hechos ocurrieron en el 2013, aun no estaba vigente el proceso penal acusatorio. No habrá un juicio oral, será de manera escrita y ante un juez de distrito�.