Hay que insistir, estamos en deuda con ellos y ellas. Es justo y necesario reconocer su entrega y profesionalismo. Me refiero a los trabajadores de la salud. Héroes y heroínas que están dando todo para derrotar al coronavirus, jugándose incluso su salud y su vida.

Hasta el 20 de mayo el gobierno de México reconocía que 11 mil 767 trabajadores y trabajadoras de la salud habían sido infectados por el Covid-19. Desgraciadamente 149 de ellos perdieron la vida combatiendo la enfermedad. Son nuestros héroes caídos.

Por eso provoca irritación que los agredan o discriminen, o que las autoridades estén tardando tanto tiempo en entregarles el equipo de seguridad que los proteja de los peligros a que están expuestos.

Hay además otras injusticias que afectan a estos héroes de bata blanca. Me explico.

En el sistema nacional de salud hay cerca de 98 mil trabajadores en condiciones de contratación inestable, cobran por honorarios y su salario es insuficiente. No tienen certeza sobre su permanencia en el trabajo. Algunos de ellos llevan hasta 18 años laborando en estas condiciones. Esto es claramente contrario a la ley federal del trabajo y contradice los principios fundamentales de la justicia laboral y social.

Amnistía Internacional, un movimiento mundial que trabaja en favor del respeto y protección de los derechos humanos hizo recientemente una investigación de campo en países de América Latina y pudo comprobar que es una práctica dominante que los trabajadores de la salud estén mal pagados y reciban prestaciones de seguridad social muy precarias. Muchos de estos trabajadores laboran para empresas de outsourcing que no les proveen del equipo de protección adecuado y que además les pagan muy poco. Lo malo es que si se atreven a denunciar se exponen a sufrir represalias.

En los pasillos de clínicas y hospitales se comenta con preocupación el abandono al que están sometidos muchos de los trabajadores del sistema de salud. Médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, auxiliares de enfermería, limpiadores y limpiadoras de hospital, vigilantes y conductores de ambulancias padecen ésta inequidad.

Las autoridades competentes deben hacer mucho más que estar dando cifras de la evolución de la pandemia. Están obligados a proteger y proporcionar lo necesario a quienes están en la primera línea de combate contra el coronavirus. Todavía es momento oportuno para que los diputados promuevan decretos y leyes que protejan a las y los trabajadores de la salud. Para el caso de los hospitales privados la Secretaria del Trabajo debe incrementar su labor de vigilancia para evitar que se abuse de los trabajadores de la salud.

No es suficiente proclamarlos héroes y heroínas. Hay que garantizar su seguridad, aumentarles el salario, otorgarles bonos y prestaciones adicionales y brindarles atención psicológica y alimentaría suficiente y adecuada. Ellos y ellas están salvando vidas y en correspondencia el gobierno, la clase política y los empresarios de la salud deben darles todo lo que necesiten para que sigan desarrollando su invaluable labor.

Al respecto el gobernador Juan Manuel Carreras ha hecho gestiones exitosas ante el gobierno federal para equipar a nuestros hospitales Covid y dotar del equipo de protección a médicos y enfermeras que atienden a los infectados.

Producto de estas gestiones el pasado 21 de mayo llegaron a nuestra entidad 6.5 toneladas de insumos médicos que servirán para habilitar los hospitales potosinos que atienden a los enfermos de coronavirus.

Será personal del Ejercito Mexicano quien entregue los medicamentos e insumos (camas equipadas con respiradores mecánicos) a las unidades médicas de la capital (Hospital Central) y su zona conurbada (Hospital de Soledad) y a los nosocomios de Ciudad Valles, Matehuala, Tancanhuitz, Tamazunchale y Rioverde.

Como puede observarse la guerra contra el coronavirus sigue adelante y debe aplaudirse que el presidente de la república y el gobernador del estado estén trabajando de manera coordinada para salvar vidas más allá de ideologías políticas.