La comunidad de San Guadalupe, a partir de 1981, se convirti贸 en un infierno, desde entonces sus integrantes no tienen paz. El grupo de comisariados donde figuran Juan Garc铆a Leyva, Fidel Cruz Campos, Gregorio聽 Bravo Luna y Juan Socorro Leyva Flores, se robaron los derechos de otros. Convirtieron a sus familias en titulares. A los beneficiarios directos, los privaron de sus derechos. Se coludieron con urbanizadores, empresarios, notarios, abogados y gobierno estatal, para el despojo de tierras. Desde entonces no trabajan. Viven聽 de sus rentas. Algunos son transportistas. Otros se dedican a gastar el dinero. Los dem谩s siguen con las ventas a destajo. Se dicen l铆deres desde聽 1981.
Los llamados 鈥淛uanes Perreros鈥, durante m谩s de 33 a帽os, han realizado negocios con m煤ltiples empresarios. El actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, tambi茅n le entr贸 a las corruptelas. En lo oscuro y por concepto de una compensaci贸n, les dio 20 millones de pesos. Les prometi贸 pavimentar las calles 5 de mayo, Belisario Dom铆nguez y Rafael Ram铆rez, que tienen una longitud de m谩s de un kil贸metro y medio cada una. Instalar drenaje, entregarles materiales y despensas a cambio de que lo dejaran concluir el arreglo del perif茅rico sur, que va del Hospital del Ni帽o y la Mujer a la entrada de la Feria Nacional Potosina, que luego bautiz贸 como Circuito Potos铆, que sus antecesores no pudieron concluir.
En los primeros meses de su mandato, Gallardo llam贸 a los l铆deres al palacio de gobierno. Asistieron m谩s de 15. El 14 febrero del 2022, en las instalaciones de la Fenapo, entreg贸 a 335 comuneros, 50 mil pesos de los 20 millones prometidos. Les reparti贸 16 millones 750 mil pesos. El resto, 3 millones 250 mil pesos, no se sabe d贸nde quedaron.
Luego inici贸 las obras de 43 kil贸metros, con un costo de 400 millones de pesos, que luego duplic贸. El acto inaugural se llev贸 a cabo sobre el puente vehicular, en el cruce de la avenida Ju谩rez y bulevar Antonio Rocha Cordero, a la altura de la Fenapo. El mismo tramo que durante 12 a帽os, bloquearon los comuneros, ya que los gobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras, no les pagaron la invasi贸n de 16 hect谩reas. El presidente del comisariado, Luis Alberto Zavala Ojeda, reconoci贸 el trabajo de Gallardo, que el 3 de agosto, inaugur贸 los trabajos, donde incluy贸 un falso puente atirantado, que cost贸 18 millones de pesos.
Gallardo Cardona enga帽贸 a los comuneros, apenas termin贸 el perif茅rico, donde dej贸 un cochinero. No termin贸 la calle lateral donde pasa el cami贸n urbano. Los peatones no puedan cruzar, lo hacen por otro lado o debajo del puente. Tampoco paviment贸 tres calles, no meti贸 la luz, drenaje ni entreg贸 los lotes de materiales. Ni el drenaje para evitar las inundaciones. En 1978, el gobernador Guillermo Fonseca 脕lvarez construy贸 el perif茅rico sur. Invadi贸 16 hect谩reas de los comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito.
En el 2006, Margarito Jasso Menchaca, continu贸 la lucha frontal que antes encabez贸 su padre, Pedro Jasso, contra el mandatario Fernando Silva Nieto, que se coludi贸 con los empresarios, Jorge Gonz谩lez Verduzco y Juan Diego Gonz谩lez Ram铆rez y los Juanes Perreros. En el 2009, el comisariado, Aniceto Bravo Jasso, en el 煤ltimo tramo de sus gestiones, se cambi贸 de bando. En el 2010, Toranzo anunci贸 el rehabilitado del perif茅rico sur y construir el puente que cruza la avenida Ju谩rez y bulevar Antonio Rocha Cordero. El comisariado, representado por Aniceto Jasso, solicit贸 al mandatario pagarles la invasi贸n. Se realiz贸 un aval煤o, donde se determin贸 un monto de 320 millones de pesos. El cirujano dijo que les pagar铆a 60 millones de pesos. Orden贸 al entonces secretario ya fallecido, C谩ndido Ochoa Rojas, cubrir la suma. Pero nunca obedeci贸 la orden. La autoridad comunal promovi贸 un amparo ante el juzgado tercero de distrito, que suspendi贸 las obras. Les pagaran 67 millones de pesos a los afectados.
En el 2012, Jasso Bravo concluy贸 su periodo, desde entonces se le lig贸 al grupo de los Juanes Perreros y urbanizadores encabezados por el magnate Carlos L贸pez Medina, que junto con sus socios, son casi los due帽os de las tierras. Es el mismo equipo que antes se apropi贸 de la Garita de Jalisco. Jasso Bravo, Gilberto 脕ngel Acosta Pitones y Alejandra P茅rez L贸pez y el presidente del consejo de vigilancia, Juan Socorro Leyva, lograron que la asamblea autorizara a la comunidad, constituir sociedades civiles, mercantiles y sumar a terceros, para lograr el uso y mejor el aprovechamiento de las tierras y recursos naturales.
Los dem谩s comuneros le dieron un segundo rev茅s al equipo de Garc铆a Leyva. Continuaron la demanda del pago para ser indemnizados. Paralizaron las obras. Lograron que Toranzo firmara un convenio ante el Tribunal Unitario Agrario, por un pago de 240 millones de pesos. El grupo opositor emprendi贸 una campa帽a de desprestigio contra Bravo Menchaca. Divulgaron que ten铆a tratos ocultos con el galeno. Y que recibi贸 una cifra superior por 320 millones de pesos, asentada en el aval煤o del 2010. Nunca lo pudieron probar. Mediante chicanas y enga帽os, lo intentaron destituir. Convocaron a una asamblea para poner en su lugar a Mar铆a Dolores L贸pez, quien se neg贸, porque se le dijo que cambiar铆an a toda le mesa directiva.
En el 2015, los Juanes Perreros le arrebataron el mando a Jasso Bravo, al imponer en el comisariado a Rogelio Ambrosio Carrizales, en contubernio con L贸pez Medina. Pero no cumpli贸 con el requerimiento del Tribunal Unitario Agrario, que le pidi贸 aportar el aval煤o del tramo, los 320 millones de pesos del 2010, lo que provoc贸 que el monto por las afectaciones se devaluaran. Despu茅s busc贸 atribuirse, ser propietario de las 16 hect谩reas, junto con otras obras alrededor del bulevar Rocha Cordero. Junto con el litigante Alfredo Rodr铆guez Hurtado, dijeron que se iban a arreglar con el gobernador Juan Manuel Carreras. Fueron al tribunal y exigieron primero, 120 millones de pesos. Luego 60. El mandatario dijo que no pod铆a pagar ninguna de las cantidades. La dupla convino con Carreras, hacer un nuevo aval煤o, con valores catastrales de 1978, cuando se construy贸 el perif茅rico. El monto que arroj贸 fue de 5 mil 800 pesos por 16 hect谩reas. Carreras los deposit贸 en el juzgado antes de concluir sus gestiones. Al final no les pagaron nada.
Los Juanes Perreros mantuvieron el control. En el 2018, impulsaron a otros de sus alfiles como presidente del comisariado, Rodolfo Vald茅s Garc铆a. No hizo nada. Al contrario, azuzado por Leyva, Cruz, Bravo, Garc铆a y L贸pez Medina, intent贸 donar al gobierno estatal, 9 mil hect谩reas como 谩rea protegida a cambio de que se respetaran los derechos de los propietarios. La propuesta inclu铆a 2 mil 500 hect谩reas de amortiguamiento y otra cifra igual en proyectos. Se refer铆a a que la comunidad aportara al proyecto inmobiliario, terrenos para beneficiar a la firma Reserva de San Luis o Las Ca帽adas, donde figuran m谩s de 8 inversionistas, capitaneados por L贸pez Medina, Manuel Mu帽iz Werge, Manuel Valle L贸pez y otros urbanizadores de Monterrey, Quer茅taro y Guanajuato.
Los Juanes Perreros, en agosto del 2021, apoyaron la llegada del nuevo comisariado, Luis Alberto Zavala Ojeda, contrario al grupo de Leyva, Garc铆a, Bravo y Cruz. Zavala amenaz贸 con conformar una planilla 煤nica. Para evitarlo, se sumaron para mantener el control. Colaron como suplente a Cruz Campos, hermano de Juan Fidel Cruz Campos. Zavala gan贸 las votaciones al expresidente del comisariado y pe贸n de L贸pez Medina, Aniceto Jasso Bravo. Zavala Ojeda no le movi贸 al juicio de las indemnizaciones de las 16 hect谩reas del perif茅rico sur. Se convirti贸 en aliado de Ricardo Gallardo Cardona, con el que se reun铆a de manera regular. Sirvi贸 de puente para que en febrero, seis meses despu茅s de asumir el cargo, convenciera a los comuneros que lo dejaran trabajar y reiniciar las obras del perif茅rico.
A cambio, les dio una compensaci贸n de 20 millones de pesos. La mesa directiva y el consejo de vigilancia, amenaz贸 con quitar a Zavala, con el argumento de no acatar los acuerdos. Pero no coincid铆a con el grupo. Se opuso a la ocupaci贸n de los predios La Tiendita, que el industrial Juli谩n Abud, con ventajas y respaldo de algunos l铆deres del ex comisariado, se apropi贸 del lote. Luego vendi贸 a L贸pez Medina. Incluyeron los terrenos La Ladrillera y Casa Blanca, que el gobierno estatal compr贸 a Gonz谩lez Verduzco y Gonz谩lez Ram铆rez en el sexenio de Silva Nieto, sin que fuera due帽os.
En febrero del 2022, a un a帽o de que la obra del perif茅rico reiniciara, Zavala fue asesinado afuera de su casa, con un balazo en la cabeza. El crimen no se esclareci贸. Entr贸 de suplente Andr茅s Cruz Campos. Su opacidad y des谩nimo provoc贸 que Juan Garc铆a Leyva, 鈥淓l Cepillo鈥 y L贸pez Medina, hoy comuneros, coludidos con la Procuradur铆a Agraria, en la segunda quincena de octubre, intentaron removerlo, para imponer otra vez a Aniceto Jasso Bravo, con el objetivo de legalizar todas las ventas ilegales. No tuvieron 茅xito. La asamblea acord贸 que Cruz Campos termine los 8 meses que le restan al comisariado. Ya nadie toc贸 el tema de las 16 hect谩reas del perif茅rico sur o Circuito del Potos铆.
Comuneros que pidieron el anonimato por temor a represalias, coincidieron en que la lucha no est谩 perdida. Se necesita un comisariado honesto y un abogado que los defienda. No quedarse luego como propietario, para manipular y vender tierra que no le corresponde. 鈥淣o sirven, s贸lo se han dedicado a dividir鈥. Los Juanes Perreros han usufructuado San Juan de Guadalupe y Tierra Blanca durante casi un tercio de siglo. Del 1981 al 2006, no hubo cambio de comisariado o autoridad que se los impidiera, al contrario, los apoyaron. En el lapso del 2006 al 2015, la comunidad tuvo un poco de paz. Pero del 2015 al 2023, volvi贸 la 鈥渆nfermedad鈥. Es peor, adem谩s del nocivo grupo depredador, llegaron personas ajenas que compran y venden, sin respeto a los reglamentos agrarios.
Los Juanes Perreros les dieron cabida a activistas como Carlos Covarrubias Rend贸n, Fabiola Quintanilla Reynoso, Guillermo D铆az Garc铆a, abogado y nieto de Juan Garc铆a Leyva. A Alfredo y Roberto Rodr铆guez Hurtado y Francisco Sol铆s. 鈥淟os ocupamos para que nos ayudaran a resolver problemas. En lugar de ayudarnos, se quedaron a hacer el negocio. Ahora son los que venden tierras. Hacen todo al rev茅s鈥.
La misma banda convalid贸 las expropiaciones del gobierno estatal y federal, v铆a la Comisi贸n Reguladora de la Tenencia de la Tierra. Aport贸 m谩s de 2 mil 500 hect谩reas para proyectos inmobiliarios, con prop贸sito de beneficiar a inversionistas e intermediarios. El fin de a帽o, L贸pez Medina, el acaparador n煤mero uno de tierras, les env铆a por separado, un bono de navidad que oscila en los 100 mil a 500 mil pesos, para la cena y regalos. Al resto, les manda 5 mil pesos. Pero 250 comuneros no reciben un peso de las ventas ilegales. Los 煤nicos beneficiados son los ex comisariados, sus familias y los abogados que contrataron y que ahora les compiten.
El gobierno estatal ha expropiado 84 hect谩reas de Casa Blanca y La Ladrillera. Otras 24 de la Granja de Guadalupe. Se suman 16 del perif茅rico sur. M谩s 202 de la Corett. L贸pez Medina invadi贸 300. Se le contabiliza el predio La Tiendita, que compr贸 a Juli谩n Abud. Todos los movimientos constan en el Registro P煤blico de la Propiedad. Adem谩s, las 2 mil 67 hect谩reas del desarrollo inmobiliario Las Ca帽adas, que se ubican en la zona protegida. Buscan a trav茅s de un juicio, que el gobierno federal las deja libres, para concretar jugosas transacciones.
Juan Garc铆a Leyva ha vendido m谩s de 40 hect谩reas. Hoy tiene como mil constancias de derechos que oferta en 40 y 80 mil pesos. Son documentos que s贸lo contienen su firma. Fue el que hizo tratos con L贸pez Medina de 300 hect谩reas que colidan con Escalerillas. Otras 40 hect谩reas que se ubican dentro de un complejo de golf. Y 24 en el predio denominado los Siete Campos. Una corriente opositora, encabezada por Margarito Jasso Menchaca, fue a la Ciudad de M茅xico para pedir a la autoridad agraria, intervenga sobre el pago de las 16 hect谩reas, donde se construy贸 parte del perif茅rico sur. Atienda las invasiones y despojos de Ladrillera, Casa Blanca y La tiendita. Despu茅s de 30 a帽os de litigio, lo mandaron de regreso. Le exigieron, llevar a los quejosos, un litigante y dinero. Pero luego le dijeron que se trata de asuntos juzgados. La comunidad parece que no tiene comisariado. Nadie reclama algo.
