Los Juanes Perreros y López Medina, depredadores impunes de San Juan de Guadalupe
18 enero, 20249:22 pmAutor: Elida Mendoza VillanuevaCapital Destacada Municipios Noticias
La comunidad de San Guadalupe, a partir de 1981, se convirtió en un infierno, desde entonces sus integrantes no tienen paz. El grupo de comisariados donde figuran Juan García Leyva, Fidel Cruz Campos, Gregorio Bravo Luna y Juan Socorro Leyva Flores, se robaron los derechos de otros. Convirtieron a sus familias en titulares. A los beneficiarios directos, los privaron de sus derechos. Se coludieron con urbanizadores, empresarios, notarios, abogados y gobierno estatal, para el despojo de tierras. Desde entonces no trabajan. Viven de sus rentas. Algunos son transportistas. Otros se dedican a gastar el dinero. Los demás siguen con las ventas a destajo. Se dicen líderes desde 1981.
Los llamados “Juanes Perreros”, durante más de 33 años, han realizado negocios con múltiples empresarios. El actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, también le entró a las corruptelas. En lo oscuro y por concepto de una compensación, les dio 20 millones de pesos. Les prometió pavimentar las calles 5 de mayo, Belisario Domínguez y Rafael Ramírez, que tienen una longitud de más de un kilómetro y medio cada una. Instalar drenaje, entregarles materiales y despensas a cambio de que lo dejaran concluir el arreglo del periférico sur, que va del Hospital del Niño y la Mujer a la entrada de la Feria Nacional Potosina, que luego bautizó como Circuito Potosí, que sus antecesores no pudieron concluir.
En los primeros meses de su mandato, Gallardo llamó a los líderes al palacio de gobierno. Asistieron más de 15. El 14 febrero del 2022, en las instalaciones de la Fenapo, entregó a 335 comuneros, 50 mil pesos de los 20 millones prometidos. Les repartió 16 millones 750 mil pesos. El resto, 3 millones 250 mil pesos, no se sabe dónde quedaron.
Luego inició las obras de 43 kilómetros, con un costo de 400 millones de pesos, que luego duplicó. El acto inaugural se llevó a cabo sobre el puente vehicular, en el cruce de la avenida Juárez y bulevar Antonio Rocha Cordero, a la altura de la Fenapo. El mismo tramo que durante 12 años, bloquearon los comuneros, ya que los gobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras, no les pagaron la invasión de 16 hectáreas. El presidente del comisariado, Luis Alberto Zavala Ojeda, reconoció el trabajo de Gallardo, que el 3 de agosto, inauguró los trabajos, donde incluyó un falso puente atirantado, que costó 18 millones de pesos.
Gallardo Cardona engañó a los comuneros, apenas terminó el periférico, donde dejó un cochinero. No terminó la calle lateral donde pasa el camión urbano. Los peatones no puedan cruzar, lo hacen por otro lado o debajo del puente. Tampoco pavimentó tres calles, no metió la luz, drenaje ni entregó los lotes de materiales. Ni el drenaje para evitar las inundaciones. En 1978, el gobernador Guillermo Fonseca Álvarez construyó el periférico sur. Invadió 16 hectáreas de los comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito.
En el 2006, Margarito Jasso Menchaca, continuó la lucha frontal que antes encabezó su padre, Pedro Jasso, contra el mandatario Fernando Silva Nieto, que se coludió con los empresarios, Jorge González Verduzco y Juan Diego González Ramírez y los Juanes Perreros. En el 2009, el comisariado, Aniceto Bravo Jasso, en el último tramo de sus gestiones, se cambió de bando. En el 2010, Toranzo anunció el rehabilitado del periférico sur y construir el puente que cruza la avenida Juárez y bulevar Antonio Rocha Cordero. El comisariado, representado por Aniceto Jasso, solicitó al mandatario pagarles la invasión. Se realizó un avalúo, donde se determinó un monto de 320 millones de pesos. El cirujano dijo que les pagaría 60 millones de pesos. Ordenó al entonces secretario ya fallecido, Cándido Ochoa Rojas, cubrir la suma. Pero nunca obedeció la orden. La autoridad comunal promovió un amparo ante el juzgado tercero de distrito, que suspendió las obras. Les pagaran 67 millones de pesos a los afectados.
En el 2012, Jasso Bravo concluyó su periodo, desde entonces se le ligó al grupo de los Juanes Perreros y urbanizadores encabezados por el magnate Carlos López Medina, que junto con sus socios, son casi los dueños de las tierras. Es el mismo equipo que antes se apropió de la Garita de Jalisco. Jasso Bravo, Gilberto Ángel Acosta Pitones y Alejandra Pérez López y el presidente del consejo de vigilancia, Juan Socorro Leyva, lograron que la asamblea autorizara a la comunidad, constituir sociedades civiles, mercantiles y sumar a terceros, para lograr el uso y mejor el aprovechamiento de las tierras y recursos naturales.
Los demás comuneros le dieron un segundo revés al equipo de García Leyva. Continuaron la demanda del pago para ser indemnizados. Paralizaron las obras. Lograron que Toranzo firmara un convenio ante el Tribunal Unitario Agrario, por un pago de 240 millones de pesos. El grupo opositor emprendió una campaña de desprestigio contra Bravo Menchaca. Divulgaron que tenía tratos ocultos con el galeno. Y que recibió una cifra superior por 320 millones de pesos, asentada en el avalúo del 2010. Nunca lo pudieron probar. Mediante chicanas y engaños, lo intentaron destituir. Convocaron a una asamblea para poner en su lugar a María Dolores López, quien se negó, porque se le dijo que cambiarían a toda le mesa directiva.
En el 2015, los Juanes Perreros le arrebataron el mando a Jasso Bravo, al imponer en el comisariado a Rogelio Ambrosio Carrizales, en contubernio con López Medina. Pero no cumplió con el requerimiento del Tribunal Unitario Agrario, que le pidió aportar el avalúo del tramo, los 320 millones de pesos del 2010, lo que provocó que el monto por las afectaciones se devaluaran. Después buscó atribuirse, ser propietario de las 16 hectáreas, junto con otras obras alrededor del bulevar Rocha Cordero. Junto con el litigante Alfredo Rodríguez Hurtado, dijeron que se iban a arreglar con el gobernador Juan Manuel Carreras. Fueron al tribunal y exigieron primero, 120 millones de pesos. Luego 60. El mandatario dijo que no podía pagar ninguna de las cantidades. La dupla convino con Carreras, hacer un nuevo avalúo, con valores catastrales de 1978, cuando se construyó el periférico. El monto que arrojó fue de 5 mil 800 pesos por 16 hectáreas. Carreras los depositó en el juzgado antes de concluir sus gestiones. Al final no les pagaron nada.
Los Juanes Perreros mantuvieron el control. En el 2018, impulsaron a otros de sus alfiles como presidente del comisariado, Rodolfo Valdés García. No hizo nada. Al contrario, azuzado por Leyva, Cruz, Bravo, García y López Medina, intentó donar al gobierno estatal, 9 mil hectáreas como área protegida a cambio de que se respetaran los derechos de los propietarios. La propuesta incluía 2 mil 500 hectáreas de amortiguamiento y otra cifra igual en proyectos. Se refería a que la comunidad aportara al proyecto inmobiliario, terrenos para beneficiar a la firma Reserva de San Luis o Las Cañadas, donde figuran más de 8 inversionistas, capitaneados por López Medina, Manuel Muñiz Werge, Manuel Valle López y otros urbanizadores de Monterrey, Querétaro y Guanajuato.
Los Juanes Perreros, en agosto del 2021, apoyaron la llegada del nuevo comisariado, Luis Alberto Zavala Ojeda, contrario al grupo de Leyva, García, Bravo y Cruz. Zavala amenazó con conformar una planilla única. Para evitarlo, se sumaron para mantener el control. Colaron como suplente a Cruz Campos, hermano de Juan Fidel Cruz Campos. Zavala ganó las votaciones al expresidente del comisariado y peón de López Medina, Aniceto Jasso Bravo. Zavala Ojeda no le movió al juicio de las indemnizaciones de las 16 hectáreas del periférico sur. Se convirtió en aliado de Ricardo Gallardo Cardona, con el que se reunía de manera regular. Sirvió de puente para que en febrero, seis meses después de asumir el cargo, convenciera a los comuneros que lo dejaran trabajar y reiniciar las obras del periférico.
A cambio, les dio una compensación de 20 millones de pesos. La mesa directiva y el consejo de vigilancia, amenazó con quitar a Zavala, con el argumento de no acatar los acuerdos. Pero no coincidía con el grupo. Se opuso a la ocupación de los predios La Tiendita, que el industrial Julián Abud, con ventajas y respaldo de algunos líderes del ex comisariado, se apropió del lote. Luego vendió a López Medina. Incluyeron los terrenos La Ladrillera y Casa Blanca, que el gobierno estatal compró a González Verduzco y González Ramírez en el sexenio de Silva Nieto, sin que fuera dueños.
En febrero del 2022, a un año de que la obra del periférico reiniciara, Zavala fue asesinado afuera de su casa, con un balazo en la cabeza. El crimen no se esclareció. Entró de suplente Andrés Cruz Campos. Su opacidad y desánimo provocó que Juan García Leyva, “El Cepillo” y López Medina, hoy comuneros, coludidos con la Procuraduría Agraria, en la segunda quincena de octubre, intentaron removerlo, para imponer otra vez a Aniceto Jasso Bravo, con el objetivo de legalizar todas las ventas ilegales. No tuvieron éxito. La asamblea acordó que Cruz Campos termine los 8 meses que le restan al comisariado. Ya nadie tocó el tema de las 16 hectáreas del periférico sur o Circuito del Potosí.
Comuneros que pidieron el anonimato por temor a represalias, coincidieron en que la lucha no está perdida. Se necesita un comisariado honesto y un abogado que los defienda. No quedarse luego como propietario, para manipular y vender tierra que no le corresponde. “No sirven, sólo se han dedicado a dividir”. Los Juanes Perreros han usufructuado San Juan de Guadalupe y Tierra Blanca durante casi un tercio de siglo. Del 1981 al 2006, no hubo cambio de comisariado o autoridad que se los impidiera, al contrario, los apoyaron. En el lapso del 2006 al 2015, la comunidad tuvo un poco de paz. Pero del 2015 al 2023, volvió la “enfermedad”. Es peor, además del nocivo grupo depredador, llegaron personas ajenas que compran y venden, sin respeto a los reglamentos agrarios.
Los Juanes Perreros les dieron cabida a activistas como Carlos Covarrubias Rendón, Fabiola Quintanilla Reynoso, Guillermo Díaz García, abogado y nieto de Juan García Leyva. A Alfredo y Roberto Rodríguez Hurtado y Francisco Solís. “Los ocupamos para que nos ayudaran a resolver problemas. En lugar de ayudarnos, se quedaron a hacer el negocio. Ahora son los que venden tierras. Hacen todo al revés”.
La misma banda convalidó las expropiaciones del gobierno estatal y federal, vía la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra. Aportó más de 2 mil 500 hectáreas para proyectos inmobiliarios, con propósito de beneficiar a inversionistas e intermediarios. El fin de año, López Medina, el acaparador número uno de tierras, les envía por separado, un bono de navidad que oscila en los 100 mil a 500 mil pesos, para la cena y regalos. Al resto, les manda 5 mil pesos. Pero 250 comuneros no reciben un peso de las ventas ilegales. Los únicos beneficiados son los ex comisariados, sus familias y los abogados que contrataron y que ahora les compiten.
El gobierno estatal ha expropiado 84 hectáreas de Casa Blanca y La Ladrillera. Otras 24 de la Granja de Guadalupe. Se suman 16 del periférico sur. Más 202 de la Corett. López Medina invadió 300. Se le contabiliza el predio La Tiendita, que compró a Julián Abud. Todos los movimientos constan en el Registro Público de la Propiedad. Además, las 2 mil 67 hectáreas del desarrollo inmobiliario Las Cañadas, que se ubican en la zona protegida. Buscan a través de un juicio, que el gobierno federal las deja libres, para concretar jugosas transacciones.
Juan García Leyva ha vendido más de 40 hectáreas. Hoy tiene como mil constancias de derechos que oferta en 40 y 80 mil pesos. Son documentos que sólo contienen su firma. Fue el que hizo tratos con López Medina de 300 hectáreas que colidan con Escalerillas. Otras 40 hectáreas que se ubican dentro de un complejo de golf. Y 24 en el predio denominado los Siete Campos. Una corriente opositora, encabezada por Margarito Jasso Menchaca, fue a la Ciudad de México para pedir a la autoridad agraria, intervenga sobre el pago de las 16 hectáreas, donde se construyó parte del periférico sur. Atienda las invasiones y despojos de Ladrillera, Casa Blanca y La tiendita. Después de 30 años de litigio, lo mandaron de regreso. Le exigieron, llevar a los quejosos, un litigante y dinero. Pero luego le dijeron que se trata de asuntos juzgados. La comunidad parece que no tiene comisariado. Nadie reclama algo.
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