Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Gobierno del Estado, le solicitaron de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a San Luis, intervenga para solucionar la problemática laboral y social que generó y mantiene el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona en su contra, desde hace más de dos años y tres meses. Desde entonces se empeña en violar sus derechos humanos y laborales, al negarles la libertad sindical. A los quejosos los encabezó la dirigente Ana Verónica López Chávez.

Le entregaron un escrito al mandatario, donde señalan que se agrava la circunstancia de los empleados estatales, ante la negativa del ejecutivo estatal en resolver sus justas demandas laborales y por utilizar en forma permanente, las represiones físicas, el hostigamiento y las persecuciones políticas en su contra, pues “los representantes patronales nos reciben y aparentan escucharnos, pero no se refleja en la práctica, pues nada se resuelve�.

Le recuerdan, pese a que el gobernador se comprometió a resolver las minutas del 27 de abril del 2021 y del 8 de abril del 2022, rechaza atenderlas. Ya suman 58 despidos ilegales más, las retenciones de salarios a 84 empleados estatales, sin fundamento jurídico. Les adeudan más de 16 millones de pesos, más las cuotas sindicales, caja de ahorro y préstamos, por más de un millón y medio de pesos. Tampoco le pagan a personal de la guardería Casa de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños Doctor Salvador Nava Martínez.

No les han cubierto los gastos médicos de 9 trabajadores, lesionados por actos represivos de la fuerza pública estatal y dejaron de entregar los apoyos institucionales al organismo gremial. Además, les quitaron el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Les niegan el trámite de pensiones a 18 trabajadores que cumplen con los requisitos legales para obtenerla. Las acciones estatales buscan “exterminar o al menos someter al organismo sindical�.

Exponen que los atropellos, “de ninguna manera forman parte de las transformaciones profundas que la sociedad necesita, pues es todo lo contrario: hay regresiones, desconocimiento de los derechos humanos laborales y represiones que alcanzan a las familias de los afiliados al sindicato�. Los manifestantes dijeron que han denunciado los abusos laborales del poder ejecutivo estatal ante la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Federación Sindical Mundial.

Le exigen a López Obrador, los respalde, “para que las agresiones terminen y se respeten de forma integral, las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Y los derechos de los agremiados�. Denunciaron que los sacaron a empujones del acto que encabezó en el Centro de Convenciones. No obstante, lograron entregarle el escrito al mandatario.