Casi 6 meses después de estar acéfala la fiscalía especializada para atender los delitos relacionados con hechos de corrupción, el gobernador Juan Manuel Carreas envió el 13 de julio al congreso del estado, la propuesta para elegir al que sería el segundo zar anti corruptelas. La terna la componen Felipe Aurelio Torres Zúñiga, Leticia García Torres y Xóchitl Martínez Calderón. En lo inmediato produjo suspicacias por estar dirigida a favorecer a Torres, hijo del ex diputado federal y ex dirigente de la CNC, Felipe Aurelio Torres Torres, integrante del grupo político del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías. La disputa se centró en Torres Zúñiga, que también cuenta con el padrinazgo del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el polémico Juan Paulo Almazán Cue. A su sombra, el amigo escaló posiciones en el poder judicial, donde ha trabajado desde que egresó de la universidad, arropado además por su madre, la ex magistrada Elsa Martha Zúñiga Jiménez.
Torres Zúñiga se desempeña ahora como secretario de vigilancia y disciplina del Conejo de la Judicatura del Poder Judicial. Con el respaldo de la mamá que fue magistrada de la primera sala, ingresó rápido como actuario y proyectista. Durante el mandato del ex magistrado Álvaro Eguía Romero, fue nombrado juez segundo del ramo civil. En el 2017, cuando Almazán asume la presidencia del tribunal, lo hace líder de la asociación de jueces. En mayo del 2018 lo ratificó como juez de primera instancia, al cumplirse 5 años del nombramiento. En marzo del 2017, Torres vinculó a proceso al ex diputado local panista Enrique Flores, acusado de cohecho en agravio del congreso, al formar parte de la llamada Ecuación Corrupta que ventiló a través de un video el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo.
Pero la fiscalía solo le imputó cohecho, deshizo la extorsión. El caso se resolvió en marzo del 2020, con una sanción ridícula para Flores. La juez Dora Irma Carrizales, en un proceso abreviado, lo sentenció a 8 años de cárcel que enfrentaría en libertad y una multa de 25 mil pesos. Ni siquiera lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, ya que la Auditoria Superior del Estado no inicio algún procedimiento en su contra. En junio del 2017, en la plataforma Change.org la ciudadana Fátima Sánchez exigió apoyo para que se le hiciera justicia a su hermano Raúl Sánchez, que había perdido a su esposa María, madre de 4 hijos, en un accidente automovilístico en la avenida Salvador Nava. Narró que el percance donde murió su cuñada, lo ocasionó un conductor ebrio, que fue vinculado a proceso. Pero el juez Felipe Aurelio Torres Zúñiga, que llevó el caso, le otorgó la libertad. Determinó que enfrentara el proceso fuera de la cárcel, previo a la sentencia. Torres argumentó que en el nuevo sistema de justicia se privilegia la presunta inocencia.
Fátima Sánchez clamó: “ayúdenme a que se haga justicia para mi hermano y sobrinos. En tales crímenes, la imprudencia de un tercero nos cambia la vida al afectar a una inocente. No quede quedar impune”. La exigencia alcanzó 20 mil 375 firmas. Almazán Cue promovió también a Torres Zúñiga como magistrado supernumerario. Tomó protesta el 11 de octubre del 2017, junto con otros 9 electos para el periodo del 16 de octubre del 2017 al 15 de octubre del 2023. Lo ubicó en lugar de la magistrada Adriana Monter Guerrero a quien el congreso le abrogó el nombramiento. La afectada denunció a Almazán de obstaculizarla y cancelarle el derecho a ser ratificada. Las otras dos abogadas propuestas para el cargo son Leticia García Calderón. Labora en la fiscalía local. Antes prestó sus servicios en la Oficialía Mayor del gobierno estatal y en la secretaría de salud. Xóchitl Martínez Calderón trabaja como secretaria de estudio y cuenta en la primera sala del poder judicial del estado, donde también ocupó los puesto de actuaria y proyectista. Cuenta con una maestría en administración de justicia.
Organismos ciudadanos, litigantes y diputados que se oponen a la llegada de un fiscal ligado al ejecutivo, complicaron las votaciones. Debió ser electo el 16 de agosto, cuando se cumplió el plazo de los 30 días que tienen los legisladores para dictaminar, después de recibir la propuesta. Leal Tovías aseguró que la terna enviada al poder legislativo, resultó de un análisis que se hizo sobre cada uno de los perfiles y de las diferentes opiniones que se obtuvieron del sector empresarial y la academia. El presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Xavier Batres Esquivel, censuró se pretendiera imponer a Torres Zúñiga. Aseguró que al 80% de las agrupaciones y barras, no se les consultó para formar la terna. El consejero de la cartera de honor y justicia de la misma instancia, Rafael Hernández Covarrubias, en un documento dirigido a las comisiones de justicia y puntos constitucionales del congreso, contradijo a Batres. Aseguró que sus declaraciones cargaban tintes políticos y partidistas. Eran ajenas a los integrantes del gremio.
Carecía de facultades para hablar a nombre de los demás, pues feneció el periodo para el que fue electo. Se inclinó a favor de Torres Zúñiga, al que calificó como profesionista distinguido, con conocimientos y aptitudes en la materia. El vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, pidió a los diputados rechazar a los propuestos por el gobernador Juan Manuel Carreras, ya que Leal mintió al decir que fueron consensados. Se pronunció por darle autonomía a la figura y después emitir una convocatoria para que la gente sugiera perfiles adecuados. Aseguró que existen presiones del ejecutivo a los diputados. El Frente Anticorrupción a través de un desplegado se pronunció porque se excluya al ejecutivo y legislativo. No sirve de nada, dotarla de autonomía, sin establecer mecanismos para garantizarle al que llegue, legitimidad democrática, que solo se logra con la injerencia cívica.
Mantener el esquema actual, solo da pie a espectáculos degradantes, que han protagonizado los diputados y el ejecutivo. El resultado será un fiscal sin legitimidad, nula independencia, sometido a los intereses de quienes lo designen. Diputados del PAN, a través del coordinador Rolando Hervert Lara y la diputada del PRD, María Isabel González Tovar, buscaron sin éxito, se les aprobara una iniciativa para dotar de autonomía financiera y de gestiones antes de nombrar al nuevo titular. En la asamblea extraordinaria del 20 de agosto, la propuesta se discutió. Al no obtener los 18 votos a favor que necesitaban para ganar, se regresó a comisiones. Sufragaron a favor 13 diputados y 12 en contra. La bancada del PRI, por medio de la legisladora Beatriz Benavente, argumentó que su rechazó se debía a que la iniciativa careció de un proyecto de presupuesto.
Antes, el 10 de enero, la terna para fiscal anticorrupción del ejecutivo fue aprobada por mayoría en las comisiones de gobernación y justicia. Los diputados dijeron que las tres personas cumplían los requisitos legales que se exigen para el cargo. Como ser licenciado en derecho, no contar con antecedentes penales, no haberse desempeñado en el puesto, diputado o alcalde, tener 35 años cumplidos, entre otros. El legislador Edgardo Hernández Contreras, que votó en contra, dijo que la designación que se pretende hacer de Torres Zúñiga, es la más política y menos democrática que se ha presentado en la actual legislatura. Nunca lo habían buscado tanto, amigos, conocidos e interesados en que fuera investido. “Todo mundo me ha querido llegar”.
La diputada de Morena, Marité Hernández Correa, que también votó en contra, señaló que los tres aspirantes cumplían con los requisitos, como muchos abogados en San Luis Potosí, pero a ninguno se les notó el compromiso de combatir la corrupción e impunidad. No existe independencia al ser una terna ligada a Carreras y Leal. El 26 de agosto, el pleno del congreso rechazó la triada, al no obtener ninguno, los votos de la mayoría calificada que se necesitan para resultar electos. Quedó en evidencia la rebatinga de los votos, pero Torres Zúñiga obtuvo 15, 12 fueron nulos. Las otras dos contendientes que mandaron de rellenos administrativos, Xóchitl Martínez Calderón y Leticia García Torres, no sacaron ningún punto.
El diputado del PAN, José Antonio Zapata Meraz, antes de las votaciones, señaló que el ejercicio para elegir al Fiscal Anticorrupción está viciado de origen. No ofrecía la más elemental garantía de que se cumpla con el propósito que alentó crear la entidad persecutora de los delitos. Ni que actuara con eficacia, diligencia ni será imparcial. No existen tampoco las condiciones para imaginar que ayudará a resolver el clima de desorden, impunidad y rezago que impera en San Luis. No se descarta que para imponer al candidato de Carreras, recorran el mismo camino usado para ratificar al consejero de la judicatura, Xavier Delgado Sam, que fue rechazado por el pleno. Lo volvieron a incluir en una segunda maniobra. Los diputados que antes lo rechazaron, ahora si lo eligieron. Ya lo adelantó el propio Leal Tovías al decir que contaban con un plan b para colar al relevo de Jorge Vera Noyola en la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción, donde jamás castigó a nadie. Alegó que nunca le dieron presupuesto ni respaldo técnico.
