El defensor del ejido Las Palmas, ubicado en Tamuín, Ernesto Márquez Torres, denunció que el poblado, en las última décadas, sufre el impacto voraz de la cementera Cemex y la Termoeléctrica del Golfo, que contamina sin piedad el medio ambiente y depreda la montaña sin que reciba el mínimo castigo de las autoridades estatales y del medio ambiente. Expuso que por defender el despojo que supera las 2 mil hectáreas, ha caído en las mazmorras en distintos momentos. Indicó que los ex mandatarios Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos, fueron los más beneficiados en sus transacciones con la empresa que jamás se ha dignado a pavimentar al menos una calle. Pero la misma historia de desapego y contubernio se mantiene con el actual ejecutivo, Juan Manuel Carreras. Adelantó que los altos niveles de emanaciones tóxicas, han generado enfermedades cancerígenas y de metales pesados en la sangre, que podrían afectar a los usuarios del nuevo aeropuerto que se ubica a corta distancia. Márquez confía aún en las promesas que les hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ayudarlos a contener los efectos negativos de una firma que se niega a instalar una planta de aguas residuales. Opta por comprar premios a su noble desempeño.
Narró que hubo una expropiación en 1973 de mil 266.12.74 hectáreas, para un presunto corredor industrial, que debe favorecer la actividad pública. “Llegó el negocio privado, Cementos Anáhuac. El dueño es Julio Serrano. Se instaló en tierra de cultivo, no había sierra para la piedra y los únicos que pueden explotarla son los ejidos. El gobierno del estado, en contubernio con el seudo presidente del comisariado, Eliseo Caldero Moctezuma, firmaron el robo. Entonces solicitaron una ampliación a la parte que está frente al ejido, todavía no se las han entregado. Pero si expropiaron 827 hectáreas para extender el llamado corredor industrial. Yo crezco la casa cuando no cabe la familia. No lo hago para beneficiar a alguno o dañar a los demás. Se hizo para ayudar a Serrano y pudiera extraer piedra para el cemento. Son actos de corrupción que siempre hemos denunciado en público. También lo hicimos en un juzgado federal, con la sorpresa que nos niegan el amparo, porque no acreditamos nada. No les importa la magnitud del hecho”.
“La cementera sigue con sus trabajos, pero a los ejidatarios en ningún momento les dan sus tierras, es lo que reclamamos. En el 2005 metemos el amparo, yo entro como presidente del comisariado en el 2004. Es cuando el gobernador Fernando Silva Nieto vende los terrenos, pero la ejecución de los planos no coincide con las actas de posesiones que se deben hacer. Anáhuac se fusiona con Cemex, le venden el resto de lo expropiado. Inició como Cementos Anáhuac, después se convierte en Cementos Anáhuac del Golfo. Cuando llega Cemex, se cambian a Cementos Anáhuac del Atlántico, luego queda como Cemex, que como accionista mayoritario, domina el negocio. No es ninguna empresa pública, su apoyo ha sido nulo. Al contrario, nos ha traído muchas enfermedades. Todos sabemos que es del magnate Lorenzo Zambrano. Fernando Silva vendió la hectárea a 900 pesos. Nos gustaría que la Unidad de Inteligencia Financiera del presidente Andrés Manuel López Obrador, revisara los documentos, porque ofertó mil hectáreas de la primera expropiación. En la segunda, otras 827 hectáreas. Fue más de un millón 700 mil pesos”.
“También reclamamos el derecho de tanto, porque tenemos preferencia en la compra de los terrenos. Unas simples botas cuestan mil pesos, lo que vale una hectárea. A grandes rasgos, fue un robo, un fraude, al ejido lo despojaron de 400 hectáreas porque la ejecución y los planos no coinciden, agarraron lotes ajenos, no están dentro de lo que debieron expropiar. Lo discutimos con el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y dicen que nosotros no tenemos derecho. En la audiencia, cuando se presenta el abogado de la dependencia, el magistrado le pregunta, como nuevo demandado, ¿qué opina del ejido Las Palmas, de lo que hace?. Contesta, en primer lugar, el apoderado, Ernesto Márquez, carece de las facultades para demandar, porque su poder no tiene valor, le falta personalidad. El ejido no debe inmiscuirse en predios que le fueron expropiados. Ya les pagaron, se les cumplió, todo fue legal. Luego me preguntaron mi punto de vista. Les dije, ¿por qué vendieron terrenos propiedad del ejido a Cemex, con qué facultades? Me responden que los van a regularizar porque son del ejido, pero la asamblea debe estar de acuerdo, para que no haya conflicto”.
“Si vendieron las mil 800 hectáreas, se debieron blindar y hacer una entrega física. Somos colindantes, no nos llamaron para presenciar que todo fuera correcto. Cemex solicita con las escrituras que le hizo el gobierno del estado, un préstamo al Banco Interamericano y las deja en garantía, para decir que tenía solvencia económica. Le prestaron una millonada de dólares para que construyan dos plantas la Termoeléctrica del Golfo, que surte de luz a todas las cementeras del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador pelea que las líneas de la Comisión Federal sean utilizadas para trasladar energía y no paguen un peso, es lo que hace Cemex en contubernio con el gobierno estatal. Todos los mandatarios, después de Silva, están de acuerdo con la empresa. A Marcelo de los Santos le regalaron 10 mil toneladas de cemento. No las usó en Las Palmas, donde no existe una calle pavimentada. El ejido tiene cerca de mil 600 habitantes, pero con el coronavirus, ya somos menos. No hay un trabajo fijo en la cementera donde laboren uno o dos de cada 100 parroquianos. Los que han agarrado chamba, son los familiares que apoyan a la firma y me quieren tumbar para regular las tierras. El grupito lo encabeza José Zapata Araujo, Rosendo Martínez González, Eliseo Calderón Castro, hijo del que se fue comisariado. Otro es Juan Sebastián Turrubiartes González. Como los apoya el gobierno, tienen peso”.
“Me demandaron por supuestas malas finanzas, pero solo querían perjudicarme, para que ya no estuviera al frente del ejido, donde me han elegido tres veces. Mi esposa es la que está al frente ahora, es la licenciada Nora Elena Báez Turrubiartes. Como no existen permisos para hacer reuniones, cuando lo autoricen, formaré una planilla para tratar de participar en la contienda y que todo sea legal. En el poblado hay enfermos de cáncer, infecciones en la piel y vías respiratorias. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de médicos y químicos, nos hicieron unos análisis de sangre. Salí con plomo y arsénico, por el consumo de agua y mercurio. Nos dijeron que no pudieron sacar los demás metales del organismo, como el aluminio, porque la muestra era de otro tipo. Los muestreos salieron positivos en todo. La cementera quema los desechos de Pemex, hospitales, maquiladoras y Herrera Motors de la capital. Ganó un premio por no tener basura en sus instalaciones, pero nos chingan la reserva ecológica a los dueños auténticos”.
“Nos enferman y despojan de lo que nos pertenece. Un biólogo tomó las fotografías de lo que queman para generar cemento. A veces usan ropa nueva, no sabemos de dónde la obtienen. La termoeléctrica utiliza el coque y químicos peligrosos para sus procesos. Los desechos terminan en los ríos cercanos, Tampaón y Choi. No cuentan con una tratadora de aguas residuales, sólo una purificadora, que no hace las mismas funciones. Mi predio está menos de un kilómetro de distancia, recibimos muchos contaminantes que afectan nuestra salud y de los animales. Es un problema grave que no atiende el gobierno estatal. Las termoeléctricas laboran sin licencia de funcionamiento. Los abogados que nos ayudan, han solicitado a través de la ley de transparencia, una copia de los permisos, que no han conseguido. La alcalde de Morena, Grecia Esmeralda Sánchez, hace todo lo contrario a lo que ordena el presidente López Obrador. Me tiene coraje porque no agarro dinero y muestro vergüenza, la que desconoce. Desde 1967 que entró en operaciones la cementera, han dinamitado la reserva ecológica donde existe el sollate, el palo de amole, que están protegidos. Han socavado el palo de rosa, mezquite, palma, palmilla, cedro, el loro, venado, jaguar, jabalí, mapache, tejón, pantera, monos, que se mueven hacia las poblaciones, lo que los hace más vulnerables”.
“López Obrador se comprometió a defender la sierra de San Miguelito, a nosotros nos dijo que también nos ayudaría. Creemos que lo hará. En las conferencias mañaneras denunció al rata de Marcelo de los Santos, tal vez lo investigan. El nuevo aeropuerto quedará cerca de la cementera, como a 4 kilómetros. Ignoro cómo le harán con el foco de contaminación. Será un gran problema. Los alumnos de la universidad de Valles, hacían su trabajo social en el ejido, para cuidar el medio ambiente. Me buscaban, les hacía un recorrido a Cemex y las áreas sucias. La empresa habló con alguien de arriba y les hicieron un auditorio de primer mundo. En la entrada aparece una placa de la firma. Hablan de un corredor ecológico cuando tienen las emisiones más contaminantes en San Luis. Un profesor Guemes hizo un estudio socio económico donde dijo que no le dimos ningún apoyo, sólo Cemex. Mintió, además al relató que existen varias calles pavimentadas, cuando no existe ninguna”.
“El sector turismo no nos apoya, sólo aluden a Tamazunchale, Valles, Matapla y Xilitla. Los millones de pesos que invertirán en el aeropuerto, deberían canalizarlos en nosotros o dárselos a Cemex para que deje de afectarnos. El terreno se lo vendieron al gobierno estatal los hermanos Gutiérrez, 30 hectáreas en 60 millones de pesos. El dueño de la empacadora Gusi se llama Miguel Gutiérrez Silva. El de Praderas, Alfonso Gutiérrez Silva. El gobierno vende mil hectáreas en 900 mil pesos y compra 30 hectáreas en 60 millones. El aeropuerto ya estaba donde se ubica, los que irrumpen son la termoeléctrica y la cementera. Estuve preso el 27 de enero del año en curso por órdenes de Carreras. En la etapa de Marcelo de los Santos, una persona se quejó de que le echaban yeso a su predio y le invadían 30 metros por un kilómetro de largo”.
“Llegó la gente de Cemex y se armó la trifulca. Después me llegó una orden de arresto. Tenía un depósito de cerveza a donde arribó la ministerial y me llevaron. Me encerraron en Tamuín una noche, pero pagué una fianza de 7 mil pesos en el 2003. Con Fernando Toranzo me agarraron por daños en propiedad ajena. El gerente de Cemex, Rigoberto Sánchez, junto con el comisariado, Jorge Luis Márquez, me agarraron con un grupo de choque que manejan. No los dejé sacar cañas y me cayeron los soldados. Se hizo un relajo, me aventé 8 días, además de pagar una fianza de 220 mil pesos en Valles. La última fue una orden de arresto, sin decir nada, me agarran. Al llegar a Valles, me preguntan la causa de la captura. Les dije que la ignoraba. Duré de lunes a viernes encerrado”.