Antes taxista pirata, vendedor clandestino de cerveza en bailes, festejos deportivos y ferias regionales, José Guadalupe Martínez Rivera, alias “El Chueco�, pasó a ser un hombre millonario, casi el dueño del ejido La Pila. Durante 25 años ha mantenido el control absoluto del núcleo poblacional. Posee más de 300 hectáreas. Sin contrapesos, es el más grande acaparador de tierras de sus compañeros, que compra a precios irrisorios y vende como oro molido. Es el principal coyote inmobiliario de la comarca. Martínez Rivera utiliza como prestanombres a su hijo, Pedro Adrián Martínez López, que en el 2018, cuando fue presidente del comisariado, en las certificaciones del ejido que convalidó, aparece con 95 parcelas, que suman arriba de 164 hectáreas o más de un millón 600 mil metros cuadrados. La ley agraria dicta que ningún miembro del comité directivo, durante sus gestiones, no puede adquirir, de ningún modo, lotes colectivos.

También apodado “El Pineda�, durante casi dos décadas, además de tener ganancias exorbitantes por la compra y venta de predios ejidales, obtiene grandes sumas de dinero por las enajenaciones de terrenos de uso común. Cobra por expedir constancias de derechos agrarios o renovarlas cada año. Acepta avecindados, firmas de otros documentos, sobornos por hacer labores de coyotaje. El pasado 27 de marzo, con la promesa de repartir tierras a ejidatarios, que ya no existen, porque están comprometidas o asignadas a nuevos dueños, con el respaldo de otro cacique, Eulogio López Delgado, quien por más de 20 años fue su adversario, Martínez Rivera, como presidente del comisariado, heredó por segunda vez el cargo a su hijo Pedro Adrián Martínez López. Pero lo sostiene de un hilo, ya que se enfrenta a Armando Cuauhtémoc Zárate Arvizu, que el mismo día, también fue electo presidente del comisariado, quien le advirtió, iba a promover un juicio de nulidad en su contra. “El Pineda� está contra la pared. Su opositor conoce cada uno de sus movimientos. Ya estuvo en su equipo seis años. Rompieron cuando se negó a apoyarlo en las trapacerías para imponer a su hijo.

En el mejor de los escenarios, esperar que la autoridad anule los comicios y ordene a la Procuraduría Agraria, realice otras votaciones. Y ganar de nuevo. Sin embargo, ya no tiene la misma fuerza. El ejido está en vilo, sin certeza jurídica ante las indefiniciones de sus órganos internos. A las audiencias que se llevan en el Tribunal Unitario Agrario y otras instancias, ambos comisariados y consejos de vigilancia, acuden como representantes. Martínez Rivera, en su niñez y adolescencia, sufrió reveses que le causaron una serie de trastornos psicológicos y complejos muy severos. En su juventud lo atropelló un vehículo. Sufrió fractura de cadera, lo que lo obligó a usar bastón. Luego andadera y hoy silla de ruedas. Por su estatus físico, sufrió discriminaciones y violencia física. Cuando empezó a tener poder y dinero, se cobró las afrentas, con la misma saña.

En 1985 ingresó como ejidatario, 13 años después, en 1998, fue electo presidente del comisariado. No tuvo contrincante, se impuso con planilla única.  Fue propuesto por el líder histórico del poblado, Vicente Ã�valos. Llegó como una alternativa precipitada, a la larga, errónea. Martínez sustituyó a Miguel Ã�ngel Arvizu López, que intentó perpetuarse sin éxito. Su hermano, Juan Arvizu López, fue delegado de La Pila y asesinado en 1997. Martínez desde que llegó al puesto, supo que el ejido era una mina de oro. Solo tendría que esperar para abordarlo y convertirse en millonario, en el dueño absoluto. Nada comparable con su primer negocio, casi informal, como vendedor de materiales para construir. En el 2000, La Pila empezó un gran desarrollo. Se instaló la planta de la General Motor. Fue el detonante. Los precios de la tierra empezaron a subir. Toda la gente de dinero vio la forma de invertir. Como es un ejido sin certificar, las ventas se hicieron a través de cesiones de derechos agrarios, en contratos simples, sin asentarse el monto de las operaciones. El esquema provocó el arribo masivo de desarrolladores, industriales, empresarios locales, fuereños e incluso extranjeros.  La gran mayoría, especuladores sin ataduras.

Recibió de manera personal más de un millón de pesos y una cantidad similar por autorizar la carretera La Pila-Villa de Arriaga. Se le conoce como la autopista Lagos de Moreno. La ruta conecta a San Luis Potosí con Jalisco. Se construyo en el sexenio de Fernando Silva Nieto. La vía tiene 79 kilómetros, costó 550 millones de pesos. El ejido portó 100 hectáreas. Abrió las puertas a empresarios. Los hizo avecindados, luego ejidatarios para que pudieran adquirir terrenos. Incluso ofertó las que compró a otros ejidatarios. Entregó títulos antes de concluir gestiones en el 2001. Intentó certificar el ejido y después obtener el dominio pleno. La litigante Laura Carrillo Farfán, titular de la notaría pública 31, dio fe de la asamblea.  No se puedo inscribir en el Registro Agrario Nacional por tener una serie de fallas. Las asignaciones de parcelas, mediciones y planos se quedaron en el camino. 

En junio del 2001, Guadalupe Martínez dejó como sucesor a Eugenio Alvarado Ã�valos, familiar de Vicente Ã�valos, su mecenas, quien fuera asesinado después de ser impuesto. Alvarado se separó del mando de su promotor, operó y trabajo para Tobías López Delgado, coyote de los restauranteros Juan López Lara y Jacobo Payán. En el 2003 ganó Leoncio Zárate López, sobrino del ex comisariado y ex delegado de La Pila, los hermanos Miguel Ã�ngel y Juan Arvizu López.  También se deslindó del “Chuecoâ€�. Zárate ganó con 160 votos de diferencia. Lo impulsó José de Jesús Galarza Almaguer, uno de los principales artífices para que Martínez llegara por primera vez al comisariado.   

En el 2007, sin el respaldo de Galarza Almaguer, que ya había formado su propio equipo, Tobías López Delgado ganó el comisariado, con el empuje de Jesús Rivera Jasso, líder del PRI en la delegación y representante de la CNC. López heredó el grupo de Rivera, que doblegó a Martínez. En el 2010, después de reconciliarse con Galarza Almaguer, recuperó el comisariado. Le asignó a Almaguer el cargo de secretario. Martínez le ganó luego a Armando Zárate, candidato de López. Desde entonces, ya no dio tregua a sus adversarios. Se convirtió en dueño absoluto del ejido. Tobías López impugnó las elecciones, argumentó que la convocatoria tuvo una serie de errores.

En el 2013, cerca de concluir su periodo, el Tribunal Unitario Agrario anuló el proceso. Martínez compró nuevas parcelas, se apropió de las mejor ubicadas. Ingresó a sus hijos Nancy y José Guadalupe Martínez Rivera y yernos. Abrió las puertas a más de 500 avecindados, la mayoría foráneos. Les cobró desde 10 mil a 500 mil pesos. Vendió constancias de derechos agrarios. Denunció los desmanes de su antecesor Tobías López. Lo acusó de ofertar en sus gestiones, más de 400 hectáreas a Jacobo Payán y su yerno, Nicolás Mina. También a Juan López Lara. A José Canales Bazán, que obtuvo 150 hectáreas. Vendió al parque Logistik toda la franja del eje para su acceso. Suman 14 hectáreas, cobró 10 millones de pesos. Logró ingresos por permitir el paso de la luz y gas. Los recursos no se registran en los libros del ejido. Intentó enajenar mil 888 hectáreas a particulares, para construir un nuevo parque industrial.

Martínez Rivera se adhirió al nuevo esquema, compró un sinnúmero de tierras que luego vendió. Aunque no fue la única forma de ganar grandes sumas de dinero. Su comisariado cobró más de 30 millones de pesos al constructor y dueño de Valoran, Vicente Rangel Lozano, por la venta de 30 hectáreas, donde se ubica el Interpuerto o Recinto Fiscal. Los fondos tenía que repartirlos entre 507 ejidatarios. Le tocaba a cada uno, 60 mil pesos, pero solo les dio 20 mil. Se quedó con más de  20 millones de pesos. Después dijo que le pagó a los abogados, 8 millones de pesos, porque le ayudaron a gestionar el trato. Resultó que los defensores eran su hija Nancy Martínez Rivera y su yerno.  Además de su cuñada, Josefina López Rodríguez

Antes que concluyera su periodo, la autoridad agraria anuló las elecciones del 2010. Se eligió nuevo comisariado, por seis meses, para que convocara a comicios. Las elecciones se llevaron a cabo en junio del 2014. Con el argumento que la pasada no fue válida, Martínez contendió otra vez y ganó. Para asegurar el triunfo, sumó a su equipo, al ex comisariado Leoncio Zárate López y Armando Cuauthémoc Zárate Arvizu, ambos adversarios y sobrinos de los hermanos  Miguel Ã�ngel y Juan Arvizu López.     

Zárate y Arvizu fueron parte del grupo de Tobías López Delgado. En el 2010, López lo apoyó para presidente del comisariado, pero Martínez Rivera lo dobló. Zárate se llevó su equipo, con más de 30 ejidatarios. El bandazo de los Zárate, lo motivó el reparto de tierras y formar parte de las mesas directivas siguientes. A Zárate Arvizu le asignó tres parcelas, una de casi 52 hectárea. Otra de casi 15 hectáreas, conocidas como La Escondida. Las ultimas suman más de 34 hectáreas, en una zona denominada El Garabatillo. El acuerdo, además, fue que las casi 100 hectáreas estuvieran juntas, ubicadas en la zona de mayor plusvalía. El equipo decidió que las parcelas se asignaran a nombre de Zárate. Y también se encargará de la venta y reparto del dinero. En el 2016, Zárate, con el aval de Martínez Rivera, rentó las tres parcelas a Ricardo Blanco Dent, corredor inmobiliario de Payán. Se dijo que cobró 10 millones de pesos.   

Con el control pleno, le vendió a la empresa Termi-Centro, 40 hectáreas de uso común.  Es una planta de almacenamiento de Gas LP.  Mediante una asamblea, le autorizó el paso e instalado de las vías del ferrocarril, las cuales atraviesan una parte del ejido a la carretera 57. Traslada cientos de tanques con gas. La firma le otorgó un cheque a su tesorero, Ramón Ã�valos, por casi un millón de pesos. Nunca informó a los demás ejidatarios del ingreso. Convalidó la compra de otras 150 hectáreas de la sociedad, pegadas a las primeras 40, donde pretende instalar otras 12 esferas gigantes para almacenar gas. Se divulgó que una parte de la superficie, son parcelas que se autoasignó y otras que compró a precios bajos y las vendió a la sociedad anónima. Martínez también sumó al pastor de la iglesia, Martín del Campo Gaytán, corredor de inmuebles, al que hizo ejidatario, junto con su esposa, Noemí Benítez Muñoz y su hijo, Gabriel del Campo Benítez. El predicador y su pareja poseen más de 300 hectáreas, algunas ubicadas sobre la carretera 57. Otros de los beneficiados es Héctor Gómez Valle, sobrino del ex gobernador Juan Manuel Carreras López. Posee más de 300 hectáreas. Solo entre el 2007 y 2010, firmó contratos de compra y cesión de derechos agrarios, por más 100 hectáreas. Incluso el mismo urbanizador presume que tiene en el ejido, invertidos en tierras, más de 150 millones de pesos. 

En septiembre del 2017, “El Chuecoâ€� terminó sus gestiones. Sin embargo, la autoridad agraria convocó a renovar al comisariado, hasta marzo del 2018.  Impuso como sucesor a su hijo, Pedro Adrián Martínez López. Le endilgó como secretario a un nuevo aliado, Armando Cuauhtémoc Zárate Arvizu. Como tesorero a César Araujo Torres. Impuso como presidente del consejo de vigilancia a José Félix Zúñiga Martínez, uno de sus peones. El 18 de noviembre del 2018, Pedro Adrián Martínez López, mediante asamblea, llevó a cabo las designaciones y certificaciones del ejido. El objetivo, el cambio de las tierras de uso común a área parcelada, asentamientos humanos y adopciones del dominio pleno. Sin embargo, la mayoría resultaron con errores y salieron a nombre de terceras personas. No se emitió un título de propiedad. El trabajo desde las mediciones, planos y actas, como otros documentos y trámites, los pagó la empresa Termi-Centro, la principal beneficiaria de Martínez Rivera.

El acta de certificaciones, destino y asignaciones de tierras ejidales, que contiene 107 hojas sin anexos y planos, se hizo para beneficio de Martínez Rivera, su familia, aliados y un exclusivo grupo de clientes. Sobre las 2 mil 800 parcelas que se midieron y sumaban mil 888 hectáreas, solo certificaron la tercera parte. Fue donde se ubicó a su familia, aliados y beneficiarios. El resto salieron a nombre de otras personas. En el Tribunal Unitario Agrario, hay más de 500 juicios para resolver certificados parcelarios que salieron equivocados. Les cobró para arreglar los errores. Si es un ejidatario, la constancia de posesión valed 5 mil y 15 mil pesos. Si es un empresario, de 100 mil hasta 500 mil pesos.  

El plan de Martínez fue excluir del ejido las mil 888 hectáreas, cambiarlas de régimen ejidal a propiedad privada a través del dominio pleno, donde desarrolladores, industriales y empresarios, construirían el parque industrial más grande de América Latina. Es el mismo proyecto que Tobías López, durante su desempeño, no pudo concretar. Careció del apoyo de la mayoría de los ejidatarios y se le acabó el tiempo. Pidió a sus seguidores el respaldo para aterrizarlo. Les advirtió que lo haría Martínez. No se equivocó. No dará marcha atrás tan fácil. Será la cereza del gran negocio. Representa varios miles de millones de pesos, de los cuales obtendrá una cantidad importante.

El grupo de los hermanos Eulogio y Tobías López Delgado, exigió anular el reparto y certificaciones. En el 2019, el juzgado sexto de distrito en materia civil, resolvió que el tema se mantuviera como estaba. Emitió una medida cautelar, que consiste en mantener todo inalterable. No se realicen asambleas o actos relacionados con el reparto de tierras y registro de actas donde se involucren los bienes del ejido. Martínez López, con la anuencia de su padre, el que manda, pasó por encima de la medida federal.  Sin ser ya presidente, junto con la mesa directiva, convocó el 28 de agostos a una asamblea para que se aprobara el reconocimiento de avecindados. Y se ratificara a ejidatarios. Sus gestiones ya habían terminado el 6 de junio del 2020. La maniobra fue para avalar el despojo de las tierras de uso común entre personas que no son miembros del ejido.

La abogada del ejido, Lindsay Saldaña Candelaria, consideró que es mejor tener certificaciones chuecas a no poseer nada.  Echarlas abajo, convertiría a La Pila otra vez, un pueblo sin ley. Un grupo de ejidatarios, a los que “El Chuecoâ€� no les repartió tierras, al contrario, los despojó de sus parcelas dotadas por resolutivo presidencial, tampoco ha recibido un centavo por las ventas de uso común. Revelaron que las certificaciones del ejido, como las anteriores, no fueron decisiones propias. Sus clientes les exigieron concretar el proyecto. Aseguraron que siempre buscaron una salida para dejar el programa en el camino, ya que es más redituable vender las de uso común, comprar barato y vender caro. Servir de intermediarios para recibir una recompensa, cobrar cada año las renovaciones de constancias y expediciones del mismo documento. Obtener dinero extra por expediciones o la firma de otros documentos. 

En enero del 2021, Martínez Rivera simuló una asamblea donde resultó electo otra vez presidente del comisariado. Sin embargo, el grupo contrario, encabezado por Tobías López Delgado, en una asamblea real, eligió a Eulogio López Delgado en el mismo cargo. Declaró que su plan era recuperar tierras que su antecesor entregó a empresarios. Depurar el padrón que está conformado por industriales que tienen intereses en el ejido, como Héctor Gómez Valle, Antonio Lorca y la familia Tobías, dueños del emporio de las gasolineras y Jacobo Payán. Martínez, con el respaldo de los sobrinos del gobernador, Antonio Lorca Valle y Héctor Gómez Valle, recurrió a diversas instancias legales para obtener el reconocimiento de la asamblea. Fracasó.   El Tribunal Unitario Agrario anuló ambas elecciones. Ordenó a la Procuraduría Agraria reponer el proceso. Acusó a López Delgado de autonombrarse presidente del comisariado, presentar documentos falsos y firmas de ejidatarios que ya fallecieron. Y ser el que vende de manera ilegal las tierras.  

El 27 de marzo del 2022, se eligió de nuevo comisariado. Martínez Rivera derrotó a Eulogio López con 208 votos a 114. Compartió la mesa directiva con sus nuevos aliados. A Leoncio Zárate López, lo colocó como secretario. A Abraham Rosas, tesorero. Apenas asumió el cargo, pasó por encima de un juicio agrario que mantiene suspendidas las opciones de realizar contratos. No obstante, signó el convenio de ocupaciones o expropiaciones por más de 30 hectáreas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que la Empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas, Meta, construya un libramiento que pasará sobre zonas de uso común. Martínez informó que por las ocupaciones, el ejido recibió 39 millones 349 mil 254 pesos, de los cuales, 8 millones 149 mil 250 se le pagarían a los abogados. El resto, más de 30 millones, se repartiría entre 520 ejidatarios. Les tocaba casi 70 mil pesos a cada uno, pero solo les dio 60 mil.

Sin embargo, no le pagó a un grupo que encabeza Carmen Gómez Silva. Suman más de 300 mil pesos. Varios ejidatarios revelaron que las cantidades se entregaron a líderes opositores para que obligaran a su gente a recuperar su dinero. Lindsay Saldaña desmintió a Martínez, dijo que a los abogados solo les pagó 4 millones de pesos. Violó un resolutivo judicial. El juzgado de distrito otorgó la suspensión de plano a un grupo de ejidatarios que está en contra del permiso de autorizar al comisariado la venta de 30 hectáreas de uso común para hacer el libramiento. El acuerdo se publicó el 21 de diciembre. Para que no surtiera efecto, el 19 de diciembre, entregó los primeros cheques de 60 mil pesos. A los pocos días, Martínez hizo las primeras erogaciones a los ejidatarios. Simuló un contrato de venta de las tierras por más de 39 millones. La empresa que pagó las expropiaciones, cubrió entre 200 y 500 pesos el metro cuadrado. 

Según el documento, hay cheques expedidos por 20, 25, 30, 35, 40 y 50 mil pesos. Pero hay otros cheques que se entregaron por 500 mil y 750 mil pesos. Además, facilitó a todos los ejidatarios los recursos. Pero más de 50 beneficiarios, no recibieron su dinero. Las diferencias de los montos no se entregaron. Algunos inconformes manifestaron que el grupo opositor identificado con Tobías López Delgado, no recibieron el dinero. Martínez Rivera le entregó un millón de pesos para convencerlos. Señalaron que también Eulogio López Delgado y Guadalupe Rivera, les dieron 300 mil pesos.

Saldaña Candelaria dijo que la asamblea determinó se repartiera en fracciones iguales. Se dejara algo en caja para gastos de la autoridad. Cobró lo suyo, pagó a los abogados, como el ex funcionario de la Procuraduría Agraria, Iván Sandoval y Raúl Serna. Se les cubrió el 4 y 5%. Se divido entre los tres. Rechazó les hayan dado 8 millones. Fueron más de 3 millones de pesos. Saldaña negó que a Eulogio López Delgado y Tobías López Delgado, les hayan pagado 500 mil pesos o un millón de pesos. “En el reparto de Meta a Eulogio López le dieron 60 mil pesos. Están los cheques. Tengo dodoâ€�. 

El segundo embate de Martínez fue el intento de apoderarse de manera personal y directa de las mil 888 hectáreas del ejido e iniciar las negociaciones para crear el parque Logistik Urbano e Industrial. Realizó una asamblea para las cesiones de derechos. No prosperó, por no inscribirla en el Registro Nacional Agrario, ya que tenía múltiples errores y no cumplió con las normas jurídicas. Tampoco dio marcha atrás. Recurrió al Tribunal Unitario Agrario. Convenció al magistrado titular, Juan Rodolfo Lara Orozco, de favorecer las desincorporaciones de las mil 888 hectáreas. Lara fue removido luego que ejidatarios denunciaron una serie de chicanas para favorecer la intentona de “Pineda�.

Martínez Rivera pasó por encima de las suspensiones del reparto. Se deshizo de parte del comisariado que se opuso a convalidar certificaciones ilegales. Para retener el mando, sumó a sus adversarios, encabezados por Eulogio López Delgado. Les prometió ratificar las posesiones de tierras. A otros, incluirlos en las reparticiones, que ya no existen. El 13 y 25 de febrero, previo al cambio, realizó asambleas ejidales. En la primera asignó predios a un grupo de 40. En la segunda removió al secretario Leoncio Zárate Arvizu. También al tesorero y suplente, Abraham Jasso y Carmela López Alvarado, por negarse a firmar el acuerdo en el TUA, para que se les reconozcan y doten de parcelas antiguas. Quedó sin efecto la medida cautelar. El mismo día, con el nombramiento de los nuevos secretarios, tesorero y suplente, realizó una segunda asamblea, donde se acordó que López Delgado y su equipo, se desistieron de la demanda para nulificar el acta del 2018. Y en un futuro, en asamblea de formalidades especiales, se repartan las tierras. 

El 27 de marzo del 2025, otra vez Martínez heredó la estafeta a su hijo, Pedro Adrián Martínez. Le ganó a Carmen Gómez Silva. El dueño del ejido le puso como suplente a Gabriel del Campo Benítez, hijo Gabriel del Campo Gaytán, uno de los más fuertes integrantes del grupo. En la presidencia del consejo de vigilancia quedó Miguel Adán López, hijo de Tobías López Delgado y sobrino de Eulogio López Delgado, sus enemigos históricos. Al mismo tiempo, Armando Zárate Arvizu, en una asamblea realizada en el salón ejidal, fue electo como nuevo comisariado. Igual que en el 2021, La Pila tiene dos representantes. Fungirán en el cargo hasta que la autoridad agraria determine lo contrario. Ambos se han presentado en las audiencias del Tribunal Unitario Agrario. Solo Zárate realizó la primera asamblea ejidal. A Martínez Rivera le resultará difícil quitar del camino a su oponente, que conoce las operaciones y mañas. Pero no permitirá, se acabe su mina de oro.

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