El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, presumió en una charla con el periodista Ricardo Rocha, que San Luis Potosí es un oasis de seguridad y crecimiento económico. Sin embargo, datos institucionales señalan lo contrario. En la plática, alabó su «estrategia», única en el país, por contar con leyes que permiten a la Guardia Civil Estatal, atacar los delitos federales. Al analizar los informes que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y hacer un comparativo del 2021 respecto al 2022, señala que se cometieron 4 mil 832 delitos más en el estado. Crecieron las lesiones, robos de autos, a transportistas y transeúntes y el narcomenudeo, entre otros.

Respecto al crecimiento económico, tampoco cuadran los números. San Luis Potosí se localiza en el lugar número 20 a nivel nacional, con apenas un despegue del 2%, superado por Querétaro y Guanajuato. Respecto al mercado laboral, las cifras no le ayudan mucho. El Instituto Mexicano para la Competitividad señala un crecimiento del 1.3% para San Luis Potosí, superado por Guanajuato (5.4%), Zacatecas (4.9%), Aguascalientes (4.6%) y Querétaro (2.7%). San Luis Potosí se encuentra en el quinto lugar nacional con mayor pobreza laboral.

Oscuro pacto

Cuando Gallardo Cardona buscaba el voto de la gente, prometía acabar con la herencia maldita y que el terrible daño hecho al dinero público en los servicios de salud, no quedaría impune. Tanto la Auditoria Superior del Estado como la federal, investigaciones y notas periodistas durante el sexenio de Juan Manuel Carreras, mostraron evidencias de una red de corruptelas que operaba con empresas fantasmas, robo de identidad, compras simuladas y procesos amañados. El daño alcanzado pudo ser de mil millones de pesos. Ya con el mando, junto con el fiscal impuesto José Luis Ruiz Contreras, en mayo del 2022, anunciaron la captura de la ex secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez. Dio muestras de que el castigo sería ejemplar.

Pero todo fue un gran montaje, una obra teatral, ya que la ex candidata a la gubernatura de Morena, no estuvo en la cárcel. Fue trasladada durante su corto proceso penal al Hospital del Niño y la Mujer por argumentar graves problemas de salud. La fiscalía local de forma extraña, solo la acusó de un fraude por 22 millones de pesos. Rangel se declaró culpable, devolvió en tiempo récord el dinero y salió libre para quedar impune por el descomunal daño al dinero público.

Es evidente que se realizó un pacto para no volverla a tocar y al parecer, el acuerdo incluía ir con todo sobre Miguel �ngel Lutzow, anterior incondicional de Mónica Rangel y su relevo como titular en los servicios de salud. Fue señalado por los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, donde el daño al erario asciende a los 32 millones de pesos. Sigue preso en la cárcel de «La Pila».

¿Por qué no se atacó a fondo la red de saqueos y no se realizaron más denuncias por los demás fraudes documentados que existen? ¿Por qué no se siguió la ruta de los millonarios pagos hechos por el gobierno estatal a cientos de empresas fantasmas y conocer dónde acabó el dinero? ¿Qué otros oscuros acuerdos quedaron incluidos en el pacto entre Mónica Rangel y Ricardo Gallardo?

Semejanzas con Carlos Jonguitud

El actual mandatario ha seguido una estrategia política para emular lo hecho hace más de 42 años por el dirigente magisterial, Carlos Jonguitud Barrios. Sus principales acciones están basadas en lo que la gente recuerda que hizo en su sexenio el político huasteco, como el parque Tangamanga, bulevar Rio Santiago, aeropuerto, anillo periférico, el convoy de seguridad, mantener la cercanía con la gente y socializar lo máximo posible, son algunas obras y estrategias que hoy parecen replicarse.

Jonguitud nació en Coxcatlán, fue gobernador de 1979 a 1985, presidente del Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación de 1974 a 1989, director del ISSTE, diputado y senador. Falleció el 22 de noviembre del 2011. Existen otras similitudes entre Jonguitud y Gallardo, como buscar el control de casi todas las presidencias municipales y del congreso del estado, un manejo total de su partido. Tuvieron fuertes diferencias y fricciones con Salvador Nava y su nieto Xavier. La última de las réplicas que pretende implementar Gallardo, es revivir el operativo de vigilancia de los ochentas, denominado «El Convoy», con el pretexto de combatir el pandillerismo y la inseguridad. En su momento, fue cuestionado por sumar un sinfín de detenciones arbitrarias, violatorias de los derechos humanos.

Ante la falta de presencia de la Guardia Nacional en las carreteras federales, Gallardo planea activar 100 unidades más para meter a su Guardia Civil a patrullar las importantes vías. No lo pudo hacer Jonguitud en su tiempo. Ahora, por las deficiencias terribles que se viven con la Guardia Nacional, bajo el control militar, se aprovechará el hueco. Fueron tan desastrosos, grises y corruptos los sexenios de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras, que nunca hicieron obra pública. Se alejaron de la gente. Su tibieza e ineptitud sumieron al estado en una grave crisis, por la monumental corrupción.

En contraste, llegó Ricardo Gallardo con una estrategia populista pero efectiva. Analizó que a Carlos Jonguitud se le recuerda después de muchos años por haber realizado obras importantes, tener un férreo control y un contacto social constante. Hoy retoma los ejemplos, con las ventajas de las nuevas tecnologías y las redes sociales, una oposición casi nula en San Luis Potosí, pero con una imagen cuestionada a nivel nacional. Se pueden escribir muchas páginas más de los sucesos que pueden semejarse entre Jonguitud y Gallardo.

La mutación del super delegado

Desde hace varios años conozco a Gabino Morales, era un joven opositor con nobles ideas, que señalaba los abusos del sistema, criticaba a los malos funcionarios, le irritaba que se violara la ley electoral, cuestionaba el derroche y la ostentosa clase política. Le molestaban los zalameros y aduladores. Sufría por el temor que en su momento, Morena no fuera a conservar el registro como partido en el estado. Gracias al enorme hartazgo de la gente hacia los partidos que se habían alternado el poder y con la fuerte presencia del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que ganó en las pasadas elecciones presidenciales, colocó a diversos personajes en distintos cargos que conocía desde antes.

Gabino Morales Mendoza fue nombrado por López Obrador como “super delegado� de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí. Muchos oportunistas que antes lo ninguneaban y hasta hacían mofa de su figura, le rindieron pleitesía y se le arrodillaron de forma vil. Medios nacionales destacaron que en abril del 2019, celebró su cumpleaños número 30 con una mega comida a la que invitó a cientos de personas, entre amigos, funcionarios y políticos que antes no le hubieran aceptado ni un café.

El sencillo y modesto joven, empezaba a mutar y transformarse poco a poco en lo que antes tanto señaló. Se convirtió en un político que jamás aceptó una crítica propositiva. Se hizo arrogante y hoy se comporta igual a los personajes que antes no soportaba. El coordinador de Programas para el Bienestar, sabe cuándo se ha equivocado y aprovecha el cargo para promocionarse. Olvidó los sueños de su juventud idealista.

Aprendió las mañas, se hizo más sordo a las críticas, argumenta como viejos políticos rancios, culpa de todas sus calamidades a medio mundo y se le esfuma hasta el último gramo de autocrítica. Se le olvidó que los puestos públicos no son eternos y que un día, se quedará sin hueso. Tal vez entienda muy tarde, que se mutó en lo que tanto dijo odiar de la carcomida clase política.

Semáforo en rojo

Con datos que procesa y pública el portal Semaforo.com.mx nos muestra un panorama desalentador y preocupante en el tema de la inseguridad. Semáforo Delictivo da seguimiento a once indicadores de manera mensual y San Luis Potosí aparece con cinco semáforos en rojos, que aluden a las extorsiones, narcomenudeo, robo a negocios, lesiones y feminicidios.

Respecto a los municipios con más semáforos en rojo están San Luis Potosí y Ciudad Fernández, con seis, Salinas, con cinco, Axtla y Mexquitic con cuatro. A nivel nacional también son cinco los semáforos en rojo, donde incluyen las extorsiones, narcomenudeo, lesiones, violaciones y violencia familiar. Los delitos en San Luis Potosí crecieron de 2021 a 2022, existe una diferencia de 4 mil 832 delitos más en el año que recién concluyó.

El gobierno estatal buscó mostrar solo los datos que le convienen y ocultó otros. Pero cualquier persona puede acceder a lo que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a la incidencia delictiva del fuero común. El lema de campaña de Ricardo Gallardo Cardona fue «Vivir sin miedo», sin embargo, los números son fríos y ya se fue un año y en lugar que hubiera mejoras, el escenario empeoró. La ciudadanía vive con mayor temor, se constata en la última Encuesta de Seguridad Pública Urbana que realizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

No tienen llenadera

Los diputados locales que integran la actual legislatura, ya perdieron la vergüenza. Ahora, de una forma por demás abusiva, utilizan recursos públicos para recibir servicios de alimentos cada vez que tienen sesión ordinaria. No conformes con ganar 94 mil pesos netos al mes, es decir, 3 mil 133 pesos diarios, aun así, los voraces legisladores no pueden desayunar con sus propios recursos y pagaron a Óscar Gerardo Gallegos Estrada, 114 mil 474 pesos por servicio de catering, cuyo gasto aparece publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia durante octubre de 2022.

El «catering» es un servicio profesional que se dedica a prestar de forma externa, el suministro de comida preparada, aunque hoy también puede abastecer todo lo necesario para un banquete o fiesta. Cada vez se detectan anomalías que ya habían eliminado, pero ahora se vive una etapa de abuso y despilfarro del dinero público. No olvidemos que cada diputado tiene incluido en su sueldo mensual 8 mil pesos de apoyo para gasolina. No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Fernández, del Partido Verde, propuso repartir otros 90 mil pesos más al mes en gasolina para 9 diputados. Ahora se les cubren los alimentos, cuando antes solo comían cacahuates y frutas. No existe un solo diputado que alce la voz y se oponga a las malas acciones. Todos coludidos y unidos en el reparto del presupuesto.

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