La golpiza que sufrió el litigante Carlos Covarrubias Rendón el sábado 23 de febrero la orquestaron sus agresores Alejandro Jasso Dávalos, Salomé Marín Castillo y Rito Jasso. Son del grupo de comuneros que están a favor de la entrega de 2 mil hectáreas de la reserva ecológica de San Juan de Guadalupe al magnate Carlos López Medina y socios, que buscan construir complejos inmobiliarios. Se trata de un fiero aviso de hasta dónde puede llegar la oligarquía local empeñada en apoderarse de terrenos de alta plusvalía. Es la última gran reserva que deben reclamar para los potosinos el gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde Xavier Nava Palacios.

La agresión al asesor de comuneros, Carlos Covarrubias, ocurrió después de las 10 de la mañana, cuando el litigante efectuaba el primer paseo ecológico por la sierra de San Juan de Guadalupe. Entonces fueron interceptados por hombres que traían machetes y armas. Les cerraron el paso cuando ya habían caminado como 4 kilómetros. Les exigieron que se retiraran de su propiedad. En un momento, el abogado se quedó solo, alejado de los demás excursionistas. Entonces fue golpeado y arrojado al piso por sus opositores, empeñados en malbaratar los predios. El saldo de la alevosa agresión fue una nariz desviada, clavícula y cinco costillas rotas con riesgo de afectarle el pulmón, según el reporte médico.

En diversas entrevistas Covarrubias ha denunciado que de entregarse las tierras a los empresarios en las condiciones que han pactado con algunos comuneros, se concretaría el despojo del siglo, que durante décadas ha codiciado López Medina, que no tiene a dónde crecer con su exclusivo Club de Golf la Loma, que llegó a las últimas ventas. Covarrubias y sus seguidores incrementaron el nivel de las protestas empujados por el diputado federal de Morena, Ricardo del Sol. Lo menos que puede hacer es llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el conflicto que tiende a complicarse. Y de no frenarlo, de un herido indefenso, puede terminar en un desenlace con consecuencias fatales.

El fiscal general, Federico Garza, debe investigar los ominosos hechos y castigar a los agresores que no se mandan solos. En días pasados Covarrubias denunció que mientras en muchas colonias del poniente de  la capital los ciudadanos sufren la falta de agua para sus necesidades básicas, López Medina dispone de un tanque de agua que proviene directo de la presa El Realito para sus exclusivos fraccionamientos. Covarrubias y su ayudante, Luis Alberto Suárez Castillo, detallaron la forma en que los empresarios que pretenden apoderarse de 2 mil hectáreas, utilizan para su beneficio agua de una mega obra que se hizo con dinero público.

“A pesar del desabasto, la Comisión Estatal del Agua autorizó a Carlos López Medina el uso de los tanques de almacenamiento El Aguaje y Cordillera en el proyecto inmobiliario de la empresa Reserva, por encima de la mayoría de usuarios. Los tinacos se ubican de manera estratégica en terrenos destinados a favorecer a los inversionistas. Los compró el contratista Urbano Díaz de León, que fungía como titular de la CEA, en el sexenio de Marcelo de los Santos, cuando se autorizó el proyecto. El Tanque Cordillera está en un predio de la Garita de Jalisco, que también consiguió mediante el despojo, López Medina, Vicente Rangel y Eduardo García Navarro�.

Relataron que el plan de la presa El Realito fue vendido como la gran panacea para resolver la carencia de agua potable en San Luis Potosí. Lo cierto es que se hizo para abastecer a los desarrollos  inmobiliarios de los hombres del poder económico en San Luis. Una de las razones del desabasto en la capital es que los tanques se usan de forma integral en los fraccionamientos. Mientras en las colonias llega sesgada el agua. Se impone un tandeo para 800 mil habitantes�. Ante los abusos de poder, presentarían la denuncia en el congreso del estado.

En un comunicado que difundieron en las redes sociales, los comuneros responsabilizaron a Carlos López Medina, al gobernador Juan Manuel Carreras López y al alcalde de la capital Xavier Nava de la seguridad de los comuneros opositores a que se urbanice la sierra. Las agresiones contra Covarrubias concitaron el repudio de agrupaciones civiles y actores políticos, que demandaron a Carreras pesquisas prontas de los hechos y castigo a los responsables. El ex diputado local Eduardo Martínez Benavente condenó el intento de homicidio contra el litigante. Dijo que con la paliza, atentaron contra la integridad del territorio potosino y sus espacios con valor ecológico que los depredadores inmobiliarios pretenden explotar. Los intereses económicos que afectan la labor de Covarrubias, comprueban que las tierras de la comunidad son vistas como un botín. Y de no obtenerlas por la buena, las pueden arrebatar mediante la violencia.

El también defensor de los comuneros y ex rector de la Universidad de Guerrero, José Enrique González Ruiz, a través de un comunicado, condenó el atentado a quienes se oponen a la entrega de sus tierras a los fraccionadores. Manifestó su repudio al uso de la violencia, las amenazas y la fuerza bruta. Señaló que los conflictos y asuntos comunales deben resolverse en los marcos de la ley, por los propios comuneros y sus descendientes. El caso de Covarrubias es resultado de la corrupción, al querer despojar a la comunidad de su patrimonio. Se inclinó por construir un parque nacional, administrado por los propios dueños. Anunció pedir medidas precautorias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, condenó cualquier tipo de violencia, porque no es la forma de solucionar los problemas. Precisó que se tuvo contacto con familiares del agredido. Le dijeron que se trató de un hecho entre particulares. Negó y calificó de falsos los señalamientos de que el edil tenga interés en que los terrenos sean adquiridos por agentes inmobiliarios. “El único objetivo de la autoridad es que se respete y garantice el bienestar de todos los potosinos�.

David Covarrubias, hermano del litigante agredido, informó que se presentó ante la fiscalía del estado, la denuncia de hechos. Responsabilizó al comisariado de San Juan de Guadalupe, Rodolfo Valdés García del ataque. Añadió que la espiral de violencia se ha salido del control de las autoridades e instituciones de gobierno. Reveló que durante los hechos estuvieron presentes agentes ministeriales y policías estatales que no actuaron para evitar la salvaje golpiza. Anunció que realizarán una consulta pública para informar a los ciudadanos sobre las urbanizaciones que se pretenden hacer en la sierra de San Miguelito e involucrar en el tema al congreso del estado y autoridades competentes. En la rueda de prensa lo acompañaron los diputados locales Pedro César Carrizales Becerra y Marité Hernández Correa, que se solidarizaron con su lucha y condenaron las agresiones físicas. “El Mijis� apuntó que no se deben acallar las voces de quienes defienden las causas ecológicas.

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