Gallardo Juárez despide más de 800 trabajadores. Los sustituye con alfiles que le hacen proselitismo político
1 noviembre, 20173:59 pmAutor: Juan Pablo MorenoCapital Noticias
Autoritario, fuera de la ley, sin argumentos sólidos ni válidos, sin darles la mínima ventaja para defenderse, el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, ha corrido de manera arbitraria a más de 800 trabajadores para darle cabida a los alfiles que usó en la campaña política a los que ubicó en la nómina a través de contratos temporales para que no generen derechos ni le exijan las prestaciones del ley como seguro social e Infonavit. A sus adeptos ya los usa para que le hagan proselitismo político en la entidad, con costo al erario, en su intentona de buscar una curul federal o la senaduría.
En la etapa de munícipe de Soledad, Gallardo desmanteló el longevo sindicato del dirigente Ramón Díaz Esparza Olivo, que solicitó al congreso local, un juicio de responsabilidades contra el empresario pollero y su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, por violentar el tabulador de salarios, escalafón y servicios médicos. Los acusó de despedir de manera absurda a más de 300 empleados de la tercera edad, como “parte de su estrategia para alcanzar la gubernatura”. Cuando el empleado se negaba a firmar un artificioso finiquito, lo visitaban sicarios en el domicilio donde le advertían que su esposa podría quedar viuda sin beneficio alguno. Hostigado y amenazado, Díaz terminó por hacerse a un lado. Lo suplió el dirigente del sindicato “democrático”, el chofer b de catastro, Jorge Varela García.
Experto en pisotear los derechos de los trabajadores, Gallardo Juárez tenía como propósito repetir la hazaña en la capital. Con el respaldo de sus mecenas, el maximato Horacio Sánchez Unzueta, el ex gobernador Fernando Toranzo y el ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, Gallardo promovió a la ex síndica de Soledad, Guadalupe Cervantes Gamboa, como presidenta del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, su testaferra para no tener consecuencias adversas como inclemente verdugo. En su tarea de correr empleados de manera ilícita, se valió otra vez del oficial mayor, su compañero de bachillerato, Noé Lara Henríquez. Usó impune a la directora de recursos humanos, Cinthya Guadalupe Armenta Meléndez, a la que algunos afectados la ubican como su nuera, casada con Alan Gallardo, que no aparece en la nómina.
Armenta tiene de brazo derecho a Gildardo Castañeda Moreno, el encargado de correr a aviadores, los que laboran por contrato, honorarios, sindicalizados o de base que se negaron a recibir una paga menor o firmar de manera voluntaria el intempestivo retiro. En todos los careos, usa siempre a “testigos eternos”, que tienen la cualidad de conocer a detalle los cientos de querellas. Los defensores de las víctimas relatan que no obstante dominar la estructura de despidos fuera de la norma, Gallardo es vulnerable en todas las fases de las querellas laborales. Sus adeptos podrían ser demandados por falsas declaraciones, alterar documentos, fraude y asociación delictuosa. Reclaman que el gobernador Juan Manuel Carreras no se preste a las sucias maniobras, ya que tiene bajo su férula el Teca. A menos que estime, todavía está en deuda con Gallardo, que lo ayudó a ganar la gubernatura, con al menos 100 mil votos que cruzó a favor del candidato del PRI, en detrimento del abanderado del PRD, Fernando Pérez Espinosa, que estuvo derrotado antes de inscribirse a la contienda.
Al igual que lo hizo con Díaz Esparza en Soledad, Gallardo dobló fácil al dirigente del sindicato mayoritario, José Guadalupe Valencia, que al principio se mostró reacio a obedecerlo. Incluso se atrevió a denunciar que temía ser levantado, por la oscura fama que arrastra su nuevo jefe, que le echó encima a su ariete político y golpeador de enemigos en las redes sociales, el feroz herrero, Jesús Rafael Aguilar Fuentes. Le exigió por la ley de transparencia, el manejo de las cuotas sindicales en los más de 20 años que tiene como líder sin contrapesos, donde no ha habido elecciones, son nulos los informes financieros y se ignora el destino de los incentivos para deportes, festejos tradicionales, juguetes y comidas. Aguilar acusó a Valencia se haberse enriquecido con el cargo, al tener vehículos modernos y costosos, cuentas bancarias, propiedades y negocios.
Desde que se creó el sindicato, apenas ha tenido dos líderes. El primero, Valentín Zavala, que se entronizó gracias al respaldo del ex alcalde y magnate del acero, Miguel Valladares García, lo que le permitió amasar una gran fortuna. Después Zavala apareció como dirigente sindical en los ayuntamientos de Santa María y Villa de Reyes, donde era de manera simultánea, asesor de los alcaldes en turno. Al cobijo de Zavala se gestó el barrendero del mercado Revolución, Guadalupe Valencia, que ahora niega su humilde origen y se ostenta como ingeniero en sistemas, pero es incapaz de conectar la computadora que usa. Mejor recurre a la habilidad de sus compañeros de servicios administrativos. Jamás se encuentra en las oficinas. Las adiestradas secretarias lo justifican, argumentan que anda en maratónicas asambleas o recorre las diversas dependencias. Lo cierto es que se volvió apático. Omiso y lejano a las demandas de su gremio. Su principal tarea es llevar y traer a su cónyuge de la casa a las oficinas del DIF municipal, que se ubican a pocos metros.
Los mismos afectados han ventilado que el número de despedidos podría llegar a los mil 300. Han encontrado mayor respaldo moral y asesorías certeras con el líder del sindicato minoritario, Óscar Esparza, quien les ha recomendado, juntarse y solicitar la salida de Valencia, por incompetente. También lo ha puesto en evidencia el litigante Jorge Luis Carmona, ex representante legal de la universidad autónoma, que maneja el expediente de varios desbancados. Ya interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero un hijo de Valencia que labora en ecología, fue corrido el 6 de diciembre del 2016. El padre capitalizó el coraje y desencanto de sus olvidados compañeros y el 8 encabezó una protesta a la entrada de la unidad administrativa donde despacha Gallardo. Cuando su consanguíneo regresó al cargo, se le olvidó la tragedia de los demás. Algunos trabajadores, después de tanto buscarlo sin éxito, lograron atraparlo a la salida de las instalaciones. Prometió defenderlos, pero también les sugirió contratar un abogado personal cuyo costo deben absorber. Como pasó con la educadora Rosa María Martínez Rocha, que después de 22 años de labores, fue corrida de repente, del jardín de niños Estefanía Castañeda. Adelantó que si prevalece la justicia, el edil puede perder la mayor parte de los juicios, ya que debe cubrir millonarias indemnizaciones, lo que equivaldría a la quiebra absoluta del ayuntamiento.
Aunque jugó un papel esencial en el triunfo de Gallardo como coordinador electoral de los Magueyes, no se salvó de la guillotina el ex trabajador de desarrollo social y de comercio, César Mercado. Denunció que las 800 personas que ha corrido el edil, las suplió con operadores a los que ya asignó labores proselitistas en varias partes de la entidad donde juega un papel protagónico el orador Rafael Aguilar y la diputada local Graciela Gaytán. Mercado denunció que Gallardo lo expulsó porque le empezó a exigir, cumpliera algunas promesas de campaña en la colonia Los Vergeles, donde solicitaron una unidad deportiva y módulos de vigilancia. Reveló que a los activistas, nunca les pagó un centavo en la etapa de proselitismo a cambio de la infraestructura que no llegó.
La regidora del ayuntamiento de la capital, Marcela Zapata Suárez del Real, denunció que Gallardo oculta la nómina, lo que impide constatar los ahorros financieros producto de su política intimidatoria de renuncias forzadas. Su conducta fue censurada por Aguilar Fuentes, que atacó a su padre, el ex edil Alejandro Zapata, que cayó en las provocaciones de comparar desempeños con el empresario pollero. Zapata, junto con su correligionario Marcelo de los Santos, fueron los artífices de los puentes que cruzan la capital y agilizan el tráfico vehicular. El biógrafo del controvertido edil, Rafael Aguilar, planteó antes que su mecenas estaba en una encrucijada: “hace obras o le da de tragar al pueblo. Y no lo dejará morir de hambre”. Al saberse en desventaja, Gallardo remató que no se comparaba con perdedores, ya que Zapata fue vencido en la contienda por la gubernatura por el galeno de bajísimo perfil, Fernando Toranzo. En su última cruzada por la alcaldía, lo derrotó el novato ex rector de la universidad autónoma, Mario García, al que Gallardo, perjuró, iba a meter a la cárcel por sus incontables latrocinios. El operador político, César Mercado, resaltó que Gallardo tiene la nariz más larga que Pinocho.
La estrategia de Gallardo Juárez de pisotear los derechos de los trabajadores la diseñó en el amplio contexto de sus ambiciones por alcanzar la gubernatura. Para amasar mayores fondos públicos y como sabe que la nómina absorbe hasta el 80% del presupuesto, en su agenda personal era urgente quitarse el lastre que podría coartar sus aspiraciones políticas. Hasta diciembre del 2016, enfrentaba 476 juicios labores, de los cuales se le adjudican 308, los restantes se remontan a los ex ediles Jorge Lozano, Victoria Labastida y Mario García. Aunque controla Soledad a través de su marioneta Gilberto Hernández Villafuerte, en sus lances de megalomanía, planteó que podría juntar en uno solo los dos ayuntamientos. Entonces decidió desaparecer el Instituto Municipal de Planeación al que consideró un elefante blanco, para crear un ente de carácter regional, lo que le ayudaría a extender de manera simultánea su cacicazgo. Al alcalde de Cerro de San Pedro, Jesús Nava, le facilitó en comodato varios camiones para la basura. En Villa de Reyes, el municipio que se convertirá en el botín de oro, por el crecimiento de la zona industrial, busca insertar como alcalde a la diputada federal Érika Briones. Tiene bajo su férula al edil de Ahualulco, Federico Monsiváis, al de Mexquitic de Carmona, Juan Antonio Ramírez y al de Zaragoza, Xavier Gómez, a los que utilizó para crear el llamado Instituto Metropolitano de la Juventud, lo que sirvió para relanzar a su hijo Ricardo Gallardo Cardona en el auditorio Miguel Barragán, repleto de acarreados, como aspirante a sucederlo en el cargo o conseguirle una curul federal.
Ninguna autoridad ha sido capaz de frenar al influyente binomio por las constantes violaciones a las leyes electorales, de hacer proselitismo adelantado con fondos públicos. Se suman a la larga lista de víctimas que alegan su temor a “ser levantados”. Mostró mayor carácter la directora de la primaria José Obispo, la profesora Rocío Méndez López, que impidió a los niños el uso de mochilas y útiles escolares que cargan la leyenda “Pollitos a la escuela”, ya que se exalta de manera abierta la figura de Gallardo Cardona al que se le conoce con el mote de “Pollo”. El inmueble se ubica en Camino a San José del Barro, por lo que el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, indignado, destacó que la maestra podría ser destituida del cargo después de interponer una queja ante la secretaría del ramo educativo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tan sólo del Implan, Gallardo Juárez dejó en el desempleo a 24 personas que se defienden con abogados particulares. Exigen los reinstalen o indemnicen. Hay juicios millonarios que han perdido las alcaldías, lo que las paraliza para ejecutar obras. Sobran los testimonios de las vejaciones del autoritario edil. Está el caso de la trabajadora Olivia Graciela Díaz, que tiene el número de nómina 4086. Su calvario se difundió en las redes sociales.
Lamentó mirar las filas de despedidos a los que ofrecieron reducir el salario o de plano quedarse en la calle. Reclamó que nunca les dieron un documento por escrito donde constaran las razones de su salida. La afectada tenía ingresos mensuales casi por 18 mil pesos. Los verdugos del alcalde le ofrecieron, sin opciones para negociar, 12 mil 222 pesos. “No es legal lo que me hicieron. Sentí una gran impotencia al verme humillada, después de 22 años de trabajar de manera honrada. Me dieron un trato indigno. Soy cabeza de familia. Por tanto estrés, ahora estoy enferma del corazón. Vivo con miedo de que alguien apareciera con alguna amenaza, como pasó con otros compañeros. Estoy en contra de lo que hace Gallardo Juárez, ya que afectó mis intereses, al quitarme el sueldo y trabajo. Me hace sentir inútil. Les digo a los demás que hagamos a un lado el temor. Si algo nos pasa, es obvio a quien responsabilizar. El culpable es el ayuntamiento que maneja Gallardo”. En el video, se publicó una leyenda donde se establece que el edil le regaló a la fantasmal proveedora Sandra Sánchez Ruiz, 34 millones de pesos en la compra de medicamentos que no existen.
La empleada Dolores Méndez Díaz, número de nómina 11377, resaltó que sufrió una de las experiencias más desagradables de su existencia cuando le dijeron que la buscaba el coordinador de recursos humanos, Gildardo Castañeda, para informarle que había quedado fuera del ayuntamiento. Su finiquito y aguinaldo serían negociados. “Hay muchas situaciones turbias de Gallardo que no salen a la luz pública. No predica con el ejemplo al afectar a los trabajadores”. Un anónimo destacó que nunca habían tenido un edil “tan nefasto. No le importó correr gente que ya cumplió su ciclo laboral. Debería estar preocupado por entregarles sus pensiones. Optó correrlos. Vivimos el acoso constante. A varios los amenazó de muerte. Les dijeron que firmaran la renuncia o podrían perder un hijo”. Citaron una frase del columnista de La Jornada nacional, Julio Hernández López, que lo llamó opaco, con un manejo dudoso de los recursos. Un discapacitado reveló que de repente, Cinthya Armenta y Castañeda, le dijeron que estaba fuera de la nómina. No lo liquidaron ni le dieron algún escrito donde explicaran las causas del forzado retiro. Además, lo boletinaron en la “carpeta roja” para ya no darle medicamentos que le ayuden a tratar la diabetes. Lamentó que los insumos ni siquiera son de patente, ya que apenas le entregaban muestras farmacéuticas. Los subordinados de Gallardo le dijeron que su jefe no está acostumbrado a cubrir indemnizaciones. Otros personajes ominosos los presionaron a firmar, ya que le podría suceder algún accidente. “Con Gallardo Juárez no se juega”, remarcaron. La víctima culpó de su salida a la directora de turismo, Patricia Véliz, que “no soporta a los guebones. Me discriminaron por usar muletas. Analizo poner una demanda de juicio político contra el edil, por violentar mis derechos humanos”.
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