El campesino Ascención Maldonado Yáñez, denunció que autoridades del poblado de San Marcos en Rioverde, coludidos con 8 personas ajenas al ejido, lo han despojado de más de 26 hectáreas de terreno que le pertenecen. Le fueron asignadas hace de 15 años. Pide intervengan, los delegados del Registro Agrario y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para frenar el atropello en su contra, al quitarle el patrimonio que le pertenece, junto a su familia.

Precisó que el ejido de San Marcos, contó con una superficie de mil 933 hectáreas. Por acuerdo de 56 ejidatarios originales, se repartieron la tierra hace varios años, en partes proporcionales. Le tocaron arriba de 26 hectáreas. Pero hace 3 años, el juez auxiliar, Enrique Torres Flores, que hizo también funciones de comisariado, ya que el cargo estaba acéfalo, junto con personas ajenas al ejido, empezaron a meterse a sus lotes. Ostentarse como dueños, mediante ventas ilegales y papelería que les proporcionó Torres para acreditarlos. Entre los invasores identificó a Valente Rico Reséndiz, que vive en la comunidad de Puente del Carmen. A Juan Balderas González y su esposa Marina Vázquez Aguilar. Balderas es originario de Lagunillas. Hace poco llegó a Rioverde, donde se dedica a la compra y venta de chatarra. Roberto Díaz Ochoa, habita en la colonia Buenos Aires, ubicada en el mismo ejido San Marcos. José María Saucedo Fernández, tiene su domicilio en la Las Palmas, en Rioverde. José Luis Narváez Hernández, es dueño de una recicladora que se encuentra en el bulevar universitario, en la cabecera municipal. También está coludido en los despojos, el propio juez auxiliar, Enrique Torres Flores y Fernando Segura Alvarado, que vive en San Marcos.

Indicó que los paracaidistas, ahora se dicen dueños del predio. Han ofertado terrenos a otros compradores. Ya lotificaron parte de las 26 hectáreas que dicen, les pertenecen. Anuncian la venta de lotes de 10X20 metros a la entrada del camino que conduce a las parcelas. Ante el despojo de que ha sido objeto, Maldonado contrató al litigante José de Jesús Delgado Madrid, que demandó por la vía penal a los invasores. Pero el asunto no prosperó. La autoridad judicial señaló que se trataba de un tema agrario, que debe dirimirse en tribunales especializados en asuntos ejidales o comunales. Por recomendaciones de conocidos y amigos, contrató para que lo defendiera del despojo de sus 26 hectáreas semi urbanas, ubicadas frente a las instalaciones del Tecnológico Regional y de la Universidad Autónoma, en la zona media, al ex diputado local y federal, ex delegado del Registro Agrario Nacional y ex dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Felipe Aurelio Torres Torres.

Después de un año y medio de representarlo, no metió un solo escrito en los tribunales. Sin embargo, le cobró 30 mil pesos, de los cuales 5 mil fueron solo por revisar el expediente penal, que no fructificó. El resto para iniciar sus gestiones. Maldonado dice que hace dos meses, prometió que le llamaría y no lo hizo. Molesto y resignado señala. “O lo amenazaron para que no le entrara al lío o le llegaron al precio, no hay otras razones�.

Las 26 hectáreas invadidas, antes las había repartido entre sus 6 hijos y esposa. Ya estaban circuladas, pero al juez Enrique Torres Flores y los paracaidistas, no les importó. En forma arbitraria, quitaron la cerca, se metieron y continúan con la venta de lotes a destajo. Hace 6 meses, pusieron de comisariado a Javier Torres Pérez, primo del juez auxiliar y director de comercio, Enrique Torres Flores, con el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, lo que podría complicar el problema. Como funcionario, apoyará a los se apropiaron de tierras ajenas. También a su familiar, para agilizar trámites, concretar el fraude y despojos en su contra. Maldonado exige que intervengan las autoridades agrarias, para evitar una injusticia y le quiten el patrimonio de sus hijos, que por años cuidó y no quiso vender para heredarlos. Son personas que trabajan duro para sostener a sus familias y viven al día.

En el ejido San Marcos, ya no existen tierras para repartir entre los ejidatarios. Las que existían de uso común, estaban frente a la carretera que va a San Ciro. Se vendieron hace varios años por acuerdo de asamblea. El dinero obtenido, lo repartieron entre los 56 ejidatarios. A cada uno le tocaron 10 mil pesos. Maldonado fue el único que no aceptó el dinero. Le dejaron a salvo un lote de 5 mil metros, que aún conserva. Pero se lo invadió durante un tiempo, uno de los ocho demandados, Juan Balderas, que junto con su hermano, Ismael Balderas, construyeron una bodega. Después de litigar el caso, el tribunal agrario falló a su favor y se lo tuvieron que devolver. En el sitio se conservan las paredes que edificaron sin ser dueños. Les permitió llevarse el techo y los portones.

El afectado sólo reclama justicia y se aplique la ley, pues cuenta con sus garantías a salvo como ejidatario. Lo avala el Certificado de Derechos Agrarios, expedido a su nombre por el ex presidente de la república, Luis Echeverria �lvarez. “Solicitaré a través del nuevo abogado, que el tribunal agrario, llame a cuentas a los que se metieron a la mala a mis tierras. Operan como vulgares coyotes, para que presenten los documentos que dicen tener y los autorizan como dueños. Y digan también, quién se los entregó, porque las asignaciones ejidales, como la que yo tengo, no se pueden traspasar o vender tan fácil. Los que somos ejidatarios, tenemos derechos que no se pueden violentar, por un grupo de personas, advenedizas que se ponen de acuerdo con el juez auxiliar�. Don Ascención Maldonado, es una persona mayor. Expresa que buscará a toda costa, enterar de su problema a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su próxima visita al estado, de la injusticia y atropello que se cometen en su contra. Le pedirá intervenga, para que se aplique la ley y no se le despoje el patrimonio.

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