El ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y el ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, César Enrique García Coronado, hoy subsecretario de acción política del comité nacional del PRI, a través de sus testaferros, saquearon las arcas del organismo intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Interapas.

Se llevaron hasta lo recaudado de los 125 pesos de la tarifa doméstica que pagan los habitantes que todavía tienen piso de tierra en la casa. Los estafadores simularon pagos descomunales a empresas fantasmas, vinaterías, dulcerías y procesadoras de alimentos para ganado. El daño patrimonial puede superar los 400 millones de pesos sin considerar más de 374 millones de pesos que se dejaron de captar en el 2016 y 2017.

La instancia presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos con Hechos de Corrupción, Fiscalía General del Estado y Auditoria Superior de la Federación, tres denuncias penales por supuesto robo, peculado, desvío de recursos, simulación y asociación delictuosa en contra del ex director, Alfredo Zúñiga Herverth. El encargado administrativo y finanzas, Mario Alberto Ibarra Guerrero y el contralor interno, Jesús Salvador González Martínez.

Las querellas incluyen a las firmas Raedsa, Maquinados y Maquilados, de Edgar Iván Martínez Martínez, Ibarrola & Oseguera, de Sergio Antonio Oseguera Díaz y Grupo Axioma Kusuri, de los doctores Juan Carlos Jiménez Rivera y Juan Carlos Negrete Ayala . Además de 60 personas físicas y 16 personas morales beneficiarias con los recursos públicos. Gallardo Juárez y García Coronado se conocieron en el 2013. Los presentó el entonces director de la Junta Estatal de Caminos, Ricardo Fermín Purata Espinosa. Se juntaron en la oficina de la delegación federal, que se ubica en la avenida Industrias de la capital. Gallardo Juárez le pidió a García, lo ayudara a rescatar un trailer que se ubicó en el crucero de la comunidad de Tinaja y la carretera 57. Se lo habían quitado por incumplir con pesos y dimensiones. Les resuelve el problema y se genera un trato cercano.

Cuando Gallardo Juárez ganó la alcaldía de Soledad, puso de tesorero al que fuera comisario en varias de sus empresas, Jesús Salvador González Martínez. En el trienio de su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, ubicó a González en la contraloría. El munícipe convino con su homólogo de la capital, Mario García Valdés, repartirse el manejo del Interapas. El ex rector de la universidad autónoma colocó al frente al ex delegado de Pozos, Eduardo García Castillo. González fue designado contralor y comisario de la junta de gobierno.

García Coronado apoyó irrestricto a Gallardo Cardona con pavimentaciones, bacheos, caminos y entrega de cobijas. García fue coordinador de giras del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Flores. Se desempeñó como secretario particular del alcalde de Ciudad Victoria, Miguel González Salum. Sus jefes lo usaron de eslabón para inyectarle dinero a la campaña del ex gobernador Fernando Toranzo. Antes de que el edil solicitara licencia para buscar la gubernatura, García Coronado le entregó dos trailes con pantallas que el gobierno federal anunció repartir a familias de escasos recursos para solventar el apagón analógico.

En Soledad se dieron primero. El 5 de enero del 2015, la Procuraduría General de la República detuvo al alcalde con licencia, acusado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue encerrado en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Acusado de desviar casi 120 millones de pesos a sus empresas privadas, Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios, Gallardo Continental y Tangamanga Continental. La autoridad judicial también giró órdenes de arresto contra el ex tesorero, Jesús Salvador González Martínez y la directora de recursos humanos, María del Carmen Gutiérrez Morales. Ambos aparecían como integrantes en los negocios de los Gallardo. Recibieron del erario 119 millones 312 mil 800 pesos. González fungía como comisario.

Morales era la apoderada legal. García Coronado pidió al secretario de gobernación, Miguel �ngel Osorio Chong, intervenir a favor de sus aliados. Recibió en sus oficinas a Gallardo Juárez. El actual senador prometió al comerciante de pollos sacar al hijo de la cárcel a cambio de que apoyara al candidato del PRI y Verde Ecologista a la gubernatura, Juan Manuel Carreras López.

A principios de enero del 2015, se presentaron al frente del Interapas los doctores Juan Carlos Negrete Ayala, actual director de los servicios médicos en el ayuntamiento de Soledad. Es cirujano, con menos de 45 años. Apareció además Juan Carlos Jiménez Rivera, socios fundadores de la empresa Axioma Kusuri, que le ofreció al Interapas un contrato de servicios hospitalarios por un costo de mil 238 pesos mensuales por cada beneficiario y su familia, que multiplicados por los 700 empleados, arrojaron un millón de pesos mensuales más iva. Al año representó un contrato de 15 millones de pesos.

Señalaron que la firma contaba con la infraestructura necesaria, como clínica, plantilla humana y la capacidad financiera para cumplir las obligaciones ofertadas. Dijeron tener acuerdos subrogados con la Beneficencia Española, el Hospital de la Salud, Hospital Lomas y Centro Médico.

El 1 de marzo del 2015, Axioma Kusuri S.A. de C.V. y el Interapas firmaron un contrato de prestación de servicios médicos para los trabajadores y sus familiares. El organismo se obligó a pagar a la firma, por mes, mil 238.89 pesos más iva por trabajador. El contrato amparó al titular y sus beneficiarios una cobertura tope de 300 mil pesos más iva.

La vigencia del contrato se extendió hasta el último día del 2015. Se le cubrieron más de 15 millones de pesos. En el trato, la sociedad declaró que se constituyó en el 2012. Presumió tener un hospital equipado, con edificio propio, habitaciones con cama eléctrica, oxígeno empotrado, aspirador de fluidos, sofá, cama y reposet para acompañantes, sistema de calefacción y aire acondicionado, televisión por cable y video, internet inalámbrico y baño completo individual, suites con anexo para familiares y servicio de estancia de enfermeras.

La empresa también se obligó a dar atención médica, quirúrgica y de terapia, incluyó emergencias, procedimientos quirúrgicos, terapias de rehabilitación e intensiva. Servicios de laboratorio, rayos X, ultrasonido, mamografías, tomografía, resonancia magnética, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, ginecobstetricia, cuneros, partos, cesáreas, incubadoras y alimentos parenterales. Dejó fuera de la cobertura materiales quirúrgicos caros como marcapasos, injertos, clavos, tornillos y placas para fracturas.

Excluyó procedimientos como trasplantes, hemodiálisis, cirugías a corazón abierto y tratamientos contra el cáncer. Subroga la atención médica a través de hospitales como la Beneficencia Española, Lomas, �ngeles, Centro Médico o el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud. En resumidas cuentas, se trata de un intermediario, no un hospital. Vendió un servicio como si fuera aseguradora.

Tiene como sede una casona de dos plantas que adaptó para otorgar el servicio en Fray Diego de la Magdalena 540. Tenía un letrero que decía “Axioma Centro Médico ambulatorio». El término «ambulatorio» en letras más pequeñas. Fue la primera irregularidad en el convenio, lo que impide practicar una cesárea, extraer el apéndice inflamado u operar una hernia, a menos que tuviera la fórmula para hacer procedimientos y despachar a su casa al paciente apenas lo suturaran.

El 5 de marzo del 2015, después de firmar el convenio, el director del organismo, Eduardo Castillo García, renunció para incorporarse a la campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Juan Manuel Carreras López. Mario García, desplazado de los reflectores, sustituyó a García con el ex secretario de gestión ambiental, David Atisha, que entonces atravesó una severa crisis económica, al que ordenó no tocar a González.

Athisa no alteró el servicio médico, tampoco las compras y licitaciones de obras. Se dijo que Castillo salió a raíz de no convalidar el negocio de la atención médica que impulsó el influyente contralor. También se divulgó que García no fue ajeno a la trama. Siempre estuvo ligado a los Gallardo. Con la promesa que su hijo obtendría pronto la libertad, el padre se registró como candidato del PRD a la presidencia municipal de San Luis.

Quitó al ex regidor Isaac Ramos, que ya andaba en campaña. Carreras ganó la gubernatura y Gallardo la alcaldía. A los 8 meses, González llegó como contralor del organismo intermunicipal de agua potable y alcantarillado. El edil invitó a Fermín Purata a la dirección del Interapas. Le pidió un plazo para razonar la oferta. Consultó a Toranzo, Carreras y su ex jefe Luis Torres Corzo, dueño de Maquirsa, con el que trabajó antes de saltar a la burocracia. Todos coincidieron que debía aprovechar la oportunidad. El 7 de octubre del 2015 rindió protesta. Sustituyó a Athisa Castillo. Gallardo mantuvo a González.

Purata rápido estuvo maniatado. García Coronado le recordó que le debía el cargo, por lo que le recomendó poner en administración y finanzas a su secretario particular, Mario Alberto Ibarra Guerrero. Contratar camiones, pipas y constructores con los que el entonces delegado federal tenía intereses. También lo presionó Gallardo. El ex titular de la JEC se negó. Expuso que necesitaba poner alguien de su confianza o mejor renunciaba. Gallardo y García dieron un paso atrás. Purata asignó el cargo a Martha Elva Zúñiga Barragán, que antes fue titular del área de contabilidad en la Junta Estatal de Caminos con Purata.

También unocoló con dificultades al director de operación y mantenimiento, Jorge Vivanco. Después se confrontó con González Martínez, que lo doblegó, ya que tenía el respaldo del entonces alcalde. Le puso trabas para que no se concluyera en tiempo y forma el colector mixto del parque Tangamanga. Despidió a más de 10 personas a las que luego suplió con seguidores del edil que hacían tareas de proselitismo. Impuso en los principales cargos a incondicionales.

Mantuvo bajo su férula los departamentos de sistemas e informática, contraloría interna, información pública, proyectos estratégicos, atención social, prensa y cultura del agua. El choque final vino cuando Purata Espinosa determinó no ampliar el contrato del servicio que ofrecía el Grupo Axioma Kasuri, por las constantes quejas en su contra. Propuso concursar el servicio a través de invitación restringida. Condicionó que no se invitara a la empresa que tenía varias denuncias, incluso quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humano. González Martínez se opuso, pero no pudo colocar a su beneficiaria.

Purata presentó al edil en su despacho, los documentos de todas las propuestas. Le informó que la más viable por servicio y precio bajo era el Hospital de la Salud. Gallardo dijo que no, se inclinó por el Grupo Latino. El funcionario le reclamó que no podía asignar contratos al que hizo la propuesta más cara. Gallardo insistió en beneficiar a su predilecto. Exigió que el asunto se arreglaría en las oficinas del organismo.

El encuentro se llevó a cabo días después. Asistió el munícipe y el tesorero, hoy diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Emanuel Ramos Hernández. En la cita, el edil le dijo a Ramos Hernández, que el objetivo era asignarle el servicio médico completo a Grupo Latino, pero Purata no coincidía. Sin avisar, también llegó González Martínez. Ramos y González argumentaron que Grupo Latino era mejor porque el gobierno estatal ya lo había contratado. Purata se mantiene inmóvil en su propuesta, pero es uno contra tres y opta por deslindarse. “Si ustedes quieren entrarle, adelante, yo me zafo�. Gallardo Juárez interviene, simula apaciguar los ánimos.

Al día siguiente, cuando Purata arriba a la oficina, Zúñiga Barragán suelta el llanto. Le informa que se va del organismo. Su jefe le dice que llegaron juntos y se irán al mismo tiempo. Le dice que recibió amenazas y le sugiere irse lo antes posible. Purata avisa a Gallardo la decisión. El edil le pide que no lo haga, pero no logra convencerlo.

El funcionario le aclara que en el escrito de renuncia, pondrá como causa, motivos de salud. Gallardo pide a Purata lo atienda en su oficina y le recomiende a alguien para suplirlo. Entonces aparece Alfredo Zúñiga Herverth, recomendado por García Coronado, que también impuso en la Comisión Estatal del Agua a Jesús Alfonso Medina Salazar. El nuevo director del Interapas nombró como encargado de administración y finanzas a Mario Alberto Ibarra Guerrero, que antes fue secretario particular de García Coronado. Gallardo mantuvo a González en el cargo de contralor interno.

El entonces edil y García Coronado, a través de sus alfiles, Zúñiga y González, signan el servicio médico con la empresa Axioma Kasuri. Le entregan el servicio de agua en pipas a empresas de García Coronado. También contrataron sus camiones de volteos. Otorgaron la obra pública a la mayoría de las constructoras recomendadas por el dúo. Pagaron servicios que no se realizaron. Zúñiga y González desecharon el estudio de tres hojas donde Purata se inclinó por el Hospital de la Salud.

Argumentaron que el documento carecía de sustento. Por el monto no se pudo asignar a la empresa el segundo contrato. Simularon un concurso de invitación restringida. Invitaron a tres proveedores, donde estuvo Axioma Kusuri. Un concursante no acreditó la personalidad del representante legal. Otro no presentó la propuesta económica. Se entregó el convenio a Axioma. El costo se elevó de mil 238 pesos por mes y beneficiario a 5 mil 388.8 pesos más iva, para 712 empleados, con un incremento del 334% en relación al monto del 2015. El organismo pagó 56 millones de pesos.

Con el mismo esquema, en el 2017, Zúñiga y González asignaron a la firma el tercero y cuarto contrato. Uno el 2 de enero, donde bajaron el costo unitario a 4 mil 100 pesos más iva por titular. La empresa incorporó dos servicios más, el dental y óptico. El organismo le pagó a la sociedad 103 millones de pesos. El otro convenio lo suscribieron el 29 de diciembre. El precio lo subieron a 5 mil 198 pesos más iva por persona, con los dos servicios adicionales. La institución le entregó a Axioma 75 millones de pesos. En tres años el Interapas le pagó casi 260 millones de pesos. En julio del 2018, el ex diputado federal, Xavier Nava Palacios, le ganó la presidencia municipal a Gallardo Juárez, que buscó reelegirse. Nava nombró como director del Interapas a Ricardo Fermín Purata Espinosa.

El 26 de noviembre del 2018, junto con los directores de las áreas de administración y finanzas, comercial, jurídica, auditoria y control interno, en rueda de prensa, dieron a conocer que durante el proceso de entrega-recepción, se detectaron mil 619 observaciones que se remitieron a la Auditoria Superior del Estado. Las fallas se detectaron en los reductos de González Martínez.

A raíz de las anomalías, el organismo contrató los servicios de los despachos jurídicos del ex senador José Alejandro Zapata Perogordo y del ex secretario del gobierno estatal, Gustavo Barrera López. Zapata fue uno de los principales promotores dentro del PAN de la candidatura de Nava Palacios. Barrera, famoso penalista, se desempeñó como coordinador jurídico de la campaña del ahora edil. Encabezó y capacitó un ejército de abogados para cuidar las casillas, para evitar que Gallardo rellenara las urnas, donde hizo abierto proselitismo por su figura. El 25 de abril, Purata dio el primer golpe jurídico. En conferencia de prensa, informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra el Grupo Axioma Kusuri, que utilizó a ex funcionarios para cuadriplicar los costos de los seguros médicos de los trabajadores.

Simularon pagos descomunales que generan ganancias por más de 70 millones de pesos por prestación de servicios médicos-hospitalarios a la empresa. Reveló que en las en las áreas operativas y administrativas, había cuatro contratos con un sobreprecio de 335%, lo que afectó las finanzas del organismo. Dijo que la prestadora de servicios no cuenta con la capacidad para otorgar los servicios contratados, por lo que se presentó una denuncia ante la fiscalía por los delitos de peculado, fraude, robo y otros que puedan resultar.

Pidió a la autoridad esclarecer el destino de los 70 millones de pesos. Adelantó que Barrera se haría cargo del asunto. El director de administración y finanzas, Ramón Farías, señaló que no se siguieron las reglas al contratar la prestación de los servicios médicos para los casi 800 trabajadores que tiene el organismo, al existir mejores propuestas económicas que las de grupo Axioma.

El 29 de abril, Barrera López detalló las irregularidades de los contratos. Señaló que el monto del fraude asciende a 249 millones de pesos. Recordó que Purata renunció al cargo cuando inició el desvío. El dinero se dispersó entre más de 60 personas físicas y 16 personas morales. El caso se turnó a la Fiscalía del Estado y autoridades federales por violentar el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación referente a empresas que se constituyen para simular operaciones.

Reveló que entre las firmas «fantasmas» se encuentran algunas que presuntamente vendían licor, cerveza, dulces, se dedicaban a arreglar caminos o con actividades de ingeniería civil. La denuncia consta de 20 capítulos que incluyen los análisis de las adjudicaciones fraudulentas, simulación jurídica de contratos elaborados ex profeso para desviar dinero, entre otras fechorías. Mencionó que en el 2015, 2016 y 2017, Axioma dio el domicilio de una papelería en la zona universitaria y domicilios de clínicas con las que la intermediaria no tiene contratos ni relaciones.

Comments

comments