La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el 23 de mayo del 2018, una recomendación al Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, porque funcionarios bajo su mando, vulneraron el acceso humano a la justicia, verdad y una pesquisa eficaz, en agravio de 29 personas desaparecidas el 17 de marzo del 2010, cuando viajaban en un autobús de la empresa Pirasol  de Xilitla a Tamaulipas.

Se precisó que gente de la entonces Procuraduría General de Justicia extraviaron la averiguación previa que se integró con base en la denuncia penal que presentaron familiares de los desparecidos y en la que coadyuvaron al aportar medios de prueba y datos de suma importancia, desde el momento que sucedieron los hechos.

La Comisión Estatal Derechos Humanos señala que la procuraduría aceptó la pérdida del expediente de la averiguación previa, ya que la titular de la Unidad para la atención de personas desaparecidas o extraviadas, Luz María Montes Mariano, refirió que hasta el 20 de junio del 2017 le remitieron el expediente y se continuaba con las aportaciones de datos en la averiguación previa 184/2015 que se integró para reponer autos.

No hubo constancia que la procuraduría hubiera iniciado un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que integraron la denuncia y atendieron el caso para deslindar responsabilidades en que pudieron haber incurrido por el extravío de los documentos, ni se comunicó a la comisión que se hayan realizado acciones para reparar el daño. Indica que en base a su indagatoria se observó una reiterada práctica sistemática de parte de servidores público que permiten acreditar violación a los derechos humanos al acceso a la justicia, verdad y una efectiva investigación.

En presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, le solicitó al fiscal Garza Herrera que instruya a Montes para que “investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, técnica, profesional y desahogue sin demora las diligencias efectivas para la debida y pronta resolución de la averiguación 184/ 2015 que se inició para reponer la indagatoria extraviada. Y ayude a lograr el esclarecimiento de los hechos del caso Pirasol, que consisten en la identificación, captura, procesamiento, enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación del daño.

Aplique el “protocolo de reacción inmediata para búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas emitido por la procuraduría en 2017 y el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada emitido por la PGR en el 2015. Colabore con el ministerio público especializado en delincuencia organizada, que lleva a cabo la investigación del caso por los delitos del orden federal, como consecuencia de la declinación de competencia que el 8 de abril del 2011 emitió la procuraduría estatal.

Se pide a la fiscalía que publique en su página institucional la versión pública de la averiguación previa iniciada en el 2015 sobre el caso Pirasol y cada semana sus avances, para que los datos sean de fácil acceso a todos los interesados. Precisó que la dependencia no puede invocar a la indagatoria el carácter de reservado por tratarse de un estudio de violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Se pide que el visitador general de la fiscalía inicie una investigación sobre la pérdida del expediente y turne el asunto al órgano de control interno y colabore para que se determine la responsabilidad  administrativa en que pudo incurrir la ministerio público Juana María Aranda Nava y otros funcionarios a cargo de integrar la averiguación previa que se extravió. Y que el ministerio público especializado en delitos cometidos por servidores públicos, inicie también una carpeta de investigación y determine la responsabilidad penal en que pudieron incurrir los funcionarios de la procuraduría.

Demandó que se giren oficios a las autoridades de los tres niveles para que den todas las facilidades a la unidad de atención de personas desparecidas o extraviadas y los fiscales para que investiguen el extravío de las 29 víctimas. Se pide implementar programa para capacitar, profesionalizar y sensibilizar a los subprocuradores, directores, agentes del ministerio público, policías ministeriales, peritos y visitadores en técnicas de investigación criminal en casos de desaparición de personas y los manuales y protocolos aplicables en tal delito.

López Espinosa le pidió a Garza Herrera garantizar la inscripción de las 29 víctimas y sus familiares en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal, para que se les otorgue la atención psicológica especializada y tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño. Después de la recomendación a la fiscalía, por casualidad apareció el documento extraviado de la primera averiguación del 2010 que se integró a la indagatoria que realiza ahora, sobre el caso Pirasol, la fiscal especial Luz María Montes Mariano.

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