En el 2013, funcionaba como máxima autoridad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Tercer Consejo Universitario y era encargado de la oficina, el licenciado Federico Anaya Gallardo. La instancia se reorganizaba después del conflicto que la mantuvo varios meses en huelga y originó reconfigurar sus órganos de autoridad.  Entre las disposiciones vigentes, estaba la del artículo 36, apartado IX del Estatuto General Orgánico (EGO), cuya redacción es la siguiente. Son facultades y responsabilidades del contralor, F. IX.- Conocer y resolver los asuntos relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario local y federal, incluida la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable a la universidad.

El Tercer Consejo Universitario, el 11 de abril del 2013, suspendió aplicar el precepto, de modo que desde entonces, el contralor de la UACM no tiene facultades para sancionar actos de corruptelas o abuso por parte de las autoridades universitarias. Las suspensiones durarán “hasta que este Consejo Universitario decida lo conducente�. En el mismo acuerdo se “instruyó� al encargado de la Oficina del Abogado, presentar un comentario “sobre los alcances jurídicos y aplicaciones de las fracciones IX del artículo 36 del Estatuto General Orgánico�.

Anaya, emitió dos respuestas, (UACM/OAG/Opinión 01-2013 y UACM/OAG/Opinión 04-2013) con las que preparó su manto de impunidad. Recomendó en los documentos, que permanecieran las suspensiones de la fracción IX del artículo 36 del EGO, lo mismo que la no aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la UACM. Dictó además que la contraloría hiciera las investigaciones y una vez terminadas, remitiera los resultados al Consejo Universitario, de que había venido la consulta y lo había nombrado como Encargado de la Oficina del Abogado General. Como comúnmente se dice, dejaron sin dientes a la contraloría y el ciudadano Anaya depositó la facultad disciplinaria en el órgano de gobierno, que sabía, lo iba a encubrir.

Una vez resuelto, Anaya se dedicó a hacer y deshacer en la UACM a sabiendas de que nadie podría sancionarlo. La contraloría tenía las manos amarradas, el octogenario rector era de ornato y sus mejores amigos, eran mayoría en el Consejo Universitario. El plan perfecto para ejercer el poder sin control, pues la única autoridad unipersonal, con poder de aplicar sanciones, era Anaya. O sea, que se otorgó a sí mismo las facultades que luego ejerció de manera despótica. Lo que en la tradición jurídica mexicana se conoce como “títulos colorados�.

Luego de conseguir expulsar al catedrático José Enrique González Ruiz, con sus nuevos amigos, decidieron aprovechar los rencores de un par de personas que estaban dispuestas a todo con tal de vengarse, ante un suceso académico y sentimental y no permitirle acudir a su trabajo de forma cotidiana, para llevar a cabo el plan. Se apuntaló la infamia al armar un caso de supuesto acoso sexual, pues es una de las conductas más repudiadas en la sociedad. Además, en manos de cierto dogmatismo feminista, representaba un callejón sin salida.

En junio del 2013, ante el rector, el secretario general, la coordinadora académica, la coordinadora de colegio y por supuesto ante Anaya Gallardo, el dueto de personas, presentaron una denuncia por demás inconsistente. El mismo día decidió Federico Anaya el despido de González Ruiz, aunque habría que darle forma al ignominioso acto.

Se inventó un proceso que duró 10 meses, justos los que faltaban para que Enrique Dussel dejara la rectoría. El 30 de abril de 2014, Anaya nos entregó la rescisión. Entre tanto, yo me encontraba embarazada y en medio de una ola de agresiones de los desinformados, de las informadas dogmatizadas, de los que habían agarrado el barco político, de los desleales y los amigos de Anaya.

Acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que solicitó de inmediato, se tomaran medidas precautorias para proteger mi integridad. Anaya nunca las cumplió. Más tarde se las dirigieron a Hugo Aboytes, quien tampoco lo hizo, pues dejó dormir los requerimientos que se le hicieron.  La soberbia y seguridad de Anaya, de que su actuar no sería sancionado, eran mayúsculas. No se dignó a contestar ninguno de los requerimientos de la contraloría ni de la dependencia.

Luego de una pesquisa efectuada por la contraloría a instancias de derechos humanos contra Federico Anaya Gallardo, el resultado fue el señalamiento de que “las omisiones en que ha incurrido el encargado del despacho de la oficina del abogado general, implican falta de ayuda y nulas atenciones a la facultad de solicitar informes de la contraloría, lo cual se traduce en falta de apego. Lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 72, apartado IX del Estatuto General Orgánico de la UACM que a la letra determina, las atribuciones del abogado general son, IX.- Dar a conocer y vigilar el cumplimiento del marco jurídico normativo. El encargado del despacho, lejos de vigilar el cumplimiento del marco jurídico normativo de la universidad, en el caso que nos ocupa, lo ha pasado por alto y ha omitido darle cumplimiento.�

Agrega que se “pone de manifiesto, la falta de diligencia y deficiencias en las prestaciones de su servicio�. Los resultados los remitió al Cuarto Consejo Universitario mediante oficio UACM/CG/083/2016, el 8 de abril de 2016, para que, como máximo órgano de gobierno, proveyera en su caso, lo conducente, al fincar responsabilidades administrativas y emitiera el resolutivo correspondiente. No cumplieron y ocultaron los datos. Fue hasta mayo del 2018 que me enteré de la existencia de las resoluciones de la contraloría, de las cuales he solicitado copias certificadas para hacerlas valer en juicio.

¿Quiénes en el Consejo Universitario recibieron los documentos? ¿Quiénes los congelaron y ocultaron? ¿Quiénes se prestaron para garantizar impunidad a Federico Anaya Gallardo? Es importante que en la UACM no prive la impunidad como sucede en el aparato del estado mexicano.  El ex encargado de la oficina del abogado, Federico Anaya Gallardo y quienes protegieron su impunidad prefabricada, deben responder por los hechos.

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