En las obras para ampliar el río Santiago, el gobernador Ricardo Gallardo consiguió un récord planetario, que lo pone muy por encima de cualquier integrante de la “herencia maldita�.

Cotizó el kilómetro de concreto en 100 millones de pesos. Un trabajo que pudo costar de 50 a 100 millones de pesos, lo cobró arriba de mil millones. Se trata de uno de los latrocinios más avezados en la historia de las obras públicas de la entidad.

Ni siquiera el tenebroso Arturo Durazo, “El Negro�, se hubiera animado a cometer semejante felonía.

Sin contar que cerca, alrededor, se encuentran una serie de complejos habitacionales, bodegas y un rancho del mandatario.

Es una chicana para generar ventajosa plusvalía, como repite en las inauguraciones, donde resulta el principal beneficiado, ya que tampoco licita las obras.

Las cede al grupo de contratistas que usa de socios o prestanombres.

El mismo esquema repite en los 59 ayuntamientos, lo que denota y connota, el volumen de ganancias financieras y el creciente número de propiedades, que lo pintan como un auténtico señor feudal.

Nadie se le compara con semejante poderío. Sin embargo, ante sus aberrantes conquistas, le arroja un poro de aliento a los potosinos, el jurisconsulto Luis González Lozano. Logró que un juez federal, detuviera el ecocidio que Gallardo comete en la zona, al cortar inclemente, árboles y follaje, lo que atenta contra el medio ambiente. No tiene estudios de impacto ambiental. Carece de medidas para mitigar las excavaciones. Jamás realizó una consulta colectiva. El audaz litigante se ha convertido en ejército de una sola persona, al contener al depredador en Himno Nacional, San Miguelito, parque de Morales y la zona de reserva ecológica, Joya Honda, donde ha buscado sacar ventajas criminales a costa de la naturaleza.

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