El desalojo violento de la oficial once del registro civil, Teresa Carrizales Hernández, que se pudo resolver con una estrategia mínima y sentido común, se volvió un escándalo mediático viral en las redes sociales y medios informativos. El pretexto idóneo para que panistas relegados por el edil de la capital, Xavier Nava, se le fueran a la yugular y exigir rabiosos, la salida del secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, al que acusan de autor intelectual del sainete que armó la policía preventiva. El escenario de conflicto también sirve para el reacomodo interno de los grupos que aspiran a ganar la contienda interna por la gubernatura. Ya se asoman prematuros, indiscretos, frontales, ambiciosos, los alfiles del dirigente estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández, coludido con su equipo de regidores, el diputado local, Rubén Guajardo y el líder del comité municipal, Maximino Jasso, que buscan desde ahora, bloquear las aspiraciones políticas ulteriores de Nava, si busca reelegirse o relevar en el mando al priista Juan Manuel Carreras. El bloque adverso ya tiene alianzas con otros actores, como el diputado federal, Xavier Azuara, al que ubican como gurú. �vido de ganar la alcaldía, después de una vergonzosa derrota ante el negociante de pollos, Ricardo Gallardo Juárez. También simpatizan con el senador Marco Antonio Gama, que junto con su homóloga, la perredista Leonor Noyola, fueron los principales beneficiados del acuerdo que tejieron con las hordas que ahora atacan sin piedad al heredero de las glorias del matador de dragones, Salvador Nava Martínez.

                                   El inicio del mitote

Teresa Carrizales denunció cobros indebidos en las tarifas registrales por inexperiencia o ignorancia. En enero, el área de normatividad y asuntos institucionales del ayuntamiento, le entregó los precios de los servicios para el 2019. Hizo un cálculo y le informó a la enviada de Sebastián Pérez, que los precios eran erróneos. Le respondió que el congreso alteró las cuotas. Le llamó al director de ingresos, Ignacio Ramírez Diez Gutiérrez, al que le insistió sobre el tema hasta marzo. Le comentó que la falla sólo apareció en las oficialías, no en las demás gabelas. No obstante, acudió al departamento de sistemas, para que corrigieran. Le dijeron que mientras Pérez no se los ordenara, no podían hacer nada. Ramírez le dijo que estaba de acuerdo en lo que señalaba, pero ya había platicado el tema con el oficial mayor, Óscar Valle Portilla. Aceptó que se debió informar a contraloría, pero el secretario se opuso.

Luego Ramírez habló con el tesorero Rodrigo Portilla y Valle Portilla. Plantearon donar los excedentes al DIF municipal, pero era dinero de cobros indebidos, lo que equivalía a un fraude. Los cuestionó sobre cómo iban a ingresar fondos y luego donarlos, cuando se trataba de recursos ilegales. En enero también le enviaron al secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, la lista de precios. No le entregaron el documento con la fe de erratas, fechado el primero de abril. Carrizales resaltó que el cobro debía hacerse a través de la Unidad de Medida y Actualización por 84.49 pesos, pero se mantuvo el salario mínimo de 102 pesos. Es grave, dijo, no entiendan, que no es lo mismo. Estableció que Pérez debió acudir desde el inicio con Mejía, pero no tuvo interés en enmendar la pifia. Ramírez le aconsejó olvidar el asunto, ya que el secretario no le recibía para abordar el asunto.

“Ya no te busques problemas�, le sugirió. Carrizales fue a la contraloría a indagar sobre las consecuencias. Le dijeron que debía reclamar un usuario o el congreso, lo que sucedió en abril, cuando se enmendó el tropiezo. Luego insistió sobre el destino de los excedentes irregulares. No recibió respuesta y fue vetada en la unidad administrativa. Entonces decidió ventilar el tema en las redes sociales y medios informativos. Pérez dijo que el dinero estaba intacto. Cualquier persona que acudiera con el recibo, en la caja, le iban a regresar la diferencia. Carrizales remarcó que el mecanismo era inadecuado, pues el ayuntamiento no puede regresar dinero recaudado. Se debe hacer a través de una nota de crédito. Pérez asentó que se han restituido los fondos al 100% y que podían acudir a la unidad administrativa. Sin embargo, Portilla lo contradijo: no hay todo el capital y nadie acudió a hacer algún reclamo, por lo que los fondos se iban a contabilizar como recursos extraordinarios.

Otra vez Pérez dio un giro, dijo que el dinero sería entregado por medio de las oficialías del registro civil. Carrizales se opuso. Si eran inexistentes los reclamos, las obligaban a manejar una extraña partida. Desde abril, a través del internet, se dedicó a ventilar las contradicciones del secretario del ayuntamiento. El viernes 28 de junio fue requerida en recursos humanos donde dos hombres la encerraron en un cubículo y trataron de amedrentarla. Le dijeron que debía disculparse con Pérez, quién le hablaría de su futuro. Les respondió que si el secretario tenía algo que decirle, lo esperaba el lunes 1 de julio en su oficina. Por la tarde, cuenta que Pérez García envió a su secretaria a cambiar las chapas de la oficialía 11 del registro civil. “Cuando regresé, no pude abrir. Fui al ministerio público a levantar una denuncia por despojo contra quien resultara responsable. La fiscalía me instruyó que acudiera al lugar con la fuerza pública, para verificar los hechos y levantar un reporte. Había archivos abiertos, luces prendidas, sustrajeron ordenamientos, la computadora y dinero en efectivo. La reseña fue anexada a la denuncia. Luego se vino lo que todos saben�. El lunes primero de abril fue corrida. Y de manera simultánea, un grupo de cargadores enviados por Leal Tobías, acudieron a la oficialía del registro civil 5 para realizar una mudanza, pues el ayuntamiento no había pagado la renta de las oficinas, ubicadas en Xicoténcatl 1504. La titular es María Concepción Hernández, madre de Carrizales, quien catalogó el hecho como una venganza.

Carrizales fue desalojada de sus oficinas por tres agentes preventivas, supervisadas por el director de la policía, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia. Conocidos de la víctima grabaron el momento en que fue esposada de las manos y arrastrada por el suelo. El video se hizo viral. Lo reprodujeron los conductores de noticieros nacionales, como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker, entre otros. El tema fue recurrente por tres semanas. La afectada mostró el memorándum dirigido al capitán retirado Jiménez Arcadia, enviado por Pérez García, para que asistiera al procedimiento laboral donde se iba a separar del cargo de confianza a la encargada de la oficina 11 del registro civil a partir del 28 de junio. Los servicios públicos ahora serán prestados por la nueva titular, Rocío Romero Artolózoga, quien tiene el nombramiento correspondiente. Lo conminó a que lleve a varios elementos a su cargo para que acudan al lugar donde se habrá de retirar a Carrizales. Le ordenó salvaguardar el inmueble y bienes. Apegarse al marco legal y respetar de manera irrestricta los derechos humanos de las personas que intervengan en las diligencias.

Apenas fue despedida, Carrizales anunció en su página electrónica que no se iría sin pelear. “La mayoría está enterada del abuso de autoridad del que fui víctima. Les agradezco desde lo profundo de mi corazón, las innumerables muestras de apoyo que he recibido. A mi madre, que es una mujer invaluable y fuerte. Por lo pronto diré que soy abogada y el asunto se litigará en los organismos correspondientes. No voy a detenerme, la razón y el derecho están conmigo. Si debo irme, lo haré, pero no sin dar la pelea. Ya no es pugna de un trabajo, es por la dignidad humana. Estoy tranquila, con todo el ímpetu para emprender la batalla y salir victoriosa, imparable y decidida. ¡Ya basta! No voy a negociar como pretenden, porque hay situaciones en la vida que no son vendibles, como la integridad. Tengo dos hijos pequeños, busco mirarlos a los ojos y decirles a qué me dedico. Quiero que sepan que la honestidad y la palabra son lo único valioso que portamos. Y tengan la decencia de que ante cualquier injusticia, alzarán la voz como una obligación. Las circunstancias de la vida nos hicieron estar en un lugar privilegiado. Significa tener más compromiso para actuar de la forma correcta. No con impunidad. Necesito enseñarles que hay objetivos por los que vale la pena luchar. Ideales por los que se debe morir en la raya de ser necesario. Xavier Nava, no te temo. Puedes mandarme amenazar, golpear, vejar, humillar y seguiré sin tenerte miedo. No voy a ceder, empieza a temblar, San Luis Potosí rompe el silencio�.

El alcalde Xavier Nava destacó que Carrizales ya no era oficial del registro civil cuando se le pidió abandonar las oficinas, pero se negó. Tenía rango laboral de confianza. Resaltó que el operativo policiaco fue correcto. “Se le notificó que ya no era funcionaria. Violentó las chapas e hizo funciones que no le competían, lo que puede constituir un delito�. Negó que existiera uso excesivo de fuerza. No le gustaría vivir lo mismo, por lo que no iba a fracturar la norma. Al abordar el tema de un mandato judicial para que actuara el director de policía, Jiménez Arcadia, estableció que el procedimiento se agotó en todas las instancias. Sobre el cambio en los costos de los tabuladores, anunciaron al congreso que el cobro sería en Unidades de Medidas y Actualizaciones, pero quedó vigente el concepto de salarios mínimos. “Cuando nos dimos cuenta, llamamos a los que realizaron un trámite, fueran con el secretario, Sebastián Pérez. No hubo ninguna anomalía. Solo un desempeño indebido de Carrizales, que ya no era oficial del registro civil. Vamos a revisar los movimientos que hizo�. El edil anunció que se formaría un comité ex profeso para investigar el caso donde estaría un elemento de la fiscalía estatal, derechos humanos, regidores y asuntos internos del ayuntamiento. Resaltó que Pérez García está firme en el cargo, ya que su despliegue no afecta las pesquisas. Además, buscan no violentar el debido proceso. No se tomarán decisiones ajenas a la ley.

Por su parte, Sebastián Pérez destacó que Carrizales rechazó ser indemnizada y continuó las operaciones como si aún estuviera en el cargo. Los cambios se dieron por las reestructuras en las oficialías del registro civil. Se le notificó la baja, que no aceptó, entonces violentó sellos y chapas. Durante el fin de semana, emitió actos de registro civil. Se condujo en forma indebida al utilizar agendas y actas. Por tales actos, se le avisó del desalojo de la oficina, donde se presentó personal de la secretaría general. La coordinadora municipal de derechos humanos, Olga Palacios Pérez. La Comisión Estatal de Derechos Humanos envió a Georgina Mena y Margarita María Castillo, quienes laboran en la Dirección General de Canalización, Gestión y Quejas y el comisario Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director de seguridad pública municipal. Llevó varios elementos para desocupar el sitio de Carrizales, que opuso resistencia. Se empleó el uso de la fuerza pública. Entró como relevo provisional la titular de la Oficialía del Registro Civil número 4. Se percató que no existían folios. Tampoco el sello, la agenda de matrimonios y actas emitidas por muertes fetales, las cuales están prohibidas en las recientes leyes. Pérez hizo un llamado a las personas que hubieran realizado el pago anticipado, acudir a su oficina para aclarar dudas.

Entonces vino la embestida. La presidenta de la bancada de regidores del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, informó que una vez instalado el comité investigador, solicitaron a Nava separar del cargo a Sebastián Pérez de manera temporal. Pero se negó. “Lo hicimos para garantizar la objetividad de los hechos. No buscamos confrontarnos, sólo que se transparente el tema�. El también regidor panista, Cristian Azuara, señaló que el nuevo órgano no tiene facultades para destituir al funcionario que resulte responsable del desalojo violento de Carrizales. Al menos podrán exigir la salida del cargo que ostente. Azuara había pedido que el edil les facilitara el trato con los diversos directores de departamentos. Expuso que se notaba un desgaste institucional, sin llegar a la ruptura.

El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, al que se menciona como posible aspirante a la alcaldía de la capital, envió un oficio a Jiménez Arcadia para que le informe sobre el procedimiento para desalojar a Carrizales. Le remarcó si los actos desplegados por agentes bajo su mando, fueron ordenados por algún juez por escrito, para que le diera el número de expediente de dónde surgió el mandato. Le pidió detallar el nombre y cargo de los funcionarios que lo enviaron. Ubicar a los agentes que lo acompañaron y el protocolo adoptado. Añadió que el congreso busca conocer los hechos, ya que existen distintas versiones del ayuntamiento y la agredida. Al decirle que otras instancias solicitaron los mismos datos, como derechos humanos, aseveró que hará valer el artículo 8 constitucional, que salvaguarda el derecho de petición.

Cuando Nava deslizó que el comité investigador ni el cabildo podían destituir a Sebastián Pérez, se le fueron encima los incondicionales de los Gallardo. El diputado local y ex secretario de gobierno, Cándido Ochoa, que les garantizó absoluta impunidad, destacó que no se debía juzgar a priori el desempeño del nuevo ente, que podría dar la sorpresa. Precisó que el cabildo sí puede despedir al secretario, ya que se trata de la máxima autoridad. El alcalde es sólo ejecutor. Si los regidores aprueban quitar a Pérez o Jiménez, que fueron designados y no electos, se tienen que separar del cargo. El ombudsman estatal, Jorge Andrés López Espinosa, que le debe el cargo a los cabildeos de su compadre, el ex secretario del ayuntamiento de Soledad, capital y ahora dirigente del comité municipal del PRD, Ernesto Barajas �brego, censuró que Jiménez Arcadia recurrió al exceso de fuerza sin que mediara orden judicial.

Omiso y lerdo en la defensa de los periodistas perseguidos y lastimados por los Gallardo, López resaltó que ya no participará en los operativos anti alcohol que maneja la policía preventiva. Argumentó como excusa que desde marzo, envió oficios a los titulares de las cámaras empresariales, bares y restaurantes, para en conjunto, difundir programas preventivos que alerten sobre los riesgos de consumir bebidas embriagantes al manejar. Antes tampoco se quejó de las detenciones arbitrarias, multas sin recibo y retenes inconstitucionales, recaudatorios, que implementaron los ex ediles del vecino municipio. López se jactó de haber emitido dos recomendaciones al ayuntamiento por violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en su papel de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad, que aceptó pero no hay evidencias que acredite el cumplimiento. Otro reclamo fue el agravio a la etnia mixteca baja que habita la capital al no incluirla en la consulta que originó el Plan Municipal de Desarrollo. No se aceptó. Lamentó la falta de reciprocidad.

El dirigente estatal del PRD, Juan Ignacio Segura Morquecho, cuestionado por manejar las prerrogativas de manera arbitraria y ejercer un mandato fuera de tiempo, denunció que si Nava no corre a Pérez ni Jiménez, indica que está involucrado en los atropellos contra Carrizales y solapa las corruptelas que la litigante denunció. El diputado local y ahora líder del Partido Verde Ecologista, Emanuel Ramos Segura, ligado con Gallardo Juárez en un fraude que supera los mil 500 millones de pesos, ufano, exigió sancionar a los que usaron fuerza extrema contra la ex funcionaria del registro civil. “Son inadmisibles los actos de Jiménez ordenados por Sebastián Pérez. Los argumentos de que fue dada de baja pasan a segundo término al poner en riesgo la integridad física de una persona que se convirtió en incómoda al denunciar cobros indebidos en servicios registrales. Si Nava se niega a poner orden, entonces avala malas prácticas. Nada justifica que le dieran un trato de delincuente. Antes de despedirla, debió ordenar una pesquisa a la contraloría interna. Evidenciaron una burda venganza por levantar la voz ante los excesos cometidos�.

La senadora Leonor Noyola, fiel a las órdenes de los Gallardo, usó la tribuna para hablar de Carrizales, que “fue desalojada con violencia, maniatada, arrastrada por policías, por denunciar malversaciones. Son hechos ofensivos. La constitución y tratados internacionales prohíben el maltrato. El ayuntamiento está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La comisión permanente del congreso de la unión exhortará a Nava, Pérez, Jiménez y Palacios, rindan un rápido informe de los hechos y las medidas legales implementadas para ofrecer una disculpa a Carrizales y sancionar a los servidores públicos con la destitución inmediata. No podemos permitir como mujeres tales hechos. Hay avances al hacer respetar derechos que hemos ganado�. Carrizales subió la nota y el video a su face, donde agregó que en el cabildo no sucede nada. Indicó que Nava le mandó decir, se trata de un asunto de pesos y que pusiera la cifra. Pero sin disculpas ni destituciones. El expresidente del comité municipal del PRI en Soledad, Omar Velázquez, denunció la doble moral de los defensores de los Gallardo, que soeces, sin darles las mínimas opciones de defensa, corrieron de manera arbitraria a la oficial del registro civil, Jacqueline Villaseñor. Además fue despedida con métodos groseros, su prima, Amalia Velázquez, que también fue candidata a la alcaldía contra los dos Gallardo, que la derrotaron con un burdo fraude y violentos sabotajes. La suplieron con la litigante Juana María Morquecho. No les importó cometer nepotismo, ya que su hijo, Ignacio Segura Morquecho, fue secretario particular de Gallardo Cardona. Ahora es dirigente espurio del PRD estatal.

En la sesión de cabildo del 15 de julio, las hordas de los Gallardo, con el pretexto de defender a Carrizales, irrumpieron en la sesión de cabildo con pancartas donde se leyó la frase, “Soy mujer y merezco respeto�. El zafarrancho se desató cuando el regidor perredista, Eloy Franklin, alegó que no dejaban entrar a su compañera de bancada, Ana Rosa Pineda. Como si hubiera un guión preestablecido, apareció la virulenta Ana Lidia Conde Débora, alias Paloma Gallardo, que rápido encabezó un coro que exigía la salida de Sebastián Pérez. Vino el caos. Los provocadores rodearon a los integrantes del cabildo y se confrontaron con los simpatizantes de Nava que trataron de repelerlos. Los dos bandos se gritaron desenfrenados. En la trifulca los contendientes rompieron algunos vasos, papelería y desapareció un micrófono institucional. Descompuesto, desgañitado por la altisonante revuelta, Franklin le recordó las raíces maternas a Nava hasta el cansancio. Conde y su séquito se fueron encima del reportero electrónico Omar Niño, que los acusó de violentos y recibir instrucciones de los Gallardo. Lo siguieron hasta la calle, donde al asustado informador, lo custodiaron varios agentes municipales, ante el inminente ataque físico. Lo escoltaron a las oficinas de la fiscalía local, donde puso una denuncia por agresiones verbales, amenazas y robo de equipo.

Atentos al mínimo error de Nava, los panistas opositores aprovecharon la coyuntura para denostarlo. El primer síndico, Víctor �ngel Saldaña, destacó que hubo dos grupos. Uno exigió justicia para Carrizales. Los otros vándalos, tal vez orquestados por Nava, actuaron de manera organizada y cumplieron los objetivos de la a hasta la zeta. En lugar de descalificar la conducta de Franklin, destacó que fue agredido por los paleros del alcalde. El dirigente de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, lo llamó “síndico de rebote, palero. Las finas damas de los ratas de los Gallardo, fueron las que reventaron la sesión�. Llamó basura al medio que distorsionó los hechos, Close up, de Fernando Díaz de León Cardona, consejero de los ex ediles de Soledad y unos de los beneficiarios con cifras millonarias de publicidad. Además de ubicar a sus familiares en la nómina. “No tiene verguenza. Siempre ha sido un gato corrupto desde que servía al ex senador del PRI, Carlos Jiménez Macías. Le gusta que le digan don Fernando. Es socio de la botarga Rafael Aguilar Fuentes, alias El Chiquilín. No es más que un adulador de unos cobardes ladrones�.

Presuroso, el dirigente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, informó que respalda la demanda de los regidores, que exigen sea destituido Sebastián Pérez, después de varias semanas sin avances en las investigaciones. Rechazó los actos de violencia donde se enfrascaron dos secciones antagónicas que pusieron en riesgo a los miembros del cabildo y periodistas. Pidió se fortalezcan los protocolos en el recinto. “Nuestra doctrina es muy clara. No podemos quedarnos callados ante las corruptelas�. Le pidió a Nava respetar al cabildo, para tomar juntos las decisiones más acertadas�. En una cita de trabajo con militantes que no lo apoyaron a ganar la dirigencia, a los que solicitó aportar su sabiduría en los comicios del 20121, Aguilar despotricó contra Nava Palacios, quien no le responde las llamadas. “Actúa por su cuenta sin consultar al partido que lo llevó a la alcaldía. No aporta su capital político. Sólo hace equipo con dos regidores panistas. A los cuatro restantes no los escucha ni recibe�. No esperaba que lo increpara el ex regidor Gilberto García Moreno. Le espetó que los obstáculos se resuelven con liderazgo y el ejemplo. Entonces se fue encima de su interlocutor, lo apretó del cuello y derribó. Le alcanzó a dar unas patadas en el suelo. Lo detuvieron algunos testigos. Con dificultades lo llevaron a sus oficinas, donde golpeó sillas y profirió amenazas contra García. El dirigente del comité municipal del PAN, Maximino Jasso Padrón, avaló la postura de los regidores y la de Juan Francisco Aguilar, que son congruentes con la ideología del partido. “No buscamos caer en divisionismos o revanchismos. Asumimos la postura de velar por las garantías individuales de cualquier ciudadano e insistimos en que se investigue y deslinden responsabilidades en torno a los hechos que ponen en riesgo la gobernabilidad. Con carácter de urgente, se deben tomar las mejores decisiones, que no impliquen condiciones de abuso. Todos estamos para representar de la mejor manera a la ciudadanía, a la que nos debemos. Los que hayan caído en conformismos y situaciones ilegales deben ser llamados a cuentas. Nadie debe estar seguro de su cargo, si le falta rendimiento y no respeta la ley�.

Otra vez se sumó a la avalancha el diputado local, Rubén Guajardo. Exaltó la iniciativa de Nava de deslindar responsables, pero la instancia adecuada para investigar es la vice fiscalía especializada en derechos humanos, no la visitaduría. Se deben esclarecer los hechos a través de las investigaciones. Ejercer acción penal en el marco del debido proceso y respeto a las garantías individuales. Garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. El tema es abordado por el organismo incorrecto, que actúa en lo ilegal. Vigilará que los hechos no queden impunes. Pero al desviar las pesquisas a otras instancias, se provoca la sospecha de que puede haber intereses mezquinos que quieran desacreditar las funciones de la fiscalía y sus autoridades responsables. La vice fiscalía debe actuar con enfoque de género. Carrizales lanzó un manifiesto “a los cobardes que abusan del poder y se esconden detrás del inmerecido cargo público. ¡No se confundan! Mi lucha no será jamás una pugna política o partidista. La cruzada es por la justicia. No se dejen confundir, ni equivoquen el objetivo.

“Fui víctima de un atropello del poder. La integridad no lleva banderas ni etiquetas, tampoco está a la venta. Xavier Nava, no se equivoque al reducir sus actos aberrantes y atroces a un vulgar conflicto político. Insulta la inteligencia de los potosinos y nos vuelve a agraviar. Un día pelee a su lado, pero como acostumbra, me traicionó. Creí en usted y no me importó confrontar a los que tenían el poder. ¿Para qué sirvió si al final fui víctima de un gobernante más desalmado? Usted mismo. Apoyé un proyecto de cambio que prometía recuperar la dignidad, no regresarnos a una época de brutalidad y violencia superada. Yo nunca creí ayudar a un cobarde que revienta sus propias sesiones. Vergüenza debe sentir, junto con su secretario, mientras son repudiados por los regidores del mismo partido que los llevaron al poder�.

Para enderezar los entuertos, surgió el ex diputado local e integrante del comité de entrega-recepción, el fedatario uno, Eduardo Martínez Benavente. Censuró a los regidores panistas, que deben concentrarse en denunciar los incontables latrocinios de Gallardo Juárez. No exigir canonjías a Nava, que tiene en contra el rejuego interno sucesorio, donde al menos ocho aspirantes buscarán la gubernatura. Lamentó la hecatombe de Carrizales. Se pudo evitar si después de destituirla, le cambian las chapas de la puerta e instalan vigilancia policiaca. El tema se iba a olvidar en el corto plazo, si en el encontronazo de los dos bandos, alguien resulta herido. Conminó a la ofendida, no se haga la víctima mortal, ya que no debía estar en funciones cuando fue sacada en vilo. Pudo incurrir en el delito de usurpar funciones. Ubicó a Jiménez como el principal responsable, al actuar con prepotencia y exceso de autoridad. Le faltó tacto y oficio en un tema que era filmado por representantes de derechos humanos.

Descartó a Sebastián Pérez en el incidente, ya que no es tan torpe en su actuar. Alertó que si el munícipe corre al jefe policiaco, los panistas y Carrizales luego exigirán la salida de Pérez o la del mismo edil. Pero la sangre puede no ser suficiente, por lo que recomendó soportar las presiones. Revertir el espectáculo de Carrizales con más imputaciones sobre el daño patrimonial que cometió Gallardo Juárez, que debe ser llamado a cuentas por la fiscalía. Calificó de excesiva la cobertura de medios informativos nacionales, como el de Joaquín López Dóriga, que le dedicó 13 minutos. Tal vez por la paga recibida, pero no le da cobertura a las denuncias de corruptelas. Final del formularioNo podía faltar el protagonismo del confesor, confidente, biógrafo y ariete político de los Gallardo, el virulento herrero, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, alias El Chiquilín, que defendió a Carrizales en tono paternalista y doctoral. No la conoce pero reprodujo en las redes sociales su desempeño, que no se compara o coincide con la misma suerte de otros compañeros. Lo impresionó aluda a un San Luis sordo y convenenciero, como la periodista “más crítica de la radio�, del Grupo Fórmula, Érika Salgado, que le negó el derecho de réplica, después de abordar a Sebastián Pérez, donde “justificó el acto aberrante cometido en su contra. ¿Sabrá acaso usted que es una empleada más de de los Torres Corzo? Son negocios fríos, convenencieros y ruines. Periodismo en manos de políticos y empresarios que sólo ven por sus intereses. El que paga, manda y se acabó�.

Criticó la falta de apoyo de las feministas que forman parte de otro sector hipócrita, racista, junto con los dirigentes de partido o sindicatos. Expuso que “la izquierda� en el poder, representada por su jefe Gallardo Juárez, resultó una anomalía para la ultraderecha que lo antecedió en el cargo. Aunque vive en la colonia Simón Díaz, compungido, se ubicó en el sector de “los otros, los de rancho, los de Soledad, de las zonas desechables�. A los que buscan para reprimir, encasillar y clasificar como enemigos. “Los que nunca debieron gobernar, pues son un peligro a sus privilegios, por lo que desatan una furia y difamaciones incontenibles. Han querido filtrar publicaciones donde dicen que a usted la conocemos o la cobijamos. Es el miedo que le tienen a la infamia que cometieron. Ningún estado o país que presuma respetar los derechos humanos, laborales o la mujer, hubiesen permitido lo que sucede�. Aludió al “pútrido y acabado Martínez Benavente, que ha salido a defender al ayuntamiento y pedir que usted sea castigada. Cuánta indignidad y desvergüenza�. Le recomendó no permitir que la encasillen en un asunto político. “Usted ni nos conoce y nosotros no la conocemos. Sólo hay empatía ante tanta bajeza. Me imagino que ha sido muy duro, vergonzoso, cuando usted sólo quiere trabajar para sacar adelante a la familia. No creo que llegue a resarcirse el daño o que habrá castigo al gorilato. No les conviene aceptar el terrible error que cometieron, son ambiciosos y soberbios. Se trata de una generación de empresarios metidos a la política, amparados por una burocracia acostumbrada a vivir de los recursos públicos, también agresiva, violenta e intolerante. A nosotros nos quitaron el poder a la mala, con los peores alarmismos. Las calumnias más inimaginables y estúpidas, simples, pero efectivas historias de terror�.

Rápido pagó Martínez Benavente la osadía de meterse con Carrizales, que vindicativa, reprodujo en su face, la nota que publicó El Heraldo, el 19 de mayo del 2019, de la quejosa María del Carmen Torres Caldera. Desatacó que “ha actuado como cómplice de personas que pretenden despojar de su patrimonio a varias familias afectadas, quienes ya han iniciado un juicio al darse cuenta que un ex apoderado legal, de una empresa inmobiliaria, cuyo padre fue socio y fundador, ha promovido la venta de propiedades, ubicadas en Monterrey, sin hacer una asamblea o cualquier tipo de reunión en la que los legítimos herederos autoricen las transacciones correspondientes�. Igual trato recibió la directora del registro civil, Luz María Lastras Martínez, cuando opinó que no se podía involucrar en las decisiones del ayuntamiento, al destituir a Carrizales. Confirmó que le notificaron el término de su convenio laboral. Ignoraba si había recibido el nombramiento del secretario de gobierno, Alejandro Leal. “Es empleada de confianza del ayuntamiento y si le dicen que se acabó, se retira. Aferrarse para que la arrastren es penoso. La conminaron a que saliera�. La afectada replicó que el nombramiento se lo expidió Leal en el 2014. Indicó que la ley no es retroactiva. Tampoco supo de una solicitud para ser removida por parte de Nava, que olvidó notificar al poder estatal.

Aseveró que Sebastián Pérez la acusó en falso al decir que se llevó los folios, que tiene resguardados. También acusó a Lastras de mentir. “Es la única que tiene acceso al sistema y lo bloqueó�. Según la ley vigente, la única instancia autorizada para supervisar su trabajo es la que encabeza Lastras, que debió notificarle, sería supervisada. “Se hace con el oficial presente, una acta circunstanciada de inicio y final. Si hay irregularidades, avisan al ejecutivo. Puede iniciar un procedimiento administrativo y terminar con un reclamo privado, destitución, reparar el daño o ser inhabilitada. El ayuntamiento no tenía facultades. Llegué en el 2014 y del primero de enero del 2015 en adelante, pueden despedir a los oficiales del registro civil. Haré valer mi nombramiento como vigente�. Retó a Pérez, demostrar que la habían corrido antes. Carrizales obtuvo un dictamen en contra de la juez primera de distrito, Fabiola Delgado Trejo, al impugnar “desposesión� de su lugar de trabajo. Le dijeron que Nava no reviste la figura de autoridad, sí de patrón. Le recomendaron acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al que le corresponde resolver los conflictos entre los ayuntamientos y los trabajadores.

 

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