Llaman a cuentas a Mariano Niño, por brindar apoyos fraudulentos

17 junio, 20197:32 pmAutor: La NoticiaCapital Noticias

El pasado 12 de mayo, el ex legislador del PAN, Mariano Niño Martínez, fue vinculado a proceso por el posible delito de peculado, en una de las 5 querellas que pesan en su contra por simular entrega de apoyos a ciudadanos que nunca los recibieron, cuando desempeñó el cargo de diputado. Fue denunciado por familiares del señor José Santos Jiménez Guevara, al que se presume, le había entregado despensas por un monto de 86 mil 499 pesos para ser repartidas en diciembre del 2016 a personas de Ébano, lo que resultó una mentira. En la indagatoria se comprobó que el supuesto beneficiario había fallecido casi dos meses antes de haber recibido la ayuda. El 7 de diciembre del 2016, la Junta de Coordinación Política, que presidía el legislador Fernando Chávez Méndez, autorizó por unanimidad el pago de la factura 2596 a la empresa Joef Innovadores S. A. de C.V. por un monto de 86 mil 499.50 pesos por la compra de productos de la canasta básica que gestionó Mariano Niño para apoyar la solicitud que le hizo José Santos Jiménez Guevara, el 22 de noviembre del 2016.

En el documento de la Jucopo, que firmó Chávez y el defenestrado ex legislador panista, Enrique Flores Flores, se especificó que Niño presentó también una carta de agradecimiento firmada por Jiménez el 19 de diciembre del 2016, cuando había muerto el 8 de octubre, según consta en la acta de defunción que entregaron los familiares al portal Ébano al Instante, que se presentó como prueba en la querella. Es decir 45 días después de haberse extinguido el peticionario, realizó la solicitud de las despensas al diputado que dos meses y 11 días después de perecer, le mandó el escrito. Además de simular la entrega de ayudas, pagó insumos a una empresa fantasma. Según indagaciones del organismo Ganemos y Ciudadanos Observando, que acompañaron y asesoraron en su demanda a los familiares de Jiménez Guevara, en el domicilio de Jerusalén 224, de la colonia Ricardo Basilio Anaya, el domicilio fiscal de la factura, no existe ningún negocio alguno.

La querella contra Mariano Niño se presentó en enero del 2018. Hasta el pasado 7 de mayo, el juez de control y oralidad que lleva el caso, fijó la audiencia para desahogo de la causa. La defensa del inculpado logró que se le concediera una prórroga hasta el 12, para aportar pruebas. El juez Zamay de la Soledad Girón Flores vinculó a proceso al ex legislador por el delito de peculado, al considerar que existían indicios razonables de que pudo haber cometido el ilícito en su desempeño como servidor público. La parte acusadora solicitó un plazo de hasta 5 meses para realizar las investigaciones complementarias. Al término del juicio oral, Mariano Niño enfrentaría como probable pena, de dos a cinco años de cárcel, una multa de 200 a 500 salarios mínimos y quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos. Según los litigantes consultados, el delito de peculado se clasifica en el código penal como no grave, por lo que de resultar culpable, podría purgar la condena en libertad.

Niño buscó sin éxito que el Congreso del Estado, que es el ente afectado con la sustracción de los recursos públicos, le concediera la reparación del daño o perdón. Integrantes del Frente Anticorrupción y de Ciudadanos Observado, se reunieron con algunos legisladores a quienes exigieron no hacer algún convenio con el indiciado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Edson de Jesús Quintanar, declaró que los integrantes de la Jucopo, determinaron no otorgar el perdón a Niño Martínez y que se siguiera el proceso juridico por desvío de recursos simulando entrega de apoyos de la partida de gestoría institucional. Pero el ex diputado del PAN, Mariano Niño, enfrenta otras 4 querellas en su contra por falsificación de documentos y firmas para la entrega de supuestos apoyos sociales. La primera denuncia en su contra la interpuso la señora Alicia Zapata Anguiano, de Ciudad del Maíz, que apareció como supuesta beneficiaria de un apoyo en materiales para construir por un monto superior a los 38 mil pesos.

Refirió en la querella que presentó, asesorada por la plataforma Ganemos, que si pidió un apoyo de 12 mil pesos a Mariano Niño, para el traslado del cádaver de un hijo fallecido en Tamaulipas. Realizó los trámites ante el congreso y le informaron que iban a analizar su caso. Después le informaron que no podrían apoyarla porque los legisladores donaron un mes de salario para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre del 2017. Pero se enteró con sorpresa que su nombre aparecia en las listas de beneficiarias de montos pagados por subsidios que otorgaba el congreso. Mariano Niño usó sus datos y documentos para simular la entraga de varilla y cemento por más de 38 mil pesos. Otra querella contra Niño que se encuentra en trámite ante la Fiscalía General del Estado, es de la maestra Alma Delia Terrones Flores, de Mexquitic de Carmona. Apareció como la solicitante de un apoyo por 38 mil 500 pesos para la compra de 2 cisternas para almacenar agua en la comunidad de Retenes, donde imparte clases. En la demanda, expuso que no conocia al legislador. No entendió por qué tenían en su poder la credencial de elector que usaron para tramitar respaldos que nunca demandó ni recibió.

En enero del 2018, la ciudadana Triana Villela López y el representante de Ganemos, Oscar David Reyes Medrano, informaron que se interpuso una querella en contra del todavía legislador Mariano Niño Martínez, por usar el nombre y documentos de la afectada para obtener y comprobar la entrega de recursos públicos del congreso, en supuestos apoyos. Triana Villela relató que se enteró del ilícito cuando un día buscó su nombre en Internet. Encontró que sus datos aparecían en la página del congreso como beneficiaria de dos entregas. Una por 28 mil 884 pesos para la compra de material de construcción, que debió recibir en octubre del 2017. La segunda por 37 mil 944 pesos para la compra de despensas en marzo del 2017. Niño, pese a las evidencias en su contra, siempre negó las acusaciones y hasta se dijo víctima de golpeteo politico y una campaña de desprestigio en su contra.

Su propio ex asesor, Juan Alejandro Soto, reveló que Niño Martinez compraba o conseguía credenciales de elector para utilizar sus datos y justificar gastos de la partida de gestoría institucional que les otorgaba el congreso a los legisladores. Exigió buscarlas en otros municipios para que fuera más dificil rastrearlas. Pero no fue el único de la pasada 61 legislatura que enfrentó denuncias por peculado y alterar documentos. El ex diputado del PRI, José Luis Romero Calzada, tiene en su contra 6 querellas. Hay una queja en su contra en la Fiscalía General del Estado. Por los mismos supuestos ilícitos, aparecen los ex legisladores del PRD, Sergio Desfassiux Cabello y Dulcelina Sánchez de Lira. El ex diputado del PAN, Héctor Mendizábal Pérez, la ex diputada del PRI, Esther Angélica Martínez Cárdenas y Xitlálic Sánchez del PAN.

Sobre el ex candidato del PRI a la curul federal por el segundo distrito, Romero Calzada, presentaron quejas en su contra, en marzo del 2018, los ciudadanos Rogelio Vega Ortiz, Ernestina Muñoz y Martha Alicia Carmona Núñez, oriundas de Villa Hidalgo y Villa de Ramos. Romero Calzada utilizó sus datos para simular y cobrar apoyos que suman 124 mil 712 pesos. Los cheques del congreso para cubrir los supuestos apoyos de material de construcción que tramitó, se emitieron a nombre de las fantasmales empresas, Sistema de Comercialización Nava, fichada por el Sistema de Administración Tributaria como simuladora de operaciones por un monto de 102 mil 247 pesos y la firma Smart Moon por 22 mil 470 pesos. Los quejosos, asesorados por Ciudadanos Observando y la plataforma Ganemos, manifestaron en la denuncia que nunca solicitaron apoyos ni escribieron una carta de agradecimiento por la ayuda.

Otro afectado por Romero Calzada es Alejandro N. del municipio de Salinas de Hidalgo, que apereció como supuesto beneficiario de dos ayudas para 650 despensas en diciembre del 2016, por un monto total de 99 mil 543 pesos. La víctima refirió que sus datos fueron utilizados para tramitar y pagar el cheque 64806 a Comercializadora Delger, S.A. de C.V. por un monto de 63 mil 28 pesos por concepto de 350 despensas, que se supone, iba a repartir a personas de escasos recursos de la comunidad Palma Pegada. El cheque 64807 por 31 mil 515 pesos para la Comercializadora Avidrio, S. A. de C.V. por concepto de 300 despensas, también debían repartirse en el mismo poblado. Los pagos se emitieron el 8 de diciembre y fueron aprobados por la Junta de Coordinación Politica del congreso, mediante el acuerdo 819. El afectado manifestó no haber realizado la solicitud de respaldo y nunca recibir las supuestas despensas. En la denuncia, resaltó el mal uso de los datos personales y busca evitar el despilfarro de los recursos públicos. Las dos empresas a las que pagaron los cheques, fueron denunciadas como inexistentes.

La ciudadana Fabiola N, en julio del 2018, acusó al ex legislador Sergio Desfassiux Cabello por los delitos de peculado y uso de documentos falsos. Utilizó sus datos para solicitar un apoyo que destinaría a la compra de materiales que necesitaba para reconstruir la casa de su hermana enferma. La solicitud tramitada por el diputado del PRD se realizó el 5 de diciembre del 2016 ante el presidente de la Jucopo, Fernando Chávez, a quién la supuesta demandante le envió una carta de agradecimiento el 7 de diciembre del mismo año. El proveedor al que el congreso cubrió el monto fue Servicios Integrales Clars, S.A. de C.V. que emitió la factura 915 por 141 mil 600.32 pesos. La afectada refirío que nunca solicitó nada, no recibió beneficios. Era falso que su familiar necesitaba arreglar la vivienda.

La ex legisladora Dulcelina Sánchez de Lira fue denunciada por Vania N. por haber utilizado sus datos y tramitar un supuesto apoyo para juguetes por un monto de 52 mil 34.70 pesos. Refirió que nunca realizó la petición el 30 de noviembre del 2016 como aparece en las listas del congreso. Sánchez gestionó el pago de la supuesta ayuda ante la Jucopo el 7 de diciembre del 2016. El cheque se pagó a la empresa Sistema Comercial 37 S.A. de C.V. que emitió la factura 107. La víctima señaló que tampoco firmó ninguna carta de agradecimiento dirigida a Chávez. Manifestó que sí realizó una solicitud a la legisladora el 1 de julio del 2016 para asistir a un curso relacionado con su carrera. Le otorgaron 500 pesos. Infiere, fue cómo le robaron los datos personales para fraguar la salida del dinero público que nunca recibió.

La querella contra la ex legisladora de la CTM, Esther Angélica Martínez Cárdenas, se presentó en la Fiscalia General del Estado en julio del 2018. El quejoso Josué N fue asesorado por Ganemos, Ciudadanos Observando y el Frente Ciudadano Anticorrupción. La acusó de peculado y falsificar documentos. Informó que usurparon su identidad para tramitar una solicitud a su nombre el 8 de agosto del 2016, donde se presume, pidió ayuda para la compra de útiles escolares que se iban a entregar a niños de escasos recursos de la comunidad El Aguaje. Falsificaron su firma al emitir una carta de agradecimiento al congreso el 5 de diciembre del 2016. Estableció que Martínez, el 13 de diciembre, pidió a la Jucopo, le autorice el pago de diversas facturas de la partida para gestoría institucional. Se incluyó la número 000388 emitida por el proveedor Jesús Manuel Sánchez Pérez, con domicilio fiscal en Aguascalientes, por un monto de 37 mil 396.08 pesos. El cheque se expidió el 16 de diciembre del 2016. El afectado también desconoce dónde se ubica El Aguaje.

El ex diputado y ex dirigente estatal del PAN, Héctor Mendizábal Pérez fue denunciado en julio del 2018 por el ciudadano Fernando N. Manifestó que el 23 de junio del 2018, se enteró por amistades, que su nombre apareció en una lista de beneficiarios de ayudas y subsidios que entregaba el congreso. Dijeron que había recibido un apoyo de 21 mil 499 pesos, por lo que contactó a Ciudadanos Observando, que preside Guadalupe González, quién le ofreció asesorarlo y conseguirle a través de la ley de transparencia, lo relacionado al caso. Lo conminó a presentar una denuncia penal. Dos semanas después, recibió la llamada de un hombre que le preguntó si había tenido algún contacto con González, lo que negó. La persona le ofreció darle trabajo en el congreso a cambio de no contactar al organismo. Le mencionó que hablaría con Mendizábal para agendar una cita y acordar a partir de qué fecha ingresaría a laborar. El mismo día buscó al dirigente de Ganemos, David Reyes Medrano, que le confirmó, aparecía como beneficiario. Entonces decidió denunciar a Mendizábal por peculado y falsificar documentos personales.

En contra de la ex diputada del PAN, Xitlálic Sánchez Servín fueron interpuestas tres denuncias en la Fiscalía General del Estado por peculado, falsificar documentos y la firma. Una la presentó Ciudadanos Observando, que asesora a la afectada Irma Viviana Reséndiz Hernández, cuyos datos personales fueron utilizados para tramitar en su nombre, un apoyo por 16 mil 832 destinados a la compra de dulces en los festejos del día del niño, en el ejido San Antonio Huchimal de Ciudad Valles. Las otras dos querellas las interpuso el activista e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Sierra Acuña. Los apoyos serían para la compra de dulces y juguetes que en teoría le solicitó a la legisladora, una ciudadana de la colonia Miravalle. Otra queja fue por utilizar datos personales de un ciudadano del ejido La Lima, que debió pedir ayuda para la compra de sillas de ruedas y andaderas. El monto es cercano a los 100 mil pesos. Sierra Acuña relató que se documentaron por lo menos 20 casos de falsos apoyos que tramitó Sánchez por un monto cercano a los 500 mil pesos a nombre de ciudadanos que nunca los pidieron ni se les entregaron. No se atrevieron a denunciar por temor a represalias o porque no confían en que se aplique la ley y se haga justicia.

Reyes Medrano, activista y asesor de ciudadanos defraudados, consideró como un gran avance contra la impunidad, se haya vinculado a proceso a Mariano Niño, en una de las 5 denuncias que tiene en su contra. Confía en que el brazo de la justicia alcance también a los 7 ex legisladores denunciados por incurrir en las mismas prácticas. Mencionó que otra querella contra Niño está por enviarse al poder judicial. La primera fue promovida por Delia Terrones, de Mexquitic y Alicia Zapata Anguiano, de Ciudad del Maíz. Refirió que en la pasada legislatura hubo tráfico de documentos y de datos personales. Los legisladores intercambiaron credenciales de elector de los supuestos beneficiarios. Las obtenían a través de los programas sociales que se tienen en los municipios, el gobierno estatal y federal o en las afiliaciones a los diferentes partidos políticos. Las indagatorias que realizó Ciudadanos Observando arrojaron que los ex diputados tenían por lo menos 43 proveedores fantasmas para operar la salida de los recursos públicos. “Había todo un sistema para bajar fondos de manera ilegal. Una especie de delincuencia organizada. El antecedente lo tenemos en la llamada Ecuación Corrupta, donde se exhibió al ex legislador Enrique Flores, que exige moches para blanquear cuentas públicas con el apoyo de otros diputados y funcionarios de la Auditoria Superior del Estado. Los casos denunciados son apenas la punta del iceberg. No sabemos que hay debajo. Puede haber más víctimas”.

El integrante de Ganemos externó que les preocupa saber cómo actuará el poder judicial ante las demandas. Están conscientes que no existe plena autonomía y es también un poder inmerso en rebatingas políticas. No se puede ignorar que a través del congreso se definen los nombramientos o ratificaciones de los magistrados. Aludió a la reciente denuncia de jueces y magistrados que fueron presionados por altos funcionarios del poder judicial para sacar resoluciones en tal o cual sentido. “Los actores van a buscar zafarse del brazo de la justicia a través de su influencia. Vimos lo que sucede con los Gallardo, que han incurrido en un montón de irregularidades. Tuvieron de tesorero al actual diputado Emanuel Hernández al que ya hicieron dirigente del Partido Verde Ecologista. El legislador Ricardo Gallardo Cardona trata de congraciarse con el gobierno federal de Morena, con el grupo de diputados que se salieron del PRD. Buscan vender el voto a cambio de impunidad. Crear una estructura partidista en San Luis. Es un gran peligro el que tenemos. Para combatir la corrupción se necesita un estado de derecho, instituciones sólidas e independencia de los poderes”.

Sobre el caso de Mariano Niño, Medrano señaló que la defensa del ex legislador casi reconoce que el dinero se desvió. Aceptó que falsificaron la firma del supuesto beneficiario que había fallecido dos meses antes de solicitar apoyo, por lo que no hay para dónde hacerse. Lo que no se puede negar, asentó el activista, es que Niño participó en el delito. Como autoridad, gestionó el pago y es responsable por acción u omisión. No se puede hablar de una casualidad que pesen en su contra cuatro casos más por el mismo delito. Añadió que en los próximos 5 meses la carpeta de investigación del caso se tiene que armar para que culmine en una sentencia condenatoria. Refirió que de darse la sentencia, Niño no purgaría la pena en la cárcel, ya que el peculado no está contemplado en la ley estatal como delito grave y podría salir bajo caución. En caso de comprobarse su culpabilidad marcará un hito en el estado.

“Nosotros hicimos los nos tocaba hacer como ciudadanía. En términos futbolísticos, les pusimos un pase profesional para que metan el balón en la portería. Se me hace muy ridículo, que como organizaciones que no contamos con presupuesto público ni a nadie le cobramos, acudimos a los municipios, entrevistamos a los afectados y armamos las denuncias. Lo hicimos por un deber cívico. La Fiscalía y la Auditoria Superior del Estado, que tienen un presupuesto millonario y con ciento de personal, no puedan armar un trabajo sólido. En caso de no concretarse la justicia, las instituciones públicas serán evidenciadas. Se les puso todo sobre la mesa para que armaran el rompecabezas”. Reyes Medrano confió que en el año en curso, se judicialicen por lo menos la mitad de la querellas que se presentaron en contra de los diputados de la 61 legislatura, en cuyas carpetas la Fiscalía General del Estado debe trabajar con calidad para no entregar al poder judicial un platillo crudo. “Los que conformamos Ganemos, Ciudadanos Observando y el Frente Ciudadano Anticorrupción, consideran no puede haber perdón”.

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