Ya existe denuncia formal por integrantes de Ciudadanos Observando ante la Contraloría Interna del Congreso del Estado de San Luis Potosí en contra de la diputada local del PAN, Vianey Montes Colunga y la coordinadora de finanzas del congreso, Martha Elva Zúñiga Barragán, para que se proceda de inmediato con las pesquisas por la comisión de probables delitos como fraude, hechos de corrupción, cohecho, cometidos por servidores públicos, desvío de recursos, tráfico de influencias, concusión y lo que resulte.

Se descubrió que la diputada Vianey Montes simuló realizar un viaje de Querétaro a Monterrey donde el reporte de sus gastos fue acompañado por dos facturas, una de gasolina que ampara habar recorrido 2 mil 220 kilómetros al usar supuestamente 185 litros de gasolina, pero la factura de 3 mil pesos fue hecha en Rioverde. Otra factura por mil 500 pesos de la cenaduría don Poncho.

Vianey Montes aseguró en documentos oficiales que el motivo del viaje fue una invitación a la décima Caravana de Migrantes durante el periodo del 19 al 26 de diciembre del 2018. El destino del viaje fue de la ciudad de Querétaro a Monterrey, Nuevo León. También menciona que las personas contactadas fueron integrantes de Asociación de Migrantes Unidos en Caravana A.C. y migrantes.

El acto es ilegal ya que la diputada Vianey Montes en un video que subió a su perfil de facebook acepta que mintió y alteró el reporte de gastos autorizado para el viaje que presuntamente realizaría del 19 al 29 de diciembre del 2018 por lo que la contraloría interna que encabeza Juan Jesús Rocha deberá a la brevedad realizar las investigaciones respectivas y proceder con las sanciones de su competencia y denunciarla ante las instancias correspondientes. Vianey Montes mencionó que entregó 5 mil pesos a gente de la mencionada asociación civil mediante el reporte de gastos como diputada.

Por su parte, la cuestionada coordinadora de finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán, también presenta responsabilidad al recibir y aceptar una comprobación de gastos a todas luces improcedente y cuyas irregularidades son más que notorias. Debió ser el rechazar la irregular comprobación por lo tanto se convierte en cómplice del acto al ocultarlo y solaparlo.

No se debe olvidar que la pasada legislatura es considerada la peor de la historia ya que contó con los mayores escándalos de corrupción, donde la contraloría interna jugó un papel fundamental al ser totalmente pasiva y omisa ante un sinfín de actos ilegales, entre los que destaca la existencia de una red de corrupción donde se utilizaron más de 50 empresas fantasmas para desviar cerca de 42 millones de pesos al falsear los apoyos sociales, comprobaciones de gasto y los apoyos legislativos. Hoy existen 21 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí en contra de al menos diez legisladores.

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En agosto del 2014 se dio a conocer a nivel nacional una de nuestras investigaciones que reveló que la administración de Fernando Toranzo había adquirido dos equipos de espionaje con un valor superior a los 19 millones de pesos. La nota fue publicada por el periódico La Jornada. Los insumos fueron adquiridos por medio de la dirección de adquisiciones de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, la cual validó la compra, por invitación restringida, a la empresa Ingeniería Kantier SA de CV, con sede en la ciudad de México.

Posteriormente con la llegada del actual mandatario Juan Manuel Carreras, en una nota nacional publicada por la revista Proceso, señalaba que se habían heredado dos equipos de espionaje. La actual administración primero negaba la existencia de los equipos de espionaje, luego aceptó que sí existían, pero que al parecer uno estaba extraviado.

El pasado 5 de febrero del 2019 realizamos una solicitud de información con folio 0123519 donde requerimos información relacionada con las ocasiones que la Fiscalía General (antes procuraduría de justicia) ha tenido que recurrir al uso de los equipos. Es importante señalar que sólo con la orden de un juez la fiscalía puede hacer uso de los equipos de espionaje. También se solicitó se fundara y motivara el manejo dado. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí que encabeza Federico Garza simplemente se negó a contestar violando gravemente la Ley de Transparencia. Al ocultar el uso de los equipos, deja entrever que posiblemente han practicado actos fuera de la ley al darle uso político. La fiscalía cuenta con muy poca credibilidad y con tales actos de opacidad, ante un tema tan sensible de la sociedad, genera una mayor preocupación.

Al no entregar la información solicitada generó de inmediato un recurso de queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que deberá aplicar la sanción correspondiente para el responsable así como la afirmativa ficta. Una mancha más en el nada transparente trabajo de la Fiscalía General del Estado.

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