Con los mismos métodos gansteriles de sus promotores, Fernández intimida, coacciona, chantajea a los diputados de las diferentes fracciones, para ejercer el mando político y económico en el poder legislativo. Aunque se rolan el control de la llamada Junta de Coordinación Política, en los hechos, desde las sombras, el “enlace� con el ejecutivo carga la chequera en la mano, lo que le permite contratar los asesores que se le antojan. Paga cifras millonarias a más de cien medios informativos, bajo su férula, para lo que se ofrezca. Aparece Contraréplica, que pertenece al dirigente estatal del Partido del Trabajo, Héctor Serrano Cortés, que tiene de socio a Gallardo Cardona. Fernández manipula, férreo, a la vocera, Yoali Andrade Pliego, a la que obliga, no contratar a portales, periódicos o revistas que se atrevan a cuestionar el desastroso desempeño de Gallardo o los legisladores sometidos.

Sin embargo, la arbitraria medida la fracturó un disidente, que recurrió al amparo. Un juez lo protegió ante el aberrante criterio excluyente. Fernández tiene la estrambótica consigna de dilapidar más de 300 millones de pesos en un innecesario nuevo edificio legislativo, por órdenes de su irredento y gastalón jefe, que buscó construirlo a un lado de otro adefesio, la Arena Potosí. Al parecer, se le agotaron las reservas territoriales. Gallardo y Fernández hacen mancuerna para someter sin clemencia a los diputados, a los que les gusta también, les pongan el pie en el cuello.