Acusan de prevaricador, al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona amenaza a los empleados estatales con despedirlos, para que, de manera forzada, apoyen sus redes sociales, a pesar de que los agrede, precariza sus condiciones laborales, los deja sin derecho a la salud y dilapida sus jubilaciones. Insiste de forma ilegal, desaparecer los sindicatos. Utiliza la fuerza pública para reprimirlos cuando protestan por tantos abusos.

La dirigente moral del sindicato independiente, Francisca Reséndiz Lara, informó que ha recibido denuncias de trabajadores afectados a los que obligan, les faciliten los nombres de sus portales en Facebook, para registrarlos en listados y grupos de Whatsapp, por parte de sus jefes en las dependencias. Los instruyen diario para darle likes a las publicaciones del mandatario y de la senadora, Ruth González Silva, en diversas redes sociales y los llamados Reels de You Tube. Los persiguen para que cumplan sus exigencias. En caso de no hacerlo, los pasan a “una lista negra�, en donde los corren u hostigan en los centros de trabajo.

“Gallardo tiene un delirio, quiere que lo quieran, lo amen a costa de entregar despensas, dadivas. Al notar el rechazo de los trabajadores, a los que agrede sin reposo desde que llegó, le da coraje. Recurre al chantaje, amenazas, pues carece de respaldo social. Viola los derechos humanos y laborales. Genera un clima de terror, para que aprueben sus publicaciones en diversas redes sociales, en al menos 19 direcciones distintas. Le exigimos, sea responsable, deje de lastimar a los compañeros. No crear burbujas en el aire, de fingir que es amado, cuando lo cierto es que infunde miedo entre las bases a ser despedidas y lo aprovecha�.

Lamentó que a más de tres años, Gallardo Cardona, “no sale de la etapa de campaña al promover su proyecto político, sin realizar un trabajo real, sólo fortalecer su imagen y la de la senadora, Ruth González Silva. Supera a la llamada “herencia maldita�, al impulsar de manera abierta al Partido Verde Ecologista de México. “Puede amenazar a los trabajadores, y crear un mundo de fantasía, de que su gobierno es eficiente, pero está fincado en mentiras. Se va a derrumbar, porque la ley y la razón se impondrán�.

Lara Reséndiz también denunció al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, que utiliza a su despacho jurídico particular, denominado Torsa Abogados, para cobrarles hasta el 40% de los recursos, en los premios por antigüedad, que corresponden a los trabajadores que buscan jubilarse. Les promete a los que perdieron su trabajo, recuperarlo, sí contratan sus servicios legales para demandar al gobierno estatal, lo que consideró aberrante, al ser juez y parte, porque tiene el control del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo.

Explicó que Torres Sánchez les dice a los burócratas, que si están inconformes con el trato que tienen por parte del gobierno, demanden. “A los que perdieron su fuente de ingresos, los manda a sus oficinas privadas. Les asegura que tienen el gane directo. “Es un conflicto de interés que usa a su favor. Es funcionario y al mismo tiempo, ataca al gobierno estatal�.

Por su parte, el asesor del sindicato, Francisco Parra Barbosa, explicó que el obligar a los empleados estatales a apoyar las redes sociales del mandatario, su esposa y gobierno, mediante el hostigamiento y las presiones, viola sus derechos humanos, dignidad y los discrimina. También vulnera su derecho a informarse, a tener bajo reserva lo confidencial y privado de sus datos personales en sus comunicaciones. “Habla de una dictadura, tiranía. Sólo en regímenes autoritarios se persigue y vigila a las opiniones públicas�.

Refirió que Gallardo Cardona trastoca los artículos 1, 5, 6, 7, 14, 16, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al instrumentar una política represiva, que violenta los derechos y la dignidad de los trabajadores. Además, en la Ley Federal del Trabajo, no existe precepto alguno que los obligue en lo contractual, a participar en una red social. Pisotea el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, al cometer delitos contra sus empleados.

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