Para demostrar que en San Luis, nomás sus chicharrones truenan, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pisotea la ley a su antojo. Un juez de distrito le ordenó regresar el servicio del seguro social a 3 mil 772 trabajadores que interpusieron un amparo, ante la medida arbitraria y unilateral. No hace caso a pesar de que le ganaron la suspensión parcial y definitiva. Sólo atienden a 180 agremiados al sindicato mayoritario de Bernardina Lara Arguelles, que padecen cáncer, lupus, cardiopatías o reciben diálisis. La gran mayoría sufren los efectos de las enfermedades en el abandono. Les dicen que por lo pronto, se vayan a los consultorios genéricos del doctor Simi. Gallardo tampoco hace caso de regresar a sus empleados, el servicio médico privado, donde los afectados ganaron la suspensión provisional de un amparo. Los atienden a cuenta gotas, no obstante que un comité del sindicato, está al pendiente de que reciban a los afectados. Hace poco le negaron la cirugía de la pierna a una mujer que ya la tenía programada.

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