¿Quién tiene derechos humanos? Sólo los seres humanos. ¿A partir de cuándo?….
La respuesta no es simple, decir que desde el momento de la concepción es aludir a la noción judeocristiana católica de que en cuanto el espíritu santo se posó sobre la virgen María y quedó preñada. Sin embargo, si se contesta que los derechos humanos inician desde el momento de la fecundación, cambia por completo el panorama, aunque tampoco contesta la pregunta. La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, llamada también Pacto de San José, deja a cada estado, la regulación jurídica al respecto, en México no hemos resuelto el tema. A la fecha, han sido los códigos penales los que han señalado las causales de exclusión de responsabilidad para que las mujeres no sean sancionadas si deciden abortar, cuando ha sido violada y resultase embarazada, por prescripción médica. Es decir, el médico le expone a la mujer embarazada que si continúa con la gestación, puede perder la vida. Se denomina también aborto terapéutico.

Otra excluyente de responsabilidad es el aborto culposo, cuando se produce sin que la mujer lo provoque, porque el producto no se logra con motivo de una matriz infantil, se rompe la fuente y se desecha el feto. O la mujer sufre un accidente, cae de las escaleras, choca el vehículo donde viajaba, suficiente es entonces haber padecido tales situaciones extremas, violación sexual, peligro de perder la vida o un accidente mortal, como para todavía sancionar a las mujeres, privándolas incluso de su libertad. Desde hace más de tres lustros, se han ampliado las excluyentes de responsabilidad en varias entidades del país, Yucatán y la Ciudad de México a la cabeza. En otras como en Guanajuato han ido incluso en contra, penalizando hasta los casos donde las mujeres fueron violadas y resultaron embarazadas, en fin.

Otras causales que han permitido que las mujeres puedan abortar sin ser sancionadas han sido la incapacidad económica para mantener más hijos. Ejemplo, una madre soltera con cuatro hijos puede alegar insolvencia para un quinto hijo. Otra, inseminación forzada, la mujer acude a atención médica y le implantan un ovulo fecundado o le realizan la inseminación sin su consentimiento. Otra es la malformación congénita y quizá la más controvertida que a mediados de la década pasada levantó ámpula en grupos conservadores y provocó enfrentamientos de toda índole, la interrupción del embarazo antes de la semana número doce, sin tener que justificar o explicar absolutamente nada. Si hacemos memoria, en ausencia de la hegemonía partidista, es cuando se produjeron los enfrentamientos, la Asamblea del aún Distrito Federal, votó ampliando la posibilidad de que las mujeres pudiesen abortar hasta la semana número doce, sin repercusión penal en su contra.

El asunto se politizó y tanto la Procuraduría General de la República como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentaron Acciones de Inconstitucionalidad en contra de la disposición del Código Penal del Distrito Federal. Al final la corte dio la razón a la Asamblea. La resistencia política que trató de cercar en otras entidades la ola de ampliación de excluyentes de responsabilidad penal para abortar sin sanciones, provocó que el PAN, mayoriteando en los congresos locales, como lo hizo el PRI en su momento, modificaron las constituciones estatales y así poner candados para impedir reformas, adiciones o modificaciones de los códigos penales estatales. Señalaron que «la vida comienza desde el momento de la concepción… y que no habrá más excluyentes, sólo las señaladas hasta el momento» en los códigos penales.

San Luis Potosí no fue la excepción, el diputado Vicente Toledo, a la sazón presidente de la cartera de derechos humanos, equidad y género del congreso del estado de San Luis Potosí, movilizó desde el dictamen y luego con votación en pleno con mayoría panista, para impedir el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El ex sacerdote católico, metido a la política se ufanaba de su logro, ir contra lo que mandata el artículo 133 constitucional, que señala que será ley de la unión, no sólo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley suprema. También los Tratados Internacionales que el presidente de la república suscriba y el senado apruebe. Es el caso que el Estado Mexicano, prácticamente ha firmado todos los tratados en materia de derechos humanos y desde 1993 con la Primera Conferencia internacional de Derechos Humanos, en Viena, Austria, se reconocieron los derechos de las mujeres. Todos también como derechos humanos, lo que lastimosamente nos muestra que el reconocimiento de las mujeres como seres humanos a nivel internacional, data apenas de la fecha y hacia acá.

Luego, en 1994, en la Conferencia del Cairo y en 1995 en la Cuarta Conferencia de las Mujeres en Beijín, China, se reconoció que las mujeres tienen derechos absolutos sobre su cuerpo, lo que les permite donar un órgano si lo quieren o abortar si es su decisión, sin tener que pedir permiso a nadie. Pero las decisiones políticas y contrarias a los derechos humanos en el país y en general en américa, han polarizado a la opinión pública, desinformando y dividiendo, confrontando sobre los acuerdos internacionales. El caso de San Luis Potosí es paradigmático, se reformó el artículo 16 constitucional local y se plasmó la noción de derecho canónico en una norma laica, que la vida comienza desde el «momento de la concepción». Contrario o distinto a lo que marca la normativa en la Ciudad de México, que dicha vida y sus derechos humanos comienzan a las doce semanas.

Algunas y algunos intentamos revertir en 2009 el adefesio jurídico instrumentado por Toledo y sus compinches, consejeras y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí impulsaron una acción de inconstitucionalidad, que no prosperó porque el consejo, con diez miembros, quedó dividido, cinco votaron a favor de presentar la iniciativa contra la votación del congreso y cinco en contra. José �ngel Moran Portales, impuesto por Toledo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se inclinó con su voto de calidad en contra de los derechos de las mujeres. Algunos nos acercamos a la nueva legislatura, la entonces diputada Beatriz Benavente nos hizo caso y se logró con el 30% de los nuevos diputados, presentar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 16 de la Constitución local que impedía avanzar en la despenalización del aborto.

Comentó Benavente que hasta Beatriz Paredes, entonces líder nacional del PRI, le llamó para felicitarla, pero sólo en corto y de dientes para adentro, porque en público el PRI no se posicionó nunca a favor de los derechos de las mujeres. Buscó agradar a la iglesia católica. La corte resolvió dejar en el limbo el asunto, devolviéndole al congreso la posibilidad de votar otra vez. No ha sucedido porque las legislaturas han sido indolentes y sólo han estado prestas para la foto y la simulación cuando de los derechos de las mujeres se trata, a pesar de que el número de diputadas ha aumentado. No significa que tengan perspectiva de género ni practiquen la sororidad que apela la feminista Marcela Lagarde. Pero, aunque el código penal potosino señale excluyentes de responsabilidad y permita la práctica del aborto legal, la realidad a la que se enfrentan las mujeres en San Luis Potosí muestra la ausencia de un protocolo para la interrupción del embarazo, porque no existe un listado de médicos que ejecuten el aborto, hospitales donde se aplicarán y métodos abortivos.

Priva en casi todos los casos, la negativa bajo argumentos ideológicos, religiosos, de una ética hipocrática o simple y llanamente de violación por omisión de los derechos humanos de las mujeres, lo que hace nugatorio el ejercicio de los mismos. Es decir, en San Luis Potosí, la interrupción legal del embarazo es una farsa, es una burla a las víctimas de violación sexual, si es que resultan embarazadas, el Estado no responde como debe porque en la realidad está sujeto a los dictados del arzobispo y los grupos facticos conservadores, prensa, ricotes y otros pecadores sociales que se desgarran las vestiduras en el asunto, pero como sepulcros blanqueados, por dentro tienen la podredumbre. ¿Qué les queda a las mujeres víctimas de un sistema nugatorio de sus derechos? Irse a la Ciudad de México, las chicas fresas que gocen de patrocinio económico podrán ir a Houston o San Antonio a «sacarse el apéndice». Las mujeres jóvenes sin recursos de los cinturones de miseria tendrán que acudir a las comadronas, que con ganchos de ropa practicaran legrados mortales o les harán beber infusiones de ruda y centeno, bajo el riesgo de perder la vida, porque el asunto del aborto, es una cuestión de salud pública, no resuelto, en cifra negra.

No sabemos cuántos abortos se practican porque con o sin ley, miles de mujeres abortan, ya que el estado es omiso, irresponsable, punitivo, violador de sus derechos humanos al no garantizarles el derecho a la protección de su salud con la interrupción segura del embarazo. Es un estado Matricida, genocida, violador de los derechos humanos de las mujeres. El primer feminicida es el estado. Y es desde la violencia institucional que en Argentina, surge la marea verde, que nos ha llegado. En Oaxaca se dará el paso, que de lograrse, iniciará el proceso hacia el resto del país para despenalizar el aborto y garantizar a todas las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su proyecto de vida.

 

 

 

 

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