Un total de 813 mil pesos adeuda el congreso local a los 20 integrantes de un grupo técnico que realizó los trabajos de la consulta indígena, que se paralizaron por la actual pandemia del Covid 19. Les tomaron protesta el 27 de enero del año en curso. El presidente del congreso Martín Juárez informó que tenían una partida autorizada por 4 millones 300 mil pesos. Los contratados imaginaron que no habría problemas para cubrirles los salarios. Pero rápido les puso trabas la Junta de Coordinación Política que preside el panista Rolando Hervert. También figuran, del PRI, Mauricio Ramírez Konishi, de Morena, Edson de Jesús Quintanar, del PT, Paola Arreola, de Nueva Alianza, Marta Barajas, del PRD, Isabel González, del Verde Ecologista, Cándido Ochoa, de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera, de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos y de Encuentro Social, Mario Lárraga.

La secretaria técnica del organismo independiente, Ana Marcela Sánchez Flores, destacó que se empezaron a mover con dinero de sus bolsillos. El 14 de febrero el congreso sacó la convocatoria, lo que hizo creíble el encargo operativo. “Le dije a los diputados que ya no teníamos recursos para continuar. Nos dijeron que pronto saldrían los fondos. Nosotros entregamos material de análisis, como las 18 iniciativas que ya existen y había que repartirlas en las comunidades. Sacamos financiamiento de dónde pudimos. Debemos a los traductores, un proveedor de copias. No nos han cubierto el salario ni regresado lo que aportamos. En los trabajos de estudio participan personas de varias zonas. Hay madres solteras con hijos, padres de familia, que aportan el sustento. Viven de manera precaria. Tienen menos opciones de comprar productos sanitarios y alimentos para subsistir en la contingencia�.

Denunció que los legisladores se han comportado de forma pésima, han pisoteado su dignidad como personas. El 19 de marzo se trasladaron desde la huasteca para buscar un diálogo, pero se negaron a recibirlos. “Yo misma renuncié a mi empleo anterior. Nos contrataron en lo particular. Varios compañeros hicieron labores previas, están adscritos a la Casa de la Mujer Indígena en Axtla de Terrazas. Hay muchas deficiencias en el congreso. El asesor de la cartera de asuntos indígenas, Ulises Arista, que depende de la titular, Rosa Zúñiga, debía estar al pendiente. Al contrario, perjudica los avances. Antes participó cuando se elaboró la ley, pero ni siquiera la conoce. Es poco profesional. Sin fundamentos, buscó acelerar los tiempos. El Consejo Estatal Electoral nos asesoró en Valles. Arista fue con otra persona. Le planteamos varias dudas sobre las iniciativas. No supo responder porque las ignora�.

Sánchez lamentó el nulo desempeño de Arista, que nunca informó de los acuerdos. O negaba haber recibido documentos, por lo que fue desmentido frente a su jefa Zúñiga. Fue por lo que solicitaron removerlo, por su falta de compromiso. El tema se complicó. Los diputados discutieron sobre el manejo de la partida. Entonces decidieron hacer pública la nula paga. “Los legisladores se deslindan de nosotros. Me exigen de manera verbal, entregar lo que habíamos elaborado. Contestamos que en digital. El acuerdo no era trabajar y que nos iban a dejar en la calle. Elaboramos la metodología, que debe tener el congreso, pero nunca facilitó Arista. Hicimos las propuestas, reuniones con los directores de asuntos indígenas de los ayuntamientos. Asistieron las diputadas Rosa Zúñiga y María del Rosario Sánchez. Hicimos las asambleas municipales para definir las sedes. Conseguimos a los traductores, nos coordinamos en equipos para abarcar las distintas zonas, entregar las convocatorias y el material de análisis en las 61 sedes�.

“Planteamos acompañarlos en los acuerdos estatales y leyes. Y según su experiencia, decir qué normas deben cambiarse, por causarles problemas o impiden ejercer los derechos colectivos. Nos faltaron 10 asambleas en las mismas comunidades, por estar en una etapa crítica. Los técnicos no tenían para moverse. Conseguimos dinero prestado para sacar los juegos de copias de las 19 iniciativas de 200 hojas. Fue por lo que propusimos la oralidad. Algunos plantearon entregar las leyes a modificar, que superan las 600 páginas. No íbamos a entregar tales mamotretos, saturarlos de información. Además, nos han solicitado darlas en español, no en su dialecto. Los diputados exigieron las actas originales. Les dijimos que tenemos el derecho de retenerlas hasta que nos cubran el salario. No somos una empresa o consultoría�.

“Fue una excusa para no pagar, ya que se las enviamos por vía electrónica. Martín Juárez externó que nos iban a liquidar hasta entregar los resultados. Miente o está mal informado. Si falta el trabajo previo, no sacan la convocatoria. Es un pretexto absurdo. Detenemos los originales para protegernos. No confiamos en los diputados, cuando ya ni siquiera nos reciben. Cumplimos y pusimos de nuestro bolsillo. No valoran ni respetan el empeño. Nos discriminan, pisotean los derechos de las comunidades. La partida que tienen autorizada es para mobiliario, pantallas, comida de asistentes, publicar las convocatorias, gastos operativos, salarios, traslados, gasolina, las 61 asambleas, foros regionales. Se les hizo mucho dinero, pero desconocen lo que se hace para ir a los poblados. Los que participan en campañas, saben que se hacen gastos fuertes�.

El 18 de marzo les dijeron que por el contagio, se suspendían las labores. “Lo cierto es que el congreso no le da importancia a la consulta. Existe una sentencia en materia comicial que debe cumplirse a fuerza. El Consejo Estatal Electoral debe vigilar que se concrete. El tema se ha politizado, hay muchos intereses. Algunos diputados quieren meter a sus aliados políticos. Aceptamos porque creímos que hay un interés de actuar de manera positiva, sin favorecer a partidos ni candidatos, con respeto a los derechos indígenas. La ley de la consulta indígena se aprobó en el 2010, es una de las más completas del país. Está en ciernes la primera consulta, según la misma norma. Es importante que los etnias hagan sus iniciativas, saben lo que necesitan, qué bloquea sus derechos. Los temas son electorales, plantea establecer los distritos indígenas, para que estén representados en el congreso y ayuntamientos. Donde haya mayoría indígena, existan elecciones según sus usos y costumbres, no lo que establecen los partidos políticos�.

Sánchez resaltó que nunca se ha representado a los pueblos indígenas. Algunos se auto denominan sus defensores, sin tener ningún trato. “La consulta busca que los distritos locales 13, 14 y 15 se tipifiquen como indígenas, ya que tienen más del 70% de pobladores autóctonos. Y sean los que reconozcan o entreguen documentos a los candidatos. En la consulta iban a exponer cómo se les puede reconocer en su calidad de originarios. Existen pocos diputados de raza indígena. Los que son no cubren el porcentaje que deben tener en el congreso. Se busca que funcionen como sucede en el distrito 7 federal. Según el censo del 2015, existen 391 comunidades registradas. En total hay cerca de 250 mil indígenas, de las etnias Xio o Pame, que se ubica en parte de la huasteca y zona media. La Tének o Huasteca y la Náhuatl, en la huasteca. Otras que se consideran migrantes están en la capital, como los Huicholes o  Wixaricas, que tienen su centro sagrados en Real de Catorce. Aparecen además los Mixtecos o Mazahuas y los Triquis. Los Huachichiles participaron en las elecciones para crear la instancia indígena en el ayuntamiento de la capital�.

Citó que en la actual legislatura local, Cándido Ochoa, que se registró por el distrito once de Tancanhuitz, sería el equivalente a un ícono indígena. “Hay diputados que impulsan la cuota natural. A otros no les conviene, ya que buscan postularse en la zona media. La ley indígena establece que se deben abordar varios temas, como los planes de desarrollo, municipal y estatal. Cuando iniciamos las consultas, a algunas comunidades les inquietó cómo elegir a los directivos del Instituto Nacional de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Se propone que sea el consejo, aunque se puede modificar para que las comunidades tengan prevalencia. Se incluyeron temas de salud, como la violencia obstétrica y reincorporar las parteras, cuya práctica se pierde�.

“Hay iniciativas para modificar el registro civil, para que haya actas en otros dialécticos y se respeten los nombres. Se cambie el cargo de directores a coordinadores de las unidades administrativas de asuntos indígenas, como ya existe en el ayuntamiento de la capital. Implica que exista un espacio más completo, con personal independiente. Los demás departamentos que existen, son precarios, con una o dos personas�. La antropóloga social estableció que por derecho, hay que reivindicar a los pueblos indígenas. La diversidad cultural debe permanecer. San Luis Potosí tiene una amplia población, que cumple importantes tareas sociales y económicas�.

“Mientras no se respeten los usos y costumbres y sean escuchados en sus demandas, no habrá avances. Tampoco con políticas establecidas desde arriba, nunca serán incorporadas las demandas. Incorporar más gente oriunda en las diversas instancias. En nuestro reclamo de pago, nos discriminó el congreso. Hay muchas resistencias dentro. Es lamentable el trato a los técnicos, que entraron con un gran compromiso. Los tratan como personas que no se saben defender por los prejuicios hacia los indígenas. Ante la pandemia, no pueden ocuparse en otras áreas. Hacemos responsables a los diputados si algo les pasa, por el dinero que adeudan o debieron reponer. Les quitaron la alternativa de ocuparse en otras áreas, aunque fuera de temporales. Las votaciones bajaron en sus lugares de origen, ya que los buscan sólo por intereses políticos�.

Comments

comments