El toldo de dos por dos metros cuadrados, que instaló la quejosa María de Jesús Almendárez Prieto a media plaza de armas, frente a palacio de gobierno, para iniciar un plantón, quedó disminuido. La taparon con dos más grandes, del sindicato independiente de burócratas Trabajadores y otro del sindicato mayoritario a los que antes perteneció y renunció cuando sus líderes la corrieron por denunciar sus tropelías y proteger al ex delegado sindical, Juan Martín Gática, al que Almendárez acusó de abuso y acoso sexual. Busca se cumpla la ley en sus esfuerzos que superan los cinco años. El pasado 20 de agosto, acompañada de una sobrina, se apostó frente al edificio gubernamental, ante la mirada de sorpresa y enojo de quienes en el pasado fueron sus compañeros. Con el expediente en las manos, reinició el camino. Exigió la renuncia del titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jorge Vega Arroyo, por violar sus derechos humanos.

En el 2017Almendárez solicitó acceso a los Recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por la violación a los derechos humanos. En el 2015, el estado pasó por encima de sus garantías cuando denunció por la vía penal a Gática Izaguirre. El 25 de junio del año en curso con el expediente en proceso de integración y por sobre el derecho de audiencia, Vega resolvió cubrir con asistencia psicológica el daño provocado cuando la reubicaron de su puesto de jefe de departamento del área de contabilidad en la secretaría de desarrollo urbano y obras públicas a diversas dependencias por petición de compañeros sindicalizados que la catalogaron como una persona negativa. En el resolutivo, Vega Arroyo propuso en su plan para reparar el daño un programa de 42 sesiones de terapia psicológica con un costo del mil 200 pesos cada una. En un acto doloso asentó que entregó a la afectada, por la vía de reposición de gastos, 25 mil 43 pesos, que correspondían al pago económico por el daño moral, cuando el dinero corresponde a gastos que Almendárez hizo cuando inició la lucha y se encadenó 31 días en el edificio de la oficialía mayor. Le repusieron los fondos que se encuadran en el programa de ayuda inmediata que opera la instancia.

La comisión está obligada a destinar apoyos económicos a las víctimas de manera inmediata, pero Vega Arroyo intentó usar como pago de daño moral. En el 2017 Almendárez, después de levantar el plantón, solicitó le repusieran lo gastado. Entonces la titular Julieta Méndez Salas le negó la petición, argumentó que su caso era político. La quejosa se plantó frente a palacioó de gobierno para exigir se cumpliera con la ley. Méndez fue cesada, la sustituyó Vega, que para evitar desgastes prematuros, cubrió la cifra. Incluso en el texto, asentó que se reponían los 25 mil 43 pesos. Sin embargo, metió la solicitud al cajón. La desempolvó por las presiones y en menos dos días la resolvió, pero igual que los demás funcionarios, revictimizó a la ofendida. La sexta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le puso un ultimátum, lo mismo que al secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, su jefe inmediato. Mediante escrito les advirtió que tenían cinco y tres días para resolver. El órgano nacional de los derechos humanos debió emitir una recomendaciónn que además donde determinara el incumplimiento y por endee una sancionarlos.ón.

Vega Arroyo, cuyo trabajo solo era solo vigilar si las autoridades cumplieron, si o no; no solo resolvió luna solicitud de un expediente abierto, sin notificaro a la víctima con copia simple, sin firmas ni sellos y la introdujo por la puerta,; dejóo en estado de indefensaión a la víictima, violóo las garantías de audiencia. Emitió una resolución sin pies ni cabeza, fue el único beneficiario, fue el mismo, cumplió en tiempo conn la petición del la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “salvo su pellejo�, a cambio de pisotear alos derechos humanos de Almendárez. “Vega determinóo que no o todo es dinero,. qQue se le diga eso al abogado. Casi me dijo gracias por participar�. El comisionado no resolvió la solicitud con los ojos cerrados,; ya que nunca fue ajeno a las violaciones a los derechos humanos y abusos laborales, como pasó con la que durante más de cinco años ha sido objeto la demandante. En el 2013 Marychuy interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra su compañero de trabajo Juan Martín Gática Izaguirre por abuso y acoso sexual. Vega determinó que no se acreditaba el reclamo. la queja.

El 16 de diciembre del 2015, Almendárez presentó otra queja en la misma instancia por violación a sus derechos humanos en contra de 67 servidores públicos de la Seduvop. Los señaló como responsables del documento. Solicitó medidas cautelares para su seguridad. Sin embargo la violencia no paró. Los trabajadores sindicalizados, azuzados por Gática, elaboraron, firmaron y enviaron un escrito al sindicato que comanda desde hace 34 años Bernardina Lara Arguelles. El grupo argumentó que desestabilizaba la armonía y el compañerismo. Lara turnó la petición al titular de la secretaría. El director administrativo de finanzas le pidió a la afectada presentarse en la oficialía mayor. En enero del 2016 a través del formato de la comisión laboral se le ubicó en el Instituto Estatal de la Mujeres en donde estuvo nueve meses, pero se le excluyo en el proceso de certificación. La trabajadora presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que terminó en la contraloría estatal para inicio del procedimiento administrativo que aún no termina.

La oficialía mayor, vía recursos humanos, envió a Almendárez en una nueva comisión laboral a la Secretaria de Educación por un período de seis meses, sin mediar un acuerdo para su adscripción en la dependencia, donde ni siquiera se le recibió. Permaneció a disposición de la oficialía mayor durante 21 días sin llevar a cabo ninguna actividad y debajo de unas escaleras. El 8 de noviembre del mismo 2016 la dependencia la envió en una tercera “comisión laboral� a la Secretaría de Cultura, también por seis meses se le envió al archivo, sin las condiciones y herramientas necesarias para realizar el trabajo. Almendárez promovió una queja en la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno del estado por violación a sus derechos y discriminación. La petición tampoco avanzó, sin salida recurrió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pidió el expediente. El órgano nacional ordenó a Vega retomar el caso. Pidió a las partes conciliar. La victima rechazó la propuesta. Vega dejó el cargo a Jorge Andrés López Espinosa.

En mayo del 2017 emitió la recomendación 03/2017 que dirigió a la Oficialía y Seduvop. La CEDH determinó que se vulneraron los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y que las dependencias estatales discriminaron a Almendárez ya que no realizaron acciones para evitar cualquier práctica discriminatoria, luego que la decisión de reubicarla se debió a una petición de trabajadores sindicalizados en la que catalogaron de manera negativa a la víctima. También señaló que la Oficialía Mayor trasgredió el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de la víctima al realizar conductas contrarias al derecho y ejecutar injustificados movimientos de una dependencia a otra. Y recomendó a ambas dependencias colaborar en el seguimiento e inscripción a favor de Almendárez como victima directa y su hijo Rubén David Almendárez como víctima indirecta en el Registro Estatal de Victimas para que se realice una reparación integral y se tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia en la que se incluya tratamiento médico y psicológico, girar instrucciones a quien corresponda para que la víctima directa sea restituida en sus derechos y se respete la adscripción de origen. Colaborar con el órgano de control interno para que se inicie, substancie y concluya el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos. Instruir que se incluya en el programa de capacitación a los servidores públicos de ambas dependencias, el tema de derechos humanos, en particular los derechos a la igualdad, no discriminación, la legalidad y seguridad jurídica.

El 28 de noviembre del 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador Juan Manuel Carreras sobre el caso de violaciones a los derechos, al trato digno y una vida libre de violencia contra la mujer en agravio de María de Jesús Almendárez. El órgano determinó que fue revictimizada por el estado y servidores públicos. Además no recibió un trato digno de la comisión sindical y la Secretaría de Cultura, se llevó a cabo sin el consentimiento de la víctima y sin justificación legal. También señalo que los compañeros produjeron una afectación a su integridad psicológica y por ende trasgresiones a su derecho a una vida libre de violencia pues la autoridad debió adoptar medidas tendientes a generar un clima laboral adecuado y proteger el derecho   de la victima directa a una vida libre de violencia.

   La CDNH recomendó reparar el daño ocasionado a Almendárez, inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas, otorgar atención médica y psicológica especializada, inicio a la investigación administrativa correspondiente a autoridades de la Secretaría de Cultura, capacitación en materia de derechos humanos en particular al trato digno y de las mujeres para vivir una vida libre de violencia, dirigida al personal de la secretaría. La autoridad estatal simuló atender la recomendación 03/2017,   reubicó a la quejosa luego de que estuviera 31 días encadenada. Ya tiene más de un año sin realizar actividad alguna. Está congelada. El mobiliario está vacio, las compañeras que movieron de la dependencia para cubrir el engaño están en el edificio de origen de la Seduvop, ubicada en Cordillera Himalaya 295, colonia Garita de Jalisco. Carreras tampoco cumplió con la recomendación, al contrario, le gritó a Almendárez en el palacio de gobierno cuando le pidió que la atendiera.

Igual que los demás, Vega Arroyo revictimizó a la quejosa, violó su derecho de audiencia, mintió cuando dijo que el daño moral estaba cubierto con 25 mil 43 pesos que le entregó, resolvió sin cerrar el expediente, hasta el 25 de junio del 2018 en que se emitió la resolución del centro de víctimas, el gobierno estatal o autoridad responsable, no remitió evidencias de las acciones pertinentes para garantizar los derechos humanos de Almendárez, ni justifico la determinación de reubicarla en otras dependencias distintas a la de su adscripción. Sin embargo, sin firmas ni sellos por debajo de la puerta del domicilio de la afectada, el 12 de julio, Vega, en copia simple le notificó la resolución. El 21 de agosto, Almendárez se plantó por segundo día frente a palacio de gobierno. La acompañaron cuatro personas a las que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas mantiene en la orfandad. Anunció que juntarán más inconformes para solicitar la destitución de Vega Arroyo. Lo acusó de convertir la institución en una dependencia más que las victimiza.

El 12 de julio recurrió al amparo federal contra la resolución del CEEAV en la que presuntamente se acordaron medidas de reparación integral del daño moral por las recomendaciones de las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos. Señaló que el comisionado no se apegó a las medidas de satisfacción, tampoco le repuso todos los gastos que hizo en busca de justicia. Acusó a la institución y su titular de no respetar el derecho de audiencia. Vega resolvió que solo necesitaba atención psicológica y no todo era dinero. Advirtió que si la comisión, en su lugar, hubiera determinado como medida de satisfacción una disculpa pública a la víctima, sería más que satisfactorio, por el daño que le generaron los servidores públicos que le causaron un descrédito como trabajadora. Dijo que tampoco consideró gastos por 16 mil 123 pesos relacionados con los trámites a las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos. Aseveró que la comisión y su responsable determinaron indebidamente repararle el daño de manera integral, considerando las dos recomendaciones. La primera emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la segunda por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando se debieron considerar de manera individual. Asentó no estar conforme, con el plan de reparación propuesta por la comisión, ya que la resolución trasgrede sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y derechos humanos.

Explicó que la comisión le negó sus derechos al resolver un expediente que relaciona de manera conjunta ambas recomendaciones, cuando son actos distintos. Refirió que la institución violó sus derechos humanos y garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica, como la exacta aplicación de la ley y justicia pronta, completa e imparcial que dicta la constitución. Además la autoridad violentó su propia resolución, en el acuerdo cuatro estableció que por conducto del área de asuntos jurídicos y derechos humanos de la comisión, “notifíquese personalmente para la presente resolución a la víctima directa, haciéndole de conocimiento que en caso de inconformidad le asiste el derecho de impugnación�, lo que no ocurrió, se le notificó por debajo de la puerta. En la solicitud de amparo Almendárez asentó que los conceptos de reparación que señala la comisión son incompletos y por consecuencia insuficientes para repararle el daño integral porque al momento de resolver no se le permitió ingresar gastos pendientes que contempla el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral así como evidencias que estaba por entregar como la entrevista inicial como víctima, copia del acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio y carta compromiso. Significa que hasta el 26 de julio en que se interpuso el amparo, el expediente se encuentra incompleto, carece de requisitos que señala el Fondo de Ayuda.

Aseveró que en la resolución se hace alusión a que se atendieron las recomendaciones 03/2013   dirigida a Oficialía Mayor y Seduvop y la recomendación 61/2017 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Carreras. Dijo que es improcedente, ya que cada recomendación tiene su particularidad y determina de manera independiente puntos recomendatorios y que en su momento la institución debió emitir su resolución para cumplir la reparación del daño moral. Sin embargo, las incluyó porque la autoridad pretende resolver de manera conjunta para evitar la asignación de gastos y tratamientos de acuerdo al daño psicológico. Almendárez acusó a la institución y su comisionado disimular reparaciones de daños a futuro. Además, adjuntar a la resolución el peritaje psicológico que corresponde al proceso penal 10/2014 en contra de Gática, por los delitos de abuso y acoso sexual que cometió en contra y que no corresponden a las recomendaciones que se hicieron a todos los entes.

En el documento de amparo Almendárez señaló que la comisión mintió en su resolución al establecer que se otorgaron medidas de rehabilitación como tratamiento médico y atención psicológica, que el estado le otorgó, lo que originó le dieran incapacidades laborales. Refirió que a raíz de los actos de discriminación y violación a sus derechos humanos y laborales, su salud se complicó y tuvo que acudir de forma particular a solicitar atención medica con el doctor Miguel �ngel Paredes Granados, especialista en medicina interna. El 28 junio del 2018 le diagnosticó diabetes militus tipo 2, descompensada, neuropatía visceral y síndrome depresivo. Fue el que determinó la necesidad de guardar reposo y que las capacidades que se canjearon fueron resultado de la orden. Puntualizó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas bajo el mando de Jorge Vega dio una resolución ilegal, violatoria de sus derechos humanos y las de su hijo Rubén Almendárez como víctima indirecto. Subrayó que además vulneran sus garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica. Sostuvo que la institución afectó sus derechos como víctima al hacer negatorio su acceso de manera completa al fondo de ayuda. Además la dejó indefensa para llevar a cabo la debida integración de las recomendaciones.

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