El sindicato mayoritario de trabajadores estatales que encabeza Bernardina Lara Arguelles, publicó un desplegado que tiene como destinatario al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Le hacen saber que desde que llegó al mando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, emprendió una serie de acciones para generar un clima de terrorismo laboral. Ha mostrado un nulo interés en respetar la ley, los derechos laborales y humanos, lo que han documentado de manera fehaciente.
Lo acusan del despido masivo, injustificado e ilegal de trabajadores que le costará una suma millonaria por el pago de reinstalaciones, salarios caídos y otras prestaciones. Le suman retrasos al cubrir salarios, aguinaldos y fondo de ahorros. Obliga a los trabajadores a jubilarse y luego no les salda las prestaciones correspondientes. “Lo más grave, tiene una deuda histórica con la directiva de pensiones, por no entregar los descuentos a los salarios, que asciende a mil 86 millones 226 mil 288.67 pesos, en tan sólo en un año de gestiones. El débito es mayor a lo acumulado en los últimos 6 sexenios�.
Los agraviados resaltan, “por si fueron pocos�, los daños cometidos de manera abrupta, unilateral e ilícita, cuando decidió quitarles el servicio del seguro social, sin previo estudio que midiera de forma objetiva, el impacto de lo decidido. Sin considerar a adultos y niños, que reciben tratamientos de quimioterapias, hemodiálisis, lupus, cardiopatías, hipertensiones, diabetes y otras enfermedades crónico degenerativas. Lo que atenta contra su salud y vida. Atentó contra el derecho a la seguridad social.
Los afectados le dicen a López Obrador, que Gallardo miente al afirmar que el 99% de sus empleados, decidieron renunciar a los beneficios del seguro social. También es falso que reciban atenciones en el lujoso Hospital Lomas. Exponen que el servicio médico privado es de cobertura limitada. Cuando agotan el rango contratado, los enfermos acudían al seguro, lo que ya no podrán hacer. Además, se los brindan de manera incierta, debido a los frecuentes retrasos en los pagos.
Al quitarle el seguro, reclamaron, les violentan el derecho humano a la salud, ya que la instancia tiene la infraestructura para proveer medicamentos, atenderlos de manera integral y universal. Otorga ayuda para enfermedades catastróficas y servicios especializados, que ningún órgano privado cobraría a menor costo. El seguro está calificado para dictaminar y establecer una enfermedad por riesgo de trabajo y dar las incapacidades respectivas.
“Sabemos que el gobierno estatal planea crear un fideicomiso para cubrir los gastos médicos de los trabajadores. Pero también conocemos sus instrucciones señor presidente López Obrador, de extinguir la figura, por carecer de transparencia y prestarse a corruptelas. Es sabido por los todos los potosinos, que Gallardo ha invertido en proyectos irrelevantes y gastos superfluos, como el monumental árbol navideño, las fachadas de los parques Tangamanga, los conciertos gruperos con elevados costos y un inminente lienzo charro�.
Le exponen al tabasqueño que “un buen gobierno debe respetar y cuidar a sus trabajadores, los que sostienen y fortalecen la administración pública�. Indican que han invitado a Gallardo a trabajar con sinergia, apegado a derecho y respeto absoluto a los derechos humanos, lo que no han conseguido. Denunciaron su absoluto malestar por haberles quitado el seguro social y exigen se los regresen en lo inmediato, “por la dignidad de los agremiados enfermos y derechos humanos de los burócratas�.

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