Un grupo de empleados de la secretaría del bienestar, denunciaron que el delegado Guillermo Morales López, no ha podido resolver el atraso en el pago de once quincenas a enfermeros del programa Salud casa por casa, que lleva atenciones médicas a los hogares de los beneficiarios desde mediados del 2025.

También denunciaron la incompetencia del administrador Cristian Pérez Rosales, que no resuelve la carencia de agua, mantenimiento de instalaciones y nula limpieza del edificio, lo que no impide atender a miles de personas que acuden a realizar trámites.

Resaltan que desde la llegada de Morales al cargo, resalta la incompetencia de sus colaboradores y múltiples denuncias de manejos irregulares de los programas sociales.

Señalan que en una comunidad de Guadalcázar, los encargados de hacer las obras, las cotizan con sobrecostos. Los obligan a contratar a ingenieros prepotentes y sin experiencia. Mejor contratan a albañiles locales, más capaces y con precios justos.

Aseguran tener evidencias de corruptelas y saqueos generadas en La escuela es nuestra y La clínica es nuestra, toleradas por Morales. Los quejosos exigen el pago por el trabajo realizado.

Otro grupo de quejosos denunció que Morales solapa a aviadoras en Matehuala, como parte de los favores políticos que le hace al delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Guillermo Martínez. “Hay otros empleados que figuran en nómina, sin que desempeñen alguna labor, mientras los activos enfrentan cargas extraordinarias de trabajoâ€�.   

Relataron que a inicios del 2005, enviaron a un grupo a comisiones efectuadas en Tamaulipas, Baja California y la huasteca potosina, en tareas para repatriar a migrantes, censos y atender emergencias. Aunque son labores que competen a sus atribuciones, por el gran cúmulo de llamados, recibieron presiones y amenazas de Morales para cumplir más rápido.

Los denunciantes establecen que tienen documentos fidedignos de las declaraciones patrimoniales de las involucrados, donde se alude a las fechas en que fueron contratadas, áreas donde residen y funciones asignadas, lo que coincide con padrones y archivos de la estructura federal.

Mencionan a Lailah Damaris Martínez, servidora de la nación, que se incorporó a la nómina el 1 de marzo del 2024, adscrita a la unidad coordinadora de delegaciones para difundir los programas sociales. Su ingreso coincide cuando su hermano Jesús Guillermo Martínez era director regional del bienestar, cargo que dejó en el 2025 para convertirse en delegado de la Sedatu, considerada una cartera estratégica.   

Otro expediente corresponde al de Mayra Fernanda Ibarra Loredo, dada de alta el 1 de febrero del 2024, en la misma unidad y con funciones similares. Ambas aparecen adscritas a Matehuala. Pero jamás laboraron en el municipio u otro. En contraste con empleados que cubren comisiones fuera del estado. Las excepciones fueron toleradas por Morales, responsable administrativo en San Luis.

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