El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona decidió aumentar otra vez el presupuesto de la Arena Potosí para el 2026. En el 2025 lo tuvo en 40 millones de pesos. Ahora será de 55 millones 560 mil pesos. Registra un incremento superior a los 15 millones de pesos, a pesar de que el recinto opera bajo un esquema de oscurantismo total. Ya blindó sus estados financieros hasta el 2030. El incremento confirma que la prioridad no es la transparencia, sólo mantener con recursos públicos, un negocio privado, ligado al mandatario, su familia y círculo político más cercano.

La Arena Potosí fue anunciada como un proyecto auto sustentable, que no costaría un solo peso al erario. Lo cierto es que en solo dos años, ha recibido más de 90 millones de pesos del presupuesto estatal, 40 millones en 2025 y más de 55.5 millones aprobados para el 2026. Todo ocurre sin que exista un solo informe público sobre ingresos, gastos, contratos, nómina o destino de los recursos. No obstante, el gobierno insiste en malversar recursos y los incrementa de manera deliberada, incluso por encima de áreas estratégicas.

El techo financiero asignado a la Arena Potosí para el 2026, supera a más de una veintena de depencias culturales, educativas y de apoyo a la gente, como el Instituto Potosino de la Juventud, que recibió arriba de 27 millones de pesos. La Secretaria de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, consiguió más de 43 millones de pesos. El parque Tangamanga 2, que apenas cuenta con una decena de guardias y carece de todo tipo de mantenimientos, obtuvo más de 54 millones de pesos. El Registro Catastral del Estado, que opera sin computadoras, apenas recibió 26 millones 92 mil 763 pesos. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, solo obtuvo más de 5 millones de pesos. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, superó los 35 millones de pesos. Bellas Artes logró 27 millones de pesos. Mientras las instituciones enfrentan recortes o presupuestos limitados, la Arena Potosí recibe constantes aportes sin rendir cuentas.

La Arena Potosí, manejada de manera arbitraria por Gallardo Cardona, decidió reservar por cinco años, todos los informes financieros, hasta el 21 de septiembre del 2030. El ocultamiento incluye ingresos por boletaje, renta o venta de los 41 palcos, cobro de estacionamiento que ha llegado a 100 pesos por vehículo, renta de espacios publicitarios, contratos con promotores, sueldos, número de empleados, gastos operativos y el manejo de los recursos públicos ya entregados y los que recibirá en el futuro. La justificaciones pueriles que argumentan es que se afectará la competencia económica del inmueble. Argumento que en los hechos garantiza impunidad y protege un negocio familiar, patrocinado con dinero público.

El oscurabtismo es aún más grave si se considera las intensas actividades comerciales de la Arena Potosí. Inaugurada el 7 de octubre del 2024, tras un gasto público superior a los 600 millones de pesos, con capacidad para más de 22 mil personas y 41 palcos, el local ha servido de sede, de una larga lista de actos masivos, como el Campeonato y Congreso Nacional de Charrería 2024. Conciertos de Los Tigres del Norte, Luis Miguel, Jorge Medina y Josi Cuen, Chayanne, Gloria Trevi, Grupo Firme, Marco Antonio Solís, Alejandro Fernández, Panteón Rococó, Matute, Duelo y Los Invasores, Edén Muñoz, Los 90’s Pop Tour, Cuernos Chuecos, lucha libre AAA, la despedida del hijo del Santo, partidos del seleccionado mexicano de basquetbol, festejos religiosos, culturales y de automotores. Además, conciertos próximos de la Banda MS en marzo del 2026. Pese a una agenda repleta, no existe un solo dato público sobre los ingresos reales.

Las cifras que ha difundido el propio Gallardo, solo profundizan la desconfianza. Afirmó haber recaudado más de 300 millones de pesos por la venta de 41 palcos. Después dijo que los ingresos apenas superaban los 100 millones y más tarde, habló de una expectativa de 385 millones. Ninguna cifra está documentada ni respaldada con estados financieros, contratos o informes públicos. Tampoco

se sabe cuánto ha ganado por estacionamiento, publicidad, renta de espacios o boletaje de conciertos con artistas internacionales.

El fondo del asunto es que la Arena Potosí no opera como un espacio público. En un centro de negocios controlado por una promotora ligada en forma directa al gobernador. La mayoría de los conciertos han sido organizados por la Promotora Potosina de Espectáculos y Eventos, empresa en la que figura como socio mayoritario, el diputado federal del Partido Verde Ecologista, José Luis Fernández Martínez, alias “El Chiquis�, señalado como prestanombres y operador político de Gallardo Cardona. La empresa utiliza de manera sistemática la Arena Potosí para generar ganancias privadas, para promocionar y vender el ron y tequila “Potosí�, marcas propiedad del mandatario, sin que existan datos fehacientes, que aclaren si paga renta, derechos de uso o contraprestaciones por explotar un edificio financiado con recursos del estado.

Aunque la Arena Potosí fue creada como un organismo público descentralizado, con consejo directivo, director general, áreas administrativas, jurídicas, de transparencia y un órgano interno de control, en la práctica es un ente difuso. Su inclusión en la Plataforma Nacional de Transparencia es simbólica y las solicitudes de informes son rechazadas de manera sistemática o ignoradas. Las entrevistas con la directiva no se conceden y las respuestas se limitan a evasivas.

La Arena Potosí se ha consolidado como uno de los ejemplos más contudentes de cómo el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona prioriza el uso de recursos públicos para sostener un negocio privado, mientras mantiene en la oscuridad absoluta, el manejo del dinero. Con presupuestos en aumento, cuentas reservadas hasta 2030 y un uso constante del recinto por empresas ligadas al ejecutivo, para promocionar sus propias marcas, la Arena Potosí no es un proyecto cultural ni de desarrollo económico. Es un símbolo de desfalcos, manejos oscuros y aprovechar el poder para beneficio personal.

Comments

comments