La Ley Anticorrupción de San Luis Potosí

29 diciembre, 20179:54 pmAutor: Luis Fernando Leal BeltránOpinion

En mi amado estado ya perdí la capacidad de sorprenderme, no solo por la habilidad que tienen los saqueadores de los recursos públicos, también por la maraña de complicidades y al estilo de una verdadera cena de negros (caníbales), se manotean, se pegan y se matan por lo que habrán de comer. Siempre he dicho que a mi gobernador le ha faltado un poco de operación política, pero no es un hombre de mala fe, como mandatario, de tener oficio político, lo tiene. El afán de cualquier gobernante no solo deber ser la farándula del momento sino el cómo quiere ser recordado por la historia, algo que, como que en la última década simplemente a toda la clase política le valió madres, así de simple. Han sido capaces hasta de acomodar las leyes a su gusto y comodidad cuando según la técnica legislativa, la creación de una nueva norma debe ser acorde a las necesidades sociales. Como ya lo dije en la “Ley de Herodes”, al mismísimo estilo de peculiar “Peck” en el legislativo potosino, como caso concreto, corrupto por cierto, no dan con bola y se meten en cada maraña al tratar de manipular imponer y preparar a su conveniencia el sistema anticorrupción en el estado.

El sistema fue creado no por bondad de la clase gobernante del país, fue por un importante sector de hombres y mujeres de negocios, intelectuales y luchadores sociales que lo propiciaron y lo exigieron como una medida extra urgente que debía implementarse en el nuevo sistema político, donde las quejas sobre el desborde tan grande de la corrupción en el país ya son insufribles e inocultables, aun por los sistemas más sofisticados. El saqueo del recurso público, secundado por un terrorismo fiscal que somete a los contribuyentes, provocó la iniciativa de los que aportan el dinero. Se ha visto en forma reiterativa cómo gobernantes de todos niveles y legisladores han apostado a hacer del bondadoso proyecto, un real sistema anticorrupción en el país que es la idea original, no una oficina más que se encargue de encubrir los saqueos y los trastupijes de los políticos.

Claro es que nuestro maravilloso estado no podía ser ajeno a poner su granito de arena la clase política local.  Pero cómo aspirar a un sistema anticorrupción honesto e independiente, si por principio de cuentas, quienes son los encargados de armar, calificar y proponer los puntos claves de la ley y las personas adecuadas, son los más señalados por ser parte de la madeja de la corrupción en el estado. Aunque no nos guste, por orden estrictamente jurídico, es lamentable que sean los más relevantes en el tema. Obvio que a los integrantes de la actual legislatura no les importa reivindicarse con la sociedad, porque el más chimuelo masca tuercas, así que mejor preparan su salida deshonrosa, plena  impunidad.

No obstante, en el legislativo designaron un comité de selección para que a su vez designara al Consejo Ciudadano Anticorrupción, una tercera parte de todo el sistema, pero estaban los políticos del estado tan enfrascados en sus propias pugnas, de tratar de exhibir quien tiene más poder, quién es más corrupto para irse lavando las manos  de la podredumbre que hay en la administración estatal y municipal y en general en los tres poderes de gobierno, que dejaron solo al comité. Y de forma sana designaron a un consejo ciudadano. No respetaron la lista que al cuarto para las doce, como es costumbre, les quisieron imponer. Cuando se dieron cuenta, los operadores políticos  del jardín Hidalgo, que de por si son ineptos, ya les había pasado de noche. A la llegada del nuevo día, se formó un Comité Ciudadano Anticorrupción que les ha dolido mucho, en el terreno de la exactitud jurídica, ya está debidamente sancionado y elegido, es tema juzgado.

Lo que se diga en medios informativos, a los cuatro vientos los jilguerillos oficiosos, consortes de la clase política, no vienen al caso, el hecho se consumó. Ahora quieren lavar las culpas de su ineptitud. Se sabe que del palacio de gobierno enviaron una terna para fiscal anticorrupción al legislativo, que da más pena que risa, no solo por lo inelegible, rompieron el orden y la congruencia jurídica para que pueda actuar con validez,  personalidad jurídica y atribuciones correctas. Se les ocurre proponer una terna cuando no se han realizado las adecuaciones de la ley para que el fiscal opere a plenitud. Aunque digan lo que digan, lo cierto es que ahora no pueden y no deben reformar para que la terna se integre y sea considerada como la elegible pues ya rompieron orden  correcto secuencial, es la verdad.

Ahora bien, otro elemento que falta en el sistema a integrarse es nada menos que la impugnada sesión pública para elegir a la titular de la Auditoria Superior del Estado, en la cual el congreso se inclinó por la contadora Rocío Elizabeth Cervantes Delgado, bajo los siguientes argumentos: nunca se me dio a conocer por parte de la comisión respectiva, ni tampoco por parte del pleno del congreso, qué metodología utilizaron para formar la terna finalista, ni en su caso, de la ahora titular, qué criterio objetivo aplicaron, ni mucho menos justificaron cuáles fueron los aspectos que tomaron en cuenta para determinar que las personas elegidas en la terna eran los que cumplían el mejor perfil para desempeñar el puesto. Una vez que se me hizo la entrevista, nunca se me dio a conocer el resultado de la misma, en cuanto cualitativo o en su caso cuantitativo sobre la puntuación respetiva de los perfiles.

La terna que formó la comisión de vigilancia y titular electa para ocupar el cargo, no cumplieron los requisitos de ley, infringen la fracción V del Artículo 67 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas para el estado de San Luis Potosí, como también los dos finalistas que integraron la terna en las personas de Jesús Motilla Martínez y José Mejía Lira. El caso se ventila en la sala superior del Tribunal Electoral del poder Judicial la Federación bajo el número SP-JE-70/2017, la cual, no obstante cómo se resuelva, no cambia los hechos. La terna propuesta violó la norma secundaria que regula la existencia de la auditoria, también la constitución política del estado, lo que la hace inelegible. Lo más repugnante es que la titular de la ASE sería en su caso parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. Bajo una apreciación jurídica correcta, el tribunal debe al menos reponer el procedimiento, más con la guerra desatada en contra del Comité Ciudadano Anticorrupción. Lo que veo es que se estaría tratando de desviar la atención  de la generalidad para tratar de hacer alguna componenda en el tribunal o bien tratar de manipular alguna resolución favorable a los intereses de la clase política lo que resultaría desastroso. A los pobres ciudadanos del comité ya les falta lomo para recibir fregadazos como dicen en mi rancho su único pecado, ser ciudadanos comunes, sin tendencias ni aspiraciones. “Cada hombre es una criatura del tiempo en que vive y pocos son capaces de elevarse sobre esas ideas”. Voltaire.

 

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