Con la aprobación de la llamada Reforma Energética a finales el 2013, promovida como parte de las llamadas “reformas estructurales� por Enrique Peña Nieto, contando con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, no solo se dio paso a la privatización del sector energético, también se abrió la puerta al llamado fracking o fractura hidráulica, propiciando con ello el despojo y contaminación de amplias zonas del territorio nacional. El fracking o fractura hidráulica es una técnica de estimulación para extraer gas y petróleo del subsuelo a grandes profundidades, lo cual dadas sus características geológicas, son consideradas dentro de la industria petrolera como “no convencionales�, ya que se encuentra atrapado en formaciones rocosas de difícil acceso llamadas “lutitas�. Dicha técnica consiste en la inyección a presión de grandes cantidades de agua -se estiman entre 9 y 29 millones de litros por pozo-, mezclada con un coctel de sustancias químicas con el objetivo de fracturar la roca y permitir el flujo de los energéticos. El uso de la técnica en diversos países ha generado gran controversia debido a que se han documentado una serie de efectos nocivos asociados a su implementación como la contaminación del agua y los suelos, calentamiento global, riesgos a la salud, aumento en la sismicidad y vulneración de derechos humanos, por los cual ha sido prohibida en países como Francia, Bulgaria, Bélgica, España, Republica Checa entre otros.

Sin embargo, en nuestro país, contrario a la preservación ambiental y el respeto a los derechos humanos, no solo se permite el uso de la nociva técnica sino que se alienta, pues miles de hectáreas de territorio nacional son ofertadas a las empresas nacionales y extranjeras a través del llamado Plan Quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019, elaborado por la Secretaria de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos del Gobierno Federal. Dicho plan que está hecho a modo de los intereses de las compañías petroleras está dividido en 5 rondas de licitaciones que contemplan zonas para extracción convencional (pozos tradicionales) como no convencional (fracking), así como aguas someras y profundas. Por si esto fuera poco, las leyes secundarias de la reforma energética, en particular la ley de hidrocarburos, en su artículo 96, legaliza el despojo de tierras en detrimento de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, ya que introduce la figura de “servidumbre agraria� con lo cual se establece la exploración y extracción de hidrocarburos como actividad prioritaria, se le otorga preferencia sobre cualquier otra actividad en los territorios. Sin dejar de mencionar que de existir oposición a los ordenamientos por parte de pobladores, el gobierno podrá usar las fuerzas armadas para garantizar las inversiones e intereses de las empresas por ser consideradas de “orden público� y de “utilidad nacional�.

Son 18 municipios de la zona huasteca del estado de San Luis Potosí que aparecen en el mencionado plan quinquenal, amenazados con el posible uso del fracking para extraer gas y petróleo. Existen también en la zona, una serie de megaproyectos extractivos y de infraestructura, todo apunta a que están encaminados a garantizar lo necesario para el desarrollo de la devastadora técnica. Se encuentran en el trasvase de agua del rio Pánuco a Monterrey, conocido como proyecto Monterrey VI, la construcción de dos termoeléctricas, la construcción de gasoductos en San Martin Chalchicuautla, Tamazunchale, Matlapa, Axtla y dos supercarreteras. Desde la aprobación de la llamada reforma energética, pasando por el Plan Estatal de Desarrollo, tanto el gobierno federal de Peña Nieto como el estatal encabezado por Juan Manuel Carreras han atentado gravemente contra los derechos humanos de los habitantes de la huasteca. Más aun cuando la gran mayoría son indígenas Náhuatl, Tennek y Xi, oo, los cuales tal como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por México y el Artículo 9° de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, como la Ley de Consulta del mismo, los gobiernos tienen la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas de forma libre, previa e informada en temas que trastocan su desarrollo económico, social, cultural y político. Ante la grave omisión, los pueblos y comunidades indígenas de la huasteca han decidido dar la batalla para impedir a toda costa que los megaproyectos incluido el fracking no avancen sobre el territorio.

Desde el 2014, en cuanto se supo de la amenaza y la presencia de personal de diversas instituciones como Conagua y el Ipicyt que comenzaron a llegar a la zona con el pretexto de hacer “estudios de agua�, se comenzaron a llevar a cabo reuniones y asambleas informativas en las comunidades para alertarlas al respecto, en donde participaron organizaciones locales como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Huasteca, Observatorio Indígena y organizaciones nacionales como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y la Coordinadora Agua para todos, a través de las cuales se logró que levantaran actas ejidales y se presionó a los cabildos de algunos municipios para declararse libres de todo megaproyecto extractivo, hasta el momento suman ocho con la declaratoria. Pero fue a raíz de la llegada a la comunidad de San Pedro en el municipio de San Antonio, de personal de Pemex y el Ejército Mexicano que se prendieron los focos rojos en la zona, al comprobarse mediante un documento expedido por la propia Sedena que autorizaba la compra y uso de explosivos para exploración y extracción de hidrocarburos en Ébano, Tamuín, San Antonio y Tanlajás. Lo que derivó en una gran movilización el sábado 28 de julio del 2018, en San Antonio, a donde llegaron más de 3 mil personas de varias partes del estado y donde se refrendó el no consentimiento al fracking en la huasteca, con el grito ¡No al pinche fracking!

Se dio la solidaridad de la gente de todo el país y diversos actores políticos se han posicionado al respecto incluido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó utilizar tal práctica para la extracción de hidrocarburos durante su mandato. Fiel a su costumbre, el gobernador del estado, lejos de mostrar una actitud de respaldo y sensibilidad con la demanda de los pueblos, se aventuró a declarar que le simpatizaba la práctica del fracking, ya que podría generar “empleos� y desarrollo. Lo cual le valió severas críticas y motivó que el pasado 09 de agosto representantes de comunidades indígenas de la huasteca, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, protestaran en la capital del estado frente al congreso y el palacio de gobierno, exigiendo un posicionamiento contundente por parte de ambos poderes contra el fracking, así como también la inmediata publicación en el periódico oficial del estado de la declaratoria del ayuntamiento de Tanlajás para ser reserva ecológica como una medida para blindar al municipio. Ante los diputados, primero y luego ante el gobernador, las comunidades y organizaciones fueron muy enfáticas al exigir respaldo absoluto a su No consentimiento al fracking y la prohibición del mismo, pues a pesar de que la postura del gobierno de Carreras ha sido negar que existen actualmente proyectos con la técnica en el estado, lo cierto es que omiten mencionar que no exime que en cualquier momento, antes del cambio de gobierno federal, se puedan otorgar concesiones de explotación, tal y como sucedió con la concesión otorgada a una empresa china D&S Petroleum en días pasados, para la explotación por métodos convencionales en Ébano de yacimientos petroleros por 30 años.

A modo de cierre podemos decir que la batalla más fuerte está por librarse y las comunidades y organizaciones preparan las estrategias legales en instancias nacionales e internacionales, así como la organización comunitaria y un plan de movilizaciones para cancelar cualquier proyecto que busque implantarse en la huasteca. Las comunidades ya no quieren ser consultadas sobre su consentimiento al fracking: la postura es clara, rechazo absoluto a la técnica. El sábado 25 de agosto en el ejido de Chimlaco, Axtla de Terrazas, se convoca al IV Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones de la huasteca, para la conformación de un gran frente en defensa del territorio, el agua y la vida. Nos toca a todos y todas defenderla.

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