El Grupo Policentro de San Luis reclama al ayuntamiento de Soledad, el pago de 24 millones de pesos por el despojo de una parte del predio donde se ubica la empresa. El defensor de la sociedad anónima, Jorge Chessal, explicó que el munícipe, Gilberto Hernández Villafuerte, fue engañado por su equipo. Le dijeron primero que debía pagar por la superficie de acuerdo al valor catastral. Después que invadiera el lote, con una solicitud de expropiación al gobierno del estado. Expuso que la empresa formuló una denuncia civil contra el ayuntamiento por lo que resulte. Los delitos podrían ser despojo, ejercicio indebido de las funciones públicas por tumbar una barda y afectar parte del edificio para ampliar la calle Acapulco en la colonia Lomas de San Felipe. La demanda se promoverá en caso de no llegar a un acuerdo del pago de la superficie que se usó sin mediar la norma jurídica. La ocuparon y después fue pavimentada.

Explicó que hay el plazo de un mes y medio para cerrar un acuerdo que se inició hace tres años. Se interrumpió cuando estaba a punto de concluir. La firma propuso al gobierno municipal le pagara 23 millones de pesos, cuando el valor comercial es de 24. El monto se iba a cubrir con terrenos. Dijo que sus representados no son un obstáculo para que se beneficie un sector, pero en caso de que no haya un convenio, habrá de recurrir a la vía civil y después a la penal. Aclaró que en el 2016, la empresa y el ayuntamiento sostuvieron una plática informal sobre una posible compra-venta, para ampliar la calle. No se pusieron de acuerdo. El ayuntamiento determinó declarar como utilidad pública ampliar la vía y solicitó decreto expropiatorio al gobierno del estado. Sin embrago, Hernández Villafuerte partió de dos hechos equivocados. Le mintieron al decirle que debía cubrir el valor catastral, cuando el precio es comercial. La otra es que se podía meter y no esperar el decreto expropiatorio.

Agregó que un lunes, al no llegar a un trato sobre la compra-venta del inmueble, el edil convocó a una sesión de cabildo en la que se acordó decretar como utilidad pública, crecer la acera. El mismo lunes o martes solicitan al gobierno estatal, se inicie el proceso expropiatorio. El jueves llegan empleados del ayuntamiento, tumban parte del edificio, la barda de la fábrica y ocupan la parte que necesitan, sin que existiera algún documento de por medio.

La empresa promovió un amparo, reclamó el desalojo del predio por parte del ayuntamiento, además de la cerca periférica, las edificaciones del inmueble, cambio de niveles, pavimentado y la tala de árboles. En medio del litigio, en mayo del 2017, Hernández, en un acto público, inauguró el arranque de la obra, en la que dijo, beneficiará a 30 mil familias. El junio, el juez cuarto de distrito, Juan Dios Monreal Cuellar, ordenó suspender los trabajos. Argumentó evitar más cambios, ahora que es propiedad de la empresa, para que el predio no sea manipulado por el ayuntamiento o terceras personas. Chessal explicó que a principios del 2018, el amparo concluyó de manera anticipada. El tema siempre fue la invasión indebida. La obra en propiedad privada se terminó. El gobierno del estado dio por concluido el expediente de expropiación porque el ayuntamiento nunca le dio impulso, no realizó ningún acto para presentar avalúo. La secretaria del ayuntamiento, en calidad de edil provisional, Yoloxóchitl Díaz López, dijo ignorar el asunto.

“Es decir, un samaritano anónimo llegó y pavimentó la calle. Pero en lo jurídico, la franja de terreno es de la empresa. El ayuntamiento actuó contra la ley. Los dueños están en proceso de reclamo a valor comercial. Díaz López después admitió ante los medios informativos, que nunca se concluyó con el proceso expropiatorio. No se tuvo contacto directo con el representante legal o dueño del predio, como tampoco lo indemnizaron�.

Chesal señaló que antes hubo un acercamiento con los secretarios Ernesto Barajas �brego y Raymundo González Jiménez para llegar a un acuerdo. Refirió que a finales del 2019, enviados del edil lo buscaron para encontrar una salida. El expediente sigue abierto. Expuso que la superficie del predio invadido es casi de 3 mil 500 metros cuadrados. El valor comercial oscila en los 24 millones de pesos, pero están abiertos a negociar. El terreno sufrió alteraciones físicas al pavimentarse. Se puede configurar el delito de despojo, al ocupar un inmueble de manera indebida, abuso de autoridad y daño ambiental.

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