San Luis Potosí enfrentará la peor crisis hídrica de su historia y ya se debe preparar un Plan Integral para mitigar la escasez del vital líquido, así como las acciones penales y legales contra la empresa Aquos que opera El Realito, consideró el diputado por el segundo distrito local del Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera.

A consecuencia de la fractura de la cortina de la presa El Realito, autoridades estatales y municipales han referido que la situación es implacable para la entidad potosina, y se debe entender que hoy más que nunca se requiere de una estrategia emergente, consciente de las necesidades de la población.

Recientemente el Consejo del Comité Técnico de Aguas Subterráneas, COTAS, del acuífero del Valle de San Luis Potosí, denunció al director general de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, Joel Félix Díaz, por la serie de omisiones y su negativa a intervenir de manera urgente en lo que ocurre a El Realito.

«Es muy grave la fractura de la Presa, pero ya no se trata de pedir la reparación de los ductos que venía haciendo la empresa española de Aquos, sino que la entidad se va a quedar sin el vital líquido por ocho meses, lo que se considera la peor crisis de agua en la historia de San Luis Potosí. Por muchos meses la ciudadanía que se abastece de ese afluente no tendrá líquido, qué se va a hacer, cómo se resolverá este tema y qué acciones legales y administrativas se le van a fincar a la empresa Aquos�.

El legislador consideró que no debe temblarle la mano a ninguna autoridad para rescindir el contrato con la empresa, además de exigirle la reparación del daño estructural inmediatamente porque las fallas no tienen que ver con el mantenimiento o  con una mala operación, sino de una grieta estructural causada por sus malos diseños y materiales.

«Queremos exigirle a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, al organismo intermunicipal, INTERAPAS y a la Comisión Estatal del Agua, CEA, una actuación clara y contundente. La gran pregunta es qué van a hacer ante este panorama, a partir de ahora no debería pagársele ni un peso a la empresa porque administra una presa donde no hay agua y se le contrató para que haya, hay que preguntarse cuáles son las acciones legales que van a comenzar y cuál es el Plan de Emergencia Hídrica que van a presentar estas instituciones».

Sostuvo que este fenómeno ya no es un asunto de política sino de Estado, que pone en peligro de gobernabilidad a la entidad, porque muchos ciudadanos están sumamente consternados porque ya tienen meses que no reciben ni una sola gota de agua.

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