Los dueños de la extinta firma de limpieza Quikshane del Potosí, Leonardo Martínez Acuña y Olivia Sánchez, denunciaron por la vía penal ante la Fiscalía General de la República, al gobernador Juan Manuel Carreras López, a la secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez y al motivador Gabriel Alan Salazar Soto, por el ejercicio indebido de la función pública, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También incluyeron al ex director administrativo, Antonio Alberto Hernández por el robo de entidad, plagio, fraude, falsificar documentos y asociación delictuosa.

Los afectados expusieron que Salazar Soto, a través de su despacho, Cano Soto y Asociados, utilizó una factura de su empresa para facturar a Rangel, 3 millones 458 mil pesos de productos médicos, con mega precios inflados. Con argucias, los presionó para que el dinero lo depositaran en cuentas a su nombre y de la constructora Sasga, también de su propiedad. Refirieron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico le instauró un crédito por casi 4 millones de pesos por no declarar el movimiento. Señalaron que Rangel Martínez y Salazar Soto falsificaron documentos y firmas para adjudicar el servicio.

Revelaron que Salazar les llevó la contabilidad y las tareas fiscales. Le pagaron por los servicios, pero incumplió. Usó un programa de Excel sin sustento, lo que provocó que hacienda, embarga la empresa y les congelara las cuentas. Le endosó un crédito fiscal por 18 millones de pesos, donde incluyó la factura de los 3 millones 458 mil pesos, lo que llevó a la sociedad a la quiebra inmediata.

Martínez y Sánchez relatan que en el 2016, conocieron a Salazar por recomendaciones de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subrayaron que un ejecutor de la dependencia los relacionó con el despacho Cano Soto y Asociados que fundó su padre biológico, Carlos Víctor Cano Zuart, que manejaba muchos casos de diferentes empresas contra el Seguro Social. “Es como lo conocimos. Nos pusimos de acuerdo para que nos llevaran la contabilidad de la empresa�. Firmaron un contrato con Cano y Asociados, representado por Gabriel Salazar Soto.

Expusieron que Quikshane del Potosí se creó en el 2007. Antes realizaban la contabilidad en Monterrey, Nuevo León, donde estaba la matriz. Pero luego buscaron mejorar el proceso contable y administrativo, por lo que se cambiaron a San Luis Potosí. Le entregaron a Salazar los sellos y certificados fiscales para realizar las declaraciones y generar las facturas. Supieron que atendía un gran número de empresas en la zona industrial. Nunca incursionaron en salud, donde por muchos años dio el servicio Acualimpio, que tenía precios muy bajos, era imposible competirles.

Añadieron que Salazar abusó de su confianza, ya que el 31 de marzo del 2017, les llamó para avisarles que por error, una empleada generó una factura de manera incorrecta de su empresa en la que facturó a la Secretaría de Salud, 3 millones 458 mil pesos. Dijo que el documento debió ser de la firma Proshine, cuya razón social real es Kubal ZF Comercializadora integral. La trabajadora se equivocó porque entre Quinkshane y Proshane no hay mucha diferencia. Para evitar que el pago se retardara, les pidió ayuda y se encargaría de hacer los ajustes fiscales. Aseguró que no habría ningún problema.

Explicaron que 6 meses antes de que ocurriera el “error�, Salazar Soto los llamó por teléfono para decirles que tenía un cliente en su despacho contable, interesado en servicios de limpieza. Solicitó una cotización, con análisis de precios y “todos los datos para ofrecerle el servicio a través de nuestra empresa. Como es mi cliente, es casi seguro que te van a dar el contrato�. Le dieron todos los informes. Aunque Salazar poseía los costos, productos, la estrategia comercial. Al llevar la contabilidad, tenía acceso a los datos que

necesitaba. Pero el contrato nunca se concretó. Después, uno de sus ayudantes, rescató un anuncio de de Proshane. “Era idéntica en un 95% a la nuestra, es un plagio. Casi nos copió el nombre y creó Prohsane�.

En el 2016 la registró, pero la razón social verdadera es Kubal ZF Comercializadora Integral, que compró en el 2015 a los accionistas originales. La modificó con otros accionistas que serían beneficiados con contratos millonarios. “La empresa es casi igual a Quikshane nuestra empresa, nacimos en el 2007. Nos plagio todo el historial de 13 años de la empresa ; el tenia toda la información fiscal, costos proveedores, todo el historial tanto legal como contable; l tenia todo el teje y maneje de mi empresa. Es cuestión de observar entre Quikshane y Proshane son los nombres comerciales, la primera nuestra empresa la segunda la empresa de ellos pues no hay mucha diferencia�.

Asentaron que Salazar Soto no se confundió, actuó con alevosía y ventaja para obtener un recurso que no fuera rastreado en sus empresas. En la misma llamada, les adelantó que “en media hora les caerá el depósito, pero tienen que regresarlo o tendría problemas�. Explicaron que se trató de una maquinación orquestada, todo se hizo el mismo día, la factura, contrato, pago y transferencia a las cuentas de Salazar. La factura se elaboró a las 12 horas del 31 de marzo del 2017. El pago o depósito de los 3 millones, antes de las 13 horas. Las transferencias antes de las 14 horas. Subrayan que Salazar estaba desesperado, al insistir que le urgía.

Actuaron de buena fe, ya que existía un trato contable de casi dos años. Le depositaron el dinero completo, con cada peso y centavo, a las cuentas de Cano Soto y Asociados y Grupo Sazga. “Cada rato nos llamaba para que le regresáramos el dinero�. Dijeron que la maniobra se hizo en menos de 24 horas, lo que es algo anómalo. Salazar mintió porque la factura no cuadró. No hizo los ajustes contables y entonces se generó un fraude ante hacienda, por los ingresos e iva. por más de los tres millones y medio de pesos, tanto los ingresos que no se reportaron y fueron una utilidad para nosotros como por el IVA que se generó. Asentaron que se dieron cuenta por un requerimiento que le llego del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por esa emisión de factura o movimiento anormal, porque nosotros no teníamos movimientos en un solo día menos por más tres millones y medio de pesos. Nuestras facturas estaban mucho, … mucho mas baja. El ejecutor del crédito nos dijo que onda con este movimiento. Y paganos lo que nos debes�.

A raíz de la situación iniciaron un proceso de investigación y requirieron a Gabriel Salazar. Se le pidió explicar que paso, porque no se cuadro todo este movimiento en sus cuentas contables para evitarnos un problema como “nos� o dijiste el 31 de marzo del 2017, pero solo dio largas. En las pesquisas de la investigación se dieron cuenta que se hizo de manera amañada. No fue un error de su empleada al facturar de una manera incorrecta. Fue hecho con todo el dolo.

A través de la ley de transparencia, la Secretaría de Salud les entregó una copia borrosa del contrato, entre la dependencia y Quikshane con sello de la Auditoria Superior del Estado el 3 de julio 2018, un año tres meses después que se hicieron las operaciones fraudulentas. Descubren que se falsificó la firma del representante de la empresa, Leo Martínez Acuña. Además, el documento tiene una ante firma que no usa. El contrato lo firmo el director administrativo, Antonio Alberto Hernández. En las mismas pesquisas, se anexó una fianza de grupo Aserta, por el 30% del monto que se facturó, casi un millón 10 mil pesos. Trae una fecha de vigencia del 31 de marzo del 2018. En el proceso descubrieron que se compró y adquirió el 5 de julio 2018, dos días después que la ASE recibió la cuenta pública de salud del 2017. Los afectados no la solicitaron ni pagaron.

La Ase observó el convenio porque carecía de fianza, que adquieren un año tres meses después, con fecha retroactiva del 31 de marzo del 2017. Todo se maquilló. Cuando se imprimió, en la caratula aparecen las fechas correctas. Pero si alguien consulta la página de Aserta, descarga el PDF y el XML, que es el archivo aceptado por hacienda, aparece que se adquirió y autorizó el 5 de julio del 2018. Se erogaron más de 17 mil pesos, que pudo cubrir Quichsine o Salazar aunque e nosotros nunca pagamos, aquí sería cuestión de investigar con Aserta quien generó el pago, de que cuenta, si fue en efectivo o salió de las cuentas de Gabriel

Salazar�. Martínez y Sánchez sostuvieron que hay un contubernio con la Secretaría de Salud, que se prestó, ya que la fianza no es válida. Una aseguradora no puede generarla retroactiva. Tampoco hay una carta donde la entidad beneficiada diga que todo fue entregado en tiempo y forma sin problemas. La dependencia debió emitir el documento para que pudieran emitirla. “Se trata de un fraude muy orquestado�.

“La Ase terminó por ponerle sello de autorizado porque en el PDF aparece muy bonito y la fecha de la fianza es el 31 de marzo del 2017. Pero en el XML señala que la adquisición fue el 5 de julio del 201. Entramos al portal del SAT y encontramos una factura a nombre de Quikshane, de parte de Grupo Aserca, por 17 mil pesos. En teoría, nuestra empresa la compra y paga. Pero lo hicieron los involucrados. Exigimos que se investigue quién la pagó y cómo. Tal vez la Ase también está coludida�. Añadieron que el 3 de julio del 2018, la Ase recibió el contrato por los servicios junto con otros documentos de la a cuenta pública 2017. “¿Cómo generaron una póliza el 5 de julio del 2015 del miso año, dos días después, si ya todo estaba vencido, se había pagado. Era una observación financiera que no pudo solventarse, era un hecho consumado. Tampoco los tiempos checan. En tres días recibe, revisa y detecta irregularidades�.

Martínez y Sánchez dijeron que en el 2018, envueltos en el problema, hacienda les envió un requerimiento por fallas en la contabilidad, por no hacer las declaraciones fiscales. Notificaron a Salazar para que subsanara el entuerto. Prometió arreglarlo y alistar los documentos. “No hizo nada, llegó un segundo y tercer aviso. Anduvimos detrás en forma constante. Molestos, le dijimos entregara lo que tuviera. Le llevó al SAT cajas y cajas y cajas de papeles con nada. Facilitó números en Excel. ¿Dónde se mira semejante anomalía?�. La secretaría de hacienda determinó que la contabilidad era deficiente. Les fincó un crédito fiscal por 18 millones de pesos, ya que la empresa tenía solo ingresos y cero egresos. Fue lo manejado un año. Les incluyeron movimientos de diferentes rubros. La instancia determinó que eran ingresos acumulables, por lo que la cifra se elevó. Les congelaron las cuentas, sellos fiscales y embargó bienes. Ya no pudieron facturar y quebraron.

“Perdimos todo, buscamos a Gabriel Salazar Soto. Se escondió, cambió de domicilio, fue imposible localizarlo. Nos percatamos que la factura de los 3 millones 458 mil pesos, estaba vigente, porque hacienda la certificó aron. Se dieron cuenta que el crédito ascendía a más de 4 millones de pesos. Fue el primero en ejecutar. Al mismo tiempo, surgieron manifestaciones contra Salazar de accionistas de otras de sus empresas inexistentes como Invercop. Lo acusaron de fraude. Resulto ser un gran estafador, brotó la podredumbre. En octubre del 2019, iniciaron las demandas penales en su contra y demás cómplices.

Promovieron un amparo ante el Tribunal Administrativo Fiscal para evitar otro daño, ya que el débito se elevó a 18 millones. La secretaria de hacienda se niega a cerrar el asunto. En octubre del 2019, promovieron una denuncia penal ante la fiscalía local contra Salazar. Martínez y Sánchez manifestaron que hay varias interrogantes que aluden a Mónica Rangel y Salazar. No entienden por qué fue adjudicado el contrato de limpieza a Proshane cuando nunca dado servicios de limpieza. “Lo decimos porque nos tocó participar en varias licitaciones en Aguascalientes y otros estados, donde nunca lo vimos. Exigen capacidad económica y experiencia en el sector médico y Proshane no la tenía. Y le entregan un contrato altísimo, sin el soporte económico requerido. Se necesitan más de 400 elementos que ganan al año entre 70 y 90 millones de pesos�.

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