
Por su ineficacia, proponen correr a Leal Tobías, Pineda y Federico Garza
21 noviembre, 201810:02 pmAutor: La Noticia San LuisCapital Destacada Noticias
En San Luis la delincuencia anda de recreo, no hay quien ponga orden. El gobernador Juan Manuel Manuel Carreras deberá comparecer ante los diputados e informar a los ciudadanos de la grave inseguridad y las acciones que realiza para frenarla. “Esperamos que atienda el llamado que le hemos hecho los diputados. Dados los pobres resultados que se tienen hasta ahora, cambiar al secretario de gobierno, Alejandro Leal, al de seguridad pública, Jaime Pineda y al propio fiscal general, Federico Garza”, afirmó el legislador Edgardo Hernández.
Aseguró que si el gobernador se deja ayudar, se podría frenar el flagelo. “Solo se necesita voluntad política y tener al frente de las corporaciones los mandos adecuados. Se dice que la policía es mala, que los ministerios públicos son corruptos, pero no es cierto. Como su ex compañero, se que hay excelentes. No es el aparato de seguridad el que falla. Son los liderazgos, los mandos. Al secretario Jaime Ernesto Pineda Arriaga se le ha fotografiado, lo han exhibido en todos lados. No es que lo denoste, pero recuerdo una placa muy frívola. Es cuando estaba en el palenque de la feria cuando vino el grupo Timbiriche, mientras se registraban cuatro asesinatos”.
Añadió que falta coordinación entre las corporaciones. La delincuencia organizada la tiene que investigar la federación, la fiscalía estatal interviene solo si hay flagrancia. Pero en las calles la policía anda de fiesta. Hay robos a escuelas. “En el centro ocurren asaltos, como el de la joyería que se encuentra a unos pasos de palacio de gobierno. Le echan la culpa del robo a que no había vigilancia interna. O la señora con 5 meses de embarazo que fue privada de la vida, hace unos cuantos días. Hay que sensibilizamos ante tales hechos”.
El diputado del Verde Ecologista señaló que el desempeño de Federico Garza ha sido irregular al no resolver los múltiples asesinatos de la delincuencia que azota al estado. “Me pregunto, ¿antes de ser fiscal, cuál era su desempeño?. Su virtud nada más es ser amigo del gobernador. Es el abogado del pueblo y no tiene por qué enojarse si se le critica. Se requiere un perfil de mayor carácter y experiencia. La delincuencia de hoy no es la misma que la de hace 20 ó 30 años. Los que la hemos vivido, padecido, trabajado, sabemos cómo pegarle y hacerle frente. Se necesita en el puesto alguien que se meta de lleno. Yo consigné a muchos delincuentes que hoy purgan sentencias condenatorias de 30 años en penales federales. Es triste y me da impotencia que las comisiones de seguridad o justicia, que son áreas de oportunidad, por cuestiones políticas, metieran las manos y no me dejaran llegar. No pasa nada, voy a trabajar desde la tribuna”.
Hernández expuso que le apasiona el tema de seguridad. Las críticas que ha vertido a los funcionarios encargados del tema, no los ha realizado por necedad o berrinche. Es porque cuenta con la experiencia que le da haber sido ministerio público federal, subdelegado de la Procuraduría General de la República en la entidad y Zacatecas, donde la delincuencia estaba muy fuerte y la enfrentó. “En San Luis en 2010 y 2011, logramos abatirla en conjunto con el ejército. Fuimos la primera entidad en consignar delitos de crimen organizado, que solo la Seido podía hacer. Luego lo implementamos en Zacatecas con resultados positivos. Conozco los sótanos en donde se mueve el malhechor. Cuando estuve en la PGR me salía con los muchachos al frente de los operativos. Era secretario de seguridad el general Arturo Gutiérrez. Lo atacaron a balazos en el helicóptero, yo iba a su lado”.
El legislador se pronunció por dignificar la labor de los policías, pagarles salarios decorosos, darles equipo, patrullas y gastos para la gasolina. Indicó que la secretaría de seguridad maneja muchos recursos para prevenir el delito. Lo que no se refleja en acciones contundentes. “Es parte fundamental para inhibir el delito. No se debe centrar el combate a la delincuencia en atacar y atrapar a los criminales”. Mencionó la iniciativa que presentó para incrementar en un 40% el ingreso de los policías y agentes del ministerio público. Cuestionó que ante la falta de agentes, el gobierno estatal haya permitido que se sindicalizaran algunos, al ceder a presiones de los sindicatos, cuando la Constitución Política del Estado, señala que los policías se regirán bajo sus propias leyes y reglamentos. No se les puede dar igual tratamiento que a los burócratas.
Hernández dijo que no es válido politizar un tema tan delicado como la seguridad. Avaló se haya aprobado la propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, para que Carreras comparezca ante el congreso e informe del tema. “Mis intervenciones en la tribuna se les da un matiz político. Fue lo que ocurrió el jueves 25. Acepto que fue un exabrupto de mi parte dirigirme como lo hice a la diputada Eugenia Benavente. Aprovecho para pedirle una disculpa y decirle que merece todos mis respetos. Lo mismo a todas las mujeres que se sintieron ofendidas, pero no era el contexto, ni tampoco la violencia de género. Abordé un tema legislativo y uno se apasiona. Se trataba de buscar cómo le hacemos para detener la delincuencia. No soy misógino, en todas las partes que he trabajado, nunca he tenido ningún problema con las mujeres. Que pregunten en la PGR o en seguridad pública. Me han linchado y estigmatizado, pero yo seguiré con mi trabajo. Me enfoco en el tema de seguridad porque tengo hijos, madre y esposa. No voy a estar quieto hasta que se le devuelva a San Luis la tranquilidad que alguna vez tuvimos”.
El legislador aseguró estar curtido de las amenazas en su contra. No es la primera vez que ocurre. Aludió a la que se filtró a los medios. Ocurrió a raíz de los cuestionamientos que le hizo al secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías durante su comparecencia con los diputados, sobre la que interpuso una demanda de garantías. Antes existió otra que también provino de palacio de Gobierno. Tiene pruebas, no las da a conocer por el sigilo que exige el juez de distrito. “Vendrán más fuertes, pero les digo, no me van a callar. He sido amenazado por sicarios. Al menos sabía quiénes eran. Ahora son de cuello blanco, operan de forma facciosa, utilizan algunos medios para hostigarme. No se vale que politicen el asunto”.
Reveló que la Procuraduría Fiscal de la Federación le respondió la demanda que interpuso por omisiones contra los ex gobernadores Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo, Carreras, otros funcionarios y ex funcionarios que nunca se pronunciaron por la deuda que heredó la federación por el pago de pensiones al ISSSTE. Ahora se cubrirá con el 2.5% de las participaciones que corresponden al estado, como lo aprobó el congreso. Indicó que la instancia iniciará el proceso de rastreo de los recursos para deslindar responsabilidades. Existe la posibilidad que se configure un delito. “Hubo omisiones, pasaron gobernadores, secretarios de finanzas y de educación pública. Todos conocieron y aceptaron la deuda que les pasó la federación. Nunca se pronunciaron ni actuaron para frenarla. Tampoco emprendieron acciones legales. No tomaron en cuenta a los terceros perjudicados, como los maestros”.
Dijo estar en pláticas con los afectados por el débito. Los podría asesorar para interponer un juicio de garantía. Un juez de distrito aborde el tema y se deje a la federación como obligado solidario. Aunque no le quedaron muy claras las explicaciones que les dio el secretario de finanzas, José Luis Ugalde, confió en lo que les dijo el funcionario, que el pago no afectará los programas sociales. Insistió en que el poder legislativo debe ser un contrapeso del ejecutivo. No convertirse en su empleado, como ha ocurrido y jugar un papel de trámite. “Los 27 diputados que integramos la 62 legislatura, debemos darle su real concepto al congreso. Ser contrapeso del gobernador, poder judicial, respetar la autonomía para escudriñar cada peso que se aprueba. Exigir que rindan cuentas. Los formatos de las comparecencias deben cambiarse, debe existir un real debate con los funcionarios, hasta que respondan a todas las dudas, porque está en juego el dinero del pueblo. Nos dan poco tiempo y estamos acostumbrados a tratarlos como virreyes. Hay servidores públicos muy rescatables, pero otros no, evaden las respuestas puntuales”.
Mencionó que ha presentado iniciativas relacionadas con la seguridad. Pero también una para que se actualicen los aranceles que se pagan a los abogados, que son obsoletos. Se recurre a la medida cuando no hay un acuerdo de pago entre el litigante y su defendido. Busca que exista en la ley un parámetro para el pago que se calcula en Unidades de Medidas y Actualización que regula el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En la última asamblea promovió una iniciativa para que hoteles, empresas, hospitales privados, clubes deportivos y lavanderías grandes cuenten con plantas para tratar el agua que utilizan. O en su caso compren agua tratada para evitar el desperdicio y contribuir al cuidado del recurso. Indicó que en los próximos días presentará una iniciativa para que se le de seguimiento a los 48 feminicidios que se han registrado en el 2018.
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