Ya pasaron más de 9 años desde que desapareció un autobús de la línea Pirasol, donde transportaba a 29 inmigrantes que iban en busca del sueño americano, pero un comando armado se los llevó con rumbo desconocido. Los familiares interpusieron dos denuncias en la procuraduría de San Luis. Una se extravió en el 2010. También existe otra querella en Tampico, con nulos avances. Son 10 víctimas de la entidad y el resto de varias comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro. Salieron de Xilitla a Miguel Alemán, Tamaulipas, el 17 de marzo del 2010. En el trayecto, a 20 minutos de llegar a su destino, en un punto conocido como Los Valadeses, los interceptó una célula criminal, con apariencia de policías. Uno de los choferes, Román Castillo Briceño, se comunicó con el dueño de la unidad, Juan Pérez Ríos, para informarle los hechos. Desde entonces se perdió el diálogo. A los pocos días, el camión fue localizado a orillas de la carretera en China, Nuevo León. Sólo encontraron un tiradero de maletas. Los militares llevaron el inmueble a una pensión.

Las personas que se extraviaron de San Luis son Fidel Barragán Salazar, César Alberto Sánchez Landaverde, Enrique de la Torre Netro, José Martín Ortega Martínez, Ramiro Torres Madrid, Francisco Xavier Hernández Pérez, Eugenio Torres Hernández, Domingo Ramírez Estrella y Román Castillo Briceño. Los de Querétaro, de algunas comunidades como Landa de Matamoros y Lagunillas son Alejandro Moya Maldonado, Víctor Moya Briseño, Evodio Flores Ortiz, Alfonso Fonseca Amador, Ismael Mata Montes, José Luis Mendoza Almaraz, José Obispo Mendoza Almaraz, Enedino Rojas Urias, Edgar Iván Pontaza González, Lorenzo Martínez, Saturnino Ramos Ramos, Jorge Palacios, Irene Salazar Sarmiento y Paulino Ramos Andablo. Se trata 27 trabajadores agrícolas y dos choferes, Castillo Briceño y Rafael Castillo García, cuya hermana, María de los �ngeles García, establece que ha buscado sin éxito los últimos 9 años. Destacó que la primera denuncia se presentó en Valles. Después de año y medio de visitar diario a la subprocuraduría sobre los avances, les dijeron que no podrían buscar a sus allegados, porque se habían extraviado en Tamaulipas, al que le tocaba la tarea.

“Desaparecen en otra parte, pero no dejan de ser potosinos. Tuvimos que abrir otro expediente en Tampico en el 2013. Después, sin explicarnos nada, el asunto lo turnan a Laredo y luego a Reynosa. Era difícil darle seguimiento por las carencias económicas después de tres años de trajinar. Fuimos a los lugares donde había rescatados o fosas. Anduvimos en Matamoros donde localizan trailes repletos de cadáveres que se hallaron en la matanza de San Fernando, con la esperanza de encontrar a los nuestros. También fuimos a Monterrey. Nos deshicimos de las propiedades para seguir la búsqueda. Los cambios de sitios, los hace el gobierno para que abandonemos la lucha. El dueño del camión, Juan Pérez, presentó una denuncia en San Luis por el robo de la unidad. Pero nunca mencionó que los choferes estaban desaparecidos. Le interesó más la unidad que recuperó al año, que las personas. Se nos hizo algo raro que después lo pintó de blanco y le quitó el logotipo. Hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo de su parte. Nunca ha querido declarar ni decir a quienes les rentó el vehículo. Las autoridades debieron investigarlo más. Queremos que se agoten todas las líneas de investigación. Lo único que le importó fue ganar dinero�.

“Los familiares de otros desaparecidos dijeron que le rentó el camión a un sujeto que le llaman El Ingeniero. Los afectados de Querétaro presentaron una querella en su entidad contra cuatro enganchadores dónde se ubican Arturo Benítez Ramírez y Arturo Mayorga Villegas. Ocuparon al Ingeniero para rentar el autobús. Los iban a llevar a un hotel en Miguel Alemán para que el coyote los trasladara a Estados Unidos. Pero antes los acompañó de Xilitla a Valles. Luego se bajó para subirse a otra unidad de Transpaís. Es de Querétaro, nunca se le ha investigado. Los intermediarios estuvieron presos cinco años en Querétaro, pero ya los soltaron. Hemos insistido en que los interroguen. Saben a qué célula le pagaban para que los dejaran llevar inmigrantes. Nos enteramos que cobraban una cuota de mil 300 pesos por persona�.

“En los expedientes se habla del grupo de Los Zetas. Nos preguntamos como víctimas, si cubrieron el soborno, por qué se los llevaron. O quizás el coyote no pagó y provocó su enojo. Todas las interrogantes no se han podido contestar. La autoridad no hace lo que les corresponde. Nos interesa saber la verdad y dar con nuestros familiares. En el 2015 me uní al colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros de San Luis Potosí. Acompañada y asesorada, solicitamos que el expediente lo regresaran de Reynosa a Victoria, por quedarnos más cerca. Es donde se lleva la denuncia del 2013. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una queja en el 2015, por el extravío de la primera denuncia en el 2010. El caso se reactivó en el 2017 con la llegada de la fiscal del área de personas extraviadas, Luz María Montes Mariano. Ha demostrado interés en nuestro caso. Los avances se debieron dar desde el principio. A nuestra gente la consideran de larga data�.

“Nosotros no provocamos el atraso, fueron las autoridades, que hicieron caso omiso. Un periódico de España difundió el tema. Dijeron que el autobús de la línea Pirasol fue el primero en desaparecer en la etapa más violenta del país, en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora aseguran que no hay más líneas a seguir y tenemos que demostrar que hubo delincuencia organizada. Es difícil saber qué célula se llevó a los nuestros. Participamos con la Comisión Nacional de Búsqueda. Vamos a todos los indicios y hallazgos que se tienen. Existe la esperanza de si algo malo les pasó a los familiares, rescatarlos por el lado de las búsquedas. Tampoco perdemos la fe de que algún día toquen a la puerta y regresen a casa. Confiamos en que ahora sí habrá avances. La fiscal Montes empezó a trabajar en el 2017 sin tener el expediente que se perdió. Sólo con las averiguaciones que se abrieron en el 2015. Cuando pusimos la queja en derechos humanos como víctimas indirectas, solicitamos se actuara en contra de los funcionarios que extraviaron la minuta. En la recomendación emitida, se nombra a los servidores públicos. A los 8 meses, después de manifestarnos, aparecen los documentos. Lo corroboramos porque están las fotografías originales que presentamos�.

“No nos han notificado si hubo sanciones. En la fiscalía supimos que algunos ya se jubilaron o fallecieron. Con nuestros recursos, hemos seguido la búsqueda. Fuimos a Monterrey donde hallaron fosas clandestinas. Estuvimos en Veracruz, Saltillo, donde pedimos se hagan las confrontas del adn, para saber si sale algo positivo. No hubo resultados. En el 2018, en Miguel Alemán, se abrió un panteón forense. La fiscalía nos dijo que iban a rescatar 265 cuerpos. Nos esperamos una semana, ya que como víctimas, tenemos derecho a ver cómo trabajan. Supervisar que todo se haga conforme a la ley. Se inhumaron los cadáveres. Se analizaron, depositaron con el adn y los perfiles. Nos acaban de notificar que 180 están completos. Faltan detalles del adn para hacer la confronta. Los cuerpos estaban en calidad desaparecidos. Son del 2010 al 2017. Los más recientes estaban casi enteros, ya que la tierra de Tamaulipas es salitrosa. Los peritos, con un trabajo muy cuidadoso, pudieron sacar las huellas dactilares. Son los primeros que van a regresar a sus casas�.

“Los familiares de los 29 desaparecidos nos juntamos cada dos meses para analizar los avances de los expedientes. Queremos encontrarlos, como sea y se acabe la incertidumbre, después de 10 años. Confiamos que en las búsquedas, salga alguno de los nuestros, para tener un adelanto de dónde quedaron los demás. Yo hago la tarea, porque mis padres son de la tercera edad. Ya no pude hablar con mi hermano cuando se extravió, ya que le tocó manejar desde Xilitla. El cambio lo harían en Ciudad Victoria, donde Román Castillo lo iba a relevar hasta Miguel Alemán, lo que no sucedió. Nuestras vidas dieron un giro de 180 grados. Dejó dos niñas  que siguen con el estudio. Las hemos apoyado para que salgan adelante. No hemos tenido ningún apoyo del gobierno. Ahora que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la más chica le entregó una beca. La mayorcita, que va a entrar a la preparatoria, hizo los trámites, pero no le ha llegado. Esperamos que se la entreguen, porque serán más gastos. Nosotros seguimos con la búsqueda�.

“Los extraviados dejaron hijos pequeños, esposas embarazadas cuyos bebés nacieron después. Ya cumplieron once años. Una de las víctimas, César Alberto Sánchez Landaverde, no iba de migrante. Ya tenía su familia en Carolina del Norte. Vino a visitar a su madre, que vive en Estación 500 en Valles. Se regresó en el autobús para volver con los suyos, sin lograrlo. En el camión de Pirasol había más de los 29 que buscamos, iba super lleno. Le caben 42 pasajeros. Muchos de los afectados no los buscaron o fallecieron. En el caminar, nos enteramos que el 5 de abril del 2012, también se esfumó una unidad completa de personas que iban con rumbo a Tamaulipas. Los contrataron a través do los mismos enganchadores. Se los llevaron por el rumbo de San Luis. Una gran parte son de la comunidad Pinal de Amores. Nos enteramos cuando fuimos a Querétaro a decirles que estaban cercas las búsquedas. Se hará una en los Valadeses, Tamaulipas y otra en China, Nuevo León, donde apareció el autobús�.

“Vamos a elaborar un mapeo para saber qué posibilidades hay de encontrarlos. Se necesita que la policía investigadora vaya primero a checar los lugares. En la tarea contamos con la ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del comisionado Jesús Portillo y de la fiscal Montes. En el transitar hubo quienes extorsionaron a familias de Querétaro, que pagaron 15 mil pesos, ansiosos de saber el paradero de los suyos. Ya se nos unieron compañeros del otro autobús que se perdió. Trabajamos en la búsqueda de 193 víctimas. Es una cifra que nos da coraje. Nos gustaría decir que se busca una, dos gentes o ninguna. Son personas que se fueron del 2010 al 2103 y algunos recientes. En los del Pirasol había un menor de edad, de 16 años. Los demás tenían 23, 27, 30, 32 y 34. El mayor era el chofer Román Castillo, de 38. Empezamos un segundo sexenio en que se fueron los nuestros, producto de una guerra que empezó Felipe Calderón, con la que dijo que iba a combatir el narcotráfico, pero sólo alborotó la gallera�.

“No le importó nada, siempre anduvo con guaruras. Al pueblo lo dejó desprotegido. Esperamos que el presidente López Obrador cumpla. Y sea sensible con las víctimas, para tener una respuesta y se haga justicia. En el expediente que tenía la PGR, nos piden que demostremos, hubo delincuencia organizada. Es lógico que la mayoría de los desaparecidos se dio por delitos. No se los llevaron extraterrestres. Hace poco tuve un acercamiento con la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, que no conocía el caso del Pirasol. Sabía del colectivo Voz y Dignidad. Le expuse los detalles en una cita en Ciudad Victoria. Le pedimos todo el apoyo. Ojalá cumplan los ahora llamados Servidores de la Nación. Nos acompañó el comisionado de Tamaulipas y el de San Luis. Se acordó que habrá una estrecha coordinación. Esperamos que Quintana se ponga en nuestros zapatos. Es muy difícil sensibilizar a los funcionarios. Se necesita gente comprometida con su trabajo, que no busquen sólo cobrar el cheque. No se pueden desaparecer 29 personas de repente. Y después de tantos años, le valgamos un cacahuate a la autoridad. Hubo mucha negligencia, no hicieron la chamba�.

La fiscalía extravió documentos que aparecen después de un reclamo de derechos humanos

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el 23 de mayo del 2018, una recomendación al Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, porque funcionarios bajo su mando, vulneraron el acceso humano a la justicia, verdad y una pesquisa eficaz, en agravio de 29 personas desaparecidas el 17 de marzo del 2010, cuando viajaban en un autobús de la empresa Pirasol  de Xilitla a Tamaulipas.

Se precisó que gente de la entonces Procuraduría General de Justicia extraviaron la averiguación previa que se integró con base en la denuncia penal que presentaron familiares de los desparecidos y en la que coadyuvaron al aportar medios de prueba y datos de suma importancia, desde el momento que sucedieron los hechos.

La Comisión Estatal Derechos Humanos señala que la procuraduría aceptó la pérdida del expediente de la averiguación previa, ya que la titular de la Unidad para la atención de personas desaparecidas o extraviadas, Luz María Montes Mariano, refirió que hasta el 20 de junio del 2017 le remitieron el expediente y se continuaba con las aportaciones de datos en la averiguación previa 184/2015 que se integró para reponer autos.

No hubo constancia que la procuraduría hubiera iniciado un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que integraron la denuncia y atendieron el caso para deslindar responsabilidades en que pudieron haber incurrido por el extravío de los documentos, ni se comunicó a la comisión que se hayan realizado acciones para reparar el daño. Indica que en base a su indagatoria se observó una reiterada práctica sistemática de parte de servidores público que permiten acreditar violación a los derechos humanos al acceso a la justicia, verdad y una efectiva investigación.

En presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, le solicitó al fiscal Garza Herrera que instruya a Montes para que “investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, técnica, profesional y desahogue sin demora las diligencias efectivas para la debida y pronta resolución de la averiguación 184/ 2015 que se inició para reponer la indagatoria extraviada. Y ayude a lograr el esclarecimiento de los hechos del caso Pirasol, que consisten en la identificación, captura, procesamiento, enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación del daño.

Aplique el “protocolo de reacción inmediata para búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas emitido por la procuraduría en 2017 y el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada emitido por la PGR en el 2015. Colabore con el ministerio público especializado en delincuencia organizada, que lleva a cabo la investigación del caso por los delitos del orden federal, como consecuencia de la declinación de competencia que el 8 de abril del 2011 emitió la procuraduría estatal.

Se pide a la fiscalía que publique en su página institucional la versión pública de la averiguación previa iniciada en el 2015 sobre el caso Pirasol y cada semana sus avances, para que los datos sean de fácil acceso a todos los interesados. Precisó que la dependencia no puede invocar a la indagatoria el carácter de reservado por tratarse de un estudio de violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Se pide que el visitador general de la fiscalía inicie una investigación sobre la pérdida del expediente y turne el asunto al órgano de control interno y colabore para que se determine la responsabilidad  administrativa en que pudo incurrir la ministerio público Juana María Aranda Nava y otros funcionarios a cargo de integrar la averiguación previa que se extravió. Y que el ministerio público especializado en delitos cometidos por servidores públicos, inicie también una carpeta de investigación y determine la responsabilidad penal en que pudieron incurrir los funcionarios de la procuraduría.

Demandó que se giren oficios a las autoridades de los tres niveles para que den todas las facilidades a la unidad de atención de personas desparecidas o extraviadas y los fiscales para que investiguen el extravío de las 29 víctimas. Se pide implementar programa para capacitar, profesionalizar y sensibilizar a los subprocuradores, directores, agentes del ministerio público, policías ministeriales, peritos y visitadores en técnicas de investigación criminal en casos de desaparición de personas y los manuales y protocolos aplicables en tal delito.

López Espinosa le pidió a Garza Herrera garantizar la inscripción de las 29 víctimas y sus familiares en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal, para que se les otorgue la atención psicológica especializada y tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño. Después de la recomendación a la fiscalía, por casualidad apareció el documento extraviado de la primera averiguación del 2010 que se integró a la indagatoria que realiza ahora, sobre el caso Pirasol, la fiscal especial Luz María Montes Mariano.

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