El ex integrante del Consejo Estatal Electoral, Martín Faz Mora, consideró que los diputados que votaron a favor la nueva ley comicial, optaron proteger ciertos intereses particulares al no eliminar las alianzas entre partidos, aumentar el porcentaje de las votaciones para el reparto de las plurinominales y flexibilizar los requisitos para el registro de las candidaturas independientes. Si incorporan las propuestos que se presentaron, pudieron redondear una mejor ley estatal electoral, la cereza del pastel del nuevo ordenamiento, que apenas avanzó en el tema de la paridad de género y en medidas para sancionar la violencia política por cuestión de género.

Faz puntualizó que el principal problema de las alianzas partidarias que no se eliminaron, es la transferencia del voto ciudadano, que es indebido, lo prohíbe la constitución. “Mediante la figura, los partidos políticos firman un convenio previo. Se reparten la votación global, un porcentaje se lo dan a uno y otro. El Consejo Estatal Electoral no puede emprender ningún reclamo jurídico. Lo pueden hacer y están a tiempo, son los propios partidos o la tercera parte de los diputados que votaron en contra, presentar una acción de inconstitucionalidad. Nosotros les propusimos, las quitaran de la ley, por efectos operativos, debido el enredo que generan entre el electorado, funcionarios de casilla y el traspaso del  voto ciudadano que no se apega a la norma. A través del mecanismo, los partidos chiquitos o poco representativos han logrado tener el número de votos suficientes para tener un diputado plurinominal en el congreso y gozar de las prerrogativas�.

Las alianzas como están en la ley actual, confunden a los votantes. Por ejemplo, en la elección de presidente municipal, se juntan unos partidos. Pero en la de diputados, que se elige en la misma casilla, son enemigos. En la de gobernador, de contra enemigos. Es algo que desconcierta  mucho a la gente y complica el trabajo de los  funcionarios de casilla, porque las actas se vuelven un lío, hay cientos de combinaciones. Los legisladores tampoco consideraron aumentar de un 3% a un 3.7%, el porcentaje de la votación válida que deben alcanzar los partidos para acceder al reparto de una curul plurinominal. Era una formula más pura y justa, porque se obtiene al dividir un factor por el número de 27 diputados que conforman el congreso.

Al aparecer nuevos partidos en los siguientes comicios, no descartó complicaciones en el reparto de las 12 curules plurinominales. Si todos obtuvieran el 3% de los sufragios, cada uno se quedaría con una escaño plurinominal, lo que resultaría contraproducente para los entes grandes. Aunque hayan conseguido mayor puntaje, se quedarían igual, con solo un diputado plurinominal, porque ya no habría nada que repartir. El PAN, PRI y Morena tienen ahora dos representantes. Uno lo obtuvieron al cumplir con el requisito del 3% y el otro por el reparto que se hace mediante una fórmula entre los partidos que lograron más votos.

Los diputados eludieron el tema de las candidaturas independientes, donde hubo varias propuestas. El Consejo Estatal Electoral presentó una iniciativa para que se bajara el 2% al 1 % el porcentaje de firmas que se pide para acceder al registro de una candidatura independiente de diputados o alcaldes. Y en lugar de uno, se le diera el registro a dos que obtuvieron el apoyo para abrir la alternativa de que participen un mayor número candidatos con perfil ciudadano. La experiencia en los dos últimos procesos electorales, nos enseñó que entre un 70 y 80% de los que aspiran, no lo logran. Lo que ocurre en las diputaciones o municipios grandes.

“Nosotros les propusimos un asunto graduado, 1% para los municipios grandes, 1.5% en los medianos y que continuara el 2 % en los pequeños. Hay sitios como Cerro de San Pedro, que con 80 firmas, obtienen el 2 %. En Armadillo con 100 y se puede obtener el registro. En cambio, para San Luis Potosí, Valles o Tamazunchale, es muy complicado lograr el respaldo sugerido. Para la de gobernador sugerimos que fuera el 1 %. Lo que queríamos era flexibilizar los requisitos�. Faz indicó que los diputados, al no llevar a cabo la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad, por motivo de la pandemia, y por lo tanto no modificar la ley, le aventaron el problema al Consejo Electoral, que debe tomar acciones afirmativas a favor de tales sectores�. Precisó que a más tardar para agosto, el organismo deberá emitir lineamientos en materia de diputaciones y ayuntamientos para que los partidos registren como candidatos a personas originarias en distritos electorales y municipios que cuenten con un 60 % de integrantes indígenas.

Al elaborar los lineamientos se tomarán en cuenta las propuestas que hizo el Consejo Electoral al congreso para que fueran llevadas a la consulta. Consisten en ampliar de 2 a 3 los distritos electorales donde los partidos estarán obligados a presentar candidatos de pueblos originarios, con la modalidad de auto adscripción calificada. Significa que deben presentar una serie de documentos firmados por las asambleas de los pueblos o comunidades indígenas para evitar simulaciones y que lleguen personas ajenas.

Faz mencionó que el Consejo Electoral buscará garantizar, participen representantes de las comunidades indígenas en el proceso electoral del 2021. Ya existen avances, en el 2018 hubo una sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral Federal en la que los vinculó a garantizar el derecho, por lo que en cumplimiento al fallo, enviaron propuestas al congreso. Les hubiera gustado que todos los ordenamientos se hubieran establecido en la ley en la reciente reforma que aprobó el congreso.

Consideró que será más complicado para el Consejo Electoral emitir lineamientos para que las personas con discapacidad cuenten con representantes en los próximos comicios. El tema será analizado dentro del organismo para saber el alcance y cómo actuar. El también coordinador estatal de Propuesta Cívica consideró como avances importantes en la nueva ley electoral aprobada el 30 de junio por el congreso, haber homologado las reformas en materia de paridad de género y medidas para sancionar la violencia política que se aprobaron a nivel federal. Se amplía el alcance de la paridad, ahora los partidos están obligados a respetarla al integrar los órganos políticos de representación. Es decir, en el  congreso y en los cabildos, no solo en el registro de candidaturas. En la próxima legislatura se conformará por 14 hombres y 13 mujeres ó 14 mujeres y 13 hombres. En los ayuntamientos habrá igual número de hombres y mujeres, la paridad más completa posible.

El Consejo Electoral cuenta con atribuciones para sancionar la violencia política de género. Podrá incluso negar el registro al que la haya cometido. Separar del cargo a regidores y diputados o aplicar una medida cautelar, como ocurrió con el regidor de Villa de Zaragoza, Rafael Cpardenas Govea, como lo determinó el tribunal electoral, el único facultado para hacerlo.

Martín Faz mencionó como otro aspecto favorable, haber incorporado el voto en el extranjero. Para el proceso electoral del 2021, podrán sufragar por el gobernador, los potosinos de nacimiento que vivan fuera. Se deberán anotar en la lista nominal de electores que maneja el Instituto Nacional Electoral y solicitar su apunte en la lista a través de los consulados. En febrero del 2021, cuando se realiza el corte definitivo del listado, podrán saber con exactitud el número de potosinos que podrán hacerlo.

Faz exaltó los cambios de procedimiento y técnicos que facilitan el trabajo operativo del Consejo Electoral. Ahora ya no se harán cargo de los procesos sancionadores, solo armarán los expedientes que se enviaran al Tribunal Estatal Electoral. También se homologaron los tiempos para que la entrega de los insumos electorales a los funcionarios de casilla se haga al mismo tiempo que lo realiza el INE, lo que generaba un lío operativo. “Los diputados nos hicieron caso en muchas de las propuestas que les planteamos, pero en reformas de carácter político como las alianzas o el reparto de plurinominales corrió por otro camino�. Faz Mora no descartó que se presenten amparos para impugnar  la ley estatal electoral por no haber hecho la consulta indígena y quizás también en contra del Consejo Electoral cuando emita los lineamientos al respecto.

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