El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, puede recuperar 150 millones de pesos en propiedades para obras sociales. El dinero se lo robó un grupo de vivales, a través de la empresa fantasma Consorcio Inmobiliario de México, donde aparecen como presuntos dueños, Xavier Castillo García y Mateo de Bustamante. Se adjudicaron un fraccionamiento en Valles y Matehuala al reactivar un juicio mercantil caduco que se llevó contra la desaparecida Unión de Crédito Regional en el 2000. En el 2002 se fue al archivo. En el 2009 lo retoma la sospechosa firma y lo envía al juzgado cuarto mercantil. Los inmuebles pertenecían al gobierno federal, cuando Unicrer fue absorbido por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Al comprar la deuda, reclaman bienes que no fueron embargados.

El litigante Luis Fernando Leal Beltrán denunció que se trata de un fraude que se perpetró en el juzgado cuarto. Lo dirige un joven de 25 años, que ascendió de secretario a juez. En poco tiempo se compró un Audi y otras propiedades. El consorcio se ubica en Cancún, con un domicilio que puede ser falso. Castillo consigna que vive en la calle Benito Juárez. Nunca aparecen de manera física ante el juez, sólo los apoderados. Promueven las notificaciones vía electrónica. Expuso que el juicio quedó en el limbo porque el equivalente al actual Sistema de Administración Tributaria no le dio seguimiento. O hubo contubernio con el organismo para concretar el despojo.

Leal se percató del fraude en el 2018, cuando desalojan a familiares que ocupaban 6 predios que había comprado en 1994. El vendedor los entregó en dación de pago a Unicrer, lo que nunca supo, ya que tenía escrituras privadas. No consiguió documentos públicos, por no ser necesario. En el 2006, trató de vender un lote, pero ya estaba enajenado. Desde entonces buscó registrar la propiedad, lo que no consiguió, ya que Unicrer había desaparecido. Cuando desalojan a los inquilinos, promueve un amparo. Obliga a que le informen sobre el tipo de juicio y quienes lo promueven. En Valles se quedaron con 40 lotes, donde aparecen los 6 suyos. Cada uno vale 350 mil pesos, pero se los adjudican en 30 mil. El costo global supera los 12 millones. En Rioverde cometieron el mismo ilícito.

En su defensa, Leal aportó las escrituras privadas y testigos, pero el juez cuarto de distrito de Valles le negó el amparo, con el argumento de que no estableció si le vendió un particular o una empresa, lo que generó zozobra. Combate el resolutivo ante el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que también le dio un revés. En el mismo proceso se incluyen los inmuebles de Rioverde, Matehuala y Guanajuato. Hasta la fecha, no sabe quién está atrás de la maniobra. “Si en el 2009 me entero de la chicana, me opongo. Los bienes eran parte de los créditos que manejó Unicrer. Los embargan en el 2015, cuando no existe el organismo. Yo pagué mis terrenos, no el Fobaproa, las demás 34 sí. Reabren el juicio cuando no hay interés. Como particular, defiendo lo que me pertenece. No tengo la capacidad de decirle al juez que los detenga. El único que lo puede hacer es el gobierno federal a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado�.

Después Leal buscó al diputado federal de Morena, Ricardo del Sol “que no me entendió o no tuvo el poder de abrirme las puertas para llevar la denuncia más arriba. Le pasé todos los datos y no hizo nada. Le faltaron ganas. Mejor denunció las tropelías del director del director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Alfonso Medina Salazar�. No obstante, el legislador mandó cuatro cartas para saber del tema, “pero le contestaron babosadas. Voy a intentar se me haga justicia a nivel local. O buscaré la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el juez cuarto de distrito de Valles como el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito violentaron mis derechos humanos. Primero intentaré un procedimiento jurídico ante el juzgado cuarto mercantil, donde no espero nada a favor. El coraje es que no me protegió la justicia en las primeras actuaciones�.

“Cuando me enteré del fraude, busqué al diputado Ricardo del Sol, porque el presidente López Obrador puede recuperar 150 millones de pesos. No busqué a los delegados federales, Gabino Morales ni Leonel Serrato, porque se han convertido en cortesanos del gobernador Juan Manuel Carreras, que no escucha lo que sucede en San Luis. Los propios correligionarios de Morena lo han traicionado. No conozco al senador Primo Dothé ni los demás legisladores, porque no sirven. Todos buscan posicionarse para el 2021. No les interesa ayudar al mandatario. No le hablan con la verdad. Como el SAT nunca se presentó para decir que el juicio estaba caduco, ahora sí, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado puede hacerlo. No tengo los medios para llegar al tabasqueño. Cuando viene a la entidad, le tapan los ojos. Si Morales es el encargado de recibir los documentos, entrega los que le convienen. Trataré de rescatar los predios, ya que tengo escrituras y la posesión�.

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