El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado expone: “lo primordial es que el Gobierno del Estado salde la deuda que tiene con la Dirección de Pensiones; al sector burócrata nos debe 2 mil 634 millones 515 mil 596 pesos con esta cantidad fácil se alcanzaría para pagar por lo menos dos años y medio de pensiones, tal como se tenía proyectado�.

La intención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al presentar su iniciativa para reformar el Art 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, evidentemente obedece a los juicios de amparo promovidos por el sector telesecundaria, donde el órgano jurisdiccional correspondiente ordena al Jefe del Ejecutivo garantice el pago de las pensiones de los trabajadores e incluso con diversos amparos promovidos por organizaciones sindicales le ordena se cubra también las prestaciones sociales de los activos, también lo obliga a subsanar el quebranto financiero que pone en riesgo el pago de las pensiones.

El Art. 28 dice que, “si llegare a ocurrir que los recursos de uno o varios de los fondos no bastaren para cubrir las prestaciones de los trabajadores, el déficit que hubiere será cubierto por las instituciones de la administración pública estatal�. La reforma pretende ser más específica al marcarle a la Dirección de Pensiones los tiempos para solicitar el monto a la Secretaría de Finanzas, y ésta deberá incluirlo en el presupuesto de egresos, por su parte el Congreso del Estado será quien verifique que se realice. Se alega que esto es con el fin de cubrir las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos y pensionados; sin embargo, para tal efecto no se ha considerado la participación del SUTSGE, asimismo desconocemos si a la Dirección de Pensiones se le haya inmiscuido, por lo tanto rechazamos tal iniciativa.

Lamentablemente, dicha reforma en nada subsana lo sustraído, ni ataca las causas del quebranto de pensiones, ya que la deuda no solo subsiste, sino que el gobierno estatal la sigue incrementando, hasta hoy en un 75% y el débito contraído con los tres sectores se aproxima a los 5 mil millones de pesos y hasta la fecha no se han fijado ni formas ni plazos para finiquitarlo, tampoco se revela la manera en que se devolverá al organismo cotizador las aportaciones retenidas a los trabajadores, menos las que le toca como patrón.

Por lo que solicitamos firmemente que el gobierno del Estado respete y cumpla con las obligaciones que tiene con los trabajadores tal como lo establece la Ley, lo anterior es ineludible para resarcir el menoscabo y restablecer completamente el fondo de pensiones.

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