El ex delegado del ejido La Pila, Eulogio López Delgado, quien encabeza además a un grupo de 180 campesinos, sostuvo que sigue vigente el juicio de nulidad de la asamblea de certificación del núcleo poblacional del 2018. Además, las demandas de la suspensión de plano para construir la Vía Alterna que hará la empresa Meta. Y el pago de 39 mil pesos que les adeuda por la venta de 14 hectáreas al Parque Logístico.

Rechazó haber retirado los juicios y demandas cuando se concretó la alianza con el anterior y actual presidente del comisariado, José Guadalupe Martínez Rivera y su hijo, Pedro Adrián Martínez López, como lo divulgan en las redes sociales, sus oponentes, Armando Cuauhtémoc Zárate Arvizu, quien se ostenta también como presidente del comisariado. “Son personas que se dedican a difamar, amenazan e injurian en la calle a quienes no están de acuerdo con sus ideologías. Lejos de remediar las situaciones agrarias con demandas y fundamentos, quieren arreglar todos con chismes y pleitos�.

Negó que junto con su hermano, Tobías López Delgado, ya extinto, hayan recibido dinero extra por las afectaciones de las carreteras que estan en proyecto y otras terminadas. “Es mentira, tenemos un amparo con suspensión de plano, contra la Vía Alterna�. Precisó que la demanda no se ha cerrado. Hay un resolutivo en un juicio de amparo, donde fue requerido el anterior comisariado, para que presente el convenio y toda la papelería. “No existen, entonces no hay expropiaciones o afectaciones. Tampoco existe un contrato de ocupaciones previas. Tienen el acta de asamblea, pero carecen de informes solicitados mediante el amparo. No se ha aportado. Es más grave porque la Secretaría de Comunicaciones no tiene el archivo.

Tampoco conocen los pagos. Es temerario decir que nos falta cierta cantidad, cuando no tenemos la certeza�.

Sobre la carretera de acceso al Parque Logístico, López señaló que demandaron un pago, ya que solo les entregaron una parte. Promovieron un amparo que resultó favorable. A cada ejidatario les correspondían 59 mil pesos. Apenas les entregaron 20 mil. Mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario, ordenó a los representantes del ejido, cubrir el pago, pero no atendieron la sentencia. Se promovió otra queja, espera una sentencia definitiva.

Explicó que la demanda de la asamblea del 2018 está vigente. Se ordenó al tribunal, emitir otra sentencia. Será muy diferente a la del 2022. “Hay un acuerdo donde nos reconocen las antiguas parcelas. La parte de uso común que nos asignaron. Los solares que tenemos dentro del ejido, condicionados a realizar una alianza. Retirar los juicios de amparo. Garantizar la certeza de las parcelas�.

Expuso que se puede parchar la asamblea mediante juicios de reconocimiento. Los expertos en materia agraria, dicen que debe echarse abajo y hacer otra, donde se asigne la tierra a empresarios, ejidatarios y los que hayan comprado lotes, los certifiquen y se los asignen en forma directa. “Es lo que recomienda la Procuraduría Agraria y algunos litigantes que hemos visto en la Ciudad de Méxicoâ€�.  La sentencia la elaboró Juan Rodolfo Orozco, “una persona corrupta. Lo denunciamos. Fue destituido y salió de San Luisâ€�. Afirmó que los principales beneficiados fueron José Guadalupe Martínez Rivera, su hijo, Pedro Adrián Martínez López, Leoncio Zárate, Abraham Jasso y el secretario, Armando Zárate Arvizu. Vendió 50 hectáreas que ya había ofertado, antes del 2018 y luego otras 40. Es por lo que están de acuerdo en parchar convenios.

Antes, el comisariado lo integraron Martínez López, Zárate Arvizu y Jasso. El ex gobernador Juan Manuel Carreras y sus sobrinos, Héctor Gómez Valle y el ex diputado local, Antonio Lorca Valle, tenían más de 800 hectáreas. Fueron los que impulsaron la asamblea del 2018, ya muy contaminada. Con las certificaciones, hubo más perjudicados que beneficios. Algunos ejidtarios que tenían sus parcelas, les salieron a nombre de otra persona. Ahora necesitan juicios de reconocimiento, un desgaste jurídico y económico. Planteó como salida al conflicto, otra alianza con Guadalupe Martínez y su hijo, Pedro Martínez López. Hacer acuerdos que se cumplan a través del consejo de vigilancia, el secretario y tesorero.

Asentó que las actuaciones del comisariado, deben ser colegiadas, para evitar los añejos vicios. En caso contrario, el consejo de vigilancia tiene facultades para removerlos. No es para cuidar el monte.  Se convino reconocer parcelas, excluidas en el 2018. La mayoría quedaron fuera de las certificaciones. Algunos predios sobre la carretera 57, son de uso común. Expuso que el 90% de la asamblea busca arreglar con parches las omisiones. “Lo más sano es volver asignar todoâ€�. El consejo de vigilancia debe verificar el actuar del comisariado. Cumpla lo que se acordó en asamblea. Antes se removió al secretario y tesorero, Abraham Jasso y Leoncio Zárate. En la última asamblea, se acordó realizar una auditoría, porque no entregaron lo que tenían en caja.

-¿Por qué  hicieron alianzas con Pedro Martínez y no con Armando Zárate?

-Antes de platicar con Zárate, nos llamó Héctor Gómez Valle para unirnos. Nos ofreció las suplencias del comisariado y del consejo de vigilancia. Nuestro grupo suma más de 170 gentes y los otros 80. Nos prometieron el comisariado y quitar a Zárate, que acapara siete demandas de nulidad sobre las ventas que hizo. Tiene nexos con el litigante Jesús Galarza Almaguer, Iván Sandoval Armas, Arturo Becerra, Octavio Gómez Valle y un gran número de impresentables, que han dilapidado el ejido. Zárate falsificó el acta de asamblea para elegirse comisariado, junto con su abogado, Iván Sandoval, que falsificó la convocatoria donde salió electo Zárate. 

 Eulogio López precisó que los tribunales habrán de determinar quién es el comisariado. Hay amparos que siguen atorados, porque todavía no se pronuncia el Registro Agrario Nacional, para calificar el acta de asamblea. Lo peor que puede suceder, es que convoquen a otras elecciones, pero nunca ganará Armando Zárate, que en marzo perdió 250 a 20. Tampoco puede promover un juicio contra José Guadalupe Martínez Rivera y su hijo, Pedro Martínez, porque en el 2018, fue secretario. En la misma circunstancia están Cesáreo Araujo y Leoncio Zárate, ya que fueron tesorero y secretario con Martínez Rivera.

 En el periodo de Leoncio Zárate, hubo varias anomalías. Junto con su compadre, el ejidatario y litigante, Jesús Galarza Almaguer, mediante un juicio irregular, le quitaron la parcela a un vecino, que luego vendieron a un introductor de ganado en el rastro municipal de San Luis. “Con la transa, Almaguer compró la oficina que ahora ostenta cerca de la Plaza Aranzazúâ€�. Sobre los repartos de tierras, López Delgado sostuvo que ya se entregó todo en el 2013. Pero a Martínez Rivera y luego a su hijo, no les reconocieron las dotaciones. “No se hizo en el 2018, ahora estamos en la etapa para que nos acepten las posesiones. Calculamos que son de cinco y media hectáreas en un primer reparto. En lo que dura el comisariado, vamos a hacer evaluaciones y se empuje un reajuste. Si hay un excedente, lo entregaremos a los ejidatariosâ€�.

 Destacó que las tierras de mayor plusvalía, se ubican en la zona de Cavazos, que José Guadalupe Martínez entregó a los magnates Valladares, Gómez Valle y Lorca.  Hizo hasta cuatro ventas en la zona. Existen juicios agrarios que nunca se van a terminar. El área La Campana, consta de casi 800 hectáreas. Buscan, se reconozcan las parcelas de 1938, tierras de uso común y solares. Pero no está certificada. Pretenden promover, les asignen la parte que les dieron en el 2013. López Delgado reveló que el ejido tiene un padrón de 560 integrantes, pero quedan 520. Harán depuraciones, ya que está inflado. Hay gente que aparce dos veces. Ya no van a autorizar nuevos ingresos. Los avecindados podrán comprar tierras, pero no son ejidatarios.

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