Los grandes negocios a expensas del Partido Verde Ecologista

23 diciembre, 20199:13 pmAutor: José Guadalupe González CovarrubiasCapital Colaboradores Destacada Opinion

El Partido Verde ha sido un jugoso negocio desde hace años y el dirigente en turno ha encontrado la forma de exprimir al máximo las prerrogativas que recibe, provenientes del bolsillo de los mexicanos. Como lo hacía al inicio Jorge Aurelio Álvarez, luego Manuel Barrera, ahora Emanuel Hernández, le sacan provecho al partido del tucán en San Luis Potosí.

Desde la llegada de los Gallardo al Partido Verde, a partir de abril del año en curso, empezaron a facturar fuertes cantidades dos proveedores: Héctor Hugo Rivera Ruíz y Plásticos y Blancos la Feria, los cuales, supuestamente, mes tras mes, surten papelería y toner para computadoras y propaganda utilitaria.

Según el reporte mensual de egresos publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia, Héctor Hugo Rivera Ruíz recibió varios pagos mensuales. En abril, 349 mil 700 pesos. En mayo, 197 mil 351 pesos. Junio, 243 mil 739 pesos. Julio, 243 mil 739 pesos. Agosto, 170 mil pesos, lo que arroja un total de un millón 334 mil 539 pesos.

Plásticos y Blancos La Feria consiguió pagos del Partido Verde por 450 mil pesos. El extraño proveedor multifacético pudo además surtir cobijas, toner, papelería o hasta aparatos eléctricos. De diciembre a febrero del 2016, la empresa recibió un total de 15.1 millones de pesos por concepto de despensas y cobertores por parte del ayuntamiento de San Luis Potosí en el trienio de Ricardo Gallardo Juárez. También de acuerdo a la página de transparencia del ayuntamiento de Soledad, fue proveedor del 2012 al 2015, correspondiente al mandato de Ricardo Gallardo Cardona. Entonces logró contratos por casi un millón de pesos.

El hermano del ex diputado local, Manuel Barrera, José Fernando Barrera, cobra todavía 20 mil pesos mensuales por presuntos servicios profesionales. El que se desempeña como mano derecha del ex legislador, Sergio Oviedo, también percibe 15 mil 500 pesos por supuestos cursos de capacitación política. Otro integrante del grupo, Luis Fernando Balderas Díaz de León, gana 11 mil 500 pesos. Cuando Manuel Barrera estaba al frente del Partido Verde, usó la empresa fachada MyPime Estrategias a la que entregó en un año, 2 millones de pesos por supuestos cursos de capacitación a mujeres militantes.

            Alto a los abusos de la partidocracia

Una exigencia de la ciudadanía es que se les reduzca el dinero público a los partidos políticos, que mañosamente se han coludido por décadas para repartirse a manos llenas las prerrogativas. La fórmula para asignarse los recursos se basa en multiplicar el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que desde enero de 2016, sustituyó al salario mínimo, por el número de gente empadronada y no la que participó en la elección inmediata. Negocio redondo.

La cámara de diputados ya aprobó el proyecto de reformas al artículo 41 constitucional para reducir 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Una gran parte del dinero que recibe la partidocracia se va al pago de sueldos. Siempre hemos insistido en que las nóminas deben ser pagadas con las aportaciones de los militantes. Aunque existen partidos muy mañosos y falsos como el Verde Ecologista, que menciona, no cuenta con sueldos para empleados, pero un grupúsculo de vividores, cada mes traes cobra fuertes cantidades mediante el pretexto de dar “cursos de capacitación política”.

También los partidos son opacos. Les asusta la transparencia y rendición de cuentas. Entre los más negados a publicar sus gastos están el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano. Con el paso del tiempo, hemos visto cómo, los partidos pequeños, se vuelven auténticos mercenarios para sobrevivir y conseguir el registro en cada elección a cambio de hacer las alianzas más inverosímiles. Obvio, son verdaderas franquicias en manos de una familia o de un sujeto que gracias a las candidaturas plurinominales, se mantienen del bolsillo de los mexicanos.

Pero aún no podemos cantar victoria porque falta que sea ratificada en el senado la propuesta. El presupuesto de los partidos para el 2020 bajaría a la mitad de los 5 mil 239 millones que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó para el próximo año. Estaremos al pendiente que se concrete. Que les pongan freno, por favor.

La ciudadanía paga.- En el Congreso del Estado se han saldado un sinfín de deducibles por choques y accidentes donde se involucraron automóviles asignados a los diputados locales. Sin embargo, en algunos casos ni siquiera los traían los diputados. Mientras no le cueste a los abusivos curuleros, abusarán de la ciudadanía.

En enero del 2017 se compraron automóviles Chevrolet Cruze. La mayoría ya presenta severos desgastes derivados del mal trato que se le da a las unidades. Cuando tengan que pagar los diputados, empezarán a cuidar el patrimonio del pueblo. Por cierto, el único legislador que no aceptó vehículo fue Edgardo Hernández.

Denuncian terrorismo fiscal en el Seguro Social. Un grupo de 30 empleados de la delegación estatal de San Luis Potosí, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se queja del terrorismo laboral que aplica el jefe del departamento de cobranza, Fernando Ramos Contreras, adscrito a la subdelegación poniente, el cual es protegido por la titular, María Soto Romero. La denuncia se centra en el mal trato, prepotencia y persecución en contra del personal sindicalizado, de confianza B y gente contratada por tiempo determinado. Los afectados mencionan que lo conocen desde hace nueve años, cuando era cordial y respetuoso. Luego se transformó en un verdadero energúmeno, apenas le dieron el nuevo puesto. El hostigamiento no puede quedar impune. Si María Soto Romero no quiere tomar cartas en el asunto, el caso ser irá hasta las oficinas centrales, aseguran los afectados.

Obras interminables.- Los potosinos nos hemos acostumbrado a las obras que avanzan a paso de tortuga y nunca se concluyen en los tiempos establecidos. Para las fechas actuales, diversos trabajos del gobierno estatal ya deberían estar concluidas y para no desentonar, siguen pendientes. El nuevo encargado de la Junta Estatal de Caminos, Marcos Rosales, sin excusa ni pretexto, debe concluir la obra del distribuidor vial Benito Juárez para el 30 de noviembre, debido a un manotazo que dio sobre la mesa el mandatario estatal Juan Manuel Carreras y al parecer le leyó la cartilla. Esperamos se acaben las justificaciones.

 

 

 

 

Comments

comments

Comments

comments