La principal preocupación y el compromiso más reiterado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es abatir el fenómeno de la corrupción que permea en todas las instituciones y en la vida pública de los ciudadanos. Parece no tener una solución inmediata, si acaso, a largo plazo, pero siempre y cuando se apliquen y funcionen diferentes medidas para combatirla. Es tan desalentador el panorama que a la actual generación no le tocará vivir en un país libre de corrupción que traemos profundamente enraizada en los usos y costumbres. En el caso de los organismos que están diseñados para combatir la corrupción, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que son inoperantes y decepcionantes. No tanto porque las leyes que los rigen sean deficientes u omisas, sino por las personas que están a su cargo y la tramitomanía que los caracteriza. Hoy como nunca en la historia de México existe un presidente dispuesto a abatir la corrupción, pero necesita de la ayuda y valor civil del grueso de la sociedad para que prospere su objetivo.

Dudo que el presidente López Obrador vaya a cumplir con el compromiso que en diversas ocasiones ha manifestado de no perseguir a sus antecesores y todos aquellos funcionarios y demás beneficiarios que a sus sombras se enriquecieron ilegalmente. Los está cazando. Le queda mucho tiempo. Está esperando el momento oportuno para lanzarse sobre ellos. No es sencillo armar una eficiente averiguación en su contra y acreditar sus maniobras delictivas, pues cuentan con los mejores penalistas y fiscalistas. Algunos hasta con jueces y magistrados corruptos que los protegen. Es una tarea muy difícil integrar una carpeta en la que los indiciados no tengan por donde escabullirse, pues si no es así, es preferible no alardear de justiciero y lanzar falsas y nulas expectativas. Es muy complicado fincarle responsabilidades directas a un expresidente por la aplicación ilícita de recursos públicos cuando sabemos que no administran el presupuesto, no asignan obra pública, ni intervienen en las licitaciones de bienes y servicios. Además no están facultados para girar cheques u ordenar transferencias bancarias.

Son muchas las medidas que se pueden proponer para abatir la corrupción, pero cualquier receta que se pretenda implementar conlleva un alto grado de resistencia. Sabemos, para nuestra vergüenza, que México está catalogado como uno de los países más corruptos del planeta, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional y que la impunidad, que va de la mano, alcanza el cuarto lugar en el mundo, lo que se desprende de las investigaciones del �ndice Global de Impunidad (IGP) 2018. Sin duda alguna que la publicidad que se ha hecho en el sentido de que el 98% de los delitos que se cometen quedan impunes ha sido un factor decisivo para alentar los actos de corrupción y criminalidad. Hay serias dudas sobre la veracidad de la cifra, la percepción ciudadana no la comparte. Lo que ha provocando un colapso en la aplicación de la justicia en el país y queda demostrado que el Sistema Nacional Anticorrupción no funciona.

El SNA debió haber empezado a operar en julio de 2017 y hasta hace menos de un mes se eligió al Fiscal Anticorrupción y aún faltan por designar a 18 magistrados anticorrupción y que terminen de integrarse todos los Sistemas Locales Anticorrupción con sus correspondientes nombramientos. Por cierto, el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí (SEA) es fecha de que todavía no se instala porque sus integrantes no han sido capaces de nombrar a un secretario ejecutivo por las discrepancias e intereses que existen entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana, pues tres se disputan el cargo de presidente, al que le corresponde presidirlo. El Congreso del Estado debe encontrar una solución inmediata para destrabar el conflicto, dándoles a los consejeros ciudadanos un plazo no mayor de cinco días para que se pongan de acuerdo y reconozcan a su presidente. O para que presenten sus renuncias o bien, para que se inicien los trámites para cesarlos de sus cargos y reponer el procedimiento.

El informe del organismo que se menciona al principio del párrafo anterior reportó que la mayoría de los mexicanos reconocieron haber dado sobornos por diferentes servicios o para evitar sanciones y multas. Hemos llegado a tales extremos que la corrupción en el país es tolerada y culturalmente aceptada y hasta parece imposible la convivencia entre el ámbito público y el privado sin tal ingrediente. Aunque todavía encontramos empresas, particulares y funcionarios que bajo ninguna circunstancia dan o reciben mordidas, no obstante las complicaciones y contratiempos que esto significa. Así de mal estamos. La corrupción no solo consiste en dar dinero a un funcionario público, va más allá, como es el abuso de poder, la defraudación fiscal, los conflictos de interés y el lavado de dinero, para enumerar algunos ejemplos. Diversos estudios calculan que la corrupción le cuesta al país entre el 2 y el 10% del Producto Interno Bruto. Por eso, el presidente del gobierno de la Cuarta Transformación se atreve a presupuestar miles de millones de pesos que se invertirían en obras de infraestructura y programas sociales, confiado en que la disponibilidad financiera saldrá de los recursos que resulten del abatimiento de la corrupción.

Para el combate a la corrupción y la impunidad no basta con asumir el compromiso moralizador al que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta necesario que toda la población tome conciencia del daño que se le provoca al país cuando se cometen actos de corrupción. Se trata de una medida que necesariamente comienza en el seno familiar, desde donde -con el ejemplo- se deben inculcar los valores que la previenen, para después ser reforzados en la educación básica, en la que resulta imperativo recuperar las clases de civismo. El funcionamiento en puerta de la Guardia Nacional, como un cuerpo de seguridad que tiene la función principal de prevenir el delito, debe estar alineado con los valores, pero a la vez reforzado con una instancia especializada en perseguir los actos de corrupción. A menor impunidad, la corrupción también se vería reducida. Una política anticorrupción debe tener en cuenta a las contralorías internas municipales que, como el ente fiscalizador de la autoridad más cercana a la población, tienen que mejorar sus capacidades para investigar documentos e integrar expedientes de casos de corrupción, incluyendo el conocimiento para utilizar instancias alternas en casos graves, como son los tribunales de justicia administrativa.

La fiscalización del uso de recursos públicos es esencial en un sistema anticorrupción que se precie de serlo. Por lo que al Sistema de Fiscalización en el país se le deben incorporar una serie de candados que eviten que la acción se desvirtúe a tal grado que se conozcan casos como el que se dio en San Luis Potosí, con la ecuación corrupta, que exhibió los acuerdos entre diputados, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado y alcaldes para lograr dictámenes en los que las cuentas públicas tenían resultados de administraciones inmaculadas, como fue el caso de la Cuenta Pública 2016 de Ricardo Gallardo Juárez, que tuvo cero pesos de observaciones. Entre las medidas que, no sólo darían credibilidad, sino que harían realmente creíbles y confiables los procesos de fiscalización, se proponen -con el uso de las ventajas de las tecnologías de la información- las siguientes. Concientizar a los niños y jóvenes del grave daño que la corrupción le causa al país y de la obligación que tenemos de ser honestos y respetar las leyes.

Difundir programas de educación orientados a combatir la corrupción utilizando a todos los medios de comunicación. Publicidad diaria de los cortes de caja que permitan a cualquier persona consultar los ingresos y egresos, con archivo histórico que evite su manipulación posterior. Rotación frecuente de los auditores para evitar confabulaciones con los auditados. Auténtica publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los funcionarios públicos. Las primeras deben reportar los valores catastrales actualizados. La Ley Modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas elaborada por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a la que México se adhirió el 26 de marzo de 1996, señala 19 grupos de datos que deben incluir las declaraciones patrimoniales. Sólo a tres les da el carácter de confidenciales. El resto deben ser publicadas en formatos abiertos, incluida información relativa al grupo familiar del sujeto obligado.

Los funcionarios que acepten un cargo público, deben aceptar las condiciones de transparencia de su función y en el caso de los que administren recursos públicos, depositar una fianza que garantice la correcta aplicación de los mismos. Cada etapa del proceso de fiscalización, una vez concluida, debe difundirse de oficio de manera inmediata como una forma de garantizar un proceso sin influencias o alteraciones posteriores a modo. Es más valioso que la ciudadanía esté informada paso a paso del trabajo de fiscalización y no después de 18 meses que es cuando se rinden los informes y tratan de dar explicaciones que sólo generan dudas y hacen poco confiables los resultados de la auditoría. Además de dotar de claridad y confiabilidad al Sistema de Fiscalización, cuyos auditores deben ser permanentemente observados, capacitados y evaluados, resulta necesaria la adopción de medidas generales que involucren tanto a las instituciones estatales como a la ciudadanía, como serían mecanismos de consulta que permitan detectar movimientos inusuales o extraordinarios de los contribuyentes que puedan ser reportados y se adopten las medidas correspondientes.

Mecanismos que permitan la verificación y razonamiento entre los ingresos y egresos de los contribuyentes, para detectar posibles actos de lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y defraudación fiscal. Exhibir la lista de los actores, tanto públicos como privados, que hayan sido sancionados en firme por actuaciones ilícitas, como una forma de inhibir que existan más tratos de otras personas. Establecer una recompensa para cualquier ciudadano que detecte y denuncie debidamente acreditado cualquier acto de corrupción, mediante un porcentaje del monto recuperado a partir de la queja. Mecanismos abiertos de licitaciones para asignación de obras o adquisiciones, que faciliten la detección de empresas fantasmas o la confabulación entre negocios como una forma de impedir que las asignaciones se den a modo o por previo pacto. Desarrollar un catálogo de las trampas o mecanismos utilizados tanto por licitantes como participantes en las licitaciones para orientar la determinación de los ganadores.

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