La corrupción, en términos generales, suele estar relacionada en el mundo de la política, con los funcionarios públicos y con el enriquecimiento ilícito e inexplicable de las personas que están en el gobierno, es decir, con el dinero y el poder. La corrupción la podemos encontrar en el gobierno como en las empresas, en las esferas más altas del mando y en los actos cotidianos, en todos los niveles. Sin embargo, la presencia constante de corruptelas crean la percepción en la sociedad de que el país en su conjunto está en declive, lo que provoca desinterés y apatía al imaginar que ya poco se puede hacer.

Cuando la corrupción se normaliza, se teje la falsa percepción de que es algo común y que no tiene consecuencias ni remedio. La anterior idea floreció en los gobiernos federales y estatales anteriores. La prueba es que México era uno de los países más corruptos del mundo. Las formas más comunes de corrupción son el soborno, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito u oculto, el abuso de poder, tráfico de influencias, la conspiración para cometer delitos, la obstrucción de la justicia, el nepotismo, el uso ilegal de información confidencial o falsa, el comprar mercancías piratas, robar servicios públicos, usar la caja de ahorros o cesantías en asuntos diferentes a los estipulados, evadir impuestos, entre otros.

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, desde tiempos de sus campañas políticas, señaló que la corrupción era un gran cáncer para el país. En la actualidad, para su combate, promovió reformas legales al Código Penal Federal y el 24 de enero se hicieron los cambios propuestos. En el artículo 222 se establece en el Libro Segundo, Título Décimo, Delitos por Hechos de Corrupción, en el Capítulo X, Cohecho, establece: cometen el delito de cohecho: I.-El servidor público que por sí, o por interpósita persona, solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

II.-El que dé prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión y III.-El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo; b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda el equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días de multa. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

Por otra parte, para combatir la corrupción, existe el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un conjunto de instituciones, procedimientos y esquemas operativos que –de manera armónica y coordinada– pretenden blindar a las instituciones de actos de corrupción. Sobre la Ley Federal, se creó el 25 de octubre del 2017, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, que establece en su artículo 1º: La presente Ley es de orden público, de observancia general en el Estado de San Luis Potosí, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los distintos órganos que constituyen el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, así como con los órdenes de gobierno Federal y municipales, para el funcionamiento del sistema previsto en el artículo 124 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Con fecha 26 de enero del 2018, el abogado Jorge Alejandro Vera Noyola, ex diputado local y ex secretario del Partido Conciencia Popular y quien fungió como subsecretario de enlace institucional en el gobierno del estado con el congreso estatal, fue designado por votación mayoritaria fiscal anticorrupción. Las reacciones se dieron por varios rumbos, no estaban conformes con el nombramiento de Vera, por la duda que daba el hecho de ser amigo y empleado del gobierno estatal, lo que lo ubicaba como un funcionario parcial y no así con la imparcialidad que se necesita para estar al frente de una Fiscalía Anticorrupción.

La triste historia del funcionario fue que no le dieron los elementos necesarios y suficientes para desempeñar sus labores. Además, era subordinado del fiscal Federico Garza Herrera, entonces Vera mejor optó, el 24 de enero, renunciar, no obstante que recibió múltiples denuncias de corruptelas que eran públicas y notorias, en contra de funcionarios públicos, diputados, presidentes municipales, presentadas por organizaciones como Ciudadanos Observando, en contra de corruptos y de empresas fantasmas que expidieron facturas falsas, para desviar fondos a través de compras simuladas. Las denuncias continuaron. Lo grave es que no pasa nada. Y lo poco que pasa, no es suficiente para combatir el mal.

Desde la renuncia de Vera Noyola, no se ha designado un nuevo fiscal anticorrupción. Inclusive han pasado varios meses y no hay propuesta alguna por parte del gobierno del estado, para presentar alguna terna y el congreso pueda aprobar un nuevo fiscal. Pero, no sucede nada. ¿Por qué no se nombra fiscal anti corrupción? ¿Falta voluntad política? ¿Qué les pasa?, diría Héctor Suárez. ¿Dónde está el combate a la corrupción? ¡No esta!, es simple.

Pareciera que las múltiples denuncias y los graves señalamientos que se le imputan a la secretaria de salud pública estatal, carecieran de importancia, como lo pudimos ver en la conferencia de prensa que se hizo el 29 de mayo pasado a las 5 de la tarde, donde la funcionaria dio la explicación “no pedida� de los hechos donde se incrimina a la doctora Mónica Liliana Rangel, quien se curó en salud, al declararse inocente de todos los señalamiento. Pero los documentos de la dependencia que maneja, tienen la relación de las compras que hizo la dependencia y desmintieron a la titular.

Entonces, las múltiples denuncias de corrupción, parece que entrarán a un círculo vicioso de impunidad. ¿Por qué? Bueno, primero, las denuncias son recibidas en la fiscalía, luego siguen debidamente resguardadas, sin que pase nada, inclusive después de años. Me refiero a las presentadas en contra de las corruptelas cometidas en el sexenio de Fernando Toranzo y su ex esposa María Luisa Ramos, señalada como corrupta, junto con hermano, Rodolfo Ramos, cuando manejaron los recursos del DIF estatal. ¿Qué ha pasado?, pues solo el tiempo y el círculo vicioso, da vueltas. Es una realidad que no sabemos cómo romper, parece que siempre se repite la misma historia, perjudicial y dañina. La corrupción e impunidad deben acabarse por el bien de todos. Ojalá le tuvieran el mismo miedo que inspira el coronavirus. mariaelenayrizararias@gmail.com

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