Veamos un poco de historia, somos el país de las promesas y abandono. Vale la pena recordar el historial de las empresas del estado que han sido privatizadas, resulta fundamental revisar cuáles han sido los costos y consecuencias para los cuates. Reza el refrán, pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla de manera lamentable. La mayoría de los mexicanos no están interesados en lo que sus llamados representantes populares hacen con lo público. Sobre todo cuando se trata de aprobar o hacer nuevas leyes y reformas, sin medir los efectos. Las privatizaciones en México forman parte del rediseño del gobierno, iniciado en los primeros años de los ochenta y tuvieron como contexto una severa crisis económica, cuyo detonante fue el pago de la deuda eterna, perdón externa, lo que implicó una restructura funcional del gobierno, que pasó de productor, abastecedor y distribuidor a regulador. Los políticos aderezan las aprobaciones de reforma con frases que intentan darle atole con el dedo a los mexicanos dormidos, aletargados. El gobierno federal ha engañado a la sociedad al hacerle creer supuestas ventajas de los nuevos procedimientos. En lugar de reformas estructurales, logran deformar nuestra constitución.

Y lógico, solo los cuates salen beneficiados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las privatizaciones? En administración pública, cuando se habla del tema, el objetivo es reestructurar el papel del estado en la economía, que en la práctica no ha funcionado. Desde Miguel de la Madrid y más aun con Carlos Salinas de Gortari, el proyecto nacionalista entró en crisis. Se decidió replegar al estado en su margen de maniobrar, de actor a simple regulador. A más de 30 años en México ya deberíamos saber en qué términos resultó el beneficio social. El tema se manejó de manera ambigua. Recordemos dos ejemplos que en su momento fueron ejes importantes. Lo que hicieron con la banca fue una aberración, primero la nacionalizan y luego la venden, la rescataron con el Fobaproa. Al final la entregaron a los bancos extranjeros. En 1990 el presidente de la república anunció que privatizaría la banca. El 17 de mayo de 1990, el secretario de hacienda, Pedro Aspe, dijo que el gobierno se desprendía de la banca. Carlos Salinas vendió casi mil empresas paraestatales. Se profundizó el remate de compañías públicas, tanto por la venta de empresas estratégicas para la economía nacional como para el número de entidades desincorporadas, las 618 paraestatales existentes al inicio del sexenio de Salinas (1988-1994) decrecieron a 210.

Privatizaron gran parte de las empresas estatales por que se creyó, serían más eficientes e impulsarían el crecimiento del país, al fin experimentos. Era el tiempo de la ilusión de vivir en el país de las maravillas. El gobierno agarró dinero al por mayor. Telmex fue la segunda fuente de ingresos después de Petróleos Mexicanos. Se descartó que la entrega de la telefonía obedeció a problemas financieros. Por el contrario, constituía uno de los activos más importantes. El ganón es ahora uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Su grupo resultó favorecido por Salinas, cuando aceptó que una parte de la oferta fuera pagada a plazos, con dinero proveniente de las propias ganancias que obtuviera. Con Telmex rematado, el rediseño del gobierno, el rezago tecnológico, la falta de supuestas inversiones, fueron los motivos que justificaron la maniobra, que se convierte en una de las recetas mágicas de la política económica «seria», recomendada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se hace popular en todo el mundo, se divulga que la privatización es sinónimo de manejo eficiente, modernización y saneamiento de las finanzas públicas.

La experiencia nos demuestra que darles toda clase de libertades, sólo favorece a los particulares, no al sector paupérrimo. El problema radica en que no se explican las reglas del juego a la gente. No les conviene, está el tema de Pemex. En caso de  no ser rentable, nadie presionaría para privatizarlo o como dicen los oficiosos, permitirá que la iniciativa privada pueda establecer contratos. Es la segunda empresa petrolera con más ganancias en el mundo. Con Telmex pasó lo mismo. Antes de ser vendida, registró utilidades por más de 2 billones de pesos, entre enero y septiembre de 1990. Un tema que debe preocuparnos a todos los mexicanos, sobre todo a los más necesitados, es el derecho humano al agua. Se dice que la cámara de diputados aceleró los trámites para que al final de la actual legislatura, aprobar una ley general de aguas, versión ampliada de la fallida Ley Korenfeld del 2015, que permitirá privatizarla con el uso del francking, el proceso que envenena los mantos freáticos y tierras de cultivo, solo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara. Si las comunidades afectadas por los abusos protestan, el ejército puede intervenir, amparado por la ley de seguridad interior. Algo es cierto, Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden su último atentado a México, a la vida. El agua es vida.

Al dar un albazo en la cámara de diputados, antes que concluya la actual legislatura, al aprobar la ley general de aguas, es el colmo explotar, negociar, vender, monopolizar los recursos naturales de todos los mexicanos. Uno de los principales impulsores fue Ignacio Pichardo, diputado federal mexiquense y presidente de la comisión de agua potable y saneamiento. Ya tiene el borrador de la nueva ley general de aguas. Para variar, mexiquense. En la norma se apunta que para privatizar el agua con la entrega de concesiones, manejan que el aumento de tarifas para uso doméstico será a perpetuidad. Se incluyen los costos inflacionarios y la utilidad del organismo operador que puede ser una empresa, el municipio o una asociación. Tal documento es una calca de la llamada Ley Korenfeld, su promotor original, el entonces director de la Comisión Nacional de Aguas, el prista David Korenfeld. Entonces fue detenida por agrupaciones ciudadanas y especialistas de la UNAM. Varios están como lobos rapaces para manejar o quedarse con el agua de los mexicanos.

Aparece el grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la Peninsular de Carlos Hank Rhon y la española Abengoa Eica. Se convertirían en los grandes dueños del vital líquido. Estamos a tiempo de no permitir otro atentado a nuestras familias. Al paso que vamos, al rato saldrá un loco representante popular que se le va ocurrir privatizar el aire que respiramos. Entonces, qué servicios va a brindar el estado si todo lo privatiza. Concesiona carreteras, la basura, cárceles, alumbrado, solo van a estar de espectadores los funcionarios. Van a cobrar por no hacer nada. Es el momento de despertar México y mostrar nuestro rechazo ante los actos ventajosos y abusivos. No pueden quitarnos el derecho inalienable al agua. Es la hora de protestar. Después no digan que no sabían. Agua para todos, sin condiciones.

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