El Congreso del Estado podría ser condenado a pagar más de 3 millones de pesos a la ex coordinadora de finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán, que fue cesada en noviembre del 2019. Aún aun cuando de manera institucional no se detalló el motivo de su salida, trascendió que se debió a malos manejos financieros, como el desviar recursos del capítulo 4000 al 1000, sin permiso para cubrir salarios a empleados que varios diputados recomendaron, no llevar un orden y muchas quejas sobre su anómalo desempeño.

El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado del PAN, Rolando Hervert Lara, el que propuso a Zúñiga para el cargo, descartó que su protegida fuera a demandar. Aseguró que se liquidaría conforme a la ley y su salida fue de común acuerdo. La Jucopo determinó en asamblea del 12 noviembre, indemnizar a la controvertida ex funcionaria con cuatro meses de salario, donde se incluían compensaciones, aguinaldo y otras prestaciones, por lo que el finiquito sería, libre de impuestos, de 612 mil 222 pesos, cheque que incluso fue depositado en el tribunal laboral a su nombre.

Sin embargo, la también ex oficial mayor de gobierno con Fernando Toranzo, demandó el 28 de enero del 2020 al poder legislativo, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por el pago de indemnización, adeudo de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salarios caídos a partir del 28 de noviembre del 2019, que a la fecha superan los más de 3 millones de pesos.

Trascendió entre empleados del congreso, que la ex coordinadora de finanzas, había expresado que demandó al congreso porque a su salida, Rolando Hervert le había prometido un millón de pesos y no cumplió. Martha Elva Zúñiga en un año que estuvo en el cargo, era de las empleadas mejor pagadas, con un salario de que superó los 100 mil pesos y una compensación arriba de los 24 mil pesos.

Aunque el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no emite el fallo, se espera que sea en contra del congreso, porque no siguió, por error u omisión, el procedimiento correcto para su cese, como es levantar una acta administrativa, agotar y resolver las investigaciones correspondientes, respetarle a la imputada la garantía de audiencia, legítima defensa y presentar pruebas, como lo establece la ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del estado, en el capítulo III, referente al cese de un empleado.

Para poner fin a la demanda, el Congreso del Estado propuso a los abogados de Zúñiga Barragán, un convenio laboral por un millón 900 mil pesos, que de no hacerse efectivo en los próximos días a lo que resta de la actual legislatura, se podrían convertir en más de 3 millones de pesos. Tendrán que pagarle a cuenta del erario a la ex coordinadora de finanzas, por un año que laboró y devengó un jugoso salario, similar al de un alto ejecutivo de una empresa privada.

En la asamblea ordinaria del 28 de noviembre del 2019, se aprobó con 13 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el cese de la funcionaria. Se propuso como relevo al contador público Enrique Gerardo Ortiz Hernández. La legisladora del PRD, María Isabel González Tovar, subió a la tribuna para advertir que de no presentarse la denuncia en contra de Zúñiga, su salida se iba a convertir en un despido injustificado, que le podría ocasionar problemas laborales al congreso. Y costarle un millón 300 mil pesos. Pidió corregir la falla.

El diputado del PRD, Edgardo Hernández, también alertó que la destitución de la ex coordinadora de finanzas, no se hizo de manera adecuada. Insistió en que debió haber un acuerdo firmado, un finiquito y presentarlo ante los tribunales laborales para evitar demandas en un futuro. Dijo que su voto fue en contra, no por defenderla, ya que su salida no fue legal ni correcta.

El entonces coordinador de los diputados del PAN y presidente de la Jucopo, Rolando Hervert Lara, ante los cuestionamientos del motivo del despido de Martha Elva Zúñiga, destacó que el cambio se dio para lograr mayor eficiencia en el congreso. Buscaron los mejores perfiles para los cargos y negó que se hubiera detectado alguna corruptela. Hacer suposiciones sobre motivos ocultos, dañaba la integridad de las personas. Y si Zúñiga tenía alguna culpa, sería revisado el caso por los órganos auditores.

Lo cierto es que el congreso enfrenta la demanda laboral, que está en la fase de cierre de instrucción y proceso de dictamen por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. El 2 de febrero de 2021, se realizó la audiencia de arreglo, demanda y excepciones de las partes en juicio. El 14 de abril se celebró la audiencia para desahogo de pruebas.

A Martha Elva Zúñiga Barragán se le cuestionó en su paso por el congreso, por haber realizado pagos irregulares sin permiso, por 62 mil pesos mensuales a los ex asesores Guillermo Balderas Reyes y Eduardo González Sierra, que servían a los diputados Edson de Jesús Quintanar y Cándido Ochoa Rojas. Cuando estuvo como oficial mayor de gobierno, en el sexenio de ex gobernador Fernando

Toranzo, donde también la corrieron, fue denunciada por Ciudadanos Observando de compras fantasmas millonarias para áreas de seguridad pública y avalar contratos amañados.

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