La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, rechazó en primera instancia, autorizar al gobernador Juan Manuel Carreras, restructurar la deuda pública vigente, que hasta el 31 de mayo era de 3 mil 686 millones 976 mil 14 pesos. Lo que implicaba aplazar el pago hasta por 18 años, o sea, los próximos tres sexenios y con un periodo de gracia hasta de 15 meses. El refinanciamiento, según el mandatario, le permitiría contar con los recursos necesarios para enfrentar los gastos que en materia de salud provocó la emergencia sanitaria del covid 19 y compensar la baja de ingresos que se tendrán en 2020 y 2021.

La deuda pública directa, que se pretendía restructurar, está contratada con Banorte y corresponde a tres créditos simples, uno solicitado en el 2008 por 2 mil 678 millones 868 mil 110 pesos, del cual, al 31 de mayo del año que corre, el saldo era de 2 mil 87 millones 720 mil 487.97 pesos. Otro que se tiene del 2014 es de 750 millones de pesos, con saldo a la fecha de 243 millones 88 mil 27 pesos. Un tercero del 2015 por mi1 430 millones 131 mil 500 pesos, cuyo saldo es de mil 356 millones 167 mil 500 pesos.

En sus argumentos, el ejecutivo señaló que con la restructura, se busca mejorar el perfil de vencimientos, plazo de gracia, cambio de fuente y garantía en su caso. Sería contratada con una o más instituciones y se afectaría como fuente de pago o garantía, el flujo de las participaciones presentes y futuras de los ingresos federales. En el artículo décimo cuatro, de la iniciativa que se presentó al congreso, refiere que el refinanciamiento constituye deuda pública, por lo que debe inscribirse en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado y municipios de San Luis Potosí.

Al exponer los motivos del documento, después de detallar el inicio, transcurso y medidas que se tomaron por parte del gobierno federal y local ante la pandemia del coronavirus, en cada una de las tres fases que se implementaron ante la emergencia, afirmó que “las acciones oportunas y coordinadas de las autoridades sanitarias en el estado, donde participaron todos los ordenes de gobierno y el sector salud, evitaron llegar a un escenario catastrófico con el incremento exponencial de casos y defunciones de la gente�.

Precisó que se disminuyó el flujo de personas fuera de los hogares, también hubo menos tareas económicas en todos los niveles. “Se modificaron las políticas monetarias y fiscales aplicadas por los gobiernos y el banco central para responder a la crisis, lo que trajo consecuencias económicas y llevó a diversas instituciones financiaras públicas y privadas a ajustar su pronóstico del 7.0% de contracción de la economía para el 2020. El Fondo Monetario Internacional la estima en 6.6 %. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó que será del 6.5 %. Instituciones privadas como Banco Bilbao estima que el desempleo crecerá y se ubicará en un rango de 4.6 al 6.5% El Banco Nacional de México modificó también sus estimaciones sobre la contracción del Producto Interno Bruto de 5.1 al 9%, debido a que se amplió el confinamiento y por la desaceleración económica en los Estados Unidos, con el que existe el mayor destino de exportaciones�.

A partir de abril del 2020, se prevé que baje la recaudación federal participable, como consecuencia del cierre formal de la economía y la caída del precio del petróleo. Lo que traería en consecuencia, menos participaciones al estado. Refiere que derivado de la coyuntura económica adversa, la entidad registró también en abril reducciones del 15% en los ingresos, respecto a lo presupuestado y se proyecta que al cierre del ejercicio 2020 sea del 9.3%.

Mencionó que ante el panorama económico negativo y en solidaridad con la ciudadanía, como apoyo para hacer frente a las afectaciones por la enfermedad del covid 19, determinó otorgar diversos incentivos fiscales y administrativos a los contribuyentes. La propuesta de Carreras, desde que se presentó al congreso, provocó controversias y opiniones encontradas. El coordinador de la bancada de Morena, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, aseguró que votarían en contra, porque la restructura implica mayor pago de intereses y existen otras alternativas para allegarse recursos, como la venta de los invernaderos o el terreno que se destinaría a la empresa Ford.

El dirigente del Partido Verde y diputado independiente, Jesús Emanuel Ramos Segura, dijo que los votos de los diputados Cándido Ochoa Rojas, Edgardo Hernández y el suyo, serian en contra de la propuesta del ejecutivo, por no encontrar condiciones para que se lleve a cabo. Recordó que ya se hizo una restructura antes. Presumieron reducir el capital en un 12.5 % al cierre del 2018. Si tan positivas fueron las condiciones, ahora es riesgoso buscar nuevas modificaciones.

El legislador Edgardo Hernández aseguró que con la restructura, se quiere abusar del destino ya programado de los recursos para amortizar la deuda y al final no se sabía en que iban a gastar los recursos obtenidos. La diputada del PAN, Sonia Mendoza Díaz, rechazó la propuesta porque dijo, se pagará más dinero del que se debe. Aseguró que el gobierno de Carreras se maneja de forma irresponsable, al pretender que sean otros los que paguen los pasivos. Lo correcto sería que se tratara o dejara de hacer obra que no es prioritaria. Y los 51 mil millones de pesos que tiene y gasta al año, maneje algunos recursos para enfrentar la pandemia.

El legislador panista Rubén Guajardo Barrera señaló que la crisis sanitaria del covid 19 resultó un excelente justificante para que varios gobiernos en el país, incluido el de San Luis, endeuden más a la gente. Afirmó que en el caso de la entidad, las restructuras no han funcionado. Recordó que en 2015 se aprobó una para tener recursos por 853 millones de pesos y garantizar la prestación de servicios, gasto social e infraestructura. Pero no se conoce hasta ahora el destino de los fondos.

El dirigente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar, fijó su postura el 19 de mayo. Señaló que los diputados de su bancada analizarían la propuesta. La decisión que se tome será consensada, pero buscarán no afectar a los potosinos. Afirmó que en una asamblea que sostuvo con los legisladores, se comprometieron a ver el panorama completo. Considerar el escenario que prevalece por el covid 19, pero sin lastimar por más tiempo, el futuro económico de los ciudadanos. El vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego, dijo confiar en el desempeño de los diputados al analizar la propuesta. Están para fiscalizar los recursos y la deuda pública. Analizar si los términos son benévolos para San Luis o demasiado duros.

Por su parte, el líder estatal del PRI, Elías Pecina Rodríguez, destacó que oxigenar los créditos de la deuda pública, permitirán que la entidad cuente con los recursos necesarios para reactivar las tareas productivas y fortalecer las condiciones financieras del estado. Y hacer frente a las situaciones derivadas de la pandemia. Estableció que los gastos generados por la emergencia sanitaria son considerables y no tener cómo sortearlos, puede generar una crisis mayor.

El presidente de la mesa directiva del congreso y diputado del PRI, Martín Juárez Córdova, pidió a sus compañeros analizar la iniciativa de manera responsable. El refinanciamiento de la deuda, le permitirá al gobierno hacer frente a los impactos provocados por la pandemia. Compensar el derrumbe de los ingresos estatales y la falta de apoyo federal para contener los impactos económicos que ha dejado el haber implementado medidas urgentes y necesarias, como la conversión hospitalaria, entrega de estímulos fiscales a diversos sectores y contratar personal médico.

En 23 de junio, la comisión de hacienda rechazó la solicitud presentada por el gobernador, a través del secretario de finanzas, Daniel Pedroza Gaytán. Votaron en contra los panistas José Antonio Zapata Meraz y Ricardo Villareal Loo. El del Verde Ecologista, Edgardo Hernández Contreras. Las diputadas de Morena, Marité Hernández Correa y Consuelo Carmona Salas. Los sufragios a favor fueron de PRI, de Mauricio Ramírez Konishi y Laura Patricia Silva Celis. Antes de pasarla al pleno, para ser aprobada o rechazada, la iniciativa debe ser votada por los integrantes de la cartera de gobernación, en donde es posible el mismo resultado.

Daniel Pedroza, después de conocer el veredicto, señaló que con el rechazo a la restructura de la deuda pública, se limita al estado en su margen de manejo financiero y se pone en riesgo el desarrollo económico. Reiteró que restructura planteada al congreso, es necesaria, incluso indispensable, para que el ejecutivo pueda hacer frente a todos los gastos que se han derivado de la contingencia sanitaria. Precisó que la caída de los ingresos estatales se estima en 450 a 500 millones de pesos, donde se incluyen los propios y los que se reciben de la federación.

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